Resumen

El 12 de junio de 2026, el gobierno de los Estados Unidos ordenó a Anthropic suspender, mediante una directiva de control de exportaciones fundada en la seguridad nacional, el acceso de cualquier nacional extranjero a sus modelos de Inteligencia Artificial más avanzados, Fable 5 y Mythos 5.

La amplitud subjetiva de la orden, que comprende a los extranjeros situados dentro y fuera del territorio e incluso a los empleados no ciudadanos de la propia empresa, obligó a un cierre global del servicio.

El presente trabajo reconstruye los hechos verificados, examina el instrumento jurídico empleado (la doctrina del deemed export, trasladada por vez primera a un servicio de Inteligencia Artificial en la Nube), expone con equidistancia los argumentos del Estado y de la empresa, y ofrece una valoración del autor sobre la legitimidad y la proporcionalidad de la medida, así como sobre el precedente que con ella se inaugura.

I.  Planteamiento

La gobernanza de la Inteligencia Artificial transita de la metáfora regulatoria al hecho administrativo concreto.

Durante años, el debate sobre el control estatal de los sistemas de Inteligencia Artificial discurrió por el terreno de lo prospectivo: códigos de conducta, principios éticos, marcos voluntarios. El episodio que aquí se examina rompe esa inercia.

Por primera vez, un Estado ha empleado el instrumental clásico del control de exportaciones (concebido para municiones, bienes de doble uso y semiconductores avanzados) contra un modelo de lenguaje ya desplegado comercialmente, accesible hasta esa misma semana a centenares de millones de personas en todo el mundo.

El interés del caso para el jurista de las tecnologías de la información es triple. En el plano sustantivo, plantea si un programa informático de propósito general, distribuido como servicio,

puede ser objeto de un control de exportación sin desnaturalizar la categoría.

En el plano procedimental, interroga sobre las garantías de legalidad, motivación y proporcionalidad exigibles a una medida de efectos extraordinarios.

En el plano geopolítico, ilustra la creciente comprensión de los modelos de frontera como activos estratégicos de seguridad nacional.

El propósito de estas páginas no es tomar partido por ninguna de las partes, sino ofrecer un análisis documentado y, en su tramo final, una posición razonada del autor.

II.  Los hechos: cronología verificada

Conviene fijar primero el sustrato fáctico, depurado de la inevitable confusión de las primeras horas. El 12 de junio de 2026, a las 17:21 (hora del Este), Anthropic recibió del gobierno de los Estados Unidos una directiva de control de exportaciones que le ordenaba suspender todo acceso a Fable 5 y Mythos 5 por parte de cualquier nacional extranjero, dentro o fuera del territorio estadounidense, incluidos sus propios empleados no ciudadanos.¹

La comunicación se cursó mediante carta del Secretario de Comercio, Howard Lutnick, al director general de la compañía, Dario Amodei.²

La empresa sostuvo que su infraestructura no le permitía discriminar a los usuarios por nacionalidad en tiempo real con la fiabilidad que la orden exigía, de modo que, para garantizar el cumplimiento, optó por desactivar ambos modelos para la totalidad de su clientela y no sólo para los extranjeros.³

Aclaró, en cambio, que el resto de su catálogo, señaladamente Claude Opus 4.8, permanecía plenamente operativo.⁴

El contexto temporal acentúa la singularidad. Fable 5 se había presentado al público el 9 de junio, como la primera versión de clase Mythos abierta al mercado; Mythos, su modelo subyacente, se había previsualizado el 7 de abril (Mythos Preview) y conservado bajo acceso restringido, en el marco del consorcio Project Glasswing, por su notable aptitud para descubrir vulnerabilidades de software.⁵

Por su naturaleza, la medida constituye la primera retirada de servicio de un modelo de Inteligencia Artificial públicamente desplegado por intervención directa del gobierno federal.⁶

III.  El instrumento jurídico: el control de exportaciones y la doctrina del deemed export

El núcleo dogmático del caso reside en la técnica empleada. El control de exportaciones estadounidense, articulado en las Export Administration Regulations y administrado por el Departamento de Comercio, descansa en una ficción jurídica de notable alcance: la doctrina del deemed export.

Conforme a ella, poner tecnología controlada a disposición de un nacional extranjero, aun dentro del propio territorio, se reputa a efectos legales una exportación al país de origen de esa persona.⁷

Esta construcción explica dos rasgos que, de otro modo, resultarían desconcertantes. El primero, que la prohibición alcance a los extranjeros físicamente presentes en Estados Unidos e incluso a los empleados no ciudadanos de la empresa, pues respecto de ellos la mera puesta a disposición del modelo ya colma el supuesto de hecho.

El segundo, que la imposibilidad técnica de segregar el acceso por nacionalidad transforme una restricción nominalmente subjetiva en un apagado universal de facto.

La novedad, sin embargo, no es menor. El control de exportaciones se diseñó para la transferencia de bienes y de programas susceptibles de salir del país. Su aplicación a un servicio que se ejecuta íntegramente en servidores estadounidenses, sin que medie transferencia alguna de los pesos del modelo, aproxima la figura más a una retirada de producto que a una exportación en sentido propio.

La habilitación legal invocada, las genéricas autoridades de seguridad nacional, es amplia y, hasta la fecha, opaca: ni el comunicado de la empresa ni la información disponible permiten reconstruir con precisión la base normativa concreta ni el alcance temporal de la orden. Esta indeterminación resultará relevante para el juicio de proporcionalidad que más adelante se aborda.

IV.  La posición del gobierno: los argumentos a favor de la medida

La equidistancia obliga a formular con su mayor fuerza la tesis estatal, que la empresa, por razones evidentes, no desarrolla.

El primer argumento es el del doble uso. Mythos fue concebido y exhibido por su capacidad excepcional para hallar fallos de seguridad en código ajeno, y esa misma destreza que sirve al defensor sirve también al atacante.

Cuando una herramienta de semejante potencia ofensiva queda al alcance indiscriminado, el Estado puede legítimamente invocar el principio de precaución y anteponer la contención del riesgo a la continuidad comercial.

El segundo argumento es competencial y difícilmente rebatible en abstracto: corresponde al poder público, y no a la autorregulación empresarial, la decisión última sobre qué capacidades tecnológicas pueden circular libremente cuando está en juego la seguridad colectiva.

La propia Anthropic admite que el Estado debe poder bloquear despliegues inseguros.⁸ El desacuerdo, por lo tanto, no recae sobre la potestad, sino sobre su ejercicio concreto.

El tercer argumento es de oportunidad. Si las autoridades habían recibido la demostración creíble de una técnica capaz de desbloquear las capacidades de ciberataque del modelo, la lógica de la seguridad nacional favorece la actuación inmediata frente a la deliberación pausada: el coste de un falso negativo, esto es, permitir que persista una capacidad peligrosa se juzga superior al de un falso positivo.

La información disponible atribuye, además, el hallazgo de la elusión a un tercero del sector,⁹ lo que, desde la perspectiva gubernamental, reforzaría la verosimilitud del riesgo.

