Mike Dano – Analista Principal de la Industria de Ookla

El servicio de Internet por satélite Starlink de SpaceX ya está ofreciendo un rendimiento impresionante, y eso es sólo una muestra del futuro de las comunicaciones por satélite.

No es un secreto que amplias zonas de América Latina siguen sin estar cubiertas por ningún tipo de red de telecomunicaciones terrestre, ya sea fibra o 5G. 

Por ejemplo, el regulador de telecomunicaciones de Brasil, Anatel, estimó en 2025 que sólo 18% de la superficie terrestre del país está cubierta actualmente por redes celulares.

Es en este territorio remoto donde entran en juego los satélites.

A la cabeza se encuentra Starlink de SpaceX. A principios de noviembre de 2025, Starlink afirmó que proporcionaba conexiones por satélite a un total de 8 millones de personas en todo el mundo. Esto representa un aumento con respecto a los 7 millones que Starlink reportó a finales de agosto de 2025: un incremento de 14% en su base de clientes en tan sólo 69 días. 

En Latinoamérica, las muestras de Speedtest de Starlink se han multiplicado por más de 4 en los últimos 11 trimestres.

El éxito de Starlink es atribuible a los más de 10,000 satélites Starlink de órbita terrestre baja (LEO) lanzados mediante cohetes de SpaceX desde 2019. 

Según la GSMA, Starlink ahora controla hasta 90% de los satélites de comunicaciones del mundo (excluyendo las tres principales constelaciones chinas).

Starlink sube el listón del Internet por satélite

Los resultados del trabajo de Starlink son claros en los datos de Speedtest de Ookla:

A medida que Starlink añade más satélites con mayores capacidades a su red, así como infraestructura terrestre de apoyo adicional, las velocidades de la compañía en toda Latinoamérica han ido en aumento.

En algunos casos, el rendimiento de la red de Starlink es comparable al que ofrecen los operadores locales, como en República Dominicana. Aunque cabe señalar que algunos proveedores de República Dominicana, como Claro, ofrecen conexiones rápidas.

En otros mercados, como Chile, las velocidades de Starlink son superadas por el rendimiento de los proveedores de Internet fijo del país.

No obstante, mucho podría cambiar en el futuro. Starlink está planeando una importante mejora en su constelación de satélites (a través de sus satélites V3, más grandes) que podría incrementar aún más las velocidades y la capacidad de su red. 

Este esfuerzo podría verse reforzado por el cohete más grande de SpaceX, Starship, que promete lanzar más satélites Starlink que los cohetes actuales de la compañía.

Mientras tanto, Amazon Leo se está preparando para ofrecer una constelación de satélites rival. En 2025, el proveedor de telecomunicaciones y medios de comunicación latinoamericano Vrio, anunció planes para vender conexiones de Amazon Leo a consumidores en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador y Colombia a través de DirecTV Latin America y Sky Brasil.

D2D es el nuevo destino para los satélites

Starlink, Amazon Leo y otros proveedores de Internet por satélite se centran en transmitir conexiones a receptores dedicados y fijos de los clientes. 

Pero la nueva tecnología Direct to Device (D2D, por sus siglas en inglés) promete llevar esas transmisiones a los teléfonos inteligentes de uso diario.

Apple, a través de los satélites y las tenencias de espectro de Globalstar, fue pionera en el mercado D2D. Todos los iPhone, desde el iPhone 14, presentado en 2022, pueden enviar y recibir mensajes de texto a través de estos satélites.

Pero los servicios satelitales de Apple no se extienden más al sur de México. Sin embargo, eso puede cambiar en el futuro, considerando que el socio satelital de Apple, Globalstar, anunció recientemente mejoras en su infraestructura terrestre en Brasil, en apoyo a una nueva constelación de satélites que está construyendo para Apple y otros clientes de Globalstar.

Apple no es el único actor D2D que ha logrado el despegue.

T-Mobile en EE.UU. ha estado promocionando la propia oferta D2D de Starlink, que funciona a través de unos 650 satélites Starlink. 

Cuando esos satélites orbitan más allá de las fronteras de EE.UU., son utilizados por otros operadores celulares en el programa Direct to Cell de Starlink, incluidos Rogers (Canadá), Optus (Australia), Telstra (Australia), KDDI (Japón) y Kyivstar (Ucrania). 

Starlink afirmó recientemente tener 7 millones de usuarios D2D a nivel mundial.

En Latinoamérica, Starlink tiene un acuerdo con Entel para ofrecer servicios D2D en Chile y Perú. Según el mapa de cobertura Direct to Cell de Starlink, Entel ha lanzado servicios D2D en Chile y estarán “disponibles próximamente” en Perú.

Entel no es el único proveedor latinoamericano que está atento a la oportunidad D2D. Por ejemplo, Claro en Brasil ha probado la tecnología D2D con AST SpaceMobile y Lynk Global. Y Viasat también ha probado su propio servicio D2D en Brasil.

La mayoría de las conexiones D2D hoy en día se centran en la mensajería de texto, pero es probable que las futuras ofertas admitan conexiones de datos. 

Por ejemplo, SpaceX ha dicho que sus recientes compras de espectro le permitirán, en última instancia, proporcionar velocidades de datos D2D comparables a las de las redes 4G LTE. 

Según los datos de Ookla Speedtest, los operadores 4G en Chile proporcionaron velocidades de descarga medianas de 20 Mbps y velocidades de subida medianas de 10 Mbps en 2024.

Los satélites se abren paso en el futuro de las telecomunicaciones

La Internet por satélite está reconfigurando fundamentalmente el panorama de la conectividad en Latinoamérica. 

Se está transformando en una tecnología que complementa a los proveedores de Internet terrestre establecidos, en algunos casos proporcionando un rendimiento similar al que está disponible a través de los operadores locales. Esto sólo puede beneficiar a los residentes latinoamericanos.

El próximo salto evolutivo en este sector involucra la tecnología D2D. Dicha tecnología podría eliminar virtualmente las zonas sin cobertura celular. Y eso podría tener una variedad de implicaciones, ya sea para los servicios de emergencia o para los reguladores de telecomunicaciones que han impuesto obligaciones de servicio universal. 

Después de todo, D2D evita la necesidad de las torres celulares tradicionales, lo que la convierte en una poderosa herramienta para conectar las poblaciones rurales y marginadas que las obligaciones de servicio universal están diseñadas para alcanzar.

En última instancia, la evolución de la tecnología satelital insinúa un futuro en el que el aislamiento geográfico ya no será una barrera garantizada para la conectividad.

Alexandre Freire – Consejero Director de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil

El avance del Direct-to-Device (D2D) ha planteado al sector de las telecomunicaciones un desafío sin precedentes. Por primera vez, ha sido técnicamente viable conectar dispositivos móviles directamente a satélites utilizando bandas de frecuencias históricamente destinadas a las redes móviles terrestres. 

Si bien esta innovación representa una oportunidad extraordinaria para ampliar la conectividad en zonas remotas, fortalecer las comunicaciones en situaciones de emergencia e impulsar la inclusión digital, también exige respuestas regulatorias igualmente innovadoras. 

Después de todo, ¿cómo incorporar esta tecnología al ordenamiento jurídico preservando la eficiencia en el uso del espectro, la seguridad jurídica y el equilibrio competitivo?

Esta cuestión no admitía respuestas sencillas. Autorizar de inmediato la explotación comercial habría significado hacerlo en un entorno de elevadas incertidumbres técnicas y regulatorias. 

Por otro lado, impedir la experimentación hasta que todas esas dudas hubieran sido despejadas equivaldría a retrasar una innovación con un enorme potencial para el desarrollo del país. 

Ante este escenario, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) optó por una solución intermedia, basada en un principio que adquiere una relevancia cada vez mayor para la regulación contemporánea: antes de establecer normas definitivas, es necesario comprender, a través de la experiencia, la realidad que se pretende regular.

Fue precisamente con ese propósito que surgió el sandbox regulatorio para el D2D. Lejos de representar una simple flexibilización de las normas vigentes, el entorno experimental fue concebido como un instrumento de aprendizaje institucional. 

Al permitir pruebas controladas, la Anatel comenzó a observar, en condiciones reales de operación, cuestiones relacionadas con la coexistencia entre las redes móviles terrestres y los sistemas satelitales, el uso eficiente del espectro, los posibles impactos sobre la competencia y los desafíos técnicos inherentes a la nueva tecnología. 

El sandbox, por lo tanto, no fue creado para sustituir la regulación, sino para fortalecer su calidad.

En mi calidad de Consejero Revisor, tuve la oportunidad de presentar un voto particular que prevaleció en el Consejo Directivo y autorizó la implementación de este entorno experimental, en un sentido distinto de la propuesta originalmente presentada por el Ponente. 

La convicción que inspiró aquel voto fue que las tecnologías disruptivas exigen una postura regulatoria igualmente innovadora. 

En lugar de decidir únicamente sobre la base de proyecciones abstractas, la Administración debía crear mecanismos capaces de generar evidencias concretas que sirvieran de fundamento para futuras decisiones más sólidas y mejor alineadas con la realidad tecnológica.

Los resultados de esta experiencia confirmaron la pertinencia de esta decisión. El sandbox permitió reducir incertidumbres relevantes, ampliar el conocimiento técnico de la Agencia y comprender con mayor precisión las condiciones necesarias para la integración entre los sistemas satelitales y las redes móviles terrestres. 

Más que poner a prueba una nueva tecnología, la Anatel desarrolló capacidades institucionales para regular un fenómeno que, hasta entonces, no encontraba un encuadramiento adecuado en la planificación del espectro radioeléctrico brasileño. 

El conocimiento generado durante esta etapa se convirtió, así, en un activo regulatorio de enorme valor.

Este proceso de aprendizaje abrió el camino para la siguiente etapa de la evolución normativa: la actualización del Plan de Atribución, Destinación y Distribución de Bandas de Frecuencias (PDFF). 

Con esta decisión, el D2D dejó de depender exclusivamente de autorizaciones experimentales para integrarse, de manera estructurada, en la planificación del espectro en Brasil. 

Se trata de un avance significativo, pues, en materia de gestión del espectro radioeléctrico, la atribución de una determinada banda a un servicio constituye un presupuesto jurídico indispensable para cualquier utilización regular de dicho espectro.

No obstante, es importante comprender el alcance de esta decisión. La actualización del PDFF no autoriza automáticamente la prestación comercial del D2D, ni permite el inicio inmediato de operaciones utilizando estas radiofrecuencias. 

Lo que se ha establecido es la base jurídica necesaria para su futura implementación. En otras palabras, determinadas sub bandas atribuidas al Servicio Móvil pasaron también a ser atribuidas, con carácter secundario, al Servicio Móvil por Satélite, haciendo jurídicamente posible el desarrollo de aplicaciones D2D en Brasil.

