Comienza el Mobile World Congress (MWC) en Barcelona esta semana bajo un contexto geopolítico excepcional. Los últimos años, Europa ha diseñado una estructura legislativa, regulatoria y de política pública para preservar sus valores democráticos, derechos humanos y mercado en el mundo digital. Esto ha resultado en una enorme cantidad de multas y litigios en materias como impuestos, libertad de expresión, competencia económica, protección al consumidor, protección de datos personales e Inteligencia Artificial, entre otras.
Las empresas tecnológicas se sienten asediadas en el viejo continente. Señalé en artículos pasados la respuesta del gobierno de Trump al incorporar un vicepresidente y funcionarios públicos con intereses directos en empresas y fondos de inversión tecnológica.
A la larga lista de Órdenes Ejecutivas vinculadas a la tecnología digital, el presidente Trump, previo al MWC, suscribió una más, para “prevenir la explotación injusta de la innovación estadounidense”.
Esta directiva tiene como objetivo proteger las empresas estadounidenses de lo que denomina “extorsión extranjera”. Una dura expresión que refleja el enojo de las empresas digitales y del gobierno de Trump.
La directiva señala que “considerará acciones de respuesta como aranceles para combatir los impuestos a los servicios digitales (DST), multas, prácticas y políticas que los gobiernos extranjeros imponen a las empresas estadounidenses”.
Esto es relevante, ya que claramente señala las materias del debate, repito: impuestos, multas, prácticas y políticas. En pocas palabras, la acción pública de los países. A la reacción del Vicepresidente JDVance, durante la cumbre de IA en París, Europa detuvo un lineamiento de Inteligencia Artificial, pero esta nueva directiva ocurre previo al encuentro más grande de tecnología del planeta y que está en Europa: el MWC.
El gobierno de Trump considerará acciones como la imposición de aranceles para combatir los impuestos sobre servicios digitales (DST) y otras prácticas que los gobiernos extranjeros imponen a las empresas estadounidenses. Señala el documento que “estos impuestos permiten a los gobiernos extranjeros recaudar ingresos fiscales de las empresas estadounidenses porque operan en sus mercados, aunque no estén sujetas a su jurisdicción”. Vamos a tener problemas de jurisdicción en el futuro.
La directiva entra en el terreno de las investigaciones internacionales, y ordena al Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) que renueve las investigaciones sobre los DST y examine cualquier país adicional que utilice un DST para discriminar a las empresas estadounidenses.
Además, la administración revisará si alguna política en la Unión Europea o el Reino Unido “incentiva a las empresas estadounidenses a desarrollar o usar productos y tecnología de manera que socaven la libertad de expresión o fomenten la censura”. Esto es la entrada directa a un conflicto por la supremacía de valores. Europa ya lo hacía, EU responde de la misma forma.
Estamos frente al inminente choque de civilizaciones, que señalé en una columna pasada, citando a Samuel Hungtington y al académico mexicano Arturo Oropeza. La libertad de expresión y los derechos humanos en occidente a debate, en conflicto y con la tecnología digital, como instrumento de la discordia.
Previo al MWC se celebró el Digital Summit Latam en Madrid, con la intención de convocar a una conversación regional latinoamericana sobre este tema. Las oportunidades de América Latina son enormes. Esta crisis puede dar paso a un bloque digital nuevo. América Latina, con mas de 600 millones de población, debe buscar un mercado digital único, diseñar una sola visión digital con neutralidad tecnológica para combatir la pobreza, generar empleos, dinamizar la economía y la innovación.
La conversación con EU y Europa debe ser ordenada, apasionante, constructiva y puede fortalecer las inversiones en la región. Debe nacer en este contexto, la Diplomacia Digital.