Claro Brasil formaliza migración del régimen de telefonía fija y asume 450 mdd en inversiones
Claro Brasil concluyó la migración de los contratos de concesión del Servicio Telefónico Fijo Conmutado (STFC) de larga distancia nacional e internacional al régimen de autorización, tras firmar con la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y el Ministerio de las Comunicaciones el acuerdo de conciliación que pone fin oficialmente a su actuación bajo ese modelo regulatorio.
El acuerdo, aprobado por la Agencia en octubre y divulgado al mercado la semana pasada, prevé un conjunto de obligaciones de inversión que suman R$ 2.41 mil millones (US$ 450 millones), destinados a la expansión de redes y a la continuidad de servicios esenciales en zonas que aún carecen de atención.
Según el término, la operadora se compromete a llevar fibra óptica a 44 ciudades y distritos sin este tipo de infraestructura, ampliar la cobertura móvil con tecnología 4G en 126 localidades y en 205 tramos de carreteras federales, además de implantar seis rutas alternativas de tráfico de datos para aumentar la resiliencia de la red, entre ellas un cable óptico subfluvial bajo el lecho del río Solimões, en Manaos, para reforzar la seguridad de la conectividad en una de las regiones más vulnerables del país.
El acuerdo también establece el mantenimiento de teléfonos públicos o puntos gratuitos de acceso a la comunicación en cerca de 1,700 localidades hasta 2028. La ejecución de las obligaciones será supervisada por la Anatel, con garantías escalonadas vigentes hasta 2037 para asegurar el cumplimiento integral de las metas asumidas.
Además de las inversiones, el término cierra procesos sancionatorios, administrativos y judiciales relacionados con las antiguas concesiones de Claro para la prestación del servicio de larga distancia, incluidas disputas sobre valores y bienes reversibles que se acumulaban desde hacía años en distintas instancias, con renuncia recíproca a la presentación de nuevas acciones.
A diferencia del acuerdo firmado con Telefônica/Vivo, la adaptación contractual de Claro no pone fin al arbitraje en el que la operadora reclama a la Unión cerca de R$ 6.6 mil millones (alrededor de US$ 1.23 mil millones) por supuestos perjuicios derivados de decisiones regulatorias adoptadas durante la vigencia de la concesión.