Chile llega a esta década con avances indiscutibles en conectividad y digitalización. Hoy, 93% de los hogares tiene acceso a Internet, un nivel comparable al de economías desarrolladas como Alemania. Nuestro país lidera la velocidad de Internet fijo a nivel mundial, superando a Singapur y Hong Kong, y fue pionero regional en redes móviles. La economía digital representa entre 12% y 15% del PIB chileno, y los servicios digitales exportables superan a industrias tradicionales como el vino.
Sin embargo, el país enfrenta hoy un punto de inflexión digital, el riesgo de que el liderazgo alcanzado se vea erosionado por un marco regulatorio y económico que ya no dialoga con los desafíos tecnológicos del siglo XXI. El país enfrenta hoy una encrucijada estratégica, el riesgo de confundir liderazgo pasado con sostenibilidad futura.
El problema ya no es tecnológico, sino financiero, regulatorio y estructural. Mientras el tráfico de datos móviles crece a tasas superiores a 25% anual, los ingresos promedio por usuario (ARPU) del sector telecomunicaciones han caído de forma sostenida durante la última década.
Al mismo tiempo, las exigencias de inversión se multiplican, más y mejores redes avanzadas, fibra óptica al hogar, Data Centers, ciberseguridad, resiliencia energética y continuidad operativa frente a emergencias y cambio climático.
El modelo que permitió masificar el acceso, basado en la atomización del mercado, la maximización del número de actores y la acumulación progresiva de cargas regulatorias, muestra señales de agotamiento frente a los desafíos de la sociedad actual.
Chile perdió terreno en 5G no por falta de capacidades técnicas, sino por una industria fragmentada, ingresos a la baja y reglas que no reconocen el carácter estratégico de las telecomunicaciones, hoy tan esenciales como la energía o el agua.
Sin sostenibilidad financiera no hay redes modernas, ni innovación, ni inversión continua. La pregunta relevante no es qué operador entra o sale del mercado, sino cómo aseguramos la infraestructura digital que habilita el crecimiento, la productividad y la cohesión territorial del país.
Desde esta constatación, organizaciones, expertas y gremios coordinados por la Cámara Chilena de Infraestructura Digital (Idicam) han propuesto el Plan CHILEBYTE 2030 que, en su premisa, asume que el desarrollo digital debe incorporarse explícitamente en la estrategia de crecimiento y desarrollo del país, dejando atrás la lógica de política sectorial aislada. Lo digital es capacidad nacional, infraestructura habilitante, productividad, seguridad, cohesión territorial y soberanía tecnológica.
Medidas estructurales del Plan CHILEBYTE 2030
Para enfrentar este punto de inflexión, el Plan propone un nuevo pacto digital donde el país transite hacia una sociedad y economía plenamente digitales, donde la tecnología sea motor de productividad, inclusión social, fortalecimiento democrático y soberanía sobre siete pilares con medidas concretas.
Esto implica avanzar hacia una regulación moderna que fomente la innovación en un ambiente de IA, simplifique cargas, armonice permisos, reduzca asimetrías entre operadores y plataformas digitales, promueva compartición de infraestructura y redes mayoristas, asegure acceso a espectro a costos razonables y promueva operadores con escala suficiente para invertir, innovar y competir dinámicamente, incluido un rol claro y justo para los operadores móviles virtuales.
1. Sostenibilidad e inversión en infraestructura digital
Chile invierte hoy menos de 1.5% del PIB en telecomunicaciones, la inversión del sector privado es cerca de 95% del total, mientras economías líderes digitales superan 2.5% del PIB.
En 2027 Chile invertía US$90 por usuario, hoy sólo US$45. El eje de Banda Ancha Nacional plantea reconocer formalmente la conectividad como infraestructura estratégica crítica, reformulando el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, crear la red nacional de comunicación para emergencias, ensanchar la conectividad universal haciendo uso del subsidio a la demanda a través de INDAP y los Gobiernos Regionales; ampliar las redes y cables submarinos siendo Chile el Puente digital Asia-Pacífico; más redes de banda ancha terrestres especialmente hacia el mundo rural y campesino, incluida Rapa Nui, Juan Fernández y la Antártica; acelerar el uso productivo de Internet.
Esto implica certeza regulatoria, simplificación de permisos, uso flexible y eficiente del espectro, compartición de infraestructura, redes neutrales y mayoristas y reglas que promuevan operadores con escala suficiente para sostener ciclos continuos de inversión, sin sacrificar competencia ni acceso asequible. La competencia sana no se mide por la cantidad de actores, sino por la calidad, cobertura y resiliencia de las redes.
2. Regulación moderna y convergente
Hoy, más de 70% del tráfico que circula por las redes proviene de grandes plataformas digitales globales, que no enfrentan las mismas obligaciones regulatorias, de inversión ni de continuidad operativa que los operadores de telecomunicaciones.
Incorporar en la agenda regulatoria el acceso al mercado secundario de espectro; la renovación de concesiones con ciertas obligaciones, la revisión de los caps de espectro, el silencio positivo para el despliegue de infraestructura digital, disminuir por parte del Estado el valor del arriendo del suelo para colocar infraestructura de telecomunicaciones; el uso compartido y dinámico del espectro, compartición de redes, espacio para los operadores móviles virtuales y menos lomos de toro para el acceso mayorista. Todas estas herramientas aumentan la competencia real sin dañar la confianza regulatoria.
También superar las asimetrías regulatorias entre operadores de telecomunicaciones y grandes plataformas digitales, incorporando principios de corresponsabilidad en el uso intensivo de redes, estándares exigibles de ciberseguridad y resiliencia y una regulación pro-inversión, convergente y tecnológicamente neutral.