A lo anterior se añade un dato que, de confirmarse, robustecería el relato oficial. Según declaraciones del responsable de política de Inteligencia Artificial de la Casa Blanca, Anthropic habría sido advertida de la elusión y se habría resistido a corregirla; y en torno al 9 y 10 de junio circuló, por añadidura, un procedimiento de bypass divulgado públicamente. De ser exactos esos extremos, la intervención no respondería a un hallazgo meramente verbal, sino a una negativa previa de la empresa frente a un riesgo ya conocido.¹⁰

V.  La posición de Anthropic: los argumentos en contra

La empresa no impugna la potestad del Estado, pero censura tanto el fundamento fáctico como la proporción de la medida.

Sostiene, en primer término, que la única prueba recibida fue verbal y consistía en un jailbreak estrecho y no universal, en esencia pedir al modelo que leyera un código fuente determinado y corrigiera sus defectos, que revelaba vulnerabilidades menores ya conocidas, localizables por otros modelos de acceso público, incluido GPT-5.5 de OpenAI, sin necesidad de elusión alguna.¹¹

En segundo término, alega un vicio de proporcionalidad: retirar globalmente un producto desplegado a centenares de millones de usuarios por un hallazgo acotado y reversible quiebra la correspondencia exigible entre el medio y el fin.

La empresa advierte, además, de un efecto sistémico: de generalizarse ese estándar a toda la industria, se detendría de hecho el despliegue de cualquier nuevo modelo de frontera, pues la resistencia perfecta a la elusión no es hoy alcanzable por ningún proveedor.¹²

En tercer término, reivindica la solidez de sus salvaguardas, objeto de miles de horas de prueba con organismos públicos y terceros independientes, entre ellos el AI Security Institute británico, ninguno de los cuales halló una elusión universal.

Invoca asimismo su estrategia de defensa en profundidad, que combina barreras de contención, el encaminamiento de las consultas sensibles hacia modelos de menor capacidad y la conservación de datos para la detección temprana de ataques.¹³

La conclusión de la compañía es que existe un malentendido y que la actuación no se ajusta a los principios de transparencia, equidad y fundamentación técnica que ella misma reclama para la intervención estatal.

VI.  Balance crítico: pros y contras del precedente

Del contraste anterior pueden extraerse, con honestidad analítica, ventajas e inconvenientes del precedente.

Entre las primeras figura el reconocimiento explícito de que los modelos de frontera son tecnologías de doble uso sometidas al interés público, lo que disipa la cómoda ficción de su neutralidad.

La medida demuestra, asimismo, que el Estado dispone de palancas efectivas de intervención sobre las infraestructuras de Inteligencia Artificial y que la autorregulación no es la última palabra, y obliga al sector a internalizar el riesgo de seguridad nacional como variable de diseño y no como mera externalidad.

Los inconvenientes, sin embargo, son de mayor calado. El primero es el déficit de motivación y de debido proceso: una orden de efectos globales sustentada en evidencia verbal y sin explicitar su base normativa compromete la seguridad jurídica y la tutela del afectado.

El segundo es la desproporción entre la causa invocada, un riesgo acotado y el efecto producido, un apagado universal, agravada por la indeterminación temporal de la restricción.

El tercero es el sobrealcance extraterritorial que la doctrina del deemed export proyecta sobre un servicio en la Nube, con la paradoja de penalizar al usuario nacional para alcanzar al extranjero.

El cuarto inconveniente es de gobernanza y reviste particular gravedad. La información periodística sitúa el origen del aviso en Amazon, a la vez competidor, mayor inversor, integrante del consejo y proveedor de Nube de Anthropic; su director general habría trasladado el hallazgo a altos cargos del Ejecutivo, entre ellos el Secretario del Tesoro, al margen de los cauces de divulgación coordinada de vulnerabilidades.¹⁴

La concurrencia de esos papeles introduce un evidente riesgo de captura y de conflicto de intereses, que ni siquiera se atenúa por el hecho de que la propia infraestructura del denunciante resultara también afectada por el cierre.

El quinto inconveniente es geopolítico: frenar el modelo occidental más capaz puede beneficiar, de modo indirecto, a los competidores estratégicos que justamente se pretendía contener.¹⁵

A ello se suma una circunstancia que el análisis no debe pasar por alto: el apagón coincidió con la presentación por Anthropic de su folleto confidencial de salida a bolsa, lo que eleva tanto las consecuencias reputacionales del episodio como la sensibilidad de su apariencia de imparcialidad.¹⁶

VII.  Posición del autor

Expuestas ambas tesis, corresponde fijar una posición, que procuro situar por encima de la coyuntura y de la simpatía hacia cualquiera de las partes. Mi conclusión es matizada: la medida es legítima en su principio y correcta en su titularidad, pero censurable en su forma y dudosa en su proporción.

Es legítima porque el control de las capacidades tecnológicas de riesgo constituye una función indeclinable del Estado, y porque la naturaleza de doble uso de estos modelos, cuya aptitud para descubrir vulnerabilidades es a la vez un bien defensivo y un arma, justifica que la seguridad nacional opere como límite a la libre circulación del software.

En esto coincido con la premisa, no contradicha por la empresa, de que el poder público puede bloquear despliegues inseguros.¹⁷

Es, en cambio, censurable en su forma. Una decisión administrativa de efectos extraordinarios no puede descansar en evidencia meramente verbal, carecer de motivación escrita suficiente ni omitir la determinación de su base normativa y de su vigencia temporal.

Los principios de legalidad, motivación, contradicción y proporcionalidad no son ornamentos del Estado de derecho: son su sustancia, y deben regir también, con mayor razón, cuando la materia es novedosa y el poder actúa con urgencia. El control judicial o administrativo posterior se torna ilusorio si el acto no se deja conocer.

Y es dudosa en su proporción. Si el riesgo acreditado era acotado, no universal y reproducible por modelos ya disponibles, la respuesta adecuada no era la retirada global del producto, sino una medida graduada, como la suspensión cautelar de la funcionalidad comprometida, una auditoría contradictoria y un plazo de subsanación, acompañada de las debidas garantías procedimentales.

La proporcionalidad exige escoger, entre los medios idóneos, el menos lesivo, y el apagado total no parece superar ese tamiz a la luz de los datos conocidos.

Conviene matizar, no obstante, que esta valoración queda sujeta a los hechos que lleguen a acreditarse: si se confirmara que la empresa fue advertida y desatendió el riesgo, el reproche de desproporción habría de revisarse a la baja.

De lo anterior deriva, a mi juicio, la enseñanza normativa central del episodio. La lección no es que el Estado se haya excedido en su derecho a intervenir, que no lo hizo, sino que ejerció una potestad legítima por un cauce equivocado.

La regulación de los modelos de frontera no debe quedar entregada a la analogía forzada con instrumentos concebidos para los chips o las municiones. Se impone una lex specialis que reconozca la singularidad del servicio de Inteligencia Artificial, su ejecución centralizada, su alcance global y su carácter de doble uso, y que dote a la potestad estatal de un cauce reglado: causa típica, motivación suficiente, audiencia de la empresa, proporcionalidad de la respuesta y revisión independiente.

Sólo así podrá conciliarse la seguridad nacional con la seguridad jurídica, sin sacrificar ninguna de ambas en el altar de la otra.

VIII.  Conclusiones

Primera. El caso Fable 5 y Mythos 5 inaugura la aplicación del control de exportaciones a un modelo de Inteligencia Artificial de propósito general desplegado como servicio, mediante la doctrina del deemed export, con efectos prácticos de apagado universal.

