El término “nasciturus” proviene del latín y significa literalmente “el que va a nacer”. 

En el ámbito jurídico, se utiliza para referirse al concebido pero no nacido, es decir, al ser humano que ya existe en el vientre materno, pero que aún no ha nacido. El denominado Plan Nacional Digital, previsto con ese nombre en la ley chilena de telecomunicaciones (LGT), es un perfecto nasciturus: una criatura concebida pero todavía no nacida al mundo regulatorio.

En esencia, contenido en el artículo 4° de la LGT, este nasciturus proclama principios y ordena la generación de políticas específicas. 

Primero, los principios. El catecismo sectorial es breve: los servicios públicos deben orientarse por los principios de neutralidad tecnológica, universalidad, continuidad, convergencia, uso compartido de infraestructura y, como cierre elegante, transparencia, igualdad y eficiencia en la asignación de recursos escasos. Nada menor.

Segundo, el nasciturus también exige la dictación de políticas. Así, la autoridad debe dictar políticas de espectro, de inversiones, de conectividad, de ciberseguridad, de accesibilidad universal, de calidad de servicio y de promoción e investigación. 

Las políticas del Plan Nacional Digital deben dictarse por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) —no por la Subsecretaría de Telecomunicaciones—, como si se quisiera subrayar que aquí no se trata de regulación técnica, sino de dirección estratégica del sector. 

Las políticas deben ser la materialización de los principios, habiendo una relación de causa y efecto. Por lo tanto, no se trata de principios aplicables a toda la legislación de telecomunicaciones —como erróneamente alguien pudiera concluir—, sino que tienen valor tanto y en cuanto se materializan en el Plan Nacional Digital. Nada más. 

A la fecha, el Plan Nacional Digital —compuesto de principios y políticas— sigue sin ver la luz. Y cuando la vea, deberá hacerse cargo de problemáticas, desafíos y tensiones que no son tarea fácil de ordenar. Al nasciturus le falta mucho por vivir… y quebrarse la cabeza en cuanto a las políticas de espectro, inversiones, ciberseguridad e investigación, entre otras. 

Espectro: el viejo arte de repartir los megahertz 

Toda política de espectro del MTT tendrá que enfrentar decisiones incómodas. Por ejemplo, si los actuales límites de tenencia —los célebres caps— deben seguir operando como corsé estructural del mercado. O si es tiempo de revisarlos, sin el temor reverencial de antaño, cuando la tercera sala de la Corte Suprema proclamó —urbi et orbi—, en 2020, que el mercado telco debía tender a “cuatro actores creíbles”. 

Lo mismo ocurre con la banda de 6 GHz: ¿la dejamos como espacio para innovación tecnológica no licenciada —WiFi, bluetooth, etc.— o como el sustento para nuevas concesiones IMT —5G y 6G—? 

Y, por supuesto, deberá hacerse cargo esta política por la realización de nuevos concursos públicos de frecuencias y la cantidad de espectro que habrá que liberar al mercado, incluida eventualmente la banda 600 MHz y otros fragmentos en 3.5 GHz.

Inversiones: cuando el mercado necesita compañía

Aquí la LGT —o el nasciturus— introduce una idea incómoda para los puristas: el regulador no puede ser indiferente a la salud financiera del sector. Si la ley manda fomentar inversiones —incluso mediante alianzas público-privadas—, entonces el viejo Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) difícilmente puede ser tratado como una reliquia de la era de la “brecha digital cero”. Es decir, que cerrada la brecha de acceso, la situación digital estaría prácticamente resuelta. 

En el futuro, no puede permitirse que el FDT sólo financie la demanda —gasto de bolsillo de las personas—, sino que debe destinar alguna parte de sus recursos a los despliegues de la oferta de nueva infraestructura resiliente y de última generación. La paradoja es evidente: mientras más conectividad se logra, más sofisticadas —y costosas— se vuelven las necesidades por redes de infraestructura. 

Entonces, la retirada del Estado, en este contexto, no parece una opción jurídicamente neutra. Sería un pecado de omisión, especialmente en un contexto donde unos pregonan que “la industria está en la UTI”, mientras que otros advierten una simple consulta ambulatoria de salud.

Ciberseguridad: el delicado arte de no pisarse la capa entre superhéroes

La Subtel ha quedado mandatada por la ley a dictar una política de ciberseguridad en el ámbito de las telecomunicaciones. Sin embargo, la irrupción de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), también investida de facultades para definir políticas en la materia, abre una zona de fricción que no puede ser ignorada.

El riesgo no es meramente teórico. La coexistencia de dos centros de decisión puede traducirse en una mayor carga regulatoria para las empresas, criterios disímiles, superposición de obligaciones y, en el peor de los casos, una descoordinación institucional que termine debilitando aquello que se pretende fortalecer. La ciberseguridad no admite ambigüedades: hay coherencia regulatoria o hay vulnerabilidad.

Este punto ya asoma como una grieta en el diseño. La derogación de la norma técnica sectorial de ciberseguridad, a instancias de la ANCI y a la espera de una regulación de reemplazo, deja entrever una tensión latente: la de un sector que, en nombre de la coordinación, corre el riesgo de quedarse transitoriamente sin reglas claras.

La pregunta, entonces, no es menor: ¿quién conduce en esta materia? ¿La Subtel o la ANCI? Porque, como enseña la vieja máxima latina, nadie puede servir a dos señores. 

Promoción e investigación: la inesperada vocación formativa

Quizá el giro más interesante sea este: la LGT se permite mirar más allá de la infraestructura y pone el foco en el capital humano. 

No es habitual que una ley sectorial incorpore, con tanta claridad, la necesidad de formar especialistas en telecomunicaciones. Pero tiene lógica: si las redes son la columna vertebral de la economía digital, quienes las diseñan y operan son su sistema nervioso. 

Sin ellos, la promesa tecnológica queda reducida a un buen titular. A esto manda la política de promoción e investigación, a formar profesionales en capital humano avanzado. 

El origen de esta modernidad tardía

Nada de esto estaba en la LGT original de 1982. La responsable es la ley N° 21.678, de 2024, que elevó el acceso a Internet a la categoría de servicio público. Con ello, no sólo amplió el perímetro regulatorio, obligó a repensar el sector en clave de política pública integral. 

Como en esas novelas donde un personaje secundario termina cambiando toda la trama, el reconocimiento del Internet como servicio público reescribió el libreto regulatorio completo.

Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿es este Plan Nacional Digital —el nasciturus— la gran reforma que el sector viene esperando desde hace más de dos décadas? ¿Aquella del registro único, la simplificación autorizatoria o gran modernización concesional? La respuesta es rotundamente negativa. 

Pero tampoco es irrelevante. En ausencia de esa gran reforma —que sigue prometida, como la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona, que siempre está en construcción—, la dictación del Plan Nacional Digital podría cumplir una función más modesta, pero no menos importante: ordenar el presente, anticipar conflictos y, sobre todo, evitar que el derecho siga acumulando buenas intenciones sin ejecución.

Porque, al final, el problema no es que la ley sueñe en grande. El problema ocurre cuando los gobiernos de turno deciden seguir durmiendo.

La inminente revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC, conocido en inglés como USMCA) deberá de ser una oportunidad, antes que un factor de conflicto comercial entre México y Estados Unidos.

Una revisión que profundice la integración de los mercados de telecomunicaciones y de sus cadenas de suministro asociadas, en una época donde la geoestrategia y las ventajas comerciales tendrán necesariamente que coexistir.

El TMEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 en sustitución del TLCAN y, a diferencia de su antecesor, incorporó una “cláusula de caducidad” o sunset clause que condiciona su permanencia a revisiones periódicas.

Conforme al artículo 34.7 del tratado, la primera revisión sexenal está programada para julio de 2026, debiendo concluir si los tres socios extienden su vigencia por otros dieciséis años —hasta 2042— o si abren un proceso de modificaciones de mayor alcance.

Aunque la fecha formal es julio de 2026, el proceso de hecho ha iniciado. En septiembre de 2025, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y la Secretaría de Economía (SE) abrieron consultas públicas y Canadá inició las suyas poco después.

Conviene distinguir entre dos figuras que suelen confundirse: una revisión es un ejercicio acotado para evaluar la efectividad del tratado y ajustar puntos específicos, mientras que una renegociación implica reabrir capítulos completos y reescribir compromisos sustantivos.

El 5 de marzo de 2026, mediante un boletín conjunto, el embajador Jamieson Greer y el secretario Marcelo Ebrard anunciaron la primera ronda de pláticas bilaterales preparatorias del Joint Review e instruyeron a sus equipos técnicos a iniciar una discusión exploratoria sobre medidas para reducir la dependencia de insumos provenientes de fuera de la región, fortalecer las reglas de origen y reforzar la seguridad de las cadenas de suministro de América del Norte.

Si los tres gobiernos no logran consenso, el TMEC entrará en un esquema de revisiones anuales que puede prolongarse hasta 2036, e incluso queda abierta la posibilidad de que una de las partes se retire con un aviso previo de seis meses.

Dentro de la arquitectura del tratado, la materia de telecomunicaciones se ubica en el Capítulo 18, en el bloque dedicado al comercio de servicios, la inversión y la economía digital, en estrecha relación con los capítulos contiguos sobre Comercio Digital (19), Derechos de Propiedad Intelectual (20) y Política de Competencia (21).