La regulación de la IA debe transitar desde los riesgos a los usos, del control ex post hacia una lógica estratégica, pro-inversión y pro-innovación, así como revisar la neutralidad de Internet para frenar el negocio ilícito que conlleva la piratería digital que hoy afecta el patrimonio de la propiedad intelectual.
3. Economía digital y Data Centers como motor exportador
El Plan consolida la economía digital como eje productivo, promoviendo la exportación de servicios digitales y tecnológicos, la digitalización de mipymes y el despliegue del Plan Nacional de Data Centers con capacidad de almacenamiento, procesamiento y entrenamiento de algoritmos con estándares de sostenibilidad, aceleración de permisos y seguridad jurídica para la inversión.
Aquí se juega buena parte de la competitividad futura del país. Será clave una mejor arquitectura para promover servicios digitales y tecnológicos que hoy ya superan las exportaciones de vino.
Lograr 80% de adopción tecnológica y de uso y desarrollo de Inteligencia Artificial en el sector productivo. Mejorar el Plan Nacional de Data Centers para promover la inversión en capacidad de cómputo con estándares de sostenibilidad, acelerando permisos y asegurando capacidades para el entrenamiento avanzado de algoritmos. Crear un gran centro de entrenamiento de algoritmos para enfrentar los diversos tipos de delitos y sistemas de integración de cámaras de vigilancia públicas y privadas.
4. Incentivos tributarios estratégicos
Siguiendo experiencias internacionales exitosas, CHILEBYTE 2030 incorpora explícitamente incentivos tributarios a la inversión tecnológica y en telecomunicaciones, tomando como referencia el caso de Irlanda, que logró posicionarse como hub digital europeo mediante una combinación de estabilidad regulatoria, impuestos corporativos competitivos, incentivos a la I+D, atracción de centros tecnológicos globales y desarrollo de talento local.
Chile debe avanzar hacia un esquema de incentivos tributarios selectivos y temporales para infraestructura digital, Data Centers, I+D en Inteligencia Artificial, ciberseguridad y servicios tecnológicos exportables, alineando política fiscal con estrategia de desarrollo digital.
Algunas de las medidas son crear impuestos de sociedades “tech” para empresas TIC y telco, reemplazando el actual Impuesto de Primera Categoría (IDPC), fomentar incentivos tributarios para desplegar infraestructura digital en zonas rurales, apartadas y de difícil acceso y crear créditos fiscales por sobre gasto en I+D hasta 30% del gasto elegible en dichas actividades.
Siguiendo en materia de contenidos, países como Corea del Sur y Turquía apostaron por el desarrollo de la industria de contenidos locales como parte del modelo de productos y servicios de exportación, siendo la inversión e incentivos por parte del Estado determinante para su expansión.
5. Talento, apropiación tecnológica y empleo digital
Más de 60% de los empleos actuales requerirá habilidades digitales avanzadas antes de 2030. El plan impulsa una estrategia nacional de habilidades digitales con un millón de capacitaciones y la ampliación del Programa Talento Digital 2030, reformando los curricula análogos de la enseñanza escolar, integrando programación y pensamiento crítico y fortaleciendo la ciudadanía digital, la alfabetización mediática y la confianza tecnológica como activos democráticos.
Asegurar que los trabajadores actualicen su formación y competencias con nuevas habilidades para la economía digital que permita cerrar las brechas digitales en el mercado laboral.
Ampliar el Programa Talento Digital 2030, que incorpora programación desde la educación básica y formar 500,000 profesionales TIC. Avanzar en un sistema educativo digital que permita actualizar los currícula escolares desde lo análogo a lo digital con valores democráticos.
6. Estado digital interoperable y gobernanza avanzada
La digitalización del Estado puede generar ahorros equivalentes a entre 1% y 2% del PIB, mejorando eficiencia, transparencia y experiencia ciudadana.
CHILEBYTE 2030 propone un Estado digital cercano, interoperable y eficiente, basado en identidad digital única y segura, ventanilla centralizada con el principio que el trámite se hace “una sola vez” y gobernanza robusta de datos, tecnologías e Inteligencia Artificial al servicio del interés público. Entre las medidas, asegurar que cada ciudadano cuente con su ficha médica digital, estés donde estés, la ficha es del ciudadano para ser atendido en el sector público o privado, desde el consultorio hasta una clínica.
7. Nueva institucionalidad digital
Finalmente, se propone la creación de una Agencia Nacional para la Transformación Digital, dependiente de la Presidencia de la República, con presupuesto plurianual y capacidad real de coordinación, superando la fragmentación actual entre múltiples organismos y asegurando liderazgo estratégico del Estado.
Este es el punto de inflexión que enfrenta Chile. Pasar de un país exitoso en adopción digital a un país líder en capacidades digitales avanzadas, con infraestructura de clase mundial, reglas que incentiven la inversión, talento preparado y una institucionalidad capaz de anticipar el futuro.
CHILEBYTE 2030 no propone partir de cero, sino dar el siguiente salto, aprendiendo de lo ya realizado por el país y de las mejores experiencias internacionales y asumiendo que sin sostenibilidad, escala e incentivos adecuados, no hay desarrollo digital posible.
Por ello, el Plan CHILEBYTE 2030 propone construir un proyecto de soberanía tecnológica, productividad y gobernanza algorítmica capaz de hablarle al Chile real del siglo XXI a través de un nuevo pacto digital, donde el Estado, las industrias y la sociedad reconozcan que la conectividad, los datos, las redes y la infraestructura digital son activos estratégicos para el desarrollo, y donde la regulación deje de obsesionarse por el siglo pasado y se enfoque en mayor eficiencia, inversión, resiliencia y valor público.