Segunda. La potestad estatal de intervención es legítima y resulta admitida por la propia empresa; el conflicto se circunscribe al fundamento fáctico, a la forma del acto y a su proporcionalidad.

Tercera. El precedente aporta el reconocimiento del carácter estratégico y de doble uso de los modelos de frontera, pero adolece de un serio déficit de debido proceso, de un probable exceso de proporción y de riesgos de captura y de contraproductividad geopolítica.

Cuarta. El episodio reclama un marco jurídico específico para el control de los despliegues de Inteligencia Artificial, sustentado en garantías procedimentales, que sustituya la analogía con regímenes pensados para realidades tecnológicas distintas.

Referencias

1. Anthropic, “Statement on the US government directive to suspend access to Fable 5 and Mythos 5”, comunicado oficial, 12 de junio de 2026, en https://www.anthropic.com/news/fable-mythos-access (consultado el 14 de junio de 2026). Constituye la fuente primaria de este trabajo.

2. Según The Wall Street Journal, con reportes concurrentes de Bloomberg y Axios, la directiva se remitió mediante carta del Secretario de Comercio, Howard Lutnick, al director general de Anthropic, Dario Amodei. El propio comunicado de la empresa precisa que la carta no detalló la concreta preocupación de seguridad nacional.

3. Cfr. CNBC, “Anthropic disables access to Fable 5 and Mythos 5 to comply with government directive”, 12 de junio de 2026, y NBC News, “Anthropic suspends new AI models after government directive”, 13 de junio de 2026. Ambos sitúan la recepción de la orden a las 17:21 (hora del Este) y el consiguiente apagado total del servicio.

4. Fortune, “Anthropic disables Fable and Mythos AI models following U.S. government export ban”, 13 de junio de 2026, que precisa que la restricción alcanza incluso a empleados no ciudadanos de Anthropic dentro de los Estados Unidos y que el resto del catálogo, entre ellos Claude Opus 4.8, permanece operativo.

5. TechCrunch, “Anthropic’s safety warnings may have just backfired”, 12 de junio de 2026, y la entrada enciclopédica “Claude Mythos” (con remisión a Fortune y Axios) sobre la previsualización del 7 de abril de 2026 y el consorcio Project Glasswing. Fable 5 se liberó al público el 9 de junio, tres días antes de la orden.

6. NBC News, op. cit., subraya que sería la primera ocasión en que una empresa líder de Inteligencia Artificial retira de servicio un modelo ya desplegado públicamente por intervención del gobierno federal.

7. Cfr. 15 C.F.R. § 734.13 (Export Administration Regulations), que codifica la doctrina del deemed export: la liberación de tecnología controlada a un nacional extranjero en territorio estadounidense se reputa exportación al país de éste. Véase asimismo boesl.org, “Anthropic Export Control on Claude Fable and Mythos 5”, 13 de junio de 2026.

8. Anthropic, “Policy on the AI Exponential”, en https://www.anthropic.com/policy-on-the-ai-exponential. La empresa sostiene que el Estado debe poder bloquear despliegues inseguros, si bien a través de un procedimiento estatutario transparente, justo y fundado en hechos técnicos.

9. Según The Wall Street Journal, recogido por explainx.ai (“Why Did the US Gov Ban Fable 5?”, 12 de junio de 2026) y por TechPolicy.Press, la técnica de elusión se habría originado en Amazon, socio de Nube e inversor de Anthropic, y se habría comunicado a la Administración por una vía distinta de la divulgación coordinada al fabricante afectado.

10. El relato divergente procede de declaraciones públicas de David Sacks, responsable de política de Inteligencia Artificial de la Casa Blanca, conforme a las cuales Anthropic se habría negado a corregir la elusión; reconstrucciones periodísticas (implicator.ai, 13 de junio de 2026) sitúan, además, la difusión de un procedimiento de bypass público en torno al 9 y 10 de junio. La empresa disputa esa versión. Se consigna en aras de la equidistancia y a reserva de su ulterior acreditación.

11. Supra, nota 1. El propio comunicado califica la prueba aportada por el gobierno como un jailbreak estrecho y no universal, consistente en pedir al modelo que lea un código fuente específico y corrija sus defectos, y afirma que esa misma capacidad ofrecen otros modelos de acceso público, señaladamente GPT-5.5 de OpenAI, de uso rutinario entre defensores de ciberseguridad.

12. Euronews, “Why Anthropic is halting access to its Fable 5 and Mythos 5 AI models”, 13 de junio de 2026, que recoge la defensa de las salvaguardas por parte de Anthropic, su advertencia sobre el efecto sistémico y las primeras reacciones políticas en Europa.

13. Anthropic, comunicado cit., y Fortune, art. cit.: la compañía afirma haber sometido los modelos a miles de horas de evaluación con el Gobierno de los Estados Unidos, el AI Security Institute británico y terceros independientes, sin que se hallara una elusión universal.

14. The Wall Street Journal, reconstruido por implicator.ai y TechPolicy.Press (13 de junio de 2026): Andy Jassy, director general de Amazon y, a la vez, mayor inversor, integrante del consejo y proveedor de Nube de Anthropic, habría trasladado el hallazgo a altos cargos del Ejecutivo, entre ellos el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, con anterioridad a la carta de Comercio. La propia AWS resultó afectada por el cierre.

15. Cfr. Xataka, “Estados Unidos pulsa el botón del miedo con Claude Mythos y Fable 5”, 13 de junio de 2026, que advierte del beneficio competitivo indirecto para terceros Estados, singularmente China, derivado de frenar el despliegue del modelo occidental más capaz.

16. Quartz y Time (13 de junio de 2026) sitúan el cierre pocos días después de que Anthropic presentara de forma confidencial su folleto de salida a bolsa, con cifras de ingresos y de valoración de primer orden. El dato se consigna por su pertinencia para el juicio de oportunidad y de apariencia, sin que de él quepa inferir intención alguna.

17. Sobre el potencial de doble uso (dual-use) de las tecnologías de la información y su tensión con los principios de legalidad y proporcionalidad, me remito a Téllez Valdés, J., Derecho Informático, 5ª ed., McGraw-Hill, México.

Nota metodológica. Los hechos se contrastaron con el comunicado oficial de Anthropic (fuente primaria) y con coberturas concurrentes de The Wall Street Journal, Bloomberg, Reuters, CNBC, NBC News, Fortune, Time, Quartz, Al Jazeera, TechCrunch, Euronews, TechPolicy.Press y Xataka, entre otras, accesibles los días 13 y 14 de junio de 2026. Las apreciaciones jurídicas y la posición final son responsabilidad exclusiva del autor.

Existe un dato que debería hacer repensar toda la arquitectura de cobranza en el sector financiero: 70% de los clientes con deuda vencida prefieren cambiar su número de teléfono antes que contestar una llamada de cobro. No desaparecen porque no quieran pagar. Desaparecen porque el canal los obliga a una confrontación para la que no están preparados.

El teléfono, que durante décadas fue el instrumento central de la recuperación de cartera, se ha convertido en el principal generador de fricción entre acreedor y deudor. La paradoja es que vivimos en la era de mayor conectividad de la historia. El problema no es el cliente. Es el canal.