Se trata de un capítulo notablemente más extenso que su antecedente: el capítulo XIII del TLCAN tenía sólo diez artículos, mientras que el Capítulo 18 del TMEC se compone de veintisiete y regula el acceso y uso de redes y servicios públicos de telecomunicaciones, las obligaciones de los operadores considerados “preponderantes”, los sistemas de cableado submarino, la asignación transparente del espectro, la independencia del organismo regulador y los mecanismos para resolver controversias entre operadores.

Cabe señalar que erróneamente se incorporó el contenido de la “preponderancia” y la “regulación asimétrica” dado que entra en conflicto con lo establecido en el capítulo de Política de Competencia, dado que su objetivo es económicamente semejante y debiera ser uniforme su aplicación sin sectores con tratamientos particulares o excepcionales.

Pero la incorporación fue más de justificación política para asegurar su permanencia y continuidad más que el objetivo per se de procurar la competencia.

Tras la reforma constitucional de 2024 que ordenó la desaparición de los organismos autónomos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) fue formalmente disuelto en octubre de 2025 y sustituido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), creada como órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), dependiente del Poder Ejecutivo.

Ese rediseño tensiona dos compromisos puntuales del Capítulo 18: el artículo 18.17, cuya nota al pie 14 establece específicamente para México que su organismo regulador de telecomunicaciones debe ser autónomo respecto del Poder Ejecutivo; y el artículo 18.18, sobre neutralidad competitiva, que prohíbe otorgar trato más favorable a un proveedor por el solo hecho de ser propiedad o estar bajo control del gobierno nacional.

Este último se ve presionado por la entrada directa de la Comisión Federal de Electricidad y la existencia de la ahora paraestatal Altán Redes en el mercado de telecomunicaciones.

En ese contexto, el embajador Greer ha planteado públicamente que México estaría en incumplimiento del TMEC en áreas que incluyen energía, telecomunicaciones y otras, lo cual coloca al Capítulo 18 entre los temas más previsibles dentro de la agenda específica de la revisión de este año.

Siendo propositivo, existen al menos tres aspectos que representan una oportunidad de una mayor integración de Norteamérica en telecomunicaciones, en particular entre México y Estados Unidos:

I. Barreras técnicas: homologación de equipos y reconocimiento mutuo de certificaciones

Una de las quejas más concretas que el USTR ha incorporado en sus reportes anuales se refiere al régimen de homologación de equipos de telecomunicaciones.

En el apartado de barreras técnicas al comercio del 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, (NTE) la USTR señala expresamente que México, a través del entonces extinto IFT y ahora de la CRT, exige pruebas locales para determinar la Tasa de Absorción Específica (SAR).

La SAR mide la cantidad de energía de radiofrecuencia que el cuerpo humano absorbe de un dispositivo móvil, parámetro central de seguridad ya verificado por la Federal Communications Commission (FCC) de Estados Unidos antes de la exportación.

Tal duplicidad de pruebas genera retrasos dado que México exige repetir esa prueba —además de las contempladas en la NOM-208-SCFI-2016 (Wi-Fi, Bluetooth y otros equipos de corto alcance), la NOM-221-SCFI-2018 (terminales celulares 2G/3G/4G/5G), IFT-011-2017 (verificación del IMEI), entre otras que equivalen, en la práctica, a una barrera técnica al comercio en términos del artículo 11 del propio TMEC y del Acuerdo OTC de la Organización Mundial del Comercio.

El costo económico de esta duplicidad no es trivial. El procedimiento obliga al fabricante a contratar un representante legal residente en México, someter muestras a un laboratorio acreditado por el IFT (ahora CRT), obtener un Certificado de Conformidad emitido por un organismo local —NYCE u otros— y, finalmente, un Certificado de Homologación expedido por la autoridad.

Al proceso de aprobación provisional ante el extinto IFT le seguía esperar al menos un año para la aprobación permanente. A esos plazos se agrega el cuello de botella estructural: el reducido número de laboratorios acreditados en territorio mexicano para realizar pruebas que, en muchos casos, ya fueron ejecutadas conforme a los protocolos de la FCC con los cuales la propia normatividad mexicana se encuentra armonizada.

Para un fabricante que coloca múltiples modelos al año en la región, el costo agregado de muestras, ensayos repetidos, honorarios, traducciones obligatorias y derechos administrativos puede alcanzar varios cientos de miles de dólares por línea de producto, sin que ese gasto agregue valor de seguridad alguno respecto del que ya garantiza la certificación estadounidense.

La justificación económica para migrar hacia un esquema de reconocimiento automático —que es justamente lo que el USTR pide al instar a México a actualizar dichos estándares e incorporarlos al Mutual Recognition Agreement (MRA) en materia de evaluación de la conformidad— se apoya en cuatro órdenes de argumentos.

Primero, la eliminación de costos de transacción duplicados: si dos jurisdicciones aplican estándares técnicamente equivalentes, repetir el ensayo no produce información nueva, opera como un impuesto regulatorio que se traslada al precio final del consumidor mexicano.

Segundo, aceleración del time-to-market: en mercados con efectos de red como las telecomunicaciones, cada mes de retraso en la disponibilidad de una terminal o de un equipo de red 5G implica una pérdida de bienestar agregado superior al ahorro privado del régimen actual de pruebas.

Tercero, reducción de la captura regulatoria y de la búsqueda de rentas por parte de un número limitado de laboratorios y peritos acreditados, cuyos ingresos dependen precisamente de que la duplicidad subsista.

Cuarto, escala de inversión en Centros de Datos y nearshoring: la operación de un Centro de Datos de hiperescala requiere homologar cientos de modelos de switches, routers, puntos de acceso inalámbricos y equipos de IoT industrial.

Los costos de cumplimiento se multiplican rápidamente y se traducen, en el margen, en menos despliegue de infraestructura digital en territorio mexicano y en la pérdida de inversión hacia jurisdicciones con regímenes de reconocimiento automático.

En síntesis, lo que en el NTE aparece como un párrafo técnico sobre pruebas SAR y laboratorios acreditados constituye, en realidad, un caso típico de barrera no arancelaria con costos económicos cuantificables y con un remedio relativamente pronto: el reconocimiento automático, vía un MRA actualizado, de los certificados emitidos conforme a los estándares de la FCC y de los organismos de normalización de Canadá para todos los equipos terminales, de red y de Centros de Datos cuyas especificaciones técnicas ya estén armonizadas.

Dado que el Capítulo 18 del TMEC obliga a México, en su artículo 18.6, a procurar que sus procedimientos de evaluación de la conformidad sean transparentes y no imponer costos innecesarios, que el artículo 11 del propio tratado consagra el reconocimiento de equivalencia en materia de OTC, la revisión de 2026 ofrece una ventana institucional evidente para resolver una fricción que, en el estado actual, opera como un costo hundido para los exportadores estadounidenses, para los operadores que pretenden invertir en México y, en última instancia, para los propios consumidores mexicanos.

II. Diferencias en el uso y atribución del espectro entre México y Estados Unidos: observación para una agenda de armonización bilateral

La banda de 3.5 GHz ha sido la “banda pionera” de 5G a nivel global, con más de 60 países asignando porciones de ella para despliegues comerciales.^[1] Sin embargo, México y Estados Unidos han adoptado trayectorias regulatorias notablemente distintas dentro del mismo rango.^[2]

Estados Unidos: el segmento 3.45-3.98 GHz tiene tres regímenes diferenciados que limitan su rendimiento: (i) la sub banda de 3.45-3.55 GHz, subastada en 2021 sin restricciones de potencia pero con zonas de coordinación y protección alrededor de usos militares; (ii) la sub banda 3.55-3.70 GHz, regulada bajo el esquema CBRS (Citizens Broadband Radio Service), que opera con restricciones de potencia y derechos secundarios para usuarios comerciales^[3] y (iii) la sub banda 3.7-3.98 GHz, liberada del uso satelital mediante un proceso de “repacking” que culminó en 2025,^[4] actualmente en uso para 5G.

Críticamente, el segmento inferior de 3.3-3.45 GHz (150 MHz de capacidad potencial) no se encuentra disponible para uso móvil debido a la operación de sistemas de radar militar.

México: el extinto IFT optó por una estrategia distinta. Las licencias de Telcel para acceso fijo-inalámbrico en 3,450-3,550 MHz fueron reubicadas hacia 3,350-3,450 MHz y reconvertidas a uso móvil, permitiendo el despliegue comercial de 5G en 3.3 GHz.^[5]

Como la GSMA documenta sobre América Latina, establece que 100 MHz han sido despejados en el rango de 3.35-3.45 GHz, con un plan declarado de 300 MHz para el rango 3.3-3.8 GHz.^[6]

Crucialmente, no se han reportado interferencias con sistemas de radar transfronterizos. Este caso es citado explícitamente por la GSMA como ejemplo internacional de coexistencia exitosa que Estados Unidos podría considerar.^[7]

La asimetría es notable: México utiliza precisamente el segmento que Estados Unidos mantiene cerrado. Lo hace en la frontera norte sin que se hayan documentado externalidades negativas sobre los radares estadounidenses. Esta evidencia revelada constituye, desde la óptica del análisis económico, un experimento natural sobre la viabilidad de la coexistencia.

