Concesiones de radio y TV desatan conflicto entre Sutel y gobierno de Costa Rica
El 28 de junio de este año se vencen los títulos habilitantes de la radiodifusión y la televisión abierta en el país. El gobierno de Rodrigo Chaves culpa a la Sutel por la demora en la decisión de si se renuevan o no.
La discusión sobre renovar las concesiones de espectro para la radio y televisión abierta o lanzar nuevas licitaciones de frecuencias ha desatado un enfrentamiento entre el gobierno y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
El 28 de junio de este año se vencen los títulos habilitantes de la radiodifusión y la televisión abierta en el país, por lo que el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) debe decidir si las renueva o no.
Con el plazo cada vez más cerca, el gobierno aún no tiene una resolución y culpa a la Sutel de la demora, alegando que la institución no completó el estudio de factibilidad y necesidad que le fue solicitado respecto a este asunto.
Paula Bogantes, titular del Micitt, dijo que “el estudio de factibilidad tiene que cumplir con una serie de requisitos, lineamientos, condiciones y lo que nos presentó Sutel el año pasado está incompleto. Por lo tanto, estamos esperando a que la Sutel realice el trabajo completo”.
La ministra advirtió que, en caso de que no haya una solución, las señales de radio y televisión abierta podrían dejar de operar.
Bogantes sostuvo que el Micitt necesitaba el estudio de factibilidad y necesidad completo para determinar si otorga una prórroga a las concesiones que están a punto de caducar, por cuánto tiempo sería posible y definir si estas frecuencias se ponen a disposición a través de un concurso público.
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Incluso, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, criticó a la Sutel por el limbo en el que se encuentran los títulos habilitantes de radio y televisión.
“¿No será que Sutel ‘está pateando el tarro’ para que pase el tiempo en esta administración y no hagamos lo que sea en el mejor interés de los costarricenses?”, inquirió Chaves a Bogantes en conferencia de prensa.
“Si en Costa Rica se apagan las señales de las empresas de radio y televisión sería culpa de Sutel, que tiene un presupuesto enorme, es un feudo en sí mismo: es una barbaridad”, agregó.
El mandatario enfatizó que Sutel está “sentada en la galleta, llevándose años, para emitir criterios técnicos que yo creo que no los quieren emitir porque es probable que ellos tengan influencias”.
Rodrigo Chaves insinuó en su discurso que la Superintendencia podría estar coludida con empresarios de radiodifusión, de manera que no emite el estudio completo por proteger otros intereses.
“Yo no puedo echar a los de Sutel, no los puedo demandar ni nada. Las leyes de este país crean islas de impunidad administrativa y jurídica que le permiten a Canal 7 ―si nos está viendo ‘saludos don Ignacio― pagar 120 mil colones al año por la frecuencia”, dijo molesto el presidente tico.
La Sutel se defendió y negó las acusaciones del gobierno al poco tiempo. La institución sostuvo que un eventual apagón de las señales de radio y televisión abierta no serían su responsabilidad.
Por el contrario, la institución alegó que el Ministerio no aportó toda la información necesaria para llevar a cabo el estudio y acusó una falta de claridad en las rutas de acción del gobierno.
El organismo señaló que ya llevó a cabo el estudio de factibilidad y necesidad en apego a sus facultades. Y citó que dicho informe muestra que “hay un exceso de demanda por parte de 99 posibles interesados en las bandas FM”.
Además, arrojó que existen 19 potenciales interesados en emisoras de AM y hay 52 espacios disponibles según el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF).
Sin embargo, advirtió que en las frecuencias FM solo hay espacio para 45 emisoras. “Esto implica la necesidad de una reforma a este plan para optimizar el uso de los recursos escasos, proceso que debe ser ejecutado por el Micitt”, puntualizó.
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La Sutel también advirtió que anteriormente solicitó al Micitt ampliar la información para delimitar los aspectos necesarios para el estudio, como los plazos de vigencia, una eventual extensión de las concesiones y aspectos de obsolescencia tecnológica
Por eso, reviró que más bien la responsabilidad sería del propio Ministerio.
Independientemente del conflicto entre ambas instituciones, los hallazgos de la Superintendencia indican que el gobierno necesitaría avanzar en una reforma al PNAF para cumplir con la optimización del uso del espectro para la radio y la televisión.
Realizar esta reforma de actualización del PNAF, en opinión de la Sutel, “implicaría varios meses en un proceso a cargo del Micitt y no alcanzaría el tiempo a esta administración para hacer los procesos concursales de radiodifusión”.
Mientras tanto, los actuales concesionarios de frecuencias están en la incertidumbre sin saber qué pasará con sus señales.
Saray Amador, presidenta de la Cámara Nacional de Radio y Televisión, se mostró preocupada por la falta de resolución, pero dijo que confía en que se puedan ampliar las concesiones.