El diseño de la fricción y sus consecuencias financieras

Desde la neurociencia del comportamiento, una llamada entrante de un número identificado como institución financiera activa de inmediato el sistema de respuesta a amenazas. El cerebro no procesa la deuda: procesa el riesgo social. La reacción es ansiedad, vergüenza y, en consecuencia, evasión.

Esto tiene consecuencias directas en los estados financieros. Un cliente que evade no es necesariamente un cliente que no puede pagar. Es un cliente que no quiere enfrentar la fricción emocional del proceso. Y cuando la cobranza está diseñada sobre ese modelo de confrontación, la cartera vencida se profundiza no por insolvencia, sino por diseño deficiente.

La variable crítica que el canal telefónico elimina es la autonomía. La investigación en economía conductual es consistente: las personas son significativamente más propensas a cumplir compromisos financieros cuando sienten que controlan el proceso. Cuando alguien llama, interrumpe y exige respuesta inmediata, la reacción natural es la fuga, no el pago.

El dispositivo como infraestructura de cobranza

Aquí es donde la tecnología redefine la ecuación. En América Latina, la penetración de suscriptores únicos de servicios móviles alcanzó 70% en 2024, con adopción de smartphones que pasará de 81% actual a 93% proyectado para 2030. Un porcentaje creciente de esos dispositivos llega a manos del usuario a través de financiamiento directo del operador o del retailer.

Ese mismo dispositivo financiado puede convertirse, con el consentimiento explícito del usuario, en el canal de comunicación más eficiente para la gestión de pagos. No mediante un SMS que se pierde entre decenas de notificaciones, sino a través de interacciones directas en pantalla que llegan en el momento adecuado, con información precisa y opciones de acción inmediata.

Plataformas especializadas en este modelo —como las que operamos e implementamos en PrimeQuest Solutions a través del portafolio de Datacultr (TrueDigi para comunicación y gestión en pantalla; Odyssey para control de cumplimiento del dispositivo)— transforman el dispositivo financiado en un canal de diálogo, no de presión. La contactabilidad real deja de ser un problema operativo para convertirse en una variable controlada.

La promesa de pago como arquitectura de comportamiento

Uno de los conceptos más sólidos en psicología del comportamiento financiero es el del compromiso elegido. Cuando una persona selecciona por sí misma una fecha de pago —sin que nadie la acorrale a responder en medio de una llamada incómoda— ese compromiso tiene un peso psicológico sustancialmente mayor que uno arrancado bajo presión.

Los flujos digitales de Promise to Pay (PTP) operan exactamente sobre este principio. El cliente ve su situación, procesa la información en privado y elige: “Pago el viernes.” No hay explicaciones que dar. No hay silencio incómodo al otro lado de la línea. Sólo una interfaz que pregunta cuándo puede, en lugar de exigir que pague ahora.

El resultado no es sólo recuperación de cartera. Es preservación de la relación comercial. En modelos como el BNPL (Buy Now, Pay Later), donde la promesa central al usuario es una experiencia de crédito digital fluida y casi invisible, la forma en que se gestiona el incumplimiento puede destruir —o reforzar— exactamente esa experiencia diferenciadora.

El marco regulatorio en América Latina: el consentimiento como eje técnico-legal

Este tipo de soluciones no operan en un vacío legal. La tecnología de gestión de dispositivos financiados —incluido el control de funcionalidades en caso de incumplimiento— requiere un fundamento contractual sólido. En América Latina ese fundamento existe, aunque con matices por país.

El principio operativo es uno: el consentimiento informado del usuario debe preceder cualquier interacción tecnológica sobre el dispositivo. Cuando el cliente firma el contrato de financiamiento y acepta explícitamente los términos —incluidas las notificaciones, recordatorios y, en última instancia, restricciones por incumplimiento total— esa gestión digital queda vinculada contractualmente al crédito y adquiere validez legal en el marco regulatorio regional.

Los países de la región han avanzado de forma consistente en esta dirección. México fue pionero con su Ley Fintech de 2018, que establece como principio central la obtención del consentimiento expreso del cliente antes de cualquier operación o modificación de condiciones a través de canales digitales. 

Chile promulgó su Ley Fintech (N.º 21.521) en enero de 2023, que exige firma electrónica certificada para garantizar la autenticidad de consentimientos y contratos digitales, bajo la supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). 

Colombia, por su parte, opera bajo la Ley 1581 de 2012 de protección de datos, que obliga a consentimiento informado para cualquier uso de información personal en entornos fintech. Su Superintendencia de Industria y Comercio ha emitido instrucciones específicas que prohíben expresamente las prácticas de cobranza bajo amenaza o constreñimiento. 

En Perú, la Ley de Firmas y Certificados Digitales (N.º 27269) establece la validez jurídica de los contratos digitales como base para este tipo de operaciones.

En todos los mercados donde se apliquen estas soluciones —incluidos Ecuador, Argentina y Costa Rica— el patrón es el mismo: transparencia contractual, consentimiento previo explícito y proporcionalidad en la respuesta al incumplimiento. El bloqueo de dispositivo, cuando existe, es el último recurso de una cadena de interacciones diseñada para evitar precisamente ese desenlace.

La tecnología de cobranza digital no es, en este esquema, un mecanismo de coerción. Es un mecanismo de comunicación preferida con respaldo contractual.

Eficiencia operativa como consecuencia, no como objetivo

Para los operadores de telecomunicaciones, las instituciones de crédito al consumo y los retailers que financian electrónica o muebles, la cobranza digital no es sólo un tema de recuperación. Es un tema de arquitectura operativa.

Un call center diseñado para perseguir clientes que no contestan es costoso, ineficiente y cada vez más indefendible ante una junta directiva en 2026. La automatización inteligente del proceso no reemplaza al equipo humano: lo reasigna. 

El canal digital absorbe el volumen —recordatorios, PTPs, gestión de planes de pago— mientras el equipo humano atiende los casos que genuinamente requieren juicio: negociaciones complejas, reestructuración de cartera, retención estratégica.

La cobranza como diseño de experiencia

En un mercado donde 62% de los latinoamericanos carece de acceso pleno a servicios financieros formales, las instituciones que otorgan crédito no compiten sólo en tasas y plazos. Compiten en confianza. Y la confianza se gana o se pierde en los momentos de fricción, no en los de venta.

Una cobranza diseñada tecnológicamente —con respeto a la privacidad, en canales que el usuario elige, en momentos que él controla— transforma la experiencia del incumplimiento en una oportunidad de retención en lugar de una causa de deserción.

El cliente que hoy te evita no quiere quedar mal contigo. Sólo necesita un canal que no le genere miedo para regularizarse. La tecnología, bien aplicada y con el marco contractual correcto, puede ser exactamente eso.