Para 5G, EE. UU. tiene hasta 430 MHz contiguos o casi contiguos entre 3.45 y 3.98 GHz, aunque con usos distintos.

México tiene una ventana más limitada alrededor de 3.4-3.6 GHz. Cualquier expansión hacia 3.7-3.98 GHz implicaría resolver coexistencia, migración o reordenamiento de servicios satelitales.

La banda de 6 GHz representa el mayor bloque continuo de espectro de mediabanda aún en disputa entre uso licenciado (móvil) y uso no licenciado (Wi-Fi).

Tras la WRC-23, países que representan aproximadamente 60% de la población mundial buscaron la identificación del segmento superior 6,425-7,125 GHz para servicios móviles (IMT).^[8] Aquí la divergencia entre los dos países es de mayor envergadura.

Estados Unidos ha asignado la totalidad de los 1,200 MHz (5,925-7,125 GHz) a uso no licenciado, descartando, por ahora, cualquier porción para 5G.^[9]

Esta decisión cierra una de las dos vías principales de expansión mid-band para los operadores estadounidenses, lo cual amplifica la presión sobre la banda de 3.5 GHz.

México, junto con Brasil, se sumó al grupo de países que solicitaron la identificación del segmento superior (6,425-7,125 GHz) para IMT.^[10]

La argumentación de la GSMA descansa sobre tres pilares empíricos relevantes para América Latina: (i) en las once ciudades latinoamericanas analizadas, prácticamente ninguna de las conexiones Wi-Fi 6E utilizan actualmente la banda de 6 GHz, lo cual indica que el segmento inferior de 5,925-6,425 GHz es suficiente para la evolución de Wi-Fi.^[11]

(ii) Entre 49% y 66% del uso de datos móviles ocurre en interiores y, de éste, hasta 95% se entrega vía espectro mid-band, no Wi-Fi.^[12]

(iii) En el escenario de uso licenciado de banda superior, el beneficio económico es en promedio siete veces superior al del uso no licenciado.^[13]

Esta divergencia tiene implicaciones particularmente delicadas para la frontera bilateral. La operación simultánea de redes 5G con potencia macro-celular del lado mexicano y de redes Wi-Fi de baja potencia del lado estadounidense en el mismo rango requeriría coordinación específica para evitar interferencias adyacentes, aun cuando los regímenes de licenciamiento sean diferentes.

Además, existen al menos tres asimetrías adicionales:

Primero, el modelo institucional de asignación. Estados Unidos opera con un sistema de coordinación entre la FCC (uso comercial) y la NTIA (uso federal), con portales como ASCS y DACAMP del Defense Information Systems Agency para coordinar coexistencia con radar.

México operó con el extinto IFT como autoridad técnica única y, ahora con la CRT, lo cual simplifica la negociación con incumbentes vía mecanismos de “rearrange” (reubicación) y “refarming” (reasignación), incluidos procesos ex-officio o entre licenciatarios bajo autorización del regulador actual.^[14]

Segundo, las restricciones aviónicas. Estados Unidos adoptó en la banda de 3.7-3.8 GHz restricciones voluntarias y temporales alrededor de aeropuertos por preocupaciones sobre altímetros de aviación, restricciones que la mayoría de los países que usan ese rango no han considerado necesarias.^[15]

Esta divergencia crea costos asimétricos para operadores con presencia binacional.

Tercero, la sincronización TDD transfronteriza. La operación TDD (Time Division Duplex) en 3.5 GHz requiere sincronización de estaciones base. En zonas fronterizas donde un país despliega IMT y el otro mantiene servicios fijos, móviles o radar, se requieren acuerdos formales de coordinación, por lo que existen oportunidades de armonización.

A partir de las asimetrías anteriores, surgen al menos cinco oportunidades de mayor integración bilateral, ordenadas por su grado de viabilidad inmediata.

(a) Liberación del segmento de 3.3-3.45 GHz en Estados Unidos sobre la base de la evidencia mexicana. El despliegue comercial sin interferencia reportada de Telcel constituye un caso evidente —no una analogía— sobre la coexistencia con sistemas radar estadounidenses. Esto reduce el costo de información real para que el Departamento de Defensa y la NTIA evalúen la reubicación o la coordinación geográfica del uso militar.

(b) Adopción de estructuras compatibles entre operadores estadounidenses y mexicanos en zonas fronterizas tendría como efecto reducir la necesidad de bandas de guarda, optimizando la capacidad espectral efectiva.

(c) Acuerdo bilateral sobre 6 GHz. Aun cuando es improbable que Estados Unidos revierta su asignación a uso no licenciado en el corto plazo, una coordinación técnica sobre los parámetros de potencia y máscaras de emisión en la franja fronteriza permitiría minimizar interferencias entre el uso licenciado mexicano (eventual) en 6,425-7,125 GHz y el uso de Wi-Fi estadounidense.

(d) Convergencia en estándares de protección a sistemas radar y aviónicas. Una revisión bilateral de las restricciones en 3.7-3.8 GHz cerca de aeropuertos, basada en evidencia internacional comparada, podría reducir costos asimétricos sin comprometer la seguridad aérea.

(e) Mecanismos institucionales permanentes. La creación o reactivación de un grupo técnico binacional FCC/NTIA/CRT con mandato específico sobre espectro 5G/6G —análogo en su lógica al modelo de cooperación que ha existido para coordinar interferencia en otras bandas— constituiría la infraestructura institucional para sostener la armonización.

Desde una perspectiva de economía de la regulación, la armonización bilateral genera ganancias por al menos tres canales: (i) economías de escala en equipamiento y dispositivos, que reducen costos para usuarios finales en ambos lados de la frontera; (ii) eficiencia en el uso de espectro fronterizo, evitando que zonas de guarda o coordinación operen como capacidad muerta; y (iii) reducción de costos de cumplimiento para operadores con presencia binacional o para usuarios en roaming.^[16]

Sin embargo, estas ganancias deben ponderarse contra los costos políticos de modificar asignaciones ya consolidadas —particularmente en Estados Unidos, donde las decisiones sobre 6 GHz y CBRS reflejan intereses que incluyen al ecosistema Wi-Fi, los operadores móviles y el sector de defensa.

III. La dimensión geoestratégica: infraestructura crítica, proveedores no alineados y el multiplicador de contenido

La revisión del TMEC en 2026 se ha desplazado conceptualmente de un ejercicio comercial convencional —orientado a tarifas, reglas de origen y solución de controversias— hacia lo que diversos analistas y la propia administración estadounidense han comenzado a describir como una negociación sobre la arquitectura de seguridad económica de América del Norte.

El proceso de revisión se asemeja cada vez más a una negociación de arquitectura geoestratégica y de seguridad y no a una actualización comercial, en la cual el TMEC operaría como columna vertebral de aplicación de una estrategia hemisférica más amplia que integra acceso a mercado, gobernanza tecnológica, minerales críticos, energía y cumplimiento en un mismo marco operativo.

En esa lectura, el bloque trilateral deja de ser únicamente un espacio de libre comercio para convertirse en una plataforma de coordinación tecnológica y estratégica frente a la rivalidad sistémica con la República Popular China. Los Capítulos 4 (Reglas de Origen) y 18 (Telecomunicaciones) son piezas centrales de este nuevo entramado.

La preocupación geoestratégica más concreta se origina en una asimetría regulatoria cuantificable.

Estados Unidos cuenta con el Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) para filtrar inversión extranjera por motivos de seguridad nacional y ha vetado en sus redes federales y en infraestructura crítica los equipos de Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision y Dahua.

México carece de un mecanismo equivalente; sin embargo, se ha alineado en materia de aranceles, dado que para 2026 amplió la cobertura a 1,463 fracciones arancelarias con sobretasas a productos procedentes de China, por lo cual la brecha trilateral en filtrado de inversión y en seguridad de infraestructura crítica es lo que muy probablemente buscaría incorporar el USTR en la revisión del TMEC.

El TMEC ya contiene un instrumento incipiente en esta materia: el Artículo 32.10, conocido como cláusula de “economía no de mercado”.

Esta disposición define una economía no de mercado como aquella que, a la fecha de firma del acuerdo, al menos una de las partes había determinado como tal para efectos de sus leyes de remedios comerciales y con la cual ninguna parte tiene un tratado de libre comercio.

Aunque cubre teóricamente más países, fue diseñada en 2018 con China como referente implícito.

Sin embargo, el Artículo 32.10 no atiende los temas de seguridad nacional asociados al aumento de la inversión china, brecha que un mecanismo de filtrado de inversión coordinado regionalmente podría cubrir.

Para llenar ese vacío han emergido dos vertientes complementarias: por un lado, los senadores Dave McCormick y Catherine Cortez Masto presentaron una legislación para instruir a la USTR a priorizar la protección del TMEC frente a la inversión de China durante la revisión conjunta de 2026.^[17]

Por otro lado, las señales explícitas del USTR sobre el endurecimiento de las reglas de origen en sectores estratégicos (automotriz, semiconductores, baterías, minerales críticos y, por extensión, equipos de telecomunicaciones e infraestructura digital).

