Colombia | Escándalo de MinTIC con Centros Poblados: Fiscalía intensifica rastreo de $70000 millones
os investigadores de policía judicial, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, incrementaron las labores judiciales tendientes a identificar los 70.000 millones de pesos que se dieron como anticipo del billonario contrato firmado entre el Ministerio de las TIC y Centros Poblados.
En desarrollo de estas acciones judiciales los peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantan el rastreo de los recursos que fueron a parar a los bancos en Colombia y en el exterior para recuperar los millonarios recursos del erario público.
Los investigadores también trabajan, de la mano de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en el rastreo de las cuentas que recibieron los recursos de anticipo entregado a la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020.
Así mismo, los agentes especiales avanzan en determinar la procedencia y posible adquisición irregular de los bienes de los empresarios y contratistas vinculados en la firma del polémico contrato que tenía como objetivo ampliar la red y el acceso a Internet a escuelas rurales ubicadas en zonas alejadas del país.
En su oportunidad también se solicitó al Banco de la República emitir un informe completo sobre los trámites cambiarios, compras de divisas, negocios o trámites similares en los que hayan participado tanto las empresas vinculadas al polémico contrato, como los representantes legales y socios de las sociedades desde junio del 2020.
Este rastreo del millonario anticipo será clave para definir el monto del peculado y los demás cargos que serán imputados el próximo 23 de febrero en una segunda fase del proceso penal contra los empresarios Ottomar Lascarro Torres y Juan Carlos Cáceres, vinculados con las compañías que integraron la Unión Temporal Centros Poblados, protagonista del escándalo de contratación con el Ministerio de las TIC.
Así mismo, la Fiscalía General imputará nuevos delitos a Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados; Juan José Laverde, representante de la empresa Rave Agencia de Seguros; y Emilio Tapia Aldana.
Este grupo de investigados deberán responder, de acuerdo con su posible participación en los hechos, por delitos como peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
Por su parte, la exministra de las Tecnologías de la Información, Karen Abudinen, declaró este miércoles en calidad de testigo ante la Procuraduría y dijo que se siente engañada “por una empresa criminal de corrupción que llegó al ministerio para quedarse con el billonario contrato de internet” en las regiones más apartadas del país.
“Todo era una fachada, todo era mentira tras mentira y me siento engañada. A nosotros nos engañaron, acá hay una fábrica de corrupción”, añadió la exministra.