Referencias

GSMA — Mobile Economy Latin America 2025 https://noticias.frecuenciaonline.com/2025/03/06/latinoamerica-en-el-mobile-economy-report-2025-todo-sobre-latam/

Banco Mundial — Desconectados: los 240 millones de latinoamericanos que deciden no acceder a internet https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2023/11/14/desconectados-los-240-millones-de-latinoamericanos-que-deciden-no-acceder-a-internet

Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (México, 2018) — CNBV https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20para%20Regular%20las%20Instituciones%20de%20Tecnolog%C3%ADa%20Financiera.pdf

Banco de México / CNBV — Disposiciones sobre consentimiento expreso en canales de instrucción digitales https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610487&fecha=28/01/2021

DLA Piper — Regulación Fintech: Finanzas Abiertas en Chile y México https://www.dlapiper.com/es-cl/insights/publications/2023/04/regulacion-fintech-finanzas-abiertas

Garrigues Digital — Así avanza la regulación de las fintech en Colombia, Chile, México y Perú https://www.garrigues.com/es_ES/garrigues-digital/asi-avanza-regulacion-fintech-colombia-chile-mexico-peru

Thomas Signe — Regulación fintech en Latinoamérica: confianza y ventaja competitiva https://www.thomas-signe.co/blog/regulacion-fintech-en-latinoamerica-como-cumplir-la-normativa-en-temas-de-confianza-y-convertirla-en-ventaja-competitiva

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia — Instrucciones para operaciones fintech y protección al consumidor https://www.sic.gov.co/slider/superindustria-imparte-instrucciones-para-las-operaciones-de-financiacion-traves-de-medios-tecnologicos-fintech

Foro Económico Mundial — Cómo una regulación centralizada impulsa la revolución fintech en América Latina https://es.weforum.org/stories/2025/07/como-una-regulacion-centralizada-esta-impulsando-la-revolucion-fintech-en-latinoamerica/

Durante buena parte de la era digital, los operadores de telecomunicaciones han ocupado la posición menos agradecida de la economía tecnológica. Construyeron la infraestructura, financiaron la fibra, desplegaron las redes móviles y soportaron el crecimiento del tráfico, sólo para descubrir que la mayor parte del valor se generaba en otra parte. 

Las plataformas, las empresas de software y los hyperscalers se quedaron con los mejores márgenes, mientras quienes hicieron posible el sistema cargaron con una intensidad de capital cada vez mayor, poco poder de fijación de precios y retornos persistentemente mediocres.

Ésa fue la gran frustración de la era de Internet: las telecom se volvieron indispensables, pero no lo suficientemente rentables. 

Ahora la Inteligencia Artificial amenaza con repetir la historia, pero a una escala todavía mayor. Si los operadores no cambian de lógica, volverán a poner los cimientos de una nueva ola tecnológica mientras otros capturan la mayor parte de su valor económico y estratégico.

Por eso importa tanto el paso de los gigabytes a los tokens.

Un token es una pequeña unidad de lenguaje que procesa un modelo de Inteligencia Artificial. Puede ser una palabra, una parte de una palabra o un símbolo. En términos prácticos, es uno de los elementos mínimos con los que un sistema de IA lee, escribe, resume, traduce o razona. 

El término suena técnico, pero su relevancia es económica. Un gigabyte nos dice que los datos se movieron por una red. Un token nos dice que una máquina hizo algo con esos datos. Uno mide transporte. El otro empieza a medir inteligencia en uso.

Técnicamente, los tokens no van a sustituir los gigabytes en telecomunicaciones. Las redes seguirán evaluándose por capacidad, cobertura, latencia y tráfico. 

Pero para cualquier operador que quiera construir un negocio serio alrededor de servicios de IA, los tokens se están volviendo indispensables para entender dónde se crea el valor. Sirven para saber cuánto cuesta entregar un servicio de IA, qué tan intensamente se utiliza, qué productos consumen recursos de manera desproporcionada y en qué parte del negocio se gana o se pierde margen. 

En ese sentido, el token pesa menos en la tarifa visible al cliente y mucho más en la economía interna del operador.

Ahí está, precisamente, el riesgo de volver a equivocarse. Si las telecos tratan la IA como un simple detonador adicional de demanda de banda ancha, repetirán la lógica que las dejó mal posicionadas en la primera etapa de la economía digital. 

El tráfico crecerá, la presión de inversión seguirá siendo alta y las capas más rentables del mercado volverán a desplazarse hacia quienes controlan los modelos, el software, la orquestación y la relación con el cliente. Los operadores harán otra vez el trabajo pesado mientras otros se quedan con la renta.

La lección ya debería ser evidente. La conectividad sigue siendo esencial, pero ser esencial no es lo mismo que tener poder económico. Los ferrocarriles son esenciales. Las redes eléctricas son esenciales. Los sistemas de agua son esenciales. Ninguno de ellos, por el simple hecho de ser indispensable, captura automáticamente la mayor parte del valor. La red ya no es el producto final. Es la plataforma sobre la cual deben construirse servicios mucho más valiosos.

Entonces, ¿qué tendrían que hacer los operadores?

Dejar de verse, ante todo, como vendedores de acceso y empezar a comportarse como proveedores de inteligencia segura, confiable y útil para resolver problemas del mundo real. 

Su oportunidad no está en intentar convertirse en desarrolladores de modelos frontera ni en competir como marcas de IA de consumo. Su oportunidad está en combinar activos que pocos pueden reunir al mismo tiempo: conectividad, Edge Computing, Centros de Datos locales, ciberseguridad, identidad, cumplimiento regulatorio, baja latencia y aseguramiento del servicio.

En México, la ruta más creíble pasa por el mercado empresarial y por el sector público. Pasa por construir entornos de IA con control local de datos, cumplimiento regulatorio y mayor visibilidad operativa para empresas e instituciones que no pueden colocar cargas sensibles en sistemas opacos o fuera de su marco normativo. 

Pasa por convertir sitios de edge y Centros de Datos en infraestructura distribuida de inferencia, capaz de soportar aplicaciones de baja latencia y alto cumplimiento. Y pasa por ofrecer servicios de IA seguros para manufactura, salud, logística, utilities y gobierno, donde la resiliencia, la confianza y la integración pesan tanto como el modelo mismo.

México tiene una ventaja que no debería subestimar. Su peso manufacturero, su integración con Norteamérica, el impulso del nearshoring y la necesidad de digitalizar cadenas productivas enteras hacen que la discusión sobre IA no sea teórica. 

En México, la IA puede traducirse en plantas más productivas, cadenas logísticas más visibles, servicios públicos más ágiles, centros de atención más eficientes y procesos industriales mucho más automatizados. Ese es el terreno en el que una teleco puede aspirar a capturar más valor.

Un cliente empresarial no quiere tokens en abstracto. Quiere un asistente multilingüe para atención al cliente, un copiloto industrial, un sistema de visión para control de calidad en una fábrica, una plataforma de automatización para una red logística o un entorno seguro para cargas sensibles. 

Ahí es donde se asignan presupuestos relevantes y donde pueden defenderse mejores márgenes. Pero detrás de esos servicios, los operadores tendrán que aprender un nuevo lenguaje económico. Tendrán que pensar no sólo en gigabytes transportados, sino también en tokens procesados, modelos servidos, inferencias ejecutadas, APIs expuestas y resultados garantizados.

Eso no significa mandarle al cliente residencial una factura desglosando tokens consumidos. En el mercado masivo, eso sería absurdo. La mayoría de los usuarios quiere ofertas simples, claras y predecibles, no contabilidad técnica. 

Pero la simplicidad hacia afuera no elimina la necesidad de sofisticación hacia adentro. Al contrario: si los operadores quieren poner precios con sentido, proteger márgenes y asignar capital con inteligencia, van a necesitar exactamente ese tipo de medición. 