El instrumento técnico más prometedor para articular esa coordinación es la introducción, en el Capítulo 4, de un coeficiente diferenciado para el contenido proveniente de proveedores no alineados estratégicamente al calcular el contenido no regional.

Bajo las reglas vigentes, por ejemplo, para que un vehículo de pasajeros reciba trato preferencial debe contener al menos 75% de valor regional, lo que deja sólo 25% del valor del automóvil disponible para insumos potencialmente originados en China. En ese 25%, sin embargo, todo contenido extranjero —chino, coreano, japonés o europeo— recibe el mismo tratamiento aritmético.

La propuesta consiste en aplicar al contenido chino un multiplicador mayor que uno —por ejemplo, 1.5 ó 2.0— al integrarlo a la cuenta no regional, de modo que cada dólar de insumo procedente de China, este consuma 1.50 ó 2.00 dólares del margen disponible.

Económicamente, el efecto es equivalente a un arancel implícito focalizado por origen: con un multiplicador de 2.0, sólo 12.50 dólares de contenido chino agotan el margen de 25%, lo cual desplaza la demanda de insumos hacia proveedores de jurisdicciones “aliadas” —Corea, Japón, Unión Europea, Reino Unido— sin transgredir el principio de no discriminación de la OMC, al ampararse en la excepción de seguridad esencial contemplada en el Artículo 32.2 del propio TMEC.

En términos formales, representa un “arancel equivalente” selectivo por país de origen, internalizado en la regla de origen y no en el arancel nominal.

Trasladada al Capítulo 18, esta lógica se materializaría en dos componentes complementarios.

Primero, la incorporación de un anexo —o de una decisión del Comité de Telecomunicaciones previsto en el propio capítulo— que defina una lista de proveedores de confianza (trusted vendors) para equipos de red y de Centros de Datos clasificados como infraestructura crítica, alineada con las decisiones que la FCC ya ha tomado y consistente con la arquitectura abierta promovida por la O-RAN Alliance, que permite a los operadores integrar componentes de fabricantes como Ericsson, Nokia, Samsung, Mavenir, NEC, Fujitsu, Qualcomm, Hewlett Packard Enterprise e Intel sin atarse a un único proveedor.

Segundo, la aplicación del multiplicador antes descrito al equipamiento físico —radios 5G, baseband units, ruteadores, switches, equipos de cifrado y servidores para hiperescaladores—, de modo que un operador mexicano que adquiera infraestructura de un proveedor no alineado no pueda imputar ese costo como insumo calificable bajo el régimen del TMEC ni trasladar a sus servicios derivados los beneficios arancelarios y regulatorios asociados al tratado.

La combinación de ambos componentes alinea, en la práctica, la política regulatoria mexicana con la de Estados Unidos y Canadá sin requerir prohibiciones explícitas, sustituyéndolas por un sistema de incentivos económicos compatible con la soberanía regulatoria de cada parte.

Visto desde la economía política internacional, lo que está en juego no es un ajuste técnico al texto del tratado, sino la definición de si América del Norte opera como un bloque tecnológico-estratégico coherente o si México conserva una posición intermedia que erosiona su compromiso con la credibilidad regional ante EE. UU.

La introducción de un multiplicador para el contenido no alineado, combinado con un régimen de proveedores de confianza en telecomunicaciones, produciría tres efectos económicos identificables:

desviación de comercio hacia proveedores aliados, con costos de transición acotados pero ganancias de seguridad y cohesión estratégica; reorientación de la inversión extranjera directa china en México hacia sectores menos sensibles —o, en su defecto, hacia jurisdicciones fuera de la región—; y consolidación del nearshoring como friend-shoring, fenómeno cualitativamente distinto a la simple relocalización geográfica.

Para México, alinearse con esta arquitectura supone asumir costos políticos y diplomáticos frente a Beijing, pero también obtener una posición negociadora más firme dentro del bloque, certidumbre regulatoria de largo plazo para sus exportaciones manufactureras y un régimen de seguridad de infraestructura crítica del que hoy carece.

La revisión de 2026 es, en ese sentido, menos una negociación arancelaria y más una decisión sobre el lugar geoestratégico que México ocupará en la economía mundial de la próxima década.

Fuentes consultadas

• Office of the United States Trade Representative (USTR), 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers (31 de marzo de 2025) y 2026 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers (31 de marzo de 2026).
• USTR, boletín de prensa “The United States and Mexico Launch Review Process of the USMCA” (5 de marzo de 2026) y “The United States and Mexico Announce Next Steps in Bilateral Discussions in Advance of the USMCA Joint Review” (marzo de 2026).
• Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC/USMCA), texto oficial: Capítulo 4 (Reglas de Origen), Capítulo 18 (Telecomunicaciones), Artículo 32.2 (excepciones de seguridad esencial), Artículo 32.10 (economías no de mercado) y Artículo 34.7 (revisión).
• Center for Strategic and International Studies (CSIS), USMCA Review 2026 (agosto de 2025), USMCA 2026 and Economic Security: The Convergence of Technology, Trade, and National Security (marzo de 2026), USMCA Review 2026: Six Scenarios for North America’s Future (2026).
• Baker Institute (Rice University), China’s Role in the USMCA Review (enero de 2026).
• Steptoe LLP, Preparing for a USMCA Review in the Autos & Auto Parts Sector.
• Alliance for American Manufacturing, USTR Says Rules of Origin are a Priority in the USMCA Update (2026) y The U.S. Must Insist on Stronger Rules of Origin in the USMCA (febrero de 2026).
• Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) de México, normatividad aplicable: NOM-208-SCFI-2016, NOM-221-SCFI-2018, IFT-008-2015, IFT-011-2017, IFT-012, IFT-016-2024 e IFT-017-2023.

^[1]GSMA, Lower 3.5 GHz in the US: Expanding spectrum for industry, jobs and growth, julio 2023, p. 4. (En adelante, GSMA US 2023.)

^[2]GSMA US 2023, op. cit., p. 5; GSMA, 5G and the 3.3-3.8 GHz Range in Latin America, BlueNote analysis, noviembre 2020 (en adelante, GSMA LATAM 2020), pp. 14-16.

^[3]GSMA US 2023, op. cit., p. 7 (sección “Restrictions on 3.5 GHz in the US”); FCC, Auction 110: 3.45 GHz Service (2021-2022); FCC, Citizens Broadband Radio Service Rules, 47 CFR Part 96.

^[4]GSMA US 2023, op. cit., p. 7. Los procesos de despeje de la banda 3.7-3.98 GHz se han realizado bajo la coordinación de la FCC desde finales de 2023.

^[5]Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Acuerdo del Pleno relativo al cambio de bandas de Telcel, P/IFT/090219/22. Disponible en: https://www.ift.org.mx/sites/default/files/conocenos/pleno/sesiones/acuerdoliga/vp09022233.pdf. Citado en GSMA US 2023, op. cit., p. 18.

^[6]GSMA LATAM 2020, op. cit., Tabla 1, p. 5, y ficha país de México, p. 38; IFT, Overview of Radio Spectrum in Mexico for Fifth Generation Mobile Services, 2019.

^[7]GSMA US 2023, op. cit., p. 18, caso de estudio “Mexico”: “Telcel now has a 5G network deployed in 3.3 GHz spectrum and no interference has been reported.”

^[8]GSMA, 6 GHz in LATAM: Mobile evolution in 6.425-7.125 GHz, agosto 2025 (en adelante, GSMA LATAM 6 GHz 2025), p. 1; ITU, Actas finales de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2023 (WRC-23), Dubái, EAU.

^[9]GSMA US 2023, op. cit., p. 5: “in the US, the entirety of the 6 GHz band will not be made available for licensed 5G”. Véase también la Orden de la FCC de abril de 2020 que abrió la totalidad de los 1200 MHz a uso no licenciado.

^[10]GSMA LATAM 6 GHz 2025, op. cit., pp. 1, 7 y 10.

^[11]GSMA LATAM 6 GHz 2025, op. cit., Figuras 6 y 7, pp. 7-8 (datos de Speedtest Intelligence proporcionados por Ookla).

^[12]GSMA LATAM 6 GHz 2025, op. cit., Figuras 4 y 5, p. 6 (datos de Speedtest Intelligence/Ookla).

^[13]GSMA LATAM 6 GHz 2025, op. cit., Figura 3 y discusión, p. 5 (estudio de nueve países, 2024).

^[14]Sobre coordinación FCC/NTIA, véase: NTIA/Department of Defense, 3.45 GHz Workshop Information, https://www.ntia.doc.gov/page/07122021-dod-workshop-information; y DISA, Advanced Wireless Services (AWS-3) Relocation Support / DACAMP Portal, https://disa.mil/~/media/Files/DISA/Services/DSO/StrategicPlanningDivision-AWS-3.pdf. Sobre el modelo mexicano, véase GSMA LATAM 2020, op. cit., p. 56.

^[15]GSMA US 2023, op. cit., p. 7: “US operators have made voluntary commitments to limit full power signals around airports in the band 3.7-3.8 GHz while aviation upgrades their altimeters with filters.” Véase también GSMA, 5G and Aviation Altimeters, https://www.gsma.com/spectrum/resources/5g-and-aviation-altimeters/

^[16]GSMA, 5G Mid-Band Spectrum Needs: Vision 2030, julio 2022. Disponible en: https://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2022/07/5G-Mid-Band-Spectrum-Needs.pdf.