A partir de esta modificación se inicia una nueva fase del proceso regulatorio. Corresponderá ahora al Consejo Directivo de la Anatel definir las condiciones técnicas para la utilización de estas bandas, regulando aspectos esenciales como los criterios de coexistencia entre las redes terrestres y satelitales, los mecanismos de mitigación de interferencias, los parámetros operativos y los procedimientos de coordinación entre los distintos agentes involucrados. 

Sólo una vez definido este conjunto de requisitos será posible analizar solicitudes concretas de autorización para la explotación comercial de esta tecnología.

Otro aspecto que merece especial atención es que el modelo regulatorio adoptado no crea un nuevo servicio de telecomunicaciones. Por el contrario, preserva la arquitectura regulatoria actualmente vigente y promueve una integración entre el Servicio Móvil Personal (SMP) y el Servicio Móvil por Satélite (MSS). 

La decisión de efectuar la atribución con carácter secundario pone de manifiesto esta preocupación, ya que garantiza la protección de los derechos de los actuales usuarios del espectro y permite que la innovación se incorpore de manera gradual, preservando la estabilidad regulatoria y la continuidad en la prestación de los servicios móviles terrestres.

Esta construcción institucional revela una transformación más amplia en la manera de comprender la actividad regulatoria. 

En sectores caracterizados por rápidos cambios tecnológicos, el papel de la Administración ya no se limita a la aplicación de normas previamente establecidas. 

Resulta igualmente necesario generar conocimiento capaz de reducir las incertidumbres antes de adoptar decisiones de carácter permanente. 

Esta es precisamente la idea desarrollada por el profesor alemán Ino Augsberg en su teoría del Derecho Administrativo Informacional, según la cual la legitimidad de la actuación administrativa depende, cada vez más, de la capacidad institucional para producir, organizar y procesar información cualificada que sirva de fundamento a la decisión pública.

Desde esta perspectiva, la trayectoria del D2D constituye una aplicación concreta de dicho paradigma. La Agencia reconoció inicialmente la existencia de incertidumbres regulatorias, creó un entorno institucional para generar conocimiento mediante el sandbox, utilizó ese aprendizaje para promover la actualización del PDFF y avanza ahora hacia la elaboración de la regulación técnica que permitirá la implementación de esta tecnología. 

Se trata de un proceso regulatorio basado en evidencias, en el cual cada etapa prepara institucionalmente la siguiente.

Más que incorporar una nueva tecnología al ordenamiento jurídico, la experiencia brasileña demuestra que la innovación regulatoria depende de la capacidad de aprender de manera continua. 

En un entorno caracterizado por transformaciones tecnológicas cada vez más aceleradas, una buena regulación no consiste en anticipar respuestas para todas las cuestiones, sino en construir instituciones capaces de transformar la información en conocimiento, el conocimiento en normas y las normas en desarrollo. 

Quizá este sea el principal legado del D2D para el Derecho Regulatorio y para la construcción de la infraestructura de la economía digital brasileña.

José Luis de la Vega – Vicepresidente de Marketing y Comunicaciones para Ericsson Latinoamérica Norte

Durante años, el negocio móvil se sostuvo sobre un modelo: vender gigabytes. Más datos, más ingresos. Pero ese esquema llegó a su límite. Los usuarios esperan cada vez más de la red, mientras que los operadores enfrentan altos costos de inversión y una presión constante sobre precios. En este contexto, seguir compitiendo sólo por volumen de datos es una carrera hacia abajo.

La buena noticia es que 5G abre una ventana completamente nueva de monetización: la conectividad diferenciada. Es decir, dejar de vender “megas” y empezar a vender experiencias y resultados garantizados.

De vender datos a vender desempeño

No todas las conexiones son iguales, y los usuarios lo saben. No es lo mismo ver un mensaje de texto con retraso de un segundo, que sufrir lag en un partido de gaming o perder tomas en una transmisión en vivo desde un estadio lleno.

Sin embargo, el modelo tradicional trata todos esos casos de la misma forma: un plan de datos con cierta velocidad y un volumen mensual. 

La conectividad diferenciada rompe ese paradigma y permite que los operadores ofrezcan:

• Latencias garantizadas para gaming y aplicaciones interactivas.
• Uplink asegurado para creadores de contenido, medios y drones.
• Ancho de banda dedicado para eventos masivos, estadios y conciertos.
• Conexiones de misión crítica para salud, seguridad pública o industria.

En vez de “X GB por mes”, el mensaje pasa a ser: “te garantizo que tu video no se corta”, “tu juego no se congela”, “tu transacción no falla”. 

Eso tiene valor y los clientes están dispuestos a pagar más cuando el servicio se traduce en un resultado concreto.

La monetización de la conectividad diferenciada no es teoría futura; empieza a materializarse:

1. Consumidor: experiencias premium

• Gaming y Realidad Aumentada: paquetes de baja latencia para juegos en la Nube, torneos en línea o experiencias inmersivas.
• Video en vivo y creadores: “uplink boost” para streamers, periodistas móviles o influencers que necesitan subir contenido en tiempo real sin cortes.
• Eventos masivos: pases temporales premium para partidos, conciertos o festivales, donde el usuario paga por tener prioridad en la red durante el evento.

Aquí el reto no es la tecnología, sino el diseño de ofertas simples, comprensibles y fáciles de activar (por hora, por evento, por app).

2. Empresas: resultados de negocio

En el ámbito empresarial, la conectividad diferenciada se conecta directamente con KPIs de negocio:

• Fábricas y puertos 4.0: redes privadas 5G con slices dedicados para robots, vehículos autónomos y sistemas de control.
• Retail y estadios inteligentes: priorización para sistemas de pago, cámaras de seguridad, señalización digital y Wi-Fi de invitados.
• Salud y seguridad pública: servicios con slices estrictos para ambulancias conectadas, videovigilancia y comunicaciones de misión crítica.

En estos casos, el modelo de monetización puede basarse en niveles de servicio o en paquetes por caso de uso.

3. Ecosistemas y desarrolladores

La tercera vía es habilitar que aplicaciones de terceros consuman capacidades de red diferenciadas mediante APIs de red:

• Desarrolladores que integran QoS garantizada en sus apps (por ejemplo, un proveedor de videoconferencia que compra calidad de red para su servicio).
• Plataformas de logística que aseguran conectividad para flotas conectadas.

Aquí la monetización viene de modelos B2B2X, donde el operador no sólo cobra al usuario final, sino también a quienes construyen servicios sobre la red.

Para que esta visión ocurra, los operadores necesitan algo más que hardware: necesitan una plataforma de negocio sobre la red. En otras palabras, proveedores de tecnología como Ericsson ayudan a que la red “hable el idioma del negocio”: que lo que se configura en la capa técnica se refleje en productos monetizables, empaquetados y gestionados con agilidad.

Prioridades para los operadores

Para aprovechar plenamente la conectividad diferenciada como vía de crecimiento, los operadores móviles deberían enfocarse en tres prioridades:

1. Elegir los frentes correctos
   No todo caso de uso requiere conectividad premium. Es clave identificar dónde hay disposición real a pagar: grandes eventos, gaming, industria 4.0, logística, salud, etc.
2. Diseñar ofertas simples y claras
   Los usuarios no compran “latencia de 10 ms”; compran “video que no se corta” o “pago que siempre pasa”. La forma de empaquetar y comunicar los servicios es tan importante como la tecnología.
3. Vincular la red con el ecosistema
   Abrir APIs y colaborar con desarrolladores, verticales industriales y ciudades permite capturar valor más allá del ARPU tradicional, en modelos B2B2X.

Con 5G y la conectividad diferenciada, los operadores móviles tienen la oportunidad de transformar sus redes en plataformas de servicios de alto valor, donde cada segmento —fans, gamers, industrias, ciudades— recibe exactamente la experiencia que necesita y paga en función del valor que recibe.

Esteban Greco – Economista especializado en antitrust y regulación, profesor de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Torcuato Di Tella. Es director en Games Economics. Fue Presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de Argentina.

Juliana Oliveira Domingues – Catedrática de Derecho y Regulación Económica en la FDRP-USP, Presidenta del Instituto Brasileño de Competencia e Innovación (IBCI), Presidenta de la Comisión de Competencia del IASP, exsecretaria nacional del consumidor y exfiscal general del CADE.

Este artículo resume el trabajo de los autores “Defensa de la competencia y regulación ex ante de plataformas digitales en América Latina”, de próxima publicación en el Centro Competencia. Para la realización de la investigación se recibió financiamiento de Mercado Libre.

1. La regulación tradicional y el enfoque actual para las plataformas tecnológicas

Con el paso de las décadas, la evolución de los mercados y la consolidación de las herramientas antitrust tradicionales, el derecho de la competencia ha tenido que adaptarse a nuevas realidades económicas y tecnológicas. 

Así, preocupaciones que antes se concentraban principalmente en estructuras industriales tradicionales, han debido incorporar, cada vez más, cuestiones relacionadas con el uso y acumulación de datos, los modelos de negocios basados en la intermediación y la arquitectura de los ecosistemas digitales.

La expansión de las nuevas tecnologías digitales en las actividades económicas y la conformación de plataformas digitales operadas por grandes empresas, dieron lugar a un amplio debate sobre su impacto en la competencia y sobre la utilidad de las herramientas legales e institucionales existentes para evitar distorsiones en los mercados. 

Diversos informes elaborados por grupos de expertos y académicos han analizado el fenómeno y realizado recomendaciones de política pública, muchas de ellas orientadas a incorporar regulaciones ex ante para la conducta de las grandes plataformas digitales y respecto de la estructura y las fallas de mercado (Furman et al., 2019; Stigler Center, 2019; Crémer et al., 2019). 

Estos debates, que han generado regulaciones ex ante como la Digital Markets Act (DMA) europea, evidencian un proceso inverso a los tradicionales en la teoría económica de la regulación reflejada en las reformas y privatizaciones que se implementaron en los sectores de infraestructura y servicios públicos. 

Históricamente, se regularon monopolios naturales caracterizados por infraestructuras no replicables, que luego se desregularon gracias a la innovación y los cambios tecnológicos que redujeron las barreras de entrada.

Por el contrario, hoy se está experimentando con un proceso que implica un movimiento desde la competencia hacia la regulación de las plataformas digitales. En este sentido, actividades, bienes y servicios producto de la innovación y la competencia están siendo sometidos a una creciente intervención regulatoria en algunos países, en Europa en particular. 

Mientras que la innovación tecnológica redujo costos y expandió la demanda de servicios que dejaron de ser monopolios naturales (telecomunicaciones y servicios energéticos), con las plataformas digitales, nacidas de la innovación, se argumenta un efecto contrario. 

Los gobiernos de la región observan con atención el debate internacional y algunos se muestran receptivos a las iniciativas regulatorias europeas, fenómeno frecuentemente denominado “efecto Bruselas”. 

Hoy Brasil se presenta como el único país de la región en avanzar hacia un régimen de regulación ex ante de plataformas digitales, con similitudes al planteado por la DMA de Europa, una regulación que en la implementación está generando demandas por parte de los potenciales beneficiarios y de las empresas reguladas. 