Lo más probable es que el token no se convierta en una unidad de cobro masivo; lo más probable es que se convierta en una herramienta de gestión para un negocio telecom más inteligente.

La apuesta, además, es especialmente importante para México. Si los operadores mexicanos no hacen este movimiento, corren el riesgo de quedarse como actores regulados, intensivos en capital y con poco control sobre la parte más valiosa del negocio: financiando la infraestructura mientras hyperscalers, proveedores de modelos y plataformas extranjeras capturan las posiciones de mayor valor. 

Ese no sería sólo un problema comercial. Sería también una pérdida de relevancia industrial en un momento en el que México tiene la oportunidad de subir de nivel en manufactura avanzada, servicios digitales y cadenas de valor regionales.

La ventana, sin embargo, sigue abierta. Los operadores mexicanos conservan activos que sí importan en la era de la IA: huella territorial, relaciones con empresas, resiliencia operativa, confianza local, experiencia regulatoria y capacidad para garantizar desempeño en entornos seguros, de baja latencia y misión crítica. 

No son ventajas espectaculares. Son ventajas reales. Y en un mundo donde la Inteligencia Artificial se va a insertar cada vez más en fábricas, hospitales, redes de energía, sistemas públicos y cadenas logísticas, pueden volverse decisivas.

El obstáculo es tanto cultural como estratégico. Demasiado del sector sigue hablando el lenguaje de cobertura, velocidad, tarifas y paquetes, como si vender más conectividad bastara para capturar más valor. No basta. 

Esas métricas siguen importando, pero describen insumos, no control de la cadena de valor. El futuro no pertenecerá a las empresas que sólo transporten más tráfico. Pertenecerá a las que conviertan sus redes en plataformas confiables sobre las que va a operar la economía de la inteligencia.

Durante años, los operadores construyeron las carreteras de la era digital mientras otros cobraban las casetas. La Inteligencia Artificial les ofrece hoy la mejor oportunidad en una generación para subir en la cadena de valor. Pueden seguir siendo la infraestructura sobre la que otros construyen el negocio, o pueden reclamar una parte mucho mayor de ese valor.

Katia González – Directora de Estrategia Global de Políticas Públicas de Somos

El nuevo marco regulatorio del registro obligatorio de líneas móviles impulsado en México se configura como una de las iniciativas más ambiciosas de la región en materia de telecomunicaciones vinculadas a la identidad del usuario. 

Su objetivo principal es contribuir a la prevención de delitos como la extorsión, el fraude y otras formas de comunicación ilícita mediante la eliminación del anonimato en el uso de numeración móvil. 

La medida establece la obligación de asociar cada número móvil a una persona física o jurídica cuya identidad deberá ser debidamente verificada. Los usuarios deberán registrar sus líneas antes del 30 de junio de 2026; en caso contrario, las líneas podrán ser suspendidas a partir del 1 de julio de 2026. 

Este enfoque se inscribe en una tendencia internacional orientada a reforzar la gobernanza de los recursos de numeración, incrementar la transparencia y reducir el uso indebido de las infraestructuras de telecomunicaciones. 

No obstante, presenta diferencias sustanciales respecto de los modelos adoptados en otras jurisdicciones como Reino Unido, Irlanda, España, Francia o Estados Unidos. 

Mientras que estos últimos priorizan la autenticación de las comunicaciones y la integridad de la numeración, el modelo mexicano se centra fundamentalmente en la trazabilidad del titular de la línea. 

Esta distinción no es meramente técnica: un registro de abonados permite identificar al titular formal de una línea, pero no garantiza que las comunicaciones originadas desde dicha numeración sean auténticas, legítimas o no hayan sido manipuladas.

En este contexto, surge una cuestión clave: ¿la eliminación del anonimato contribuye de manera efectiva a reforzar la confianza en las comunicaciones o genera principalmente una percepción de seguridad sin abordar los vectores más relevantes del fraude moderno? 

Análisis 

El incremento del fraude apoyado en infraestructuras y servicios de telecomunicaciones ha situado progresivamente en el centro del debate regulatorio la necesidad de una gestión más eficaz de los recursos de numeración. 

En los últimos años, reguladores de Europa, Norteamérica y diversas jurisdicciones de Asia-Pacífico han intensificado sus actuaciones para reforzar el control sobre dichos recursos mediante instrumentos como las listas Do Not Originate (DNO), destinadas a identificar numeraciones que no deberían originar tráfico, los registros de 

numeración, los sistemas de autenticación de llamadas, los procedimientos de traceback para la trazabilidad del origen de las comunicaciones, los mecanismos de validación de la integridad del CLI (Calling Line Identifier) y distintas obligaciones regulatorias orientadas a combatir las robocalls, la suplantación de identidad y otras modalidades de fraude. 

Las iniciativas DNO impulsadas por Ofcom en el Reino Unido, las medidas adoptadas por ComReg en Irlanda, el creciente foco regulatorio de España y Francia sobre la integridad de la numeración, así como el marco promovido por la FCC en Estados Unidos para prevenir la manipulación del CLI, reflejan una evolución regulatoria caracterizada por un interés creciente en la operacionalización de la inteligencia de numeración.² 

No obstante, buena parte de estos modelos no se orienta principalmente a identificar al titular formal de un número, sino a validar si una comunicación específica puede considerarse auténtica y fiable. 

El nuevo sistema mexicano responde a una lógica regulatoria distinta. En lugar de centrarse en la autenticación de llamadas, la verificación de derechos de uso o la validación en tiempo real de la legitimidad de una comunicación, su propósito es eliminar el uso anónimo de líneas móviles mediante la vinculación de cada número a la identidad verificada de su titular. 

La motivación subyacente a esta iniciativa resulta comprensible. Durante años, las líneas prepago anónimas se han asociado a esquemas de extorsión, ataques de ingeniería social y otras manifestaciones de actividad delictiva. 

En mercados con elevada penetración del prepago y utilización fraudulenta de tarjetas SIM desechables, el registro de usuarios puede aportar ventajas operativas relevantes: dificulta determinados abusos oportunistas y facilita tanto la labor investigadora como la capacidad de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. 

Ahora bien, conviene no sobreestimar el alcance efectivo que un sistema de registro de abonados puede tener de forma aislada. 

La existencia de un número debidamente registrado no garantiza, por sí misma, que cualquier comunicación asociada a ese número sea auténtica o fiable. 

El fraude en el ámbito de las telecomunicaciones se apoya cada vez más en técnicas de manipulación del CLI, fraude mediante SIM swapping,³ utilización de identidades sintéticas e identidades mula,⁴ así como en el uso indebido de numeraciones legítimas. 

En estos supuestos, la mera disponibilidad de un registro de identidad verificada del abonado ofrece una protección limitada a la persona destinataria de llamadas o mensajes. 

La cuestión adquiere una relevancia particular en los supuestos de suplantación de identidad o falsificación del CLI. Un defraudador puede utilizar el número de un banco mexicano, de una empresa, de un organismo público o de cualquier abonado sin ostentar derecho alguno sobre dicha numeración. 

