Al menos cuatro de cada 10 hogares que tienen acceso a la televisión paga son suscriptores ilegales, es decir, cerca de 3,86 millones, lo que le causa no solo millonarias pérdidas a esta industria sino también a la Nación que deja de percibir impuestos, al tiempo que genera grandes pérdidas de puestos de trabajo.
Esta alerta llegó de la Alianza Contra la Piratería de Televisión Paga (Alianza), que según sus cálculos las pérdidas totales que deja esta piratería superan los 1.413 millones de dólares: 902 millones para los operadores de televisión, 315 millones para los programadores y 196 millones para el Estado, que deba de percibir por cuenta de IVA, renta y compensación ese monto.
A lo anterior se suma el hecho de que ese fenómeno le causa un duro golpe al empleo en Colombia, toda vez que la industria deja de generar unos 7.739 puestos de trabajo, dicen.
Según Hernán Racciatti, Director de Seguridad de Siclabs, empresa especializada en la Educación en Seguridad de la Información, “existen diversos modelos de negocios detrás de la industria pirata que obtienen rédito económico a través de la venta de equipamiento, la publicidad en páginas gratuitas donde se presentan contenidos pirateados y la venta de suscripciones a servicios de streaming pirata por los que los usuarios deben pagar tarifas mensuales. Se trata de un verdadero ecosistema, donde conviven diversos actores que obtienen un retorno económico a partir del robo de contenido audiovisual y su reventa no autorizada”.
El experto participó en la la conferencia sobre Consumo Legal de Contenidos organizada por Alianza, en la que quedó claro que el combate a la piratería requiere no solo del desarrollo e implementación de contramedidas técnicas, sino también de la voluntad política y la cooperación de empresas, gremios y autoridades.La piratería
Racciati explicó que este fenómeno corresponde a la omisión por parte de los operadores de televisión paga de no declarar a las autoridades competentes el número real de abonados, con el fin de pagar un menor valor por los derechos de propiedad intelectual a sus proveedores, un menor pago de impuestos y tasas regulatorias, y generar desequilibrio en el mercado.
Otro aspecto abordado por el experto fue la retransmisión, que consiste en la emisión de contenidos a terceros por medio de decodificadores de operadores de televisión paga, con la finalidad de evadir el pago de los derechos de autor sobre los contenidos, sin la autorización del programador y del operador afectado en búsqueda de establecer un negocio lucrativo ilegal.
Otra forma en la que se atenta contra los operadors legales es la piratería FTA (uso de receptores satelitales Free to Air), la cual consiste en todas las formas de robo de señal mediante las cuales un consumidor obtiene acceso ilegal o no autorizado a las señales de Televisión Paga o los streams (transmisiones) audiovisuales.
También está la piratería online, que es la emisión de contenidos a través de internet en modalidad paga y/o gratuitos sin ningún tipo de autorización de los titulares de los derechos de autor. El experto sostiene que este fenómeno está en ascenso continuo, lo que implica nuevos desafíos para que las perspectivas de crecimiento de los sectores económicos atados a la industria creativa sean productivas.
Las cifras proporcionadas por Alianza, según el más reciente estudio Pay-TV Signal Piracy in Latam 2020 realizado por Business Bureau, indica que el mercado total de Televisión Paga en América Latina y el Caribe cobija a más de 82,6 millones de usuarios, de los cuales el 25 por ciento (unos 20,4 millones) son usuarios de piratería de señal de Televisión Paga (excluyendo la piratería online).
Ese volumen de usuarios ilegales supone pérdidas para la industria y los gobiernos en la región de unos 2.700 millones para los operadores; 1.600 millones para los programadores; 633 millones para los gobiernos y la pérdida de más de 36.000 empleos.