Por ejemplo, una gran proporción de los usuarios reclaman desventajas en la calidad de sus servicios frente a usuarios de países que no están bajo el paraguas de la DMA. Además, la evidencia sugiere una fuerte carga administrativa para las empresas y reguladores, con resultados inciertos y con riesgos.

Como consecuencia de la DMA, la Comisión Europea ha designado a siete gatekeepers en ocho categorías de servicios básicos de plataforma. 

Ello contrasta con otras regulaciones internacionales como las de Japón y Reino Unido, en las cuales sólo Apple y Google han sido designados como sujetos a la regulación. En el caso de Japón, la regulación aplica a entornos digitales móviles. Consistentemente, en Reino Unido, la CMA ha designado a Apple y Google con Strategic Market Status por sus plataformas móviles (tabla 1). 

Tabla 1. Empresas reguladas en la experiencia internacional comparada

Fuente: elaboración de los autores.

Las opciones de Japón y Reino Unido se explican por el hecho de que los sistemas operativos móviles presentan características que los tornan más difíciles de desafiar que otros servicios. 

En particular, los sistemas operativos móviles involucran una infraestructura costosa (dispositivos móviles) que impide el multihoming del lado de los usuarios, en contraste con redes sociales y comercio electrónico donde el multihoming es usual. 

2. Ausencia de convergencia internacional

Este panorama comparado resulta relevante para contextualizar el reciente debate en América Latina donde Brasil se presenta como el único país de la región en avanzar hacia un régimen de regulación ex ante de plataformas digitales, mediante el Proyecto de Ley n.º 4.675/2025 (1).

Europa lidera un enfoque regulatorio (la DMA) que surge como evolución de los casos antitrust planteados previamente. Tanto Estados Unidos como los países de la región están resolviendo los casos antitrust de manera diferente a como los resolvió Europa. Por consiguiente, un enfoque regulatorio del estilo DMA no se vislumbra como el próximo paso en la región. 

Los casos antitrust recientes en Brasil y en la región muestran que el enforcement de la legislación de competencia está vigente y que las agencias de competencia poseen herramientas para atender los desafíos de la economía digital. 

Se argumenta que no es obvia la necesidad de una nueva ley de regulación ex ante y que, consistentemente, la ausencia de convergencia internacional evidencia que la regulación ex ante no es inevitable.

3. Dinamismo empresarial y destrucción creativa impulsados por la economía digital

El típico trade off entre eficiencia estática y eficiencia dinámica queda planteado ante una nueva regulación ex ante: promover la innovación incremental (o competencia en servicios) versus promover la innovación disruptiva (o competencia en infraestructura). 

El dinamismo empresarial y la destrucción creativa se correlacionan positivamente con la tasa de crecimiento de la economía. La entrada de nuevas empresas al mercado obliga a las empresas establecidas a bajar precios, pero también las motiva a aumentar la productividad y la innovación.  

El dinamismo empresarial y la entrada de nuevas empresas con potencial para desafiar a actores establecidos se observa en sectores de la economía digital, principalmente Fintech y comercio electrónico, pero también en otros como HealthTech o Agtech. 

Una regulación que desaliente la inversión y el financiamiento en estos sectores conllevaría un impacto negativo en términos de crecimiento potencial para la región. 

En América Latina y el Caribe, el venture capital ha aumentado significativamente entre 2016, cuando se financiaron cerca de 197 empresas por USD 0,5 mil millones (LAVCA, 2024), y 2024,  751 empresas por USD 4,5 mil millones (LAVCA, 2025). 

Al respecto, los 10 sectores que lideraron el valor financiado por venture capital en 2024 son: Fintech (61%), E-Commerce (5,6%), IT Services & Cloud Computing (3,7%), CRM/Sales Management (3,6%), Transportation/Mobility (3%), Healthtech (2,9%), Internet of Things (IoT) (2,8%), Agtech (2,6%), Hrtech (1,6%), CleanTech (1,6%), todos sectores vinculados a la economía digital y las nuevas tecnologías (gráfico 1) (2).

Gráfico 1. Los 10 sectores con mayor inversión venture capital en América Latina. USD millones (2024)

Fuente: LAVCA (2025).

En América Latina las empresas tecnológicas y digitales lideran el dinamismo empresarial, que resulta clave para el crecimiento sostenido. Las agencias de competencia tienen un rol fundamental en evitar barreras a la entrada y expansión de competidores y la resistencia por parte de empresas incumbentes para frenar la innovación con estrategias anticompetitivas. 

En este sentido, una regulación ex ante de las plataformas digitales podría convertirse en una protección de actores tradicionales establecidos que tales plataformas están desafiando. 

4. Las oportunidades de la Inteligencia Artificial no deben ser desaprovechadas por regulaciones con riesgo de obsolescencia 

La Inteligencia Artificial (IA), en particular los modelos fundacionales y los agentes basados en IA, está generando un impacto significativo en las estructuras de los mercados y en el desarrollo competitivo de los diversos jugadores digitales, lo que pone en duda los supuestos tecnológicos y económicos sobre los cuales se construyó la regulación ex ante de las plataformas, que se tornan obsoletas. 

Cualquier discusión actual sobre una regulación económica para las plataformas digitales debe considerar este fenómeno.

Estas consideraciones resultan especialmente relevantes para economías en desarrollo como las de América Latina, donde las empresas tecnológicas y digitales lideran el dinamismo empresarial fundamental para el crecimiento sostenido.

La dinámica competitiva de los ecosistemas digitales regionales está condicionada por el contexto económico e institucional, caracterizado por fuertes actores incumbentes tradicionales. 

Asimismo, las startups digitales son impulsoras de la dinámica empresarial, la innovación y el crecimiento económico. Cualquier iniciativa de regulación de las plataformas digitales requiere tener en cuenta el impacto de la Inteligencia Artificial (IA), ya que gran parte de las regulaciones ex ante de plataformas digitales, nacieron antes del proceso de adopción de la IA.

Los fundamentos económicos que motivaron las iniciativas regulatorias requieren ser revisados a la luz del desarrollo tecnológico disruptivo de las soluciones de Inteligencia Artificial. 

Particularmente, la IA podría representar nuevas oportunidades para los países de América Latina que no deberían ser puestas en riesgo con regulaciones estáticas. Estos riesgos son particularmente relevantes para la región, donde la adopción de modelos regulatorios inspirados en la DMA podría replicar dinámicas de fragmentación, reducción de incentivos a la innovación y pérdida de eficiencia en mercados digitales aún en consolidación.

En este contexto, una regulación ex ante de las plataformas digitales en la región podría convertirse en un mecanismo de protección de actores tradicionales establecidos que tales plataformas están desafiando (3).

Asimismo, Aghion et al. (2021) destacan la importancia de las agencias de competencia frente a la nueva ola tecnológica que podría significar la IA, que sería además una tecnología de propósito general, como ya discuten algunos autores (Calvino, Haerle & Liu, 2025). 

3. Conclusiones 

El análisis lleva a concluir que nuevas regulaciones están lejos de ser una prioridad para Brasil, frente a necesidades mucho más obvias e indiscutidas, como dotar a las agencias de competencia de los recursos necesarios para contar con profesionales calificados y con herramientas legales y tecnológicas acordes a su función. 

La experiencia muestra que existen buenas prácticas de coordinación entre las agencias antitrust y otros organismos con competencias sobre el ecosistema digital. 

La regulación ex ante plantea altos costos y riesgos con beneficios no evidentes. Una decisión de regular debe estar basada en la imposibilidad de “competencia entre redes (infraestructura digital)” y la existencia de un cuello de botella para el acceso de terceros a infraestructura esencial en sentido estricto. 

Importar un modelo como la DMA a América Latina podría tener importantes consecuencias negativas y luce innecesario a la luz de la posibilidad de respuestas eficaces mediante la aplicación coordinada y sofisticada de los instrumentos jurídicos ya disponibles. 

Referencias

Aghion, P., Bergeaud, A. & Bunel, S. (2021), El poder de la destrucción creativa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ariel.

Bick, A., Blandin, A. & Deming, D.J. (2025), The Rapid Adoption of Generative AI, Federal Reserve Bank of St. Louis Working Paper 2024-027.

Calvino, F. Haerle, D. & Liu, S. (2025), Is generative AI a general-purpose technology? Implications for productivity and policy, OECD Artificial Intelligence Papers.

Crémer, J., de Montjoye, Y.A., & Schweitzer, H. (2019), Competition Policy for the Digital Era. European Commission

Furman, J, D Coyle, Fletcher, A., McAuley, D. & Marsden, P. (2019), Unlocking digital competition, Report for the UK Government. 

Greco, E. & Keefer, P. (2025), Competition Policy for Free Markets, in Alviarez, V., Busso, M., Keefer, P., Santos, C. & Stucchi, R. eds., Markets for Development: Improving Lives through Competition, Ch. 10, Inter-American Development Bank.  

LAVCA (2025), 2025 LAVCA Trends in Tech, Insights on the Venture Capital Industry in Latin America.

Stigler Committee on Digital Platforms (2019), Final Report. Stigler Center, University of Chicago.

Notas al pie

1.  El proyecto tiene como antecedente la Consulta Pública (Tomada de Subsídios) n.º 1/2024, realizada por la Secretaría de Reformas Económicas del Ministerio de Hacienda (SRE/MF), cuyo objetivo fue recopilar comentarios y sugerencias sobre la regulación de los aspectos económicos y concurrenciales de las plataformas digitales. La SRE/MF consultó a la sociedad acerca de la necesidad de eventuales modificaciones en la Ley de Defensa de la Competencia y/o de la adopción de un nuevo marco regulatorio específico, así como sobre los ámbitos materiales que deberían ser objeto de intervención y los mecanismos de coordinación institucional más adecuados (hubo 72 contribuciones de las cuales 59 fueron consideradas). Véase Ministerio de Hacienda. Secretaría de Reformas Económicas. Consulta Pública n.º 1, de 2024. Consulta pública sobre la regulación de los aspectos económicos y competitivos de las plataformas digitales. Brasilia, DF: Ministerio de Hacienda, 2024. 

2.  Los sectores que lideran el ranking en número de operaciones financiadas por venture capital son: Fintech (230), E-Commerce (46), Healthtech (40), Agtech (37), AI & Machine Learning (36), Logistics Tech (35), CRM/Sales Management (32), PropTech (29), CleanTech (28), Biotech & Medical Devices (27).

3.  Otro ejemplo relevante en el que los actores digitales pueden abrir mercados y generar presiones competitivas es el de la comercialización online de medicamentos con un potencial de impacto significativo en el bienestar de los consumidores y en el acceso a la salud de poblaciones alejadas de los centros urbanos (Greco, 2026).

El Economista Jorge Bravo

La buena noticia es que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) rectificó. La mala es que el problema sigue intacto. En lugar de suspender de forma simultánea millones de líneas móviles al concluir junio, el regulador amplió el plazo y escaló el registro conforme al último dígito de cada número telefónico.