En ese contexto, el registro de abonados podría permitir identificar al titular formal de una línea móvil y, sin embargo, no autenticar el origen real, la intención ni la legitimidad de la comunicación recibida por el usuario final. 

De igual modo, actores delictivos con mayor sofisticación técnica pueden obtener el control de líneas registradas recurriendo a identidades robadas, sintéticas o adquiridas, generando así una apariencia engañosa de legitimidad. 

La cuestión de fondo radica en determinar si la mera trazabilidad de la identidad de los titulares de las líneas puede incrementar de forma sustancial la confianza en las comunicaciones, en un entorno cada vez más expuesto a fraudes transfronterizos y multiplataforma.

La experiencia internacional sugiere que la eficacia de las estrategias antifraude depende, por lo general, menos de un registro de identidad considerado de forma aislada que de modelos multinivel que integran transparencia sobre la numeración, autenticación en tiempo real, analítica de actividad, trazabilidad y mecanismos efectivos de supervisión y cumplimiento normativo. 

Diversas jurisdicciones han evolucionado hacia enfoques en los que los registros de numeración interactúan con controles anti-spoofing, validación de derechos de uso, sistemas de monitorización del fraude y mecanismos regulatorios de ejecución, en lugar de operar como meros registros estáticos de identidad. 

Un modelo integral requiere la articulación de múltiples niveles: 

• Identidad del abonado: determinar a nombre de quién figura registrada la línea. 

• Derecho de uso de la numeración: verificar si el emisor está efectivamente autorizado para utilizar ese número. 

• Autenticación de la comunicación: confirmar si la llamada o el mensaje procede realmente del origen declarado. 

• Actividad y comportamiento: identificar si el tráfico presenta patrones anómalos o indicios de comportamiento fraudulento. 

• Trazabilidad y cumplimiento normativo: posibilitar investigaciones y actuaciones concretas respecto de proveedores de servicios, plataformas y jurisdicciones implicadas en la actividad sospechosa. 

A la luz de lo anterior, el registro mexicano puede resultar útil para la validación de identidades y para mejorar la trazabilidad, pero no constituye por sí solo un mecanismo capaz de garantizar la confianza en las comunicaciones. 

La iniciativa mexicana suscita, además, interrogantes adicionales de gran relevancia, más allá del propio encaje jurídico. 

La portabilidad numérica, por ejemplo, introduce un nivel adicional de complejidad, ya que eventuales retrasos o inconsistencias en la actualización de los registros podrían afectar a comunicaciones legítimas, los controles antifraude y los procesos de alta de clientes. 

Igualmente determinantes serán la gobernanza del sistema, los mecanismos de supervisión y los procedimientos destinados a prevenir la suspensión o exclusión indebida de usuarios legítimos. 

México ya intentó implantar un registro centralizado de usuarios móviles a través del PANAUT, posteriormente invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2022. 

Aunque el nuevo esquema difiere de manera significativa del anterior, es razonable prever que vuelvan a plantearse cuestiones relativas a la necesidad, proporcionalidad, eficacia y riesgos asociados a la concentración de información sensible, en particular la relativa a la vinculación entre identidades y datos de telecomunicaciones. 

Se trata de información de alto valor para la ciberdelincuencia y para organizaciones criminales. Incluso en ausencia de almacenamiento formal de datos biométricos por parte de los operadores, la vinculación entre el uso de servicios móviles y los registros oficiales de identidad genera una 

concentración de información sensible que, en caso de verse comprometida, podría acarrear consecuencias relevantes.

Se plantea, además, una cuestión de mayor alcance: si las iniciativas basadas en la identidad pueden desplazar el fraude, en lugar de reducirlo de manera efectiva. 

Actores sofisticados pueden reconfigurar sus vectores de ataque desplazando su actividad al extranjero, a plataformas OTT o al uso de granjas de SIM. 

Este tipo de adaptación ya se ha observado en otras regiones tras la implantación de medidas nacionales. Por ello, la eficacia de los registros nacionales tiende a erosionarse con el tiempo a medida que los defraudadores ajustan sus métodos de actuación. 

En consecuencia, el modelo mexicano puede resultar eficaz frente a determinados fraudes oportunistas, ataques anónimos o esquemas basados en el uso de SIM desechables. 

Su impacto previsiblemente será más limitado frente a modalidades más sofisticadas de suplantación o falsificación de identidad, así como ante el fraude transfronterizo. 

Ello no significa que el registro carezca de utilidad, sino que debe entenderse como una herramienta integrada en una arquitectura antifraude más amplia y no como una solución autosuficiente. 

La cuestión esencial es que la confianza efectiva en las comunicaciones exige no sólo la identificación y validación de los abonados, sino también la autenticación robusta de las propias comunicaciones. 

La respuesta a esta cuestión podría influir tanto en la evolución futura de la reforma mexicana como en la forma en que otras jurisdicciones aborden la relación entre gobernanza de la numeración, identidad móvil, derechos de uso, prevención del fraude y confianza digital. 

El modelo mexicano podría convertirse, por lo tanto, en un caso de estudio de especial interés. Si su implantación se acompaña de controles sólidos, precisión operativa e integración con sistemas antifraude más amplios, podría reforzar la trazabilidad y contribuir a reducir determinadas tipologías de fraude. 

Sin embargo, si se presenta como una respuesta integral al fraude habilitado por las telecomunicaciones, existe el riesgo de generar únicamente una apariencia de confianza, sin incorporar la autenticación, la inteligencia operativa y los controles necesarios para afrontar el fraude contemporáneo.

El Economista Jorge Bravo

El 7 de junio la presidenta Claudia Sheinbaum subió a un pequeño auto blanco, lo manejó unos metros frente a su gabinete y dijo “misión cumplida”. Ese auto se llama Olinia. Significa movimiento en náhuatl. Representa algo que México lleva décadas sin intentar. Fabricar su propio vehículo.

La reacción inmediata en redes y en columnas especializadas fue compararlo con Tesla, BYD y los modelos chinos de gama alta. Esa comparación es injusta y perezosa. Olinia no busca competir con un sedán de 40 mil dólares. Busca sustituir un mototaxi.

Olinia Uno es un mini vehículo eléctrico. Es pequeño, cabe en espacios urbanos estrechos y transporta hasta seis personas. Desarrolla una velocidad ciertamente limitada de 50 km por hora, tiene capacidad de 13 kW, autonomía cercana a 125 kilómetros por carga y se recarga en un enchufe doméstico convencional. No necesita estaciones especiales ni cargadores de alta potencia.

Su precio estimado es de 150 mil pesos, muy por debajo de cualquier vehículo eléctrico disponible en el mercado, incluidos los modelos chinos económicos que ya superan esa cifra con holgura.

El mercado objetivo no es la clase media que compra un sedán de gasolina. Es el universo de mototaxis, motos de reparto y transporte informal de corto trayecto. Según cálculos oficiales, operar Olinia cuesta 0.50 pesos por kilómetro, frente a 1.18 de un mototaxi y 2.40 de un taxi sedán.

En el proyecto participan las instituciones públicas IPN, UNAM y el Tecnológico Nacional de México, coordinados con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Es resultado del trabajo de ingenieros y estudiantes mexicanos, algo que pocas veces se reconoce.

