CRHOY Alexander Ramírez
El proyecto de ley que busca rescatar las finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y sus empresas divide a los diputados.
Mientras el Gobierno y las fracciones legislativas de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Nueva República (PNR) favorecen una amplia discusión para entrarle a las finanzas de la empresa pública, el Frente Amplio (FA) insiste en oponerse a la iniciativa y el Partido Liberal Progresista (PLP) se limita a decir que la estudiará porque aún no tiene una posición.
El proyecto -que se tramita bajo el expediente legislativo 21.670 desde la pasada Asamblea Legislativa- fue incluido por el Poder Ejecutivo en la convocatoria a sesiones extraordinarias.
El interés de la Casa Presidencial es que la iniciativa, impulsada por la exdiputada Silvia Hernández, del PLN, se conozca y avance en las actuales sesiones.
La jefa de la fracción parlamentaria del PLN, Kattia Rivera, destacó que se requieren instrumentos para sanear las finanzas del ICE y para que la entidad siga siendo un motor del desarrollo nacional.
Este proyecto en particular propone una serie de medidas para reducir el endeudamiento del ICE. Para todos nosotros es de suma preocupación y de necesidad urgente ver cómo se puede impactar favorablemente esas tarifas.
Rivera dijo que a pesar de que la iniciativa fue convocada por el Ejecutivo, están haciendo una revisión del texto, así como de las observaciones enviadas por la Contraloría General de la República (CGR).
Mientras, la diputada Vanessa Castro, del PUSC, reconoció que a su bancada le interesa el proyecto de ley.
Me parece que esa puede ser una base importante para entrar a ver el tema de las finanzas del ICE. Evidentemente, necesitamos rescatar y la palabra rescatar que tiene ese proyecto me parece importantísima.
La socialcristiana recordó que los números del ICE están en rojo y que es urgente tomar acciones.
Castro reiteró que la institución necesita ser intervenida inmediatamente para evitar una crisis insostenible.
Mencionó que los resultados auditados por la red global de firmas de Auditoría, Impuestos y Asesoría (KPMG) muestran que el ICE arrastra una deuda alarmante de $6 billones.
Ese nivel de endeudamiento, según Castro, representa más del 200% del patrimonio de la entidad.
Fabricio Alvarado, jefe de la bancada legislativa del PNR, reconoció que el proyecto es de mucho interés para su agrupación.
Nosotros tenemos claridad de que al ICE hay que rescatarlo, el ICE es una institución muy importante para el país y su buen funcionamiento traería muchas cosas positivas
Dijo que ya dio la instrucción a los asesores de su bancada para que en los próximos días tengan listo el análisis del expediente.
“Pero en principio estamos claros de que al ICE hay que reestructurarlo y hay que rescatarlo financieramente, como bien lo dice el proyecto”, añadió.
El jefe de la fracción parlamentaria del PLP, Eliécer Feinzaig, manifestó que todavía no tienen una posición definida.
La bancada del FA -que bloqueó el avance del proyecto de ley en la legislatura anterior junto con el Partido Acción Ciudadana (PAC)- insiste en oponerse al mismo.
Su jefe de fracción, Jonathan Acuña, dijo que el texto tiene “graves problemas” señalados por la Contraloría.
Hay ausencia de estudios técnicos que demuestren que ese proyecto pueda generar una reducción en las tarifas de la electricidad y que, además, podría poner en dificultad el acceso al financiamiento del ICE en las condiciones más adecuadas.
Indicó que la propuesta tiene que revisarse con cuidado y paciencia, y sin dejar de lado las observaciones hechas por la Contraloría.
El proyecto de ley plantea una reestructuración de los financiamientos del ICE, como créditos, fideicomisos, titulaciones, arrendamientos y BOT’s.
También busca que el Consejo Directivo del ICE pueda tomar decisiones con mayor agilidad para la venta de activos ociosos o no estratégicos de la institución.
El objetivo es rescatar las deterioradas finanzas del ICE para impactar positivamente en las tarifas eléctricas que se cobran a los usuarios.
La iniciativa cuenta con un dictamen afirmativo de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa y quedó en su trámite de análisis y votación en primer debate en el Plenario.