La decisión evitó un apagón inmediato para millones de personas, pero mantuvo intacta la sanción. Quien no identifique su línea perderá el servicio hasta 72 horas después de vencer su fecha límite. El registro cambió de calendario, no de consecuencia. La amenaza de desconectar a millones de usuarios se preserva.

La modificación de los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles reconoce un hecho evidente. El proceso no avanzó al ritmo esperado. La nueva ruta establece que las líneas cuyo último dígito sea cero deberán quedar identificadas antes del 15 de agosto. A partir de ahí, cada terminación tendrá un plazo adicional de 15 días hasta concluir el 31 de diciembre con las líneas terminadas en nueve.

La CRT confirmó que la suspensión del servicio ocurrirá en un plazo no mayor a 72 horas después de vencer la fecha correspondiente. El calendario cambió, la suspensión sigue siendo la consecuencia.

La ampliación del plazo fue una decisión acertada. Si la autoridad hubiera mantenido la fecha original, México habría enfrentado la suspensión de líneas para más de la mitad de los usuarios móviles. Ninguna política pública habría resistido el costo político, económico y social de dejar sin servicio a millones de personas en un solo día.

Al 25 de junio, 63 millones de personas habían identificado su línea, 39.1% del total. Equivalen a 40.2 millones de líneas prepago y 22.8 millones de pospago. Faltaron 98 millones de líneas por vincularse a las plataformas de registro.

¿Por qué millones de personas no quisieron identificar su línea? No es una sola causa. Existe desconfianza sobre el manejo de los datos personales, aún cuando los queden en posesión del operador telefónico. Persisten dudas sobre quién podrá consultar la información y bajo qué condiciones.

Muchos usuarios no encontraron razones suficientes para entregar sus datos cuando la autoridad no ha demostrado que el registro reducirá la extorsión o el fraude. También influyeron la falta de información, campañas de comunicación insuficientes, problemas tecnológicos durante el proceso y la complejidad para algunos segmentos de la población, especialmente usuarios de prepago, adultos mayores y habitantes de comunidades alejadas.

La regulación tampoco logró resolver una contradicción de origen. El objetivo consiste en combatir a delincuentes que utilizan la telefonía para cometer extorsión y fraude. Sin embargo, la consecuencia recae sobre quienes utilizan el servicio de manera legal.

El ciudadano que paga su línea, trabaja con ella, estudia, realiza operaciones bancarias, solicita transporte, recibe pedidos o mantiene contacto con su familia es quien enfrenta la pérdida de acceso a la red. La política pública y la regulación colocó la carga sobre el usuario y no sobre el delincuente.

Hoy una línea móvil no representa únicamente un número telefónico y un servicio de voz. Es la llave de entrada a Internet y a la economía digital. Una suspensión implica dejar de utilizar plataformas de movilidad, aplicaciones bancarias, comercio electrónico, logística, educación a distancia, telemedicina, autenticación de cuentas, mensajería instantánea y múltiples servicios públicos y privados. La desconexión no sólo afecta las comunicaciones, limita derechos digitales que dependen de la conectividad móvil.

El problema adquiere otra dimensión cuando se observa la posición de México en América Latina. De acuerdo con el Mobile Connectivity Index de GSMA, el país cerró 2025 con una penetración móvil de 110%. Esa cifra ya se encontraba por debajo de la mayoría de los mercados latinoamericanos. Uruguay alcanza 225%. El Salvador llega a 168%. Colombia registra 160%. Argentina suma 146%. Chile alcanza 130%. Incluso Guatemala supera ligeramente a México con 111%.

Ahora imaginemos el escenario que anticipa un análisis de Banamex. Que al cierre de 2026 queden suspendidas hasta 26 millones de líneas. Eso representa una reducción cercana a 18% del mercado móvil. En términos de penetración, México descendería de 110 a 90%. La cifra colocaría al país entre los niveles más bajos de América Latina, apenas por encima de Venezuela.

Una regulación creada para fortalecer la seguridad debilita la inclusión digital. Menos líneas activas significa menor adopción digital, menos usuarios de plataformas, menor utilización de servicios financieros digitales, menor actividad en comercio electrónico y una caída potencial en la productividad de miles de trabajadores independientes que dependen del teléfono móvil para generar ingresos. La conectividad forma parte de la infraestructura económica del país. Reducirla limita las oportunidades.

La mejor alternativa consiste en transformar el registro en un proceso permanente y no extraordinario. La identificación puede realizarse al contratar una línea, adquirir una tarjeta SIM, realizar una portabilidad o efectuar una recarga. Este modelo evita suspensiones masivas y permite mantener actualizada la información sin amenazar a los usuarios.

Las políticas públicas funcionan mejor cuando generan confianza que cuando imponen sanciones. La autoridad acertó al extender el plazo. La seguridad pública es una prioridad, pero no puede alcanzarse a costa de debilitar el acceso a Internet, la inclusión digital y el ejercicio cotidiano de derechos que dependen del teléfono móvil.

X: @beltmondi

Reforma Jorge F. Negrete P.

Ha construido el más sólido discurso jurídico y de política pública para transformar su economía en una fortaleza digital: producción, distribución y consumo de su tecnología, incluida la Inteligencia Artificial (IA).

Si el primer periodo del presidente Trump se definió por la licitación 5G y el despliegue de una de las más robustas infraestructuras digitales del mundo, el segundo periodo se ha caracterizado por la emisión de más de 20 acciones presidenciales vinculadas con la ciencia, la tecnología, IA, ciberseguridad, infraestructura digital, computación cuántica y adopción tecnológica gubernamental.

El eje transversal es una política de liderazgo digital, basada en la desregulación, masiva inversión privada, seguridad nacional, infraestructura digital, energía, cómputo y una visión federal uniforme para evitar regulaciones estatales fragmentadas.

IA: liderazgo y desregulación. La línea central de la política de IA se abrió con la orden Removing Barriers to American Leadership in AI, que barrió los lineamientos previos del presidente Biden, considerados obstáculos a la innovación, y ordenó elaborar un plan de acción para sostener su dominio en IA. La Casa Blanca publicó America’s AI Action Plan, diseñado con tres pilares: acelerar la innovación, IA y proyectar la tecnología estadounidense al exterior. Posteriormente, la orden Ensuring a National Policy Framework for AI, que buscó promover un solo marco federal.

Infraestructura para IA: Centros de Datos, energía y permisos federales. Trump busca acelerar la infraestructura que requiere la IA y desregula permisos federales para Centros de Datos, infraestructura eléctrica, energía, semiconductores, redes y almacenamiento. El enfoque privilegia proyectos de gran escala, capital intensivo y energía. La capacidad de cómputo es un activo estratégico.

Ciberseguridad. La orden Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security colocó la IA en el centro de la defensa cibernética. La directiva priorizó sistemas de seguridad nacional, sistemas del Departamento de Guerra, redes civiles, federales e infraestructura crítica. También promovió herramientas de IA para identificar vulnerabilidades, mejorar defensas y coordinar a gobierno, industria y operadores críticos.

IA para defensa y seguridad nacional. Otra línea relevante fue la directiva presidencial de seguridad nacional sobre IA en el aparato de defensa e inteligencia. La medida buscó acelerar la adopción de modelos avanzados, tecnologías comerciales y herramientas de código abierto en misiones de seguridad nacional con énfasis en control humano, responsabilidad operativa y capacidades de cómputo.

Exportación de IA. Las órdenes ejecutivas vinculadas aquí, promueven la exportación de modelos, infraestructura de cómputo, servicios en la Nube, semiconductores, herramientas de seguridad y estándares. EUA debe ser el proveedor dominante de IA para aliados y socios.

Cómputo cuántico. La orden sobre innovación cuántica busca actualizar la estrategia nacional de tecnologías cuánticas, coordinar a agencias científicas, de seguridad y desarrollar capacidades de cómputo y redes cuánticas. La medida planteó el objetivo de avanzar hacia una computadora cuántica capaz de acelerar descubrimientos científicos y aplicaciones comerciales.

IA: educación y gobierno. La agenda tecnológica incluyó medidas para formar talento y acelerar la adopción de IA en el gobierno. Entre los temas está la educación en IA para jóvenes, capacitación técnica, nuevas rutas de contratación pública en ciberseguridad e IA y modernización de procesos federales por herramientas inteligentes.

EUA no va a permitir que nada ni nadie le quite su liderazgo en semiconductores, Inteligencia Artificial y Data Centers. Tiene claro que está ante un horizonte de definiciones civilizatorias que impactarán las próximas décadas en la cultura, el derecho, la economía y la seguridad global.

Presidente de Digital Policy & Law

X / @fernegretep

Germán Patiño – Vicepresidente Senior para Latinoamérica de Lumu Technologies.

¿Cuántas organizaciones, sistemas y proveedores hacen posible que un hincha viva una experiencia memorable durante un Mundial? 

Cuando millones de personas compran su entrada para un partido del Mundial, reservan vuelos o realizan apuestas en línea lo que perciben es una transacción simple; sin embargo, lo que ocurre detrás es una cadena de dependencias tecnológicas que conecta procesadores de pagos, plataformas de ticketing, sistemas antifraude, pasarelas de autenticación y redes de distribución global, cada una operada por un proveedor distinto, con sus propias credenciales, sus propios accesos y sus propia superficie de ataque.

Un evento de esta escala activa simultáneamente decenas de cadenas de suministro tecnológico que operan de forma interdependiente durante semanas. 

Las plataformas de apuestas conectan con proveedores de verificación de identidad y sistemas de gestión de riesgo. Los sistemas de logística y acreditación para estadios integran soluciones de terceros para control de acceso, reconocimiento biométrico y coordinación en tiempo real. 

Las reservas de vuelos y hospedaje agregan otra capa de integraciones con pasarelas de pago, sistemas de fidelización y operadores regionales. 

Cada nodo de esa red es un punto de entrada potencial para los ciberdelincuentes y la realidad es que no todos los actores de dicho ecosistema tienen la misma madurez en ciberseguridad.

El patrón de ataque más eficiente en este contexto no pasa por vulnerar directamente a los actores principales o más visibles. 

Los atacantes apuntan a los eslabones intermedios, el proveedor mediano que gestiona la autenticación de revendedores autorizados, el integrador que conecta las plataformas de pago con los sistemas de los estadios, la empresa de logística con acceso a los sistemas de acreditación. 

En todos estos casos, las credenciales comprometidas de un tercero otorgan permisos heredados dentro del ecosistema, permitiendo evadir controles tradicionales explotando relaciones de confianza sin necesidad de explotar ninguna vulnerabilidad técnica. 

Este mecanismo ya tiene un nombre operativo en el ecosistema de amenazas, conocidos como Initial Access Brokers (IABs), intermediarios que se especializan en infiltrar proveedores para luego subastar esos accesos a grupos de ransomware o actores con motivaciones de espionaje. 