^[17] Ver: https://www.mccormick.senate.gov/news/press-releases/senators-mccormick-and-cortez-masto-introduce-legislation-to-protect-the-usmca-from-harmful-chinese-investment/

Jorge Bravo, El Economista

De entre el cúmulo de iniciativas para reglamentar la Inteligencia Artificial (IA), la más reciente del senador Rolando Zapata Bello (PRI) es una ley integral para regular y fomentar el uso de la IA en México. Plantea que la IA es un factor de poder y no sólo una herramienta. Una infraestructura de decisión para el Estado, los mercados y la vida cotidiana, por lo que el Congreso no puede mirar desde lejos una tecnología que impacta en derechos, empleo, seguridad, privacidad y democracia.

La propuesta parte del diagnóstico de que la regulación es dispersa, sectorial y reactiva. Sólo en la Comisión de Análisis, Seguimiento y Evaluación sobre la aplicación y desarrollo de la Inteligencia Artificial, que preside el senador Zapata, hay 34 iniciativas. También existen reglas en datos personales, competencia, salud, trabajo, seguridad y telecom, pero no un marco general que ordene la IA como fenómeno transversal. La iniciativa intenta llenar ese vacío con una ley basada en riesgos, como ha sido la tendencia internacional iniciada en Europa. 

La propuesta fija principios, reconoce neuroderechos, incorpora privacidad, ciberseguridad y convierte los Principios de Chapultepec (que la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones presentaron de forma unilateral el 29 de enero) en mandatos legales. 

Entre sus ejes están la no discriminación, la responsabilidad humana, la explicabilidad, la participación social y el dato como bien público.

La ley crea el Sistema Nacional de Inteligencia Artificial y coloca al frente una Autoridad Nacional en Inteligencia Artificial, de nueva creación, con autonomía técnica y de gestión, dentro del Ejecutivo Federal. Esa autoridad coordinaría, articularía y daría seguimiento a la política nacional. 

El proyecto prevé un Consejo Consultivo Nacional, consejos sectoriales y observatorios ciudadanos. La idea es gobernar la IA con varias voces y con coordinación entre Federación, estados, municipios, academia, empresas y sociedad civil.

La columna vertebral regulatoria es el enfoque basado en riesgos. También es la principal amenaza de la propuesta. La ley obliga a realizar una Evaluación de Impacto Algorítmico antes de poner en marcha sistemas de alto riesgo o de impacto relevante en derechos humanos, seguridad nacional, salud pública, medio ambiente, procesos democráticos o servicios esenciales. 

Prohíbe operar sistemas cuyo funcionamiento no pueda explicarse de forma razonable cuando produzcan efectos jurídicos o daños significativos. Sobre esa base, la autoridad podría clasificar sistemas, exigir auditorías, imponer medidas cautelares, ordenar una suspensión y crear estándares técnicos unificados. La lógica es regular donde el daño mayor es posible.

El financiamiento para la regulación de la IA está previsto. La iniciativa crea un Fondo Nacional para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial. Se integraría con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, aportaciones públicas, donaciones internacionales, aportaciones privadas y hasta ingresos derivados de proyectos tecnológicos y de innovación abierta. La ley obliga al presupuesto federal a prever recursos específicos para infraestructura, supercómputo, repositorios científicos y centros de excelencia, lo cual en muchas otras leyes no se cumple.

En la experiencia comparada, el proyecto del senador Zapata coincide con la tendencia global. Fue la Unión Europea la que abrió la ruta con un esquema integral basado en riesgos, restrictivo de la innovación en IA y con un enfoque geopolítico. El Reino Unido optó por un modelo más flexible, apoyado en principios y regulación sectorial. 

Estados Unidos ha abordado la IA como un asunto de política industrial, seguridad y competitividad estratégica, puesto que las principales empresas que están desarrollando los grandes modelos de IA son estadounidenses y buscan su desarrollo, expansión y liderazgo. China avanza con una regulación incremental, estándares y control administrativo, también con miras a liderar la tecnología. 

En su momento, la UNESCO propuso un marco ético global centrado en derechos humanos, diversidad e igualdad. La propuesta mexicana recoge todo ese mapa regulatorio y agrega la capa de neuroderechos, diversidad cultural, perspectiva de género e inclusión digital.

Regular una tecnología tan inicial en sus implicaciones y futuros alcances tiene riesgos. El principal es frenar la innovación con reglas demasiado rígidas. A eso se suma que la iniciativa crea burocracia e instituciones nuevas. Lo más peligroso es que impone obligaciones técnicas difíciles de cumplir para startups, universidades y pequeñas empresas. 

La iniciativa intenta mitigar ese problema al reservar las cargas más fuertes para los sistemas de alto riesgo, mantener estándares de bajo riesgo como referencia y aclarar que la auditoría no siempre supone revelar código fuente.

Los riesgos que intenta combatir son los sesgos discriminatorios, la vigilancia masiva, la manipulación informativa, fraude digital, afectaciones a la privacidad, errores en decisiones públicas y opacidad en sistemas usados por el gobierno. 

Se preocupa por la concentración de poder en pocas plataformas, la dependencia tecnológica del exterior y el uso de IA en infraestructuras críticas sin controles suficientes. La ley responde con controles, un registro nacional, evaluación de impacto, supervisión continua, quejas ciudadanas, reparación del daño y sanciones que van desde multas hasta suspensión o retiro del sistema.

En un Congreso con mayoría favorable a Morena y sus aliados, la oportunidad política existe, pero no la garantía de aprobación. El senador Zapata (PRI) ha trabajado la iniciativa junto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, al grado que incorpora los Principios de Chapultepec. Eso le da ventaja. Pero la propuesta sí ha causado inquietud, resultado de un debate nacional e internacional insuficiente y las dudas que despierta una regulación en etapas tempranas de la IA.

Reforma Jorge F. Negrete P.

La política industrial digital es la política con mayor relevancia e impacto en la competitiva economía global y llega con una fuerza y discurso propio de un tsunami geopolítico digital.

Ha dejado de ser una política de nicho para convertirse en el eje central de las estrategias de los bloques geopolíticos que quieren liderar la tecnología digital. No se trata de promover la innovación y el desarrollo tecnológico, se trata de una intervención estratégica desde el Estado y el gobierno para rediseñar la estructura de los mercados y asegurar la competitividad en una economía de semiconductores, Inteligencia Artificial (IA) y el dominio de los algoritmos.

¿En qué consiste la política industrial digital? Hay un origen y comienza todo con la política industrial, hija de la revolución industrial. A finales del siglo 19 y principios del 20, las políticas de los gobiernos se centraron en el acero, el carbón, las fábricas de automóviles, aviones y productos que precisaban de la mano de obra y las máquinas de reproducción masiva.

La Comunidad Europea nace en 1951 cuando se firma el Tratado de París, creando la “Comunidad Europea del Carbón y del Acero”, integrada por Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Eventualmente, los seis países fundadores crean la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. El Estado y el mercado unidos para masificar la producción, distribución y consumo de productos industriales a escala masiva.

La política tecnológica, en su versión digital, es una estrategia coordinada por el Estado para desarrollar capacidades de desarrollo e innovación estratégicas y críticas. Nace la intervención económica por medio del derecho económico y la rectoría del Estado.

Hablamos de facultades expresas y robustas que gobiernos de libre mercado o con intervención estatal gestionan para generar un financiamiento y dirección compulsiva que consolide un liderazgo tecnológico o mejore la competitividad. Se trata de:

1. Subsidios e incentivos directos: financiamiento masivo para la fabricación de hardware (semiconductores) y el desarrollo de software (IA, computación cuántica).

2. Soberanía e infraestructura digital: despliegue de redes 5G/6G, Centros de Datos y Nube.

3. Regulación estratégica: leyes que protegen y promueven la industria y empresas tecnológicas locales.

4. Formación, educación y capacitación: programas educativos masivos para cerrar la brecha de habilidades STEM.

Después de 4 décadas de globalización, las grandes potencias comprenden que el mercado no garantiza la seguridad nacional. Existe una fragilidad en las cadenas de suministro y los semiconductores demostraron que depender de una sola región (Taiwán o Corea del Sur) es un riesgo.

Pero el más grande disruptor es la IA, como ventaja competitiva y gran habilitador tecnológico en la política industrial. Quien domine la IA dominará la productividad industrial, robótica y económica del futuro. Es el nuevo motor tecnológico del siglo XXI. Hay un retorno global hacia el “Estado promotor”. Si tu competidor está subsidiando su industria, no intervenir en la misma magnitud equivale a una capitulación industrial.

La política industrial digital no se puede separar de la seguridad nacional, sin ella condenamos al fracaso a países y bloques económicos. Esto ha transformado el mapa global en algo que llamo triángulo de la geopolítica digital y que he explicado: Europa busca soberanía digital con su robusta regulación digital y AI Act; EUA, busca un liderazgo en diseño y retorno de la manufactura con más de 5 acciones ejecutivas y su Chips and Science Act, y China busca autosuficiencia tecnológica total y control de materias primas con Made in China y su reciente AI 2030.

La política industrial digital es el nuevo campo de batalla. Ya ha sido advertido por el INADI en México.

