Costo de arriendo de suelo impactan competitividad y eficiencia de las telecomunicaciones de Chile: Idicam

La Cámara Chilena de Infraestructura Digital de Chile (Idicam) presentó un estudio, realizado por G&A Consultores, en el que se identifica cómo las condiciones regulatorias actuales y los elevados costos de arriendo de suelo en Chile tienen impacto en la competitividad y eficiencia del mercado de telecomunicaciones. Este costo “se traslada a los operadores y reduce incentivos para nuevas inversiones, encareciendo el servicio y profundizando brechas de conectividad”.

Contexto

En los últimos 10 años, el consumo unitario por dispositivo a escala mundial se multiplicó por 15 (de 1.4 Gb/mes a 21 Gb/mes) y el número de dispositivos conectados a las redes de telecomunicaciones superó los 8,000 millones. En América Latina el tráfico que circula por las redes creció 15 veces (12 veces en Chile) en la última década. Se espera que el crecimiento se mantenga en tasas superiores al 20% anual, lo que conlleva la obligación de operadores a invertir cifras equivalentes a casi el 25% de sus ingresos anuales en el despliegue de infraestructura. 

A esto debe agregarse otro punto importante, agrega el reporte al que tuvo acceso DPL News: las proyecciones de la industria para los próximos años indican que será necesario invertir en una serie de aplicaciones que permitan reorientar las redes hacia un ecosistema “AI-native”, la implementación de la red 5G independientes y de la red 6G, reduciendo las fuentes de ingreso de las operaciones.

En Chile se instalaron, como en otras latitudes, empresas operadoras de infraestructura pasiva que adquirieron portafolios de sitios móviles a los prestadores incumbentes y que se han ido expandiendo. Estas “torreras” operan actualmente, en conjunto, más del 80% de los sitios móviles a nivel nacional, superando los 11.000 sitios. 

El informe destaca resultados positivos que ha traído consigo la ley de Antenas, entre ellos: reducción del impacto ambiental, optimización económica a partir de la compartición de infraestructura, expansión más rápida de redes e impulso a la competitividad y sustentabilidad. Al mismo tiempo, pone de manifiesto que es necesario avanzar en su revisión, teniendo en cuenta “nuevos desafíos y algunos impactos indeseados para la industria”.

Problemáticas

La hipótesis del reporte es que en el mercado chileno de infraestructura móvil existen zonas y actores que, por diversas razones, tienen incentivos para fijar rentas de arriendo con características monopólicas o distorsionadas respecto al resto del mercado regional, que generan sobrecostos y desincentivos al despliegue de infraestructura; esto afecta negativamente la conectividad nacional. Los resultados surgen de las respuestas a una serie de entrevistas realizadas a incumbentes del mercado de infraestructura digital local.

En este sentido, se identifican las siguientes problemáticas:

• Dependencia. El modelo depende completamente del arriendo del terreno: sin inmueble no hay torre soporte de antenas, y sin esta torre no existe operación móvil. Esto convierte al propietario del terreno en un actor con poder estructural sobre la continuidad del servicio y los costos operativos.

• Escasez. La oferta real de terrenos factibles es, en general, muy baja. La ley de Antenas menciona la instalación de zonas preferentes por parte de los municipios pero no se implementó en casi ningún caso.

• Precio. En lugares en los que la torre y la infraestructura digital no puede trasladarse por razones técnicas, regulatorias, de cobertura, permisos o continuidad del servicio, algunos propietarios exigen rentas desproporcionadas por los terrenos, superando varias veces el promedio nacional.

• Distorsión. Algunos propietarios aplican un mecanismo único en Chile que no se observa en operaciones de otros países de la región, cobrando aumentos por cada nuevo operador que se adosa a la torre, pese a que el contrato ya considera el uso del terreno. Esto es contrario a la co-localización que promueve el regulador.

• Opex. Los operadores han buscado hacerse más eficientes y reducir costos para afrontar inversiones necesarias: “en el caso de las rentas de terrenos se ha producido el efecto inverso, y las rentas han subido por su indexación a las Unidades de Fomento (UF)”.

• Concentración. Se identifica que ciertos actores toman ventaja de su posición negociadora y establecen contratos con rentas elevadas. Esto ocurre especialmente en zonas rurales y semiurbanas.