Estos se han popularizado, principalmente porque el perímetro tradicional ha desaparecido y, en su lugar, existe una red distribuida de credenciales de acceso identidades que abarca empleados, proveedores e integraciones externas con estrategias de seguridad que aún tienen puntos ciegos 

No sería la primera vez que esto sucede. Recientemente, el ataque a Axios no explotó una falla de código sino la identidad de sus operarios, comprometiendo mediante ingeniería social una de las librerías más utilizadas del ecosistema JavaScript. 

El incidente de ZYGHT en Chile mostró cómo el compromiso de accesos en un proveedor tecnológico puede escalar hacia entornos industriales críticos. 

Además, la brecha de Emergia en el sector financiero latinoamericano fue más directa aún: utilizando credenciales administrativas válidas, los atacantes accedieron a operaciones en tiempo real de múltiples entidades sin vulnerar directamente ninguna de ellas. 

La lógica es consistente en todos los casos: comprometer un proveedor equivale a heredar su posición dentro de cada aliado de negocio con el que interactúa.

Sólo en el primer semestre de 2025 se exfiltraron más de 1,800 millones de credenciales a nivel global, un incremento de 800% frente al semestre anterior. 

Ese volumen refleja la consolidación de una economía de acceso ilícito y compromiso de cadenas de suministro que tiene en los grandes eventos globales uno de sus momentos de mayor rentabilidad. 

La concentración temporal de transacciones, la presión operativa sobre los equipos de seguridad y la incorporación acelerada de proveedores nuevos crean las condiciones perfectas para que un compromiso localizado escale antes de que alguien lo detecte.

Frente a esa dinámica, los modelos de auditoría periódica son insuficientes por diseño. Una evaluación periódica no captura la exposición que genera la incorporación de un nuevo integrador días o semanas antes del torneo, ni detecta que las credenciales de un proveedor de logística aparecieron en un foro de acceso ilícito 48 horas antes del partido inaugural.

El riesgo de la cadena de suministro se reconfigura con cada nuevo contrato, cada acceso otorgado y cada credencial que circula fuera del entorno controlado. 

El nuevo perímetro exige reemplazar la confianza estática por medición continua de compromisos (Continuous Compromise Assessment). Un ataque puede escalar desde un dispositivo comprometido hasta la administración total del cloud en cuestión de minutos. 

Hay que ser conscientes de que lo que está en juego no es únicamente la seguridad de una organización, sino la integridad de todo su ecosistema digital y la única manera de hacer frente a este fenómeno es entender que hoy más que nunca se requiere una visibilidad total en tiempo real de compromisos en las redes que conectan a las cadenas de suministro.

Durante años se ha contado a México como una plataforma manufacturera: cerca de Estados Unidos, competitivo en costos, integrado en las cadenas de valor norteamericanas, sólido en automotriz y en ensamble. 

Ese relato no es falso. Pero está a punto de quedar obsoleto, justo cuando el país tiene enfrente el salto más importante de su historia industrial: dejar de ser la fábrica del nearshoring para convertirse en una plataforma de la Physical AI.

La próxima revolución de la Inteligencia Artificial no se jugará en los Centros de Datos ni en los chatbots. Se jugará en las fábricas, en los almacenes, en los puertos, en los hospitales, en las obras y en las ciudades. Después de la IA que escribe, traduce y analiza, llega la IA que ve, decide, agarra, mueve, ensambla, entrega, inspecciona y repara. Es la Physical AI: la Inteligencia Artificial que entra en el mundo físico.

En este escenario la robótica deja de ser un sector más: se convierte en la infraestructura material de la IA. El robot es el cuerpo de la Inteligencia Artificial, los sensores sus ojos, los actuadores sus manos, el software de control su sistema nervioso, los modelos multimodales su cerebro. Y la fábrica se vuelve el primer gran laboratorio de esa inteligencia encarnada. Es aquí donde México puede pesar mucho más de lo que hoy se imagina.

El país posee una combinación poco común: cercanía al mercado tecnológico más grande del mundo, integración industrial con Estados Unidos, capacidades manufactureras consolidadas, una potente base automotriz y una posición estratégica en el rediseño de las cadenas globales de valor. 

El nearshoring ya trajo fábricas, inversiones y expectativas. Pero la pregunta decisiva no es cuántas fábricas llegarán. Es qué tipo de fábricas serán.

Si México se limita a ofrecer mano de obra, naves industriales y logística, seguirá siendo una plataforma importante pero frágil: expuesta a los salarios más bajos de otros países, a las tensiones con Washington, a la automatización que erosiona la ventaja del costo laboral, a la competencia asiática. 

Si en cambio usa el nearshoring para construir un ecosistema de robótica, automatización avanzada y Physical AI, puede convertirse en uno de los nodos centrales de la manufactura inteligente del siglo XXI.

La señal más interesante viene de Monterrey. Nuevo León no quiere ser sólo una región industrial dinámica: busca posicionarse como un hub tecnológico capaz de atraer inversiones en robótica e IA aplicada y no nada más en la producción tradicional. 

La llegada de una fábrica de robots humanoides vale, simbólicamente, mucho más que la inversión en sí. Dice algo simple: México ya no quiere ser el lugar donde se ensamblan los productos, sino el lugar donde se construyen las máquinas que automatizan la producción. Es un cambio de paradigma.

Y no parte de cero. Ya existen señales locales y no de ayer: empresas como Roomie, ligada al ecosistema universitario mexicano y considerada entre las pioneras de la robótica de servicio en el país, demuestran que México sabe generar tecnología propia, no sólo alojarla. 

Pero el salto de escala exige mucho más: un ecosistema industrial capaz de convertir prototipos y talento en plataformas globales.

La robótica humanoide es la frontera más delicada y más poderosa. Durante décadas los robots industriales fueron brazos mecánicos encerrados en jaulas, programados para gestos repetitivos en entornos controlados. Los humanoides nacen para moverse en espacios pensados para las personas: líneas de montaje, pasillos, escaleras, zonas logísticas. No sustituirán todo, ni llegarán a todas partes mañana mismo. Su valor está en la flexibilidad: pueden operar donde el entorno no se construyó alrededor del robot, sino alrededor de la persona.

Para un país como México este punto es crucial: su fuerza está hecha de plantas, cadenas de proveeduría, técnicos, obreros especializados, gerentes acostumbrados a producir para mercados exigentes. 

Si la Physical AI se vuelve la nueva frontera de la competitividad, México parte con ventaja: la fábrica no tiene que inventarla. Ya la tiene. Tiene que volverla inteligente.

Pero el salto no es automático y hay cuatro riesgos que conviene nombrar sin rodeos.

El primero es quedarse como una simple base de producción de tecnologías desarrolladas en otro lado. Empresas estadounidenses, asiáticas o europeas podrían fabricar en México robots y sistemas avanzados dejando fuera del país la investigación, el software, la propiedad intelectual, los datos industriales y el control de las plataformas. 

El verdadero riesgo no es que México quede fuera de la revolución robótica. El riesgo es que entre por la puerta equivocada: como base productiva de tecnologías ajenas, una maquila 2.0 con robots más sofisticados pero con la misma dependencia estratégica.

El segundo es formativo. La Physical AI exige ingenieros mecánicos, expertos en visión artificial y en IA, técnicos de mante

No basta con importar robots: hacen falta personas capaces de diseñarlos, integrarlos, actualizarlos y volverlos útiles en los procesos reales.

El tercero tiene que ver con la energía y la infraestructura. Una manufactura más inteligente es más conectada y más demandante de energía: depende de redes confiables, Centros de Datos, Edge Computing, cómputo en la Nube industrial. 

El robot que se detiene por una interrupción de red no es innovación: es un costo.

El cuarto es social. Hablar de robótica en un país manufacturero es hablar de empleo. El tema no se resuelve ni con el eslogan “los robots roban el trabajo” ni con el optimismo ingenuo de las “puras oportunidades nuevas”. 

La verdad es más incómoda: algunas tareas desaparecerán, algunas competencias perderán valor, otras se volverán esenciales. La diferencia la hará la política industrial —capacitación, recualificación, incentivos, diálogo con empresas y trabajadores—, es decir, la capacidad de acompañar la transformación en lugar de padecerla.

De ahí la pregunta estratégica que México debe hacerse sin ambigüedades: ¿quiere ser el país donde los robots se usan, donde los robots se ensamblan o donde la Physical AI se desarrolla, se prueba y se escala? No son lo mismo. 

Usar robots aumenta la productividad. Producirlos atrae inversión. Desarrollarlos significa controlar una parte de la tecnología del futuro. México debería apuntar a la tercera opción sin renunciar a las dos primeras y eso exige un ecosistema: universidades, centros de investigación, startups, grandes manufacturas, capital de riesgo, regiones industriales, socios internacionales y Estado.

En este marco, Monterrey puede convertirse, para la Physical AI, en lo que algunas ciudades asiáticas fueron para la electrónica y la movilidad eléctrica: el punto donde se encuentran producción, ingeniería, capital y mercado. 

Pero hace falta una ambición más alta que el simple nearshoring. El nearshoring acerca las fábricas al mercado estadounidense. La Physical AI puede acercar a México al corazón tecnológico de la nueva manufactura global.

Hay también un dividendo geopolítico. En un mundo marcado por la competencia entre Estados Unidos y China, muchas empresas buscarán bases productivas más cercanas, seguras e integradas con Norteamérica y México puede ofrecerlas. 

Pero no debe reducirse a una alternativa geográfica a China: debe aprender su lección industrial. No el modelo político, sino el principio: la innovación nace donde manufactura, velocidad, ecosistema, datos, prototipado y mercado trabajan juntos.

La robótica crece donde hay densidad industrial —proveedores, componentes, baterías, sensores, electrónica, ingenieros, clientes y capacidad de probar rápido. México ya tiene parte de esa densidad en la manufactura. Le falta sumar las capas que faltan: IA, software, investigación aplicada, capital de riesgo tecnológico, estándares, laboratorios de prueba y una cultura de innovación más agresiva.

Europa también debería mirar esto con atención. Para las empresas europeas de robótica, automatización de precisión, sensórica y mecatrónica, México puede convertirse en la plataforma para servir al mercado norteamericano, no sólo como lugar de producción, sino como laboratorio para aplicaciones reales de Physical AI. 

La complementariedad es evidente: Europa tiene capacidades de calidad, seguridad y automatización; México tiene escala industrial, cercanía con Estados Unidos y una demanda creciente.

La partida se juega ahora. La robótica humanoide está todavía en sus inicios: muchas promesas están infladas, muchos prototipos brillan en los videos y batallan en la realidad, muchos modelos de negocio aún tienen que demostrar que son sostenibles. 

Pero es precisamente al inicio cuando se fijan las geografías industriales del futuro. Quien entra tarde comprará tecnología. Quien entra temprano puede ayudar a construirla.

México no debe preguntarse si los robots llegarán. Llegarán. La pregunta es si llegarán como productos importados, como herramientas instaladas en fábricas ajenas o como parte de una nueva industria nacional. 

La Physical AI puede ser para México lo que la industria automotriz fue en el siglo pasado: crecimiento, capacidades, exportaciones, empleo calificado, integración internacional. Con una diferencia decisiva: el automotriz construyó la fábrica moderna; la Physical AI construirá la fábrica que aprende.