Quien no diseñe su propia estrategia corre el riesgo de convertirse en testigo de las decisiones tomadas en Washington, Beijing o Bruselas.

Presidente de Digital Policy & Law Group
X / @fenegretep

Carina Murcia – Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Colombia está demostrando que la conectividad, más que un asunto técnico, es una política social capaz de reducir desigualdades reales que, durante años, han acentuado una frontera que el gobierno del presidente Petro se propuso desdibujar.

Desde el primer día, en el Ministerio TIC entendimos la transformación digital como una política social, en la cual la tecnología dejó de ser un privilegio concentrado en las grandes ciudades para convertirse en una herramienta de equidad en los territorios.

Para hacerlo realidad, entre 2023 y 2026, el Gobierno Nacional hizo una inversión histórica en conectividad de 3,3 billones de pesos corrientes, la más alta en la última década, con el objetivo de llegar a donde nunca antes se había llegado.

Como resultado de ese enfoque territorial, hoy Colombia alcanza un logro sin precedentes. En tres años, el país pasó de 4.275 escuelas rurales conectadas a Internet en 2022 a 19.544 en 2025, especialmente en las regiones más apartadas, multiplicando por 4,5 la cobertura educativa digital. 

Este avance rompe con décadas en las que el lugar de nacimiento definía el acceso al conocimiento. Hoy, un estudiante conectado es un joven con más herramientas para construir su futuro.

Pero el impacto también llegó a los hogares. El DANE, en la Encuesta de Calidad de Vida, reportó que entre 2022 y 2024 se conectaron más de 1,7 millones de hogares, pasando del 59,5% al 65,6%. Esto significa que más de 4,9 millones de colombianos ingresaron al ecosistema digital, accediendo a oportunidades de productividad, educación, información y salud.

La infraestructura también acompañó esta transformación. Se aceleró el despliegue de fibra óptica, sumando cerca de 5.800 kilómetros de nueva red y priorizando regiones históricamente rezagadas como el Pacífico, Chocó y Cauca, lo que permitió alcanzar más de 25.000 kilómetros acumulados a nivel nacional.

Pero detrás de estas cifras está el verdadero impacto. En el marco de los proyectos del MinTIC, este despliegue ha beneficiado a más de 184.214 hogares y 540 escuelas, acercando oportunidades a miles de familias y estudiantes en estos territorios.

En el acceso móvil, 100% de municipios en Colombia cuentan con cobertura 4G, siendo esta la forma de conexión predominante, con 38,75 millones de accesos, equivalentes a 79%. El último Boletín de las TIC (2025-T3) registró que el país supera 49 millones de conexiones móviles, una penetración de 92 por cada 100 habitantes.

La modernización de las redes también se aceleró. Hoy, Colombia cuenta con más de 3.000 estaciones base de 5G en 184 municipios, lo que ha permitido alcanzar cerca de siete millones de conexiones con esta tecnología, equivalentes a 14% del total de accesos móviles.

También, la conectividad se construye con la gente desde las regiones para ampliar la cobertura en zonas donde el mercado tradicional no llega. 

Gracias al fortalecimiento de los Proveedor de Servicios de Internet (ISP) o pequeños proveedores de Internet y desde la expedición del Decreto 1079 de 2023, que habilita a comunidades organizadas, asociaciones, cooperativas y juntas de acción comunal para prestar el servicio de internet a sus asociados, se incrementó en 1,3 millones los accesos fijos a Internet en el país frente a 2022, como se refleja en el Boletín de las TIC (2025-T3).

Gracias a este marco, hoy existen 1.859 proveedores de Internet comunitario fijo registrados en el Ministerio TIC, complementado con un ecosistema de más 3.700 ISP, consolidando un esquema que amplía la cobertura y la sostenibilidad local.

Estas apuestas del Gobierno de las oportunidades reafirman que cerrar la brecha digital implica comprender que la conectividad debe estar acompañada de educación digital. Este avance, más que cifras, son rostros de familias que hoy ya cuentan con una ruta clara para salir adelante.

Cuando una comunidad se conecta con propósito, amplía sus posibilidades de futuro. Ahí ocurre el verdadero tránsito del rezago a la oportunidad.

Mike Dano, Analista Principal del Sector de Ookla

La tecnología de la Inteligencia Artificial (IA) promete transformar prácticamente todos los sectores de la vida digital moderna. Ya hoy los chatbots de IA están cambiando el rumbo de los viajes de los internautas por la web. En el futuro, las tecnologías de IA podrían impulsar todo, desde investigación de vanguardia hasta médicos robot y autos autónomos.

Sin embargo, los servicios de IA necesariamente deben viajar a través de redes de telecomunicaciones, incluidas las redes móviles que cubren América Latina. Esto plantea la pregunta: ¿cómo manejarán esas redes los crecientes volúmenes de tráfico de datos de IA?

La verdad es que nadie lo sabe. La IA aún está en su infancia y, hasta ahora, hay pocos indicios de que el tráfico de datos de IA esté impactando directamente a las redes de telecomunicaciones de manera significativa.

Eso puede cambiar en el futuro, a medida que los servicios de IA evolucionen y crezcan en popularidad.

Tomemos como ejemplo una experiencia 3D renderizada en un servidor, creada por un bot de IA, transmitida a las gafas de Realidad Virtual de un usuario a 60 cuadros por segundo. Este tipo de servicio podría generar grandes exigencias de conexiones de baja latencia.

O pensemos en un par de gafas inteligentes impulsadas por IA que ofrecen al usuario un análisis en tiempo real de lo que ven. Este tipo de servicio podría suponer una gran carga para las conexiones de enlace ascendente (uplink) de los operadores.

Si cualquiera de estos escenarios se vuelve popular –o cualquier otro servicio relacionado con la IA de gran ancho de banda– el tráfico de datos en las redes de telecomunicaciones podría aumentar significativamente.

En este análisis, consideraremos estas dos métricas básicas de redes móviles –capacidad de enlace ascendente y velocidades de latencia– en una evaluación de la preparación para la IA en América Latina. 

Este informe cubre a todos los proveedores de telefonía móvil en los cinco países más poblados de la región: Brasil, México, Colombia, Argentina y Perú.

El cálculo del enlace ascendente

Servicios como ChatGPT y Gemini ya pueden analizar las imágenes subidas por los usuarios. Y algunas gafas inteligentes insinúan un futuro en el que la IA proporciona información en tiempo real a partir de una transmisión en vivo ininterrumpida y subida de las actividades diarias de los usuarios.

Pero, ¿cómo están manejando los operadores de redes móviles en América Latina su capacidad de enlace ascendente en la actualidad, anticipándose a este posible crecimiento del tráfico de subida? 

Para analizar esto, tenemos en cuenta la relación entre las velocidades de subida y bajada como un indicador básico de la asignación de recursos de red de los operadores móviles hacia la capacidad de enlace ascendente y descendente. 

Para ser claros, las velocidades de subida y bajada son el producto de las decisiones de capacidad de red de los operadores, pero pueden verse afectadas por una amplia variedad de factores, incluidas las tenencias de espectro de los operadores y las capacidades de los teléfonos de los usuarios.

No obstante, los siguientes hallazgos muestran el porcentaje de capacidad de red dedicado a las conexiones de enlace ascendente de los operadores, que calculamos dividiendo las velocidades de subida agregadas por la suma de las velocidades agregadas de bajada y subida de los operadores. 

Sólo utilizamos el 10% superior de las muestras de descarga 5G más rápidas con el fin de obtener una visión más clara de los diseños de red de los operadores, una que no se vea obstaculizada por conexiones que potencialmente sufran interferencia, congestión de red u otros problemas.

Estos hallazgos no son una sorpresa, considerando que los operadores a nivel mundial dedican la mayor parte de sus recursos de red a las conexiones de enlace descendente. Indican amplias diferencias entre los operadores a lo largo de los países más poblados de América Latina en lo que respecta a la asignación de capacidad de enlace ascendente. 

También son instructivos frente a investigaciones anteriores de Ookla en esta área, mostrando que los operadores en Argentina se alinean más estrechamente con los de China, mientras que los operadores en Brasil y Perú se alinean más con los de EE.UU.

Finalmente, vale la pena señalar que 5G aún está evolucionando en América Latina. Como resultado de todos estos factores, es posible que los operadores de la región revisen sus cálculos de capacidad de enlace ascendente en el futuro a medida que la IA –y 5G– maduren.

Midiendo un hito de latencia

Una conexión lenta entre un usuario y un chatbot de IA basado en texto podría no causar muchos problemas. Sin embargo, la alta latencia entre un cirujano robot y su software de gestión de IA basado en la Nube podría tener repercusiones significativas.

¿Qué tipos de latencia necesitarán las aplicaciones de IA? Aquí un estudio de Nokia ofrece algunas ideas. La firma encuestó a más de 1,000 tomadores de decisiones tecnológicas de EE.UU. en industrias de alto crecimiento para comprender dónde se encuentra la adopción de la IA. 

Según los resultados, 72% dijo que sus aplicaciones de IA exigirán una latencia inferior a 30 milisegundos.

