Derecho Digital: Co-regular la Inteligencia Artificial
Reforma Jorge F. Negrete P.
La regulación de la Inteligencia Artificial (IA) es un fenómeno complejo, multidimensional, interdisciplinario y geopolítico que necesita de metodologías expresas para aproximarse a ella, sin destruir sus capacidades de beneficio social, económico y cultural, pero sin descuidar el riesgo de violación a derechos humanos, a la competencia económica, la seguridad nacional y la innovación.
Europa sostiene que es la primera región del planeta que ha regulado la IA. Estados Unidos y Europa son los líderes en innovación y desarrollo tecnológico en esta materia. ¿Cómo aproximarse a la conversación institucional de esta materia? No tengo duda, desde la regulación, la legislación, la política pública y la conversación entre regiones del mundo.
La aproximación para regular la IA pasa por la tecnología digital. Nada de la IA queda fuera del orden jurídico y de las materias que inciden en ella.
No se puede confundir la ley, la regulación y la política pública en el mundo digital, eso retrasa su análisis y la toma de decisiones. Aquí algunos parámetros:
La Ley. Es general, abstracta e impersonal y es la base fundamental del orden jurídico. Modificar la ley es tan vital como no hacerlo. Hacerlo mal es dejar en la indefensión jurídica a los ciudadanos o generar atrasos en el desarrollo económico de una sociedad digital. El derecho de acceso a Internet, por ejemplo, ha creado la persona digital y, con ella, la puerta vital para habilitar sus derechos en el mundo digital. Es un derecho habilitador reconocido en la mayor parte de los países del mundo, de forma directa o indirecta.
La regulación. Es concreta, específica y temporal. Se usa en materia de competencia económica y materias adicionales como protección de datos personales, protección al consumidor, seguridad energética, seguridad nacional y mejora de procesos o servicios públicos: mejora regulatoria. La regulación es producto de hechos o circunstancias específicos vinculados a materias especializadas. Un ejemplo de mala práctica es la preponderancia, que debiendo ser una herramienta de competencia económica, se incorporó a la Constitución y ahora es causa de pérdida de incentivos para generar cobertura en áreas rurales.
Política pública. Es la visión del gobierno expresada en soluciones, también un conjunto de acciones, estrategias y reglamentos que el gobierno ejecuta para enfrentar problemas de la sociedad; también es considerado un proceso de planeación que define una visión a largo plazo para orientar cambios. En materia de política digital, muchos gobiernos han diseñado hojas de ruta llamadas Agenda Digital, que no es otra cosa que la visión pública e importancia que le dan a la materia.
Administración pública de la política y la regulación digital. Muchos gobiernos han decidido crear diversos órganos administrativos para enfrentar el reto de una sociedad digital y su agenda de conectividad, particularmente al abordar la institucionalidad de la materia. En América Latina existen Ministerios TIC o secretarías que definen la política digital, como el Ministerio TIC de Colombia, el de Ecuador, el Ministerio de Comunicaciones de Brasil o Paraguay. También hay órganos reguladores de estupenda factura como la CRC de Colombia, Anatel de Brasil y el IFT de México. En materia de protección de datos, se encuentran las diferentes oficinas de la materia a lo largo de toda la región, así como las procuradurías del consumidor. México estrenará su Agencia de Transformación Digital.
Alrededor de esta estructura institucional se debe agregar la conversación internacional, la geopolítica. Europa es un bloque, EUA es un bloque en si mismo y China también. América Latina y México deben diseñar bases de conversación conjunta para repensar el diseño de su legislación digital. Felicito a CAF, que tuvo la iniciativa de generar el primer parlamento digital latinoamericano y designar su primer presidente, el senador colombiano Alfredo Deluque.
Presidente de Digital Policy & Law
X: @fernegretep