Por eso México debería tener el valor de no pensarse ya como el beneficiario del nearshoring, sino como uno de los laboratorios globales de la próxima revolución industrial. No basta con acercar las fábricas a Estados Unidos. Hay que meterles inteligencia. 

El futuro de la manufactura no lo decidirá quien produzca más o más barato, sino quien sepa fundir en un sólo sistema Inteligencia Artificial, robótica, datos, energía, logística y talento humano.

La ventana está abierta ahora y no seguirá abierta mucho tiempo. Porque en la nueva manufactura global no ganará quien acerque las fábricas, sino quien sepa volverlas inteligentes.

Disponible en: https://www.visualcapitalist.com/visualizing-the-state-of-5g-networks-worldwide/ 

Cada vez que alguien transmite una serie en streaming, hace una videollamada, mueve dinero por una app bancaria o recibe una entrega guiada por GPS, hay una red de telecomunicaciones trabajando en segundo plano. 

Sin embargo, una paradoja recorre la industria: los operadores construyen y operan una infraestructura extraordinaria, pero capturan una fracción modesta del valor económico que esa infraestructura habilita.

La pregunta que muchos ejecutivos y analistas del sector se hacen no es tecnológica. Es estratégica: ¿cómo pueden los operadores telco dejar de ser proveedores de un insumo genérico y convertirse en actores centrales de la economía digital?

Este artículo explora esa pregunta a partir de datos recientes, tendencias globales y experiencias concretas de operadores que ya están ensayando nuevos caminos.

Una infraestructura colosal, un ingreso que no crece al mismo ritmo

El crecimiento del tráfico móvil global durante los últimos años ha sido sostenido. Según el Informe de Movilidad de Ericsson, el tráfico de datos en redes móviles creció aproximadamente 20% entre el tercer trimestre de 2024 y el tercer trimestre de 2025, y se prevé que se triplique hacia 2030. 

Las redes 5G, que hoy portan 34% del tráfico global, llegarán a 80% para fin de la década.

Mientras tanto, el ingreso promedio por usuario (ARPU) móvil se mantiene plano o crece marginalmente en la mayoría de los mercados. Según datos de PwC, en los últimos siete años el ingreso promedio por cuenta (ARPA) cayó 21% a nivel global. Los servicios de conectividad fija ya se perciben como un commodity en un tercio de los países analizados.

El resultado es una ecuación conocida: más tráfico, mismos ingresos, mayores costos operativos y de capital. 

Los operadores han invertido enormes sumas para desplegar 5G —la GSMA reporta compromisos de inversión de 254 mil millones de dólares sólo en Asia Pacífico hasta 2030— pero la pregunta de cómo recuperar esa inversión sigue sin una respuesta clara para la mayoría.

El valor viaja hacia arriba en la cadena

Para entender dónde está el problema, hay que mirar la arquitectura económica del ecosistema digital. Las redes de telecomunicaciones forman la base sobre la cual operan plataformas, aplicaciones y servicios que generan valor de manera exponencial.

En 2024, los ingresos combinados de las grandes plataformas digitales —Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft, Meta, Netflix, Spotify, entre otras— superaron el billón y medio de dólares estadounidenses. 

En contraste, el conjunto global de ingresos por servicios de telecomunicaciones rondó el billón ciento cincuenta mil millones de dólares. Es decir, el sector que provee el transporte digital genera menos que las plataformas que viajan sobre él.

Esto no implica necesariamente que los operadores estén perdiendo. Implica que el valor se acumula en las capas superiores del stack tecnológico: en las aplicaciones, en los datos, en las experiencias del usuario. Y que los telcos, por ahora, permanecen mayormente en la capa base.

El diagnóstico es compartido por los principales analistas de la industria: desde la GSMA hasta Ericsson, Nokia y PwC, todos señalan que los operadores deben encontrar formas de participar más activamente en la generación y captura de ese valor.

Las cuatro palancas para capturar más valor

La buena noticia es que 5G —en particular 5G Standalone (SA)— ofrece capacidades técnicas que, bien explotadas, pueden cambiar la ecuación. 

La industria identifica al menos cuatro caminos que ya están siendo recorridos, con distintos grados de madurez.

1. Conectividad diferenciada: vender rendimiento, no sólo datos

La transición más inmediata es dejar de competir sólo por precio en planes de datos y comenzar a ofrecer conectividad garantizada para momentos que importan. Esto ya tiene nombre en la industria: diferenciación basada en experiencia.

Disponible en: https://commsbrief.com/mobile-data-speed-with-2g-3g-4g-and-5g-cellular-networks/. 

El 5G SA permite definir condiciones de red específicas —latencia, ancho de banda, prioridad de tráfico— mediante slicing de red. Empresas como T-Mobile en Estados Unidos o Elisa en Finlandia están ofreciendo servicios basados en esta lógica: garantía de conectividad de alta calidad cuando el usuario más la necesita, con modelos de cobro por ese valor diferencial.

Según una encuesta de ConsumerLab de Ericsson realizada en 27 países durante 2025, 46% de los usuarios con planes diferenciados reporta mejor percepción de marca respecto a los que tienen planes básicos. Sin embargo, 60% aún desconoce este tipo de oferta. El potencial está ahí; la tarea es comercial y comunicacional.

A finales de 2025, ya existían 65 ofertas comerciales basadas en slicing de red 5G SA a nivel mundial, según datos del Informe de Movilidad de Ericsson de noviembre de 2025. Brasil, con 58 millones de accesos 5G y una tasa de crecimiento de 46% interanual, comienza a orientar su estrategia hacia este modelo de monetización para 2026.

2. APIs de red: abrir la red a desarrolladores y empresas

Quizás la apuesta más estructural de la industria pasa por transformar las redes en plataformas programables accesibles a través de interfaces estandarizadas.

La iniciativa Open Gateway de la GSMA, lanzada en el MWC 2023, ya reúne la adhesión de 86 grupos de operadores que representan más de 80% de las conexiones móviles globales.

El diagrama muestra las cuatro capas del ecosistema de APIs de red:

Capa superior — las aplicaciones (banca, streaming, ecommerce, developers, industrial) que consumen las capacidades.

Gateway central — la capa estandarizada de GSMA Open Gateway / CAMARA, donde está la iniciativa Aduna de Ericsson.

Capacidades expuestas — las cinco APIs más relevantes: slicing, detección de fraude/identidad, localización, edge computing y autenticación.

Base física — la red 5G Standalone del operador.

La idea central es simple: exponer capacidades de red —verificación de identidad, calidad de servicio, localización, detección de fraude— como APIs que cualquier desarrollador puede consumir para construir aplicaciones. Así, la red deja de ser un transporte opaco y pasa a ser un recurso programable con valor en sí mismo.

Nokia lo hace a través de su plataforma Network as Code, que ya tiene casos de uso concretos, como la provisión de video de alta definición a capitanes de barco en canales estrechos del puerto de Amberes. 

Ericsson, junto con 12 de los operadores más relevantes del mundo —incluidos América Móvil, AT&T, Telefónica, Deutsche Telekom y Vivo— creó Aduna, una joint venture que agrega y comercializa APIs de red a escala global.

Las proyecciones son ambiciosas: según Omdia, los ingresos globales por APIs de red podrían alcanzar los 9,000 millones de dólares hacia 2029, partiendo de apenas 161 millones en 2023. Es un mercado naciente, pero con tracción incremental, especialmente en casos de uso vinculados a seguridad, autenticación y prevención de fraude digital.

3. Redes privadas y verticales industriales

El segmento empresarial representa otro motor de crecimiento. La proliferación del IoT industrial, la automatización de fábricas, los vehículos autónomos en puertos y los sistemas de control remoto en minería, energía y agricultura crean una demanda real de conectividad privada, segura y de bajo retardo que las redes públicas no siempre pueden satisfacer con garantías.

Disponible: https://metalworking.in/rockwell-automation-private-5g-offers-sustainable-and-agile-operations/. 

Nokia reportó en 2024 ingresos empresariales de 2,180 millones de euros, con una proyección de crecimiento de 22% anual para el segmento de redes privadas inalámbricas hasta 2029. 

Ericsson, por su parte, registra pérdidas en su segmento Enterprise por ahora, pero lo considera una inversión estratégica de largo plazo.

Para los operadores, las redes privadas no sólo son una fuente de ingresos nuevos: son también un campo de aprendizaje para entender cómo ofrecer conectividad garantizada con acuerdos de nivel de servicio (SLAs) que superen la lógica del “mejor esfuerzo”. Una capacidad que luego puede trasladarse a otros segmentos.

4. IA como habilitador de monetización

Hasta hace poco, la Inteligencia Artificial en los operadores servía principalmente para reducir costos: automatizar la gestión de red, anticipar fallas, optimizar el espectro. Eso sigue siendo cierto, pero el enfoque está cambiando.

Disponible: https://www.slideteam.net/network-optimization-as-a-use-of-ai-in-telecom-training-ppt.html 

Según el informe Telco AI: State of the Market Q3 2025 de GSMA Intelligence, alrededor de 20% de los proyectos de IA en el sector ya tiene un objetivo directo de monetización. Y 45% de los operadores ve la monetización como una prioridad estratégica para 2026, según la edición 2026 del Mobile Economy de la GSMA.

Las asociaciones con hiperescaladores como AWS, Microsoft y Google están permitiendo a los operadores ofrecer servicios de cómputo en el borde (Edge Computing), modelos de IA soberana y capacidades de procesamiento distribuido que combinan la infraestructura de red con servicios de valor agregado. 

Deutsche Telekom, SK Telecom, Orange y Verizon, entre otros, ya tienen programas activos en esta dirección.

El desafío no es sólo técnico

Las capacidades están disponibles. El 5G SA se despliega con ritmo creciente. Las APIs comienzan a estandarizarse. Los casos de uso empresariales se multiplican. Pero la transformación del modelo de negocio de los operadores enfrenta obstáculos que van más allá de la tecnología.

Primero, la competencia de precios sigue siendo el principal criterio de elección para más de la mitad de los usuarios móviles en muchos mercados. Según datos de Paradigma Digital para el mercado español, 53% de los usuarios considera cambiar de operador y el precio es la razón principal. 

Diferenciarse por valor cuando la guerra de precios domina la percepción de marca es un desafío cultural y comercial enorme.

Segundo, el ecosistema de desarrolladores que debería consumir las APIs de red es aún incipiente. La educación del mercado —mostrar a desarrolladores y empresas qué pueden hacer con una API de verificación de identidad o de calidad de servicio garantizada— lleva tiempo y requiere inversión en evangelización.

Tercero, la regulación de espectro sigue siendo una carga. La GSMA señala que los costos de espectro como porcentaje de los ingresos de los operadores en Asia Pacífico pasaron de 3 a 9% en una década. Cada dólar que se paga en espectro es un dólar menos disponible para innovar en servicios.