Si bien la encuesta de Nokia no profundizó en los detalles –como los tipos específicos de aplicaciones de IA que podrían requerir 30 ms de latencia– al menos establece un hito para los operadores de redes y otros involucrados en el diseño y operación de Internet. Es útil para los operadores que intentan anticipar cómo podría ser un futuro con IA.

Entonces, ¿cómo se comparan los operadores de redes móviles más grandes de América Latina frente a este umbral de latencia? Nuevamente, analizamos el 10% superior de las muestras de descarga 5G más rápidas para obtener una visión clara de los diseños de red de los operadores, particularmente a medida que 5G madura en la región latinoamericana.

Estos resultados indican que los operadores móviles a lo largo de América Latina suministran actualmente una cantidad adecuada de conexiones que potencialmente pueden alcanzar una latencia por debajo del hito de 30 ms. Esto también coincide con los datos de EE.UU.

Pero hay advertencias. La latencia mínima (la métrica utilizada anteriormente) mide la latencia en el mejor de los casos para el usuario en el momento en que decide realizar un Speedtest. A través de 10 pings realizados antes de la prueba de descarga, se determina el valor de ping más bajo: esto representa la “latencia mínima”. 

Estos pings son posibles a través de los 15,000 servidores en todo el mundo que alojan procesos de servidor de Speedtest. La latencia mínima es una medida de latencia diferente –y generalmente más rápida– en comparación con la latencia multiservidor, la latencia bajo carga, la latencia de infraestructura en la Nube y demás.

Por lo tanto, los operadores de la región aún pueden tener trabajo por hacer para reducir sus mediciones de latencia a fin de ofrecer conexiones receptivas tanto a los usuarios de dispositivos móviles como a los proveedores de servicios de IA por igual.

Independientemente de ello, todo esto ayuda a allanar el terreno para la preparación de América Latina en materia de IA, al menos en lo que respecta al elemento crítico de las redes. 

A medida que la IA se desarrolle y expanda, es probable que los operadores móviles de la región administren cuidadosamente sus parámetros de red para garantizar que sus clientes tengan la mejor experiencia de IA posible.

Jorge Bravo, El Economista

Al 19 de abril, el registro de líneas móviles llevaba 30.2 millones de identificaciones sobre un universo de 144,585,131 líneas activas. Eso equivale a 20.88% del total. El otro 79.11% o 114 millones de líneas seguía pendiente de registrarse.

El reloj avanza y la curva va muy por debajo de lo que exige un cierre ordenado del proceso. Tal y como se sugirió en este espacio, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) iniciará la campaña “Registra tu línea”. La CRT fijó el arranque del registro el 9 de enero de 2026 y dejó claro que la línea no vinculada será suspendida cuando venza el plazo el 30 de junio.

La discusión ya no es regulatoria. Es económica y social. En México, 83.1% de la población de 6 años y más se conectó a Internet en 2024. Además, 81.7% usó teléfono celular y 97.2% de quienes usan Internet se conectó mediante un smartphone. El dato clave está en la forma de pago. 79.9% de los usuarios de celular lo hace en prepago. En las líneas móviles de Internet, 84.4% son prepago.

Si la política termina en suspensión masiva de líneas, el golpe recae sobre el medio de acceso que más usan las personas. También nos hemos olvidado del impacto en el ámbito rural, donde la información sobre el registro de usuarios es aún más escasa. La campaña debe estar dirigida a todos los segmentos poblacionales: los padres de los menores de edad, jóvenes, adultos y personas adultas mayores, quienes tendrán más dificultades para hacer su registro.

Suspender la línea no sólo corta la voz. Corta datos. Corta autenticación. Corta pagos. Corta códigos de seguridad. Corta ubicación. Corta mensajería. Corta envíos de SMS para acceder a portales de Internet. Corta la puerta de entrada a todo lo digital.

Una persona sin línea deja de pedir un vehículo. Deja de pedir y recibir comida. Deja de vender en línea. Deja de recibir una transferencia. Deja de entrar a una app de banco. Deja de usar mensajería laboral. Deja de entrar a telemedicina. Deja de seguir clases.

El apagón móvil es una restricción de acceso a la economía y la vida digital cotidiana en un gobierno que se les llena la boca de pueblo. Primero los pobres, sí, ellos van a ser los primeros que su línea quede suspendida.

La dimensión económica del apagón móvil es inmensa. El INEGI informó que el Valor Agregado Bruto del Comercio Electrónico llegó en 2024 a 2,308,458 millones de pesos, equivalente a 6.9% del PIB. Eso significa que la economía digital es un sector de peso nacional.

Si tomamos ese dato como piso y hacemos un ejercicio simple de estrés, una disrupción de 10% de esa actividad equivaldría a unos 19,237 millones de pesos al mes o 632 millones al día. Es una estimación conservadora de lo que cuesta frenar una parte del flujo digital del país.

La suspensión golpea a plataformas de movilidad y entrega de alimentos, comercio electrónico, logística, finanzas, educación y salud. Golpea a quien trabaja en plataformas y a quien depende de la aplicación. Golpea al conductor que necesita datos para aceptar un viaje. Golpea al usuario que necesita un SMS para entrar a su cuenta. Golpea al comerciante que vende por Internet. Golpea al repartidor que vive de la ruta en tiempo real. Golpea al estudiante que aprende por conexión móvil. Golpea al paciente que agenda o recibe orientación por app. Lo que parece un trámite de identidad termina como una falla de red con efecto cascada.

El riesgo crece porque México es un país de prepago. La lógica del prepago es simple. Compra, recarga, usa. No depende de un contrato ni de una relación bancaria. Por eso, un registro mal diseñado castiga más a quien ya está más expuesto. El dato de INEGI sobre el uso de Internet también ayuda a entender el golpe. El 35.8% de quienes usan Internet hizo compras en línea en 2024. Esa conducta no vive en una sola plataforma. Se mueve entre mensajería, pagos, catálogos, redes, mapas y entregas. Si se interrumpe la línea, se interrumpe la cadena completa.

La verdad incómoda es que la política pública eligió un punto de castigo muy duro. La suspensión temporal de la línea puede tener sentido como última medida para combatir extorsión o fraude. Pero cuando el instrumento es masivo, la sanción también se vuelve masiva. Esta sanción aplicada sobre una infraestructura que es la principal vía de Internet para millones, se parece demasiado a un apagón de derechos digitales. El problema no es si el registro sirve para un fin de seguridad y prevención del delito, sino cuánto daño colateral produce cuando no alcanza la meta.

Por eso el diseño necesita una salida política. Una prórroga sería lo más sensato si el avance sigue tan lejos del 100%. Un esquema por etapas sería mejor que una suspensión en bloque. También cabría un acuerdo legislativo o administrativo para ampliar el plazo y proteger a usuarios de prepago, personas sin documentación completa y segmentos que dependen de la línea para trabajar.

Un regulador inteligente mide el éxito y el error, lo informa y lo corrige. México todavía tiene pendiente conectar y cerrar la brecha digital; estamos a 68 días de desconectar a un porcentaje indeterminado de usuarios de telefonía móvil. Ocurrirá en pleno Mundial de fútbol durante los dieciseisavos de final. En 10 semanas el país será el escaparate de múltiples líneas y derechos digitales suspendidos. Si el gobierno y la CRT querían visibilidad internacional, lo lograrán con el apagón móvil.

La economía digital mexicana ya está integrada en Internet como para soportar un cierre brusco. La línea móvil es la llave de entrada a la red. Si esa llave se cierra en masa, el costo del apagón será tecnológico, productivo, comercial y social. Cuando el daño recorra movilidad, pagos, compras, entregas y educación, entonces la discusión dejará de ser sobre identificación de usuarios, extorsión y fraude. Será sobre una política que, por querer ordenar la red, terminó por impedir el acceso a la vida digital.

Los resultados del más reciente análisis de la OCDE sobre conectividad, “OECD Digital Connectivity Review of Colombia”, confirman los avances logrados con determinación para cerrar la brecha digital y evidencia las bases que estamos dejando consolidadas para que el país dé un nuevo salto de crecimiento.

Uno de los logros más contundentes es la transformación de la infraestructura fija. Colombia se posicionó entre los siete países de la OCDE con mayor aumento en la participación de la fibra óptica en las conexiones de banda ancha fija. Este salto implica que el país migró aceleradamente hacia tecnologías de mayor capacidad, sentando las bases de una economía digital más robusta. De hecho, solo entre 2023 y 2024, Colombia fue el tercer país de la OCDE con mayor crecimiento anual en fibra, lo que confirma la velocidad del cambio.

Este resultado responde a una política decidida de expansión de infraestructura, que permitió sumar cerca de 5.800 kilómetros de nueva red de fibra óptica, teniendo en cuenta regiones históricamente rezagadas como el Pacífico, Chocó y Cauca, alcanzando un total de más de 25.000 kilómetros
acumulados a nivel nacional.

Además, los avances también son evidentes en términos de calidad, las principales ciudades del país alcanzan niveles de velocidad comparables, e incluso ligeramente superiores, al promedio de la OCDE. Asimismo, supera de forma consistente el desempeño de América Latina desde 2022. En pocos años, el país más que duplicó su velocidad promedio de descarga, pasando de 109,5 Mbps a 244,1 Mbps.

