Concesiones directas, eliminación de participación pública y concentración de tareas, cuestionamientos a la nueva ley telecom
Durante el Segundo Conversatorio para el Análisis y Propuesta de Dictamen de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el Senado de la República, representantes de la industria y academia cuestionaron que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) absorba múltiples funciones y facultades, y que trabaje ahora bajo un esquema de toma de decisiones unipersonal, que en conjunto con la eliminación de esquemas como la consulta pública, podría dar paso a nuevos problemas políticos y regulatorios en telecomunicaciones y el sector digital en general.
Clara Luz Álvarez, académica de la Universidad Iberoamericana, alertó que el diseño institucional propuesto por la nueva ley de telecomunicaciones propone una ATDT que estará a cargo de múltiples actividades, lo que provocará “captura por saturación”. En ese sentido, lamentó que se elimine la toma de decisiones colegiadas y entre pares, y se promueva un proceso concentrado en una sola persona.
La académica acusó que la toma de decisión unipersonal, compuesta por subordinados y no pares, “no puede ser jamás igual a una decisión entre pares”, cuando se puede contar con la participación de expertos en cada uno de los temas.
Mantener participación de la industria y ciudadanos
Rolando Guevara, representante de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade) también lamentó que la nueva propuesta de ley incluya la eliminación del mecanismo de consultas públicas, que permite no sólo la participación de la industria, sino también a múltiples partes interesadas (multistakeholder).
En ese sentido, recomendó la reinstalación de las consultas públicas porque son proyectos de mejora regulatoria. “Se tiene que escuchar al ecosistema tecnológico. […] Es el diálogo lo importante, es importante para la retroalimentación, cómo se va a regular al regulado sino se le escucha”, agregó
En el mismo sentido, cuestionó que la ley considere la regulación del sector en base principalmente a lineamientos, por lo que alertó que se requiere de una mejor construcción del articulado del proyecto para evitar la discrecionalidad de la ATDT.
Felipe Fitzsimons, gerente de política para América Latina en la GSMA, también indicó que “la consulta pública es una herramienta eficaz, por lo que la legislación debe velar por estos temas de participación”.
Concesión directa crea incentivos negativos
En general, los expertos y representantes de la industria invitados coincidieron también en el riesgo que representa la eliminación del concepto de neutralidad competitiva, al abrirse la posibilidad para otorgar concesiones de uso comercial a entes públicos, sin contraprestación y sin licitación.
Jesús Miguel Sarmiento, presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentados, apuntó que el principal problema de la asignación directa es la condición fina del espectro radioeléctrico, por lo que la concesión directa podría darse con falta de transparencia, lo que también podría provocar la ausencia de competencia, con precios menos favorables o condiciones menos rigurosas para el usuario. Asimismo, acusó que podría obstaculizar la entrada de nuevos competidores, y limitar la innovación.
Antonio Díaz Hernández, representante legal de AT&T, advirtió que esta regulación representa un trato favorable y no justificado a las entidades públicas, lo que podría ser violatorio del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, además del artículo 28 de la Constitución.
Según Fitzsimons, la asignación directa del espectro genera preocupaciones por la posible ineficiencia, la falta de equidad, y de previsibilidad para el mercado. En ese sentido, recomendó que se favorezcan mecanismos de asignación abiertos y transparentes que han demostrado ser eficaces, como la subasta.
“Compartimos que el Estado tenga un rol habilitador en zonas sin cobertura pero debe ser transparente y complementario, por lo que se deben buscar modelos de coinversión”, agregó Fitzsimons.
En ese sentido, los participantes señalaron que se deben considerar otros mecanismos que permitan al Estado atender la falta de cobertura en comunidades no cubiertas, ya sea mediante asociaciones público-privadas, o incluso, considerar la cobertura social como contraprestación por el espectro como lo han hecho otros países de América Latina.
Elizabeth Peña Jauregui, vicepresidenta de relaciones con gobierno e industria para Ericsson en América Latina y el Caribe, indicó, por su parte, que también se requiere incorporar a la nueva ley el concepto de “conectividad significativa”, lo que significa contar con acceso confiable a través de tecnologías limpias, resilientes y seguras.
En general, recomendó también la adopción de una política fiscal digital para reconsiderar el pago por el uso del espectro que actualmente “es una carga para las empresas que inhibe la inversión”; consideró también la promoción de estímulos fiscales de conectividad para las empresas, como licitaciones enfocados a cobertura. Finalmente, enfatizó la necesidad de eliminar el IEPS, ya que “el Internet es un derecho humano, no un lujo”.
La ATDT defendió la propuesta
Jorge Luis Pérez Hernández, coordinador nacional de infraestructura de la ATDT, defendió la propuesta de ley al señalar que se incluyen alternativas para incentivar el despliegue de redes, como descuentos al espectro a cambio de cobertura social y apoyos a la política satelital. En ese sentido, explicó que la reforma no busca excluir al sector privado, sino complementar el ecosistema actual, con instrumentos e incentivos.
Por otro lado, rechazó que la ATDT vaya a concentrar múltiples facultades, ya que se prevé la separación de las tareas de competencia que ahora estarán en el órgano antimonopolio, y la agencia sólo absorbe facultades técnicas, por lo que “no vemos que sea un problema a largo plazo”. Por otro lado, calificó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como un “fracaso”, que reportó la pérdida de operadores y la reducción de competencia.
Norma Solano, coordinadora nacional de transformación digital, también destacó los beneficios de la nueva ley en materia de espectro, ya que crea nuevos mecanismos y figuras que facilitan su acceso para nuevos casos de uso como eventos deportivos, atención en caso de emergencias y desastres naturales, o para la experimentación y pruebas en universidades y centros de investigación. Asimismo, prevé la simplificación de trámites para radios comunitarias, además del acceso dinámico y compartido en zonas donde el recurso esté ocioso para que pueda utilizarse en objetivos de conectividad.
José Merino, quien será titular de la ATDT, no se ha presentado a ninguno de los dos conversatorios. Esto generó cuestionamientos entre algunos senadores, como Alejandra Barrales y Manuel Añorve Baños, quienes consideraron que sería importante que el funcionario acuda al debate y no solo pronunciarse en la conferencia mañanera de la presidencia.
El senador Ricardo Anaya también cuestionó algunas propuestas de la ley, como la preferencia de un órgano unipersonal y subordinado sobre la formación de un órgano colegiado y autónomo. Además, consideró los artículos que dan facultades de censura y la desaparición de otros órganos como el INAI para la protección de datos.