Una industria en transición

El sector telco no está en crisis: genera ingresos del orden del billón de dólares anuales, sostiene millones de empleos y es infraestructura crítica para toda la economía digital. Pero la pregunta de fondo sigue vigente: ¿cómo participar de manera más activa en el valor que se crea sobre esas redes?

Las señales son prometedoras. Las redes están madurando hacia capacidades programables. Las iniciativas de APIs comienzan a mostrar tracción comercial. Los operadores están aprendiendo a hablar el lenguaje de las verticales industriales. Y la IA abre posibilidades que hace dos años apenas se intuían.

La transformación no será uniforme ni inmediata. Pero los operadores que logren combinar la fortaleza de su infraestructura con la agilidad para crear nuevos modelos de negocio tienen una oportunidad real de convertirse en algo más que el caño por donde viajan los datos del mundo digital.

Pregunta para la comunidad

¿Qué modelo de monetización creen que tiene más potencial en sus mercados: las APIs de red, las redes privadas para verticales industriales o la conectividad diferenciada orientada al consumidor?

Fuentes de referencia

• GSMA Mobile Economy 2026 — gsma.com

• Ericsson Mobility Report, noviembre 2025 — ericsson.com

• Ericsson Mobility Report Business Review 2024 — ericsson.com

• Nokia Corporation, resultados Q4 2024 y Q2 2025 — nokia.com

• PwC Global Telecom Outlook 2024-2028 — pwc.es

• TeleSemana.com — artículos sobre APIs, monetización 5G y Aduna (2025)

• GSMA Intelligence, Telco AI: State of the Market Q3 2025

• Anatel Brasil — datos de accesos 5G 2025

Las cifras cuentan una historia sin necesidad de discurso. 

Una de ellas es la balanza de servicios de telecomunicaciones, informática e información que publica el Banco de México en la balanza de pagos. En tales cifras se muestra lo que el país le vende al mundo en estos rubros (las exportaciones o créditos) frente a lo que le compra al resto del mundo (las importaciones o débitos). 

Detrás de esas dos líneas está nuestra relación con la Nube, con el software, con los servicios digitales y, desde hace algunos años, con la Inteligencia Artificial.

México es un importador neto de servicios digitales y la brecha no ha hecho más que ensancharse.

Gráfico 1: niveles de exportaciones e importaciones.

En 2002, al inicio de la serie, las dos líneas casi eran convergentes e incluso México registraba un pequeño superávit: alrededor de 877 millones de dólares exportados contra 626 importados en el año. 

Hacia mediados de la década de 2000 las importaciones se despegan de forma sostenida y dejan las exportaciones muy por debajo. Para 2013 el saldo anual ya era deficitario en más de 1,100 millones de dólares; para 2025, el déficit rondaba los 3,800 millones, con importaciones (≈6,500 mdd) que casi triplican las exportaciones (≈2,700 mdd).

El patrón de fondo es claro: el país consume mucho más servicios digitales del que produce para vender afuera. El área sombreada entre ambas líneas —cada vez más ancha— es, en esencia, el costo de la mayor demanda por servicios digitales en el exterior, es decir, demandar servicios de infraestructura, plataformas y servicios que se diseñan y operan en el resto del mundo.

Por otro lado, la Organización Mundial de Comercio publica, junto con el Handbook on Measuring Digital Trade (FMI, OCDE, UNCTAD y OMC), una base de servicios entregados digitalmente que estima —aplicando el modelo de asignación Eurostat-OMC a la balanza de pagos— la porción del comercio de servicios suministrada de forma transfronteriza (Modo 1). 

Es una medición más amplia que la del Banxico (incluye seguros, servicios financieros, cargos por propiedad intelectual y, sobre todo, “otros servicios empresariales”) y de naturaleza distinta: una estimación modelada, no un registro directo. Que dos fuentes independientes apunten en la misma dirección refuerza las conclusiones.

El panorama agregado reproduce con nitidez el hallazgo central: México es un importador neto estructural de servicios digitales en todo el período 2005-2025. 

El déficit pasó de unos 5,000 millones de dólares en 2005 a un máximo cercano a 17,100 millones en 2022, para estrecharse a unos 14,100 millones en 2025. 

Ese estrechamiento reciente no se debe a que se compre menos, sino a que se vende más: las exportaciones se aceleran de forma notable desde 2020 (de ~11,100 a ~19,500 millones), con tasas de crecimiento interanual que en varios años recientes superan a las importaciones.

Gráfico 3: México, total de servicios entregados digitalmente (Modo 1) — valor absoluto y variación anual.

El desglose de las exportaciones añade un matiz que da fuerza a la hipótesis de los Centros de Datos y la IA: aunque la categoría dominante son los “otros servicios empresariales” (alrededor de la mitad del total en 2025), el componente más dinámico es la informática, con saltos interanuales extraordinarios entre 2021 y 2024 (del orden de +90% y hasta cerca de +160% en algún año). 

Dicho de otro modo, lo que más rápido crece del lado vendedor es el cómputo y los servicios informáticos —el tipo de actividad que un Centros de Datos exporta cuando factura capacidad o procesamiento a clientes del exterior.

Gráfico 4: composición de las exportaciones de servicios entregados digitalmente de México por tipo de servicio.

Gráfico 5: composición de las importaciones de servicios entregados digitalmente de México por tipo de servicio.

Por último, el desglose de las importaciones confirma la otra cara de la dependencia. 

Las compras al exterior se concentran en seguros y pensiones (~28%), otros servicios empresariales (~22%), cargos por uso de propiedad intelectual (~21%) e informática (~17%). 

La relevancia de los cargos por propiedad intelectual del lado importador es elocuente: es, en buena medida, lo que México paga por licencias, software y modelos diseñados fuera del país. 

Coincide exactamente con la advertencia de que en los Centros de Datos —buena parte del valor (el modelo, los chips, la propiedad intelectual, etc.) sigue acreditándose a empresas radicadas en otras economías del resto del mundo.

En suma, con una fuente internacional multilateral, con una cobertura más amplia y una metodología distinta a la de Banxico en sus cifras de la balanza de pagos, el diagnóstico no cambia: México consume mucho más servicio digital del que vende, la brecha es estructural y el incipiente repunte exportador se concentra justamente en los servicios informáticos asociados a lo que es y será la nueva economía de la IA.

¿Tuvo la reforma en materia telecomunicaciones de 2013–2014 algún efecto en el comercio digital?

La franja gris del gráfico marca la reforma en materia telecomunicaciones: la reforma constitucional de 2013 —que creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones ahora extinto— y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en julio de 2014.

A pesar de sus promesas y de toda la avalancha de regulaciones que implementó en su supuesto objetivo de la “competencia efectiva”, su huella tal vez fue en su efecto en un mayor número de usuarios de banda ancha (correlación no significa causalidad) en incrementar la demanda por servicios digitales importados del exterior. 

Las importaciones se aceleraron a pocos años tras la reforma, y siguieron su ascenso al aumentar la oferta de servicios digitales del exterior. 

Dicho de otro modo: si la reforma en alguna medida fue factor de conectar al país a la banda ancha, conectarse significó, en buena medida, comprar más servicios digitales del exterior.

¿Hubo algún punto de inflexión por la IA?

La línea punteada naranja marca noviembre de 2022, el lanzamiento de ChatGPT y el inicio de la oleada de plataformas de IA Generativa. Aquí la lectura conviene mirarla en dos tiempos.

Gráfico 2: variaciones porcentuales anuales por trimestre.

En los tres primeros trimestres de 2023 las exportaciones se desplomaron frente al año anterior (caídas cercanas a ‑40%, ‑37% y ‑37%), mientras las importaciones brincaban: el primer trimestre de 2023 marcó un máximo histórico de la serie (más de 1,800 mdd, +80% interanual). 

Es la imagen de una economía que, en el primer año de la IA, absorbe servicios digitales del exterior —cómputo en la Nube, suscripciones, capacidad de procesamiento— más rápido de lo que logra venderlos.

Respecto de 2024–2025 sobreviene el rebote exportador. Aquí viene el dato notable. A partir de mediados de 2024 las exportaciones se aceleran de forma notable: el tercer trimestre de 2024 creció casi +100% interanual y el primer trimestre de 2025 llegó a un sorprendente +199%. 

Las exportaciones pasaron de niveles de 250–450 mdd por trimestre a superar los 700 mdd. Es tentador leerlo como la otra cara de la moneda: si 2023 fue el año de comprar IA, 2024–2025 podría reflejar a México empezando a vender servicios digitales vía relocalización de servicios de TI, Centros de Datos o exportación de servicios habilitados por estas tecnologías.

Cuando un Centros de Datos instalado en un país vende capacidad de cómputo, almacenamiento, alojamiento (hosting), entrenamiento de modelos o inferencia a clientes ubicados en el extranjero, está prestando un servicio transfronterizo: la entrega cruza la frontera por vía electrónica aunque el servidor permanezca físicamente en el territorio. 

En la lógica de la balanza de pagos (MBP6), esa operación se registra como una exportación —un crédito— de servicios de telecomunicaciones, informática e información del país donde reside el proveedor, siempre que el comprador sea un no residente. 

Por eso, a medida que la demanda de capacidad para IA atrae inversión en infraestructura de cómputo, un país puede ver crecer sus exportaciones de servicios digitales sin “embarcar” nada tangible: basta con que sus Centros de Datos facturen a clientes del exterior. 

El registro depende de quién sea la entidad residente que factura y de que el cliente sea efectivamente una entidad no residente —un Centros de Datos que sólo atiende al mercado interno no genera exportación—, y buena parte del valor (el modelo, los chips, la propiedad intelectual) puede seguir acreditándose a empresas radicadas en otros países. 

Aun así, este mecanismo de inversión extranjera y exportación de servicios digitales ofrece una explicación plausible para parte del repunte exportador que muestran los gráficos: la posibilidad de que México empiece a vender, y no sólo a importar, los servicios que hacen funcionar la IA. 

El potencial exportador de los Centros de Datos que se ubiquen en México es de considerarse, toda vez que el Artificial Intelligence Index de 2026 reporta que México tiene 173 Centros de Datos, ocupando el lugar 12, por lo que Brasil y México son los hubs en la región de latinoamérica.

Antes de declarar una tendencia, es necesario las tres notas cautelares debidas:

1. Correlación no es causalidad. Que dos cosas ocurran cerca en el tiempo —la reforma de telecomunicaciones, respecto al crecimiento de los accesos a banda ancha y/o el lanzamiento de ChatGPT y un movimiento en la balanza— no prueba que una cause la otra. Conviven aquí muchos factores: el ciclo económico global, el tipo de cambio, cambios contables y metodológicos en el registro de servicios digitales.
2. Es una sola categoría, y tiene “ruido” por los servicios que incluye. Estos son flujos trimestrales de un rubro específico de la balanza de pagos. Saltos de +100% o +200% suelen reflejar también bases de comparación bajas y volatilidad estadística, no sólo cambios de fondo. De hecho, el primer trimestre de 2026 muestra un enfriamiento en ambas series lo cual puede ser estacional.
3. El déficit es estructural y previo a la IA. La importación neta de servicios digitales venía creciendo mucho antes de 2022. La IA puede estar cambiando su ritmo y, quizás, abriendo una vía nueva por el lado exportador vía los servicios de Centros de Datos que se establezcan en México y se relacionen al aprovechamiento de procesamiento para IA.