Lo anterior confirma que la inversión del Ministerio TIC para cerrar la brecha digital y llevar conectividad con propósito, de 3,3 billones de pesos corrientes entre 2023 y 2026, la más alta de la última década, está dando resultados concretos.

La diferencia se percibe claramente en la vida cotidiana. Con 109 Mbps, si alguien descargaba un juego pesado o veía contenido en 4K, el resto de la casa experimentaba lentitud en la conexión. En cambio, con 244 Mbps el “ancho de banda” es lo suficientemente amplio para que tres o cuatro personas hagan
streaming o videollamadas en alta definición simultáneamente, sin que a nadie se le trabe la imagen.

Este contraste refleja de manera tangible cómo la mejora en la infraestructura digital del país impacta directamente en la experiencia diaria de los usuarios. En cuanto al acceso móvil, el 100% de municipios en Colombia cuentan con cobertura 4G siendo esta la forma de conexión predominante, con 38,75
millones de accesos, equivalentes al 79%. En términos generales, el país supera 49 millones de conexiones móviles, una penetración de 92 por cada 100 habitantes.

En menos de dos años, el despliegue de redes 5G en el país ya representa el 14,2% de las conexiones móviles, es decir, cerca de siete millones de accesos, con velocidades cercanas a los 200 Mbps, comparables con servicios de internet fijo. A la fecha, Colombia cuenta con más de 3.000 estaciones base de 5G distribuidas en 184 municipios.

En términos comparativos con países que iniciaron antes, Colombia muestra un desempeño sólido en velocidades 5G, equiparable al promedio de los países de la OCDE y supera a varios países de América Latina, como Chile, México y Perú. Aunque aún hay camino por recorrer frente a los líderes, se están dando pasos firmes y dejando bases sólidas para que el país siga avanzando.

El mensaje de la OCDE refleja que Colombia ha construido bases sólidas, pero se encuentra en un punto de inflexión. El desafío ya no es solo conectar, sino asegurar calidad, competencia e inclusión en un entorno digital cada vez más complejo, marcado por la convergencia tecnológica y el auge de plataformas digitales.

Sin duda, este es el momento de Colombia. Estamos cerrando brechas históricas y sentando las bases para el futuro. El reto ahora es sostener este ritmo para seguir cerrando la brecha digital, fortalecer la educación digital y lograr que la conectividad con propósito se traduzca en equidad, productividad y oportunidades. Conectar no es el fin, sino el medio para avanzar como país.

Reforma Jorge F. Negrete P.

Nuestra sociedad digital, el nacimiento de los derechos humanos en el mundo digital, la competitividad económica de nuestro país, la innovación y preparar un México digital global depende de una simple conexión a Internet proporcionada por las empresas de infraestructura digital.

Te conectas y accedes al ejercicio de todos tus derechos fundamentales en un mundo digital: libertad de expresión, derecho a la información, a la educación, la cultura, la movilidad, al trabajo y, con ello, fortaleces instituciones democráticas e incluso a la República. Se han invertido miles de millones de dólares y desplegado la más poderosa infraestructura de nuestra civilización para garantizar este acceso.

El 30 de junio de este año termina el periodo que se otorgó a los usuarios de telefonía para registrar sus números y líneas de acceso. No cumplir esta disposición desencadena sanciones expresas como la suspensión del servicio, corte automático de llamadas, SMS y datos móviles.

En términos prácticos, significa la pérdida del derecho de acceso a Internet y demás servicios de telecomunicaciones. Se trata de una decisión mayúscula para nuestra sociedad, economía, el Estado y la República. Esta disposición legal fue apoyada incuestionablemente por todos los operadores de telecomunicaciones. Han cumplido con la ley y colaboran con la autoridad.

La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) establece este mandato. En consecuencia, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) emitió los Lineamientos respectivos. El paraguas bajo el cual nace esta iniciativa es el Marco de Seguridad Nacional y Pública. El objetivo es “fortalecer la seguridad pública, facilitar la investigación de delitos y reducir la impunidad en casos de extorsión y fraude telefónico”.

He sido prudente con el tema, pero dada la fecha inminente de cumplimiento y la instrucción de la CRC esta semana de seguir con el proceso, que debo señalar lo siguiente: hay un error monumental en el diseño legislativo que está orillando al regulador a ir en contra de su función.

¿Por qué necesito el registro? Es un principio de orden institucional para habilitar derechos fundamentales en el mundo digital. ¿Cuáles? Todos, incluido el derecho a la seguridad. Los derechos fundamentales son indivisibles e interdependientes. Por eso, fundar una política de registro de móviles a partir de la seguridad nacional y pública es parcial, injusto y condiciona el ejercicio de todos los derechos fundamentales a un enfoque restringido, que genera un efecto de marginación y juicio sumario administrativo.

No cumplir un requisito administrativo fundado en el marco de seguridad pública conculca de forma inmediata todos los derechos fundamentales. Una acción draconiana que el legislador no comprendió. Pierdes tu derecho de acceso a Internet sin el debido proceso.

¿Cómo garantizar la confianza en el registro? Es vital la fortaleza institucional del registro. Debe ir acompañado de una política pública robusta en ciberseguridad y el reposicionamiento del sistema de protección de datos personales, elevando esa área a nivel de una oficina independiente. La desconfianza surge por la historia reciente (6 años) de ataques en materia de ciberseguridad a distintas áreas del gobierno mexicano y el desprecio que existió a la privacidad y a los datos personales.

El efecto inmediato que puede existir es el uso uso masivo de e-sims o chips de otros países por la delincuencia organizada y la población en su conjunto. Cancelación masiva del derecho de acceso a Internet, constituyendo la mayor violación de derechos digitales que se haya visto en occidente.

La baja de ingresos para el gobierno en materia de economía digital y su consecuente impacto en empresas de Internet, plataformas de movilidad, pagos digitales y la pérdida de base de usuarios de los operadores de telecomunicaciones. El impacto mediático para el gobierno es innecesario y puede ser monumental nacional e internacionalmente.

Presidente de DPL Group

X / @fernegretep

En México está a punto de ocurrir un gran apagón digital. Mientras el reloj avanza hacia el 30 de junio de 2026, el país se asoma a un precipicio digital del que parece no haber retorno.

Las cifras, frías y contundentes, nos revelan una tragedia anunciada: el gobierno mexicano está a punto de desconectar a millones de ciudadanos por una simple y llana imposibilidad matemática.

Hablemos de la realidad que las propias autoridades han ofrecido a través de cifras. Hasta el día de hoy, se han logrado 30.2 millones de registros, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Suena a mucho, hasta que lo contrastas con el universo total de alrededor de 136.7 millones de líneas móviles que operan en el territorio nacional.

El avance es de apenas 22.1%. En más de tres meses de proceso, apenas se ha cubierto a una quinta parte de los usuarios.

El cálculo para el fracaso es simple. Desde que inició el registro el pasado 9 de enero del 2026, el promedio diario ha sido de apenas 296 mil registros.

Sin embargo, para no dejar a nadie a “oscuras” este 1 de julio, se requiere procesar 1.5 millones de líneas diariamente, de acuerdo con lo que contestó la comisionada presidenta de la CRT, a pregunta expresa de DPL News.

Lo que enfrentamos no es sólo un reto burocrático, es un tsunami de desconexiones. De mantenerse el promedio actual de líneas registradas diarias, más de 85 millones de líneas podrían ser suspendidas.

No estamos hablando únicamente de personas que perderán el acceso a sus redes sociales; hablamos de familias que perderán contacto, de comercios que no podrán cobrar, y de una economía digital que se detendrá en seco.

De acuerdo con lo que informó la CRT, quien no haga su registro antes de que termine junio, a partir del 1 de julio se le desconectará su línea móvil y sólo tendrá acceso a llamadas de emergencia.

Es alarmante la pasividad con la que se observa este fenómeno. La autoridad exige un ritmo de registro que no corresponde a la realidad de México, donde millones de usuarios en zonas rurales o con dispositivos limitados enfrentan barreras insalvables para cumplir con este requisito, además de que la sociedad mexicana se niega a registrarse porque tiene la preocupación de que sus datos aparezcan en el mercado negro, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.

La CRT ha señalado que el gobierno no será el encargado de resguardar los datos, sino las propias empresas de servicios móviles, pero los usuarios ni así están confiando en esta obligación que les impusieron, para supuestamente acabar con temas como la extorsión telefónica.

¿Qué pasará el 1 de julio? Si no hay una prórroga o un cambio radical de estrategia, México vivirá el mayor apagón de telecomunicaciones de su historia. Norma Solano, presidenta de la CRT dijo que por el momento no consideran una prórroga, pero tampoco la descartó.

Castigar al usuario con la desconexión por la ineficiencia de un proceso mal diseñado es, en el fondo, vulnerar el derecho constitucional de acceso a las tecnologías de la información.

La CRT presentó una campaña mediática masiva para llamar a la sociedad a hacer el registro, y creen que con ésta el ritmo de registros alcanzará los 1.5 millones diarios a partir de hoy y hasta el 30 de junio.

¿Es un objetivo alcanzable? No lo es. La matemática no miente, o se ajustan los plazos o nos preparamos para ver cómo millones de mexicanos quedan en el silencio digital por un decreto que nació desconectado de la realidad.

¡Nos leemos en la próxima #BigTech!