El Comercio-Andrés García
La pandemia del covid-19 puso a prueba la capacidad tecnológica del Gobierno. Para evitar contagios y cumplir las medidas de distanciamiento, el sector público aceleró los procesos de digitalización de trámites y priorizó el teletrabajo.
La emergencia llegó dos meses después que el régimen decidiera impulsar, a través del Decreto Ejecutivo 981, la implementación del denominado Gobierno Electrónico.
La estrategia incluye que todo el personal de la Función Ejecutiva obtenga su certificado de firma electrónica, para viabilizar procesos en línea.
En junio del 2018, el Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel) lanzó el software FirmaEC, que permite validar el certificado de la rúbrica electrónica y verificar la autenticidad de los documentos.
Según datos de esa Cartera de Estado, en lo que va del año, FirmaEC ha realizado la verificación de dos millones de firmas electrónicas en el sistema de gestión documental Quipux, que se usa al interior de las dependencias públicas.
Sin embargo, algunos funcionarios estatales, que prefieren no ser citados, relatan complicaciones en el momento de usar el mecanismo.
Por ejemplo, si el funcionario no recuerda la clave de su firma, esta se bloquea y ya no se la puede utilizar. Para solventar estas dudas, el Mintel organiza conferencias en línea, en donde se capacita a los funcionarios sobre la aplicación.
El uso de estas opciones digitales ha significado un ahorro de USD 5 millones por concepto de impresión de documentos, según cálculos de la Cartera de Telecomunicaciones.
“Si se compara con el impacto ambiental se previno la tala de 1 378 árboles”, respondió a este Diario el Mintel. La ciudadanía también se acopla de a poco a esta nueva experiencia. Alexandra Espinel, de 49 años, empleó por primera vez la agencia en línea del Registro Civil para solicitar un duplicado de cédula.
El temor a contagios la motivó a realizar el trámite desde su casa, con la asesoría de su hijo, de 23 años. Solo entre mayo y junio, el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap), el Ministerio de Economía y la Fiscalía General del Estado, solicitaron al Mintel la nueva versión de FirmaEC, denominada 2.5.0., para procesar las firmas electrónicas.
Andrés Michelena, titular del ministerio del ramo, promociona la campaña Ecuador Digital. En su cuenta de Twitter asegura que se ampliará la conectividad, para que más personas puedan acceder a servicios en línea.
Actualmente, según datos del régimen, la cobertura móvil en el país bordea el 96%, con tecnologías 2G y 3G. En cuanto a las redes 4G, la cobertura se aproxima al 50%, a escala poblacional. Pero no todos tienen la misma facilidad de conexión.
En el país existen 369 parroquias sin oferta de servicios fijos o móviles de Internet. Estas localidades son consideradas “prioritarias” para dotarlas de acceso a la red.
Los altibajos en la conectividad se notaron el 1 de junio pasado, durante la ceremonia inaugural del ciclo académico en el régimen Costa.
La transmisión registró fallas y hubo quejas de los padres de familia. Durante su rendición de cuentas en la Asamblea el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que está en marcha la construcción de un nuevo cable submarino, con inversión privada, para unir el territorio continental y Galápagos, “permitiendo avanzar a la tecnología 5G, con conectividad más rápida y barata”.
Otros elementos necesarios para migrar hacia el gobierno electrónico son las zonas de Internet abierto. El Mintel, a través del Acuerdo 012-2020, exhortó a los municipios y universidades cumplir lo que establece el Código Ingenios, para que instalen zonas de Internet abierto, orientadas a personas que no cuenten con el servicio.
Con corte a abril pasado, existían 476 puntos fijos de wifi y 117 móviles en buses, en 22 provincias, excepto Zamora Chinchipe y Galápagos. Hasta mayo de 2021, el Mintel ofrece instalar 1 200 puntos wifi: 600 fijos y otros 600 móviles.
Según datos del Ministerio de Telecomunicaciones, el plan para cumplir ese proyecto registra un 44,1% de avance.
Al Gobierno de Moreno le restan 11 meses para completar la implementación de este plan. La idea es “transformar las relaciones con los ciudadanos”, según las autoridades.