Los tratados comerciales que incluyen la IA como factor en el comercio

Hasta aquí hemos visto los flujos —cuánto compra y vende México de servicios digitales. Pero detrás de esos flujos existe una política comercial al respecto y ¿quién escribe las reglas del comercio digital y qué dicen esas reglas sobre la Inteligencia Artificial? 

Un informe de marzo de 2026 de la Hinrich Foundation “Why Digital Is Different”, ofrece el primer inventario sistemático de estos compromisos. 

Existen 2,587 disposiciones de comercio digital repartidas en 163 acuerdos entre 163 jurisdicciones y más de la mitad negociadas apenas en los últimos cuatro años. La IA es, en ese mapa, un tema todavía “nuevo”, que aparece por primera vez alrededor de 2020.

Si uno abre los acuerdos que sí incluyen un artículo dedicado a la Inteligencia Artificial, encuentra un patrón sorprendentemente uniforme y, sobre todo, inocuo o superficial. 

Según el informe, existen apenas doce disposiciones de IA en doce acuerdos, entre 29 jurisdicciones y todas giran en torno a la cooperación más que a obligaciones exigibles. Casi sin excepción, el lenguaje es de “reconocer” o “procurar” (shall endeavour), no de “deberá” (shall).

Casi todas comparten la misma arquitectura de cuatro piezas: primero, reconocen que la IA es cada vez más importante y trae beneficios sociales y económicos; segundo, asumen un compromiso de cooperar en IA (compartir investigación, buenas prácticas, promover un uso responsable); tercero, reconocen la necesidad de marcos éticos de gobernanza; y cuarto, se comprometen a colaborar en el desarrollo de esos marcos en foros regionales e internacionales, tomando en cuenta principios reconocidos como la transparencia, la equidad y los valores centrados en el ser humano. 

En la práctica, son cláusulas de intención: trazan una dirección común, pero no obligan a nadie a hacer nada concreto en la adopción y uso de la IA por particulares o por entidades de gobierno.

Aunque comparten plantilla, conviene recorrerlos porque revelan quién está liderando este terreno. Se ordenan en unas pocas familias:

• El modelo pionero y más ambicioso (Australia-Singapur). El Acuerdo de Economía Digital Australia-Singapur (agosto de 2020, art. 31) fue el primero e introdujo la fórmula más fuerte: un compromiso vinculante de cooperar (“shall cooperate“) más un “procurar” colaborar en la gobernanza. Australia repitió esa ambición en su instrumento con Emiratos Árabes Unidos (EAU) de noviembre de 2024 (art. 12.24) que reincorpora el “deberá cooperar”.
• El Acuerdo de Asociación de Economía Digital entre Chile, Nueva Zelanda y Singapur —luego ampliado a Corea— (art. 8.2) se queda sólo en el “procurar” promover marcos de gobernanza, sin compromiso de cooperación. Es la base que siguieron varios acuerdos posteriores: el TLC entre el Consejo de Cooperación del Golfo y Corea (diciembre de 2023) y los instrumentos de Corea-EAU (mayo de 2024) y Chile-EAU (julio de 2024), estas últimas añadiendo el diálogo e intercambio de experiencias regulatorias.
• Singapur es el verdadero motor de este tema. Su acuerdo digital con Reino Unido (febrero de 2022, art. 8.61-R) es el más amplio de todos: cubre no sólo la IA sino “tecnologías emergentes” (registros distribuidos, gemelos digitales, Internet de las Cosas), apuesta por enfoques basados en riesgo y por la interoperabilidad y menciona la participación en foros como la Global Partnership on AI. Su acuerdo con Corea (noviembre de 2022, art. 14.28) sigue la línea del Digital Economy Partnership Agreement (DEPA) con diálogo regulatorio.
• Emiratos Árabes Unidos. EAU ha sido el negociador más prolífico, sumando cláusulas de IA en sus acuerdos con Turquía (marzo de 2023), Georgia (octubre de 2023), Corea y Chile (2024) y Australia (2024). Todos comparten “procurar cooperar” y “procurar” desarrollar marcos éticos de gobernanza, con flexibilidad para adaptarse al socio de turno.
• Los más recientes y, paradójicamente, menos vinculantes. En 2025, ya con el sistema comercial sacudido por la inestabilidad de origen estadounidense, aparecieron fórmulas aún más suaves: el acuerdo European Free Trade Association (EFTA)-Singapur (septiembre de 2025, art. 36-W) bajó el compromiso a un “podrá cooperar” (“may cooperate“), y el Protocolo de Actualización del TLC ASEAN-China 3.0 (octubre de 2025, art. 9.18), que abarca los once países de la ASEAN más China, diluye las actividades concretas de cooperación a un simple “alentar”.

Junto a las cláusulas de IA, el informe sitúa en el mismo bloque tecnológico un tema de mayor relevancia de lo que parece para la Inteligencia Artificial: el código fuente. 

Existen unas cuarenta disposiciones, en 36 acuerdos entre 108 jurisdicciones (2015–2025), que prohíben exigir la transferencia o el acceso al código fuente de un programa como condición para venderlo en un mercado. 

¿Por qué importa para la IA?, porque cada vez más de estas cláusulas se extienden hacia la prohibición de los algoritmos expresados en ese código —el corazón de un sistema de IA— y porque definen las excepciones que permiten a un regulador o juez exigir ese acceso para investigaciones, evaluaciones de conformidad o la defensa de la competencia. 

Ahí se centra buena parte de lo que se denomina con, incluso, ligereza, sobre la “transparencia algorítmica”.

En el T-MEC (USMCA) de 2018, existen algunas disposiciones a ser robustecidas, dado que incluye explícitamente los algoritmos y abre excepciones para investigaciones regulatorias y judiciales. 

La Unión Europea desarrolló su propio modelo que reserva el acceso para autoridades de competencia y de evaluación de conformidad —coherente con las facultades que su Reglamento de IA (AI Act) otorga a los reguladores sobre los sistemas de IA de “alto riesgo”.

Lo más relevante de todo lo anterior son las ausencias. Ni Estados Unidos ni la Unión Europea han suscrito compromiso alguno sobre IA en sus tratados comerciales con el resto del mundo, sea bilateral o multilateral. 

La IA se ha vuelto un terreno de rivalidad geopolítica: la UE optó por regular en casa con su AI Act de 2024, mientras Estados Unidos derogó la orden ejecutiva de la era Biden y publicó un “Plan de Acción en IA” centrado en acelerar la innovación y la infraestructura propias.

En su lugar, Washington introdujo la IA por una puerta nueva y polémica: los “acuerdos arancelarios” bilaterales. Los llamados Technology Prosperity Deals con Japón, Corea y Reino Unido incluyen lenguaje sobre acelerar la adopción de IA bajo marcos “proinnovación”. 

El pacto con Japón llegó a contemplar una inversión de 550 mil millones de dólares en proyectos —incluidos IA y semiconductores— elegidos por la presidencia estadounidense. 

Todo ello mientras la actividad regulatoria doméstica se dispara: Digital Policy Alert contabiliza más de 1,600 medidas y acciones de cumplimiento dirigidas a proveedores de IA desde enero de 2020, con un salto marcado justo después del lanzamiento de ChatGPT.

El episodio más revelador de esta lógica unilateral llegó en junio de 2026. Apenas días después de promulgar una amplia orden ejecutiva sobre IA —que, entre otras cosas, pide a las empresas líderes compartir sus modelos de frontera con el gobierno para una revisión de ciberseguridad—, la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio emitió una directiva de control de exportaciones, invocando la seguridad nacional, que suspendía el acceso de cualquier persona extranjera —dentro o fuera de Estados Unidos e incluso empleados extranjeros de la propia compañía— a dos modelos recién lanzados por Anthropic: Fable 5 y Mythos 5. 

Como la empresa no podía filtrar a sus usuarios por nacionalidad, optó por desactivarlos para todos sus clientes. La novedad no fue el desencuentro entre la Casa Blanca y un laboratorio de IA, sino el instrumento: por primera vez, Washington trató un servicio de IA —no un chip ni a una pieza de hardware— como tecnología sujeta a control de exportación, asimilando de hecho los modelos de frontera como si fuera algo semejante a una “munición” dentro de un teatro de conflicto geoestratégico. 

Para el comercio digital, el mensaje es elocuente: mientras se mantiene fuera de todo compromiso multilateral sobre IA, Estados Unidos se reserva la palanca para abrir o cerrar el grifo de los servicios de IA de forma discrecional y soportado por el argumento de la seguridad nacional.

¿Y México?

México no aparece en ninguno de los doce acuerdos con capítulo de IA: no ha suscrito todavía un compromiso comercial dedicado a la Inteligencia Artificial. 

Sí participa, en cambio, en las reglas técnicas vecinas: tiene compromisos de código fuente a través del CPTPP del T-MEC y del TLC Alianza del Pacífico-Singapur. 

Dicho de otro modo, México ya aceptó no exigir el código de los programas que importa, pero no se ha sentado a escribir las reglas de la IA que está consumiendo.

Es un reflejo casi perfecto de lo que mostraban los gráficos: un país que participa con entusiasmo del lado del consumo y de las reglas que facilitan importar tecnología, pero que aún no toma asiento en la mesa donde se diseña la gobernanza de la tecnología que define esta década.

Si uno se aleja del gráfico, la historia es la de un país profundamente integrado al consumo digital global pero que apenas empieza a disputar el lado de la oferta. 

La pregunta de política pública que dejan estas líneas es directa: ¿logrará México convertir esa incipiente aceleración exportadora en una tendencia —produciendo y vendiendo servicios digitales y de IA mediante los Centros de Datos que logre atraer a territorio nacional— o seguirá siendo, sobre todo, un gran consumidor de IA proveniente del exterior, en cuyo caso es deseable que impulse la productividad de la economía dado su efecto transversal en todos los sectores de la economía formal. 

Sólo los próximos años y nuestra disposición al cambio tecnológico de la IA darán parte de la respuesta.

Fuentes

(1) Banco de México, Balanza de pagos (MBP6), Cuenta corriente, Servicios de telecomunicaciones, informática e información (series SE46318, crédito; y SE46331, débito); cifras trimestrales en millones de dólares, ene-mar 2002 a ene-mar 2026; gráficos de elaboración propia. 

(2) Hinrich Foundation y Digital Policy Alert, “Why Digital Is Different: Making Digital Trade Policy for the 21st Century” (marzo de 2026), y su conjunto de datos asociado (hojas A.1 Inteligencia Artificial y A.2 Código Fuente). Los compromisos descritos corresponden al texto de los tratados; varios de los acuerdos más recientes están firmados pero aún no han entrado en vigor.