• Rigidez regulatoria. Actualmente el despliegue de infraestructura digital está sometido a condiciones, requerimientos y permisos como restricciones de altura, zonas sensibles, criterios municipales, consultas ciudadanas, extensos tiempos de aprobación de permisos sectoriales y municipales, entre otros, que profundizan la dependencia de la infraestructura existente y  facilitan el comportamiento oportunista.

Además de puntualizar sobre problemas adicionales como criterios heterogéneos entre Direcciones de Obras Municipales (DOM), limitaciones técnicas del polígono de cobertura y generación de nuevas brechas territoriales, se analizaron los precios promedio de arriendo de suelos en distintos países, con la conclusión de Chile “ya opera con un nivel de precios estructuralmente elevado en comparación con otros mercados latinoamericanos, tanto en áreas urbanas como rurales” y que presenta, al mismo tiempo, un alto nivel de concentración.

También se indica que en el Norte del país, en comunas como Antofagasta, Calama, Diego de Almagro o Iquique, “las rentas alcanzan niveles desproporcionados incluso cuando el arrendador es un organismo estatal, el Ministerio de Bienes Nacionales (MBN). A pesar de tratarse de suelo fiscal, es decir, sin un actor privado dominante, los contratos exhiben diferencias muy superiores al promedio país”. En el Sur, en tanto, el patrón al alza en comunas como Biobío, Arauco, Malleco y Ñuble responde a la fuerte concentración en torno a grandes propietarios privados, especialmente forestales.

Recomendaciones

“El mercado de arriendo de terrenos para torres de telecomunicaciones en Chile refleja condiciones de competencia imperfecta, con indicios claros de rentas monopólicas localizadas. Las rentas elevadas parecen responder principalmente a fallas estructurales del mercado del suelo, escasez de oferta apta, rigidez normativa, ausencia de zonas preferentes, criterios municipales dispares, más que a un valor real incremental del terreno o a mayores costos del propietario”, concluye el reporte.

Al cierre, propone las siguientes acciones:

1. Transparencia y catastro público de sitios disponibles: desarrollar un registro nacional y público de terrenos para sitios, segmentado por comuna, zona y tipo de predio. 

2. Revisión regulatoria de la Ley de Antenas: actualizar el marco normativo para permitir mecanismos de relocalización más ágiles y diferenciados de los mecanismos para la instalación de sitios nuevos, uniformar criterios municipales, reducir plazos y mejorar la coordinación entre actores públicos. 

3. Incentivos a la compartición y despliegue: implementar instrumentos que estimulen la compartición de infraestructura física y reduzcan el poder de negociación de arrendadores dominantes en zonas críticas.

4. Fortalecer el uso de la infraestructura existente, lo que evitará fenómenos como la duplicidad de infraestructura, promoviendo el concepto de colocalización.

5. Dictar un reglamento sobre servidumbres legales: establecer, con precisión, el procedimiento que debe seguirse para autorizar la instalación de infraestructura física de telecomunicaciones.

6. Implementar de manera amplia la “declaración de imprescindibilidad del servicio para uso de suelos”: generar un mecanismo para que, cuando exista desacuerdo respecto del monto de la renta de piso para la instalación de una torre en zonas críticas donde apliquen los criterios de imprescindibilidad, la controversia sea sometida directamente al tribunal competente. 

7. Modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) para agilizar la reubicación. Se recomienda, en concreto, que en zonas urbanas donde actualmente se exige un permiso de instalación de torre otorgado por la Dirección de Obras Municipales (DOM), este permiso pueda ser reemplazado por un aviso a la DOM.

También se propone reformar el Decreto Supremo N° 99/2012 del MTT, de modo que el traslado de una torre a una distancia acotada quede sujeto al procedimiento simplificado de modificación de concesión; dictar un reglamento que regule el procedimiento de otorgamiento de permisos de instalación por parte de las Direcciones de Obras Municipales (DOM) para sitios existentes que requieran reubicación; eliminar la duplicidad de procedimientos de oposición que puede afectar a un proyecto de instalación de torre; y habilitar la posibilidad de recurrir a la Fiscalía Nacional Económica ante la aparición de conductas monopólicas.