Costa Rica | Asamblea entrega celulares a diputados sin sustento legal
CRHOY Erick Murillo
Desde el 2014, la administración de la Asamblea Legislativa entrega a los diputados celulares nuevos con plan incluido, sin que exista un criterio legal que respalde esa decisión.
Así lo señala un informe de la Auditoría Interna del Congreso, AL-AUIN-INF-0010-2022, con fecha del 5 de octubre del 2022, del cual CRHoy.com tiene copia.
El informe hace un análisis de la adquisición, asignación, uso, custodia, control y devolución de los teléfonos celulares que incluyen el costo de los aparatos elegidos por cada despacho, conforme las opciones ofrecidas por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y su marca Kolbi, así mismo, conforme al criterio de vida útil de dos años y la acumulación de los gastos por ese rubro durante el periodo legislativo 2018-2022.
La Auditoría deja claro que la entrega de los celulares a cada uno de los 57 legisladores, no se considera una “ayuda técnica”, por lo que no hay sustento legal para esta acción y derogación de recursos públicos.
La compra de dispositivos móviles para los legisladores no cuenta con el debido sustento legal, al no existir una ley que así lo establezca según lo señalado en el artículo 113 Constitucional. No forma parte de las ayudas técnicas y administrativas, establecidas.
El artículo 113 Constitucional, textualmente señala: …La ley fijará la asignación y las ayudas técnicas y administrativas que se acordaren para los diputados…
El informe explica que queda como reserva de ley, establecer cuáles serán esas asignaciones y sus montos, no obstante, el análisis realizado por la Auditoría Interna permitió establecer que “no existe una ley que establezca que la entrega de los dispositivos móviles forma parte de esas ayudas”.
“Considera esta Auditoría Interna que si bien existe un monto de la asignación mensual para comunicaciones correspondiente a ¢161.000 definido por acuerdo del jerarca en sesión N.º 020-2010 del 16 de setiembre del 2010, artículo 13, la adquisición de los equipos móviles escapa de esa regulación”, indica el informe.
La regulación existente se limita a la consignada en acuerdos y resoluciones administrativas emitidas por el Directorio Legislativo a través del tiempo.
El informe señala que la Contraloría General de la República (CGR) ha dicho que la administración pública puede optar por autorizar el uso de servicios celulares a sus funcionarios, siempre y cuando en el ámbito de su responsabilidad, pueda llevar a cabo un control adecuado sobre su uso y custodia y sin que ello signifique un desperdicio de recursos públicos.
“Por eso, ante la ausencia de norma legal que establezca la posibilidad de asignar este tipo de equipo, queda a discrecionalidad de cada Administración el adquirirlos, así como la responsabilidad por establecer las regulaciones y controles, para su uso y custodia. En ese sentido, llama la atención de este órgano asesor que a pesar de que han transcurrido ocho años desde que se ha retomado la adquisición de equipos móviles como práctica para dotar a los legisladores de facilidades de comunicación, a la fecha no se haya concretado dicho reglamento”, cuestiona el informe.
La administración ha respondido que “los celulares están sujetos al Reglamento de Bienes Muebles”.
“Considera este órgano asesor el accionar de la institución en relación con el uso, custodia, devolución entre otros, basándose en escasos dos artículos del reglamento de bienes muebles no solo resulta insuficiente, sino que limita hacer detalles más específicos por la naturaleza del fin que se pretende”, responde el informe.
Además que lo indicado no resulta congruente con las Normas de Control Interno para el Sector Público.
Elevado costo
La Auditoría Interna señala que el acuerdo del Directorio Legislativo del 2014, no se observa alguna referencia a un planteamiento expreso de la mayoría de legisladores de contar con teléfonos móviles, o si en su lugar responde a una decisión de conveniencia institucional analizada técnicamente.
“Además, no se determinó que, con la adquisición de los dispositivos, se evidenciará la necesidad real de disponer de dichos equipos, o si por el contrario se debe hacer un uso más racional, ante las restricciones que en recursos enfrenta la Administración Pública”, agrega el documento.
También destaca que la adquisición de los planes y celulares tiene un costo considerable para la administración.
Sólo para el pasado periodo constitucional 2018-2022 se gastaron casi ¢60 millones. Hay que recordar que dado que se le imprime un valor al plan de dos años, en muchos casos los diputados estrenan celular dos veces durante los cuatro años.
“A la fecha no se cuenta con una regulación que integre las decisiones que ha emitido la Administración mediante acuerdos y resoluciones administrativas, así como el marco de control interno que regirá los procesos de adquisición, asignación, uso, custodia, control y devolución generando un clima de incertidumbre para quienes participan en los citados procesos y por consiguiente administran bienes públicos, dificultando la toma de decisiones al respecto”, concluye el informe.
Los principales resultados consignados en este informe se expusieron verbalmente a la Licda. Karla Granados Brenes, directora ejecutiva a.i. en la reunión efectuada el 28 de setiembre de 2022 en las oficinas de la Dirección Ejecutiva, respectivamente.
Mientras que el borrador se entregó a la Dirección Ejecutiva, mediante el oficio AL-AUIN-OFI-0109, del 29 de setiembre, con el propósito de que se formularan y remitieran a esta Auditoría en el plazo de tres días hábiles, las observaciones que se consideraran pertinentes sobre su contenido.
Oficialmente, ni el Directorio Legislativo ni la administración han emitido pronunciamiento sobre este tema.