México es el séptimo productor mundial de vehículos y exporta motores y piezas a la industria automotriz global. Pero nunca ha tenido una marca propia. Manufactura y ensambla para otros. No diseña y produce para sí. Tenemos mano de obra calificada. Carecemos de innovación.

Esa situación tiene una raíz histórica. En 1923, el gobierno de Álvaro Obregón firmó con Estados Unidos los ominosos Tratados de Bucareli. Existe la idea de que ese acuerdo prohibió a México desarrollar industria automotriz y aeronáutica propia durante décadas.

Los historiadores señalan que los tratados no contienen una cláusula redactada de forma tan explícita. Lo que sí está documentado es que antes de 1923 México fabricaba motores de combustión y aviones con tecnología nacional. Esa producción se apagó después de los tratados, al tiempo que el país se volvió dependiente de productos manufacturados estadounidenses. El resultado práctico fue que llevamos más de 100 años de ensamblar lo que otros diseñan.

Esa es la razón por la que Olinia merece ponderación antes que burla. Cuando un país no hace nada, se le critica por no intentarlo. Cuando intenta algo modesto, se le critica por no ser Tesla.

China construyó su liderazgo en electromovilidad precisamente desde vehículos compactos, baterías, manufactura de bajo costo y una estrategia industrial de largo plazo. Japón desarrolló el concepto de los kei cars, vehículos pequeños diseñados para la eficiencia urbana.

India es otro país que impulsa con fuerza vehículos eléctricos económicos. Tata Motors relanzó el vehículo Tiago EV con un precio cercano a 7,500 euros, apuntando al segmento de entrada. Vietnam hizo algo similar con VinFast, que partió de un mercado doméstico protegido y ahora lo exporta a India y Estados Unidos, con plantas que producen decenas de miles de unidades al año. Ambos casos muestran la estrategia de empezar en casa con apoyo estatal y crecer hacia afuera.

Pero diseñar un prototipo y sostener una industria automotriz es muy distinto. Un vehículo eléctrico es mucho más que una carrocería con motor y batería. Es una cadena de proveedores de cientos de componentes, una red de refacciones, talleres certificados, garantías, seguros, financiamiento al consumidor y, sobre todo, una cadena de suministro de baterías.

México tiene litio pero no produce celdas de litio a escala industrial. Si Olinia depende de baterías importadas, su “hecho en México” queda incompleto en el componente más caro y estratégico del vehículo.

El gobierno anunció que trabaja en integrar proveedores y socios industriales. La meta es producir 20 mil unidades el primer año y escalar a 50 mil para 2029. Son cifras ambiciosas que, si no se cumplen, dejarán a miles de compradores con un vehículo sin refacciones ni servicio. Eso ya ha ocurrido con otros proyectos de la 4T. Obra inaugurada, anuncio cumplido, obra inconclusa, sobrecostos y mantenimiento olvidado.

Al día de hoy todavía no hay una ubicación para la planta de producción, aunque se trabaja en Puebla. Sin planeación para construir la planta, sin proveedores y sin una red de concesionarios y servicio, la fecha de venta al público (verano de 2027) puede convertirse en una de esas ceremonias de cortar el listón, pero nadie está preparado.

Queda claro que Olinia no pretende ser un Tesla o BYD barato. Su mercado es el de un mini eléctrico utilitario de nicho, diseñado para reemplazar transporte informal, con costo de operación bajísimo y carga doméstica simple, una gran ventaja ante la falta de infraestructura de carga eléctrica.

Es un vehículo pensado para el transporte urbano de bajo costo en América Latina, con vocación de exportación hacia centro y sudamérica, donde los patrones de movilidad son parecidos. Ya demostró que ingenieros mexicanos pueden diseñar y construir un prototipo. Eso tiene un gran valor simbólico y tecnológico.

Si el gobierno logra que Olinia sea confiable, con refacciones disponibles en cualquier ciudad mediana y con una red mínima de talleres, tendrá algo que ni BYD ni Tesla ofrecen en ese segmento.  La segunda batalla es la producción en serie, cadena de baterías, refacciones, servicio postventa y un modelo de negocio que puede ser el inicio de una industria.

Twitter: @beltmondi

Reforma Jorge F. Negrete P.

Las cruzadas fueron ocho expediciones cristianas entre 1096 y 1270, acciones bélicas para la liberación de la Tierra Santa, de los musulmanes.

Desde Isabel La Católica, España es el épico aliado del Vaticano. Juntos fueron a Lepanto en contra del turco, y los fieles que se perdieron con Lutero y el protestantismo, juntos los recuperaron con la evangelización de América y Filipinas. Ahora, juntos comienzan una cruzada.

El presidente de España Pedro Sánchez ha criticado duramente a los magnates tecnológicos a quienes califica de “tecnoligarcas” o “tecnocasta”. España, bajo su liderazgo, creó la Carta sobre Derechos Digitales, misma que fue adoptada por la Comunidad Europea, presentada y adoptada por la Secretaría General Iberoamericana (Segib) en República Dominicana.

España lidera y ha presionado a Europa en materia digital. ¿Tiene razones? Sí. ¿Legítimas todas? No. Lo cierto es que, desde hace 15 años, la mejor política de conectividad e infraestructura digital en Europa es española.

El primer jefe de gobierno que visitó el Vaticano, después que el Papa presentó su encíclica Magnifica Humanitas, fue el presidente de España, Pedro Sánchez, y, a su vez, lo invitó a ir a España. Ambos expresaron reflejos políticos extraordinarios.

La afinidad política entre ambos está alejada de la diplomacia tradicional, estamos frente a una declaración de guerra cultural y regulatoria frente al orden tecnológico global.

Al proponer un “desarme ético” de la Inteligencia Artificial (IA) y un frente común en el humanismo, España y el Vaticano proponen una tercera vía, la moral. Sin embargo, esta postura choca de frente con la realidad de la geopolítica digital, dividida en un poderoso duopolio: EUA y China.

El modelo de EUA es impulsado por un emergente capitalismo protestante y libertario; y las corporaciones del Silicon Valley priorizan el financiamiento compulsivo de la innovación y su globalización, con mínima restricción regulatoria.

China se apoya en un capitalismo de Estado centralizado y un orden basado en la estructura filosófica del confucianismo, donde la infraestructura digital es el instrumento de vigilancia, orden social, competitividad y soberanía tecnológica.

El dilema es urgente: ¿tiene el humanismo Hispano-Vaticano la fuerza moral, el peso de mercado y tecnológico necesarios para condicionar las reglas del juego global? ¿Está condenado a convertirse en una cultural e irrelevante declaración de principios frente a dos superpotencias que no miden el éxito en valores éticos, sino en patentes, semiconductores, redes de telecomunicaciones y poder de cómputo?

Los encuentros entre el papa León XIV y el presidente Pedro Sánchez, en mayo y este fin de semana durante la visita del Pontífice a Madrid, consolidaron un eje de pensamiento ético centrado en el impacto de la revolución tecnológica, bajo la óptica euro-católico: una “alianza humanista” de vocación hispana.

La agenda común empieza con el repudio al “tecnofascismo”. La tecnología debe estar al servicio de la persona y no a la inversa. Están en contra de algoritmos que alimentan la polarización y destruyen los lazos sociales, la democracia y la memoria histórica Quieren regular la IA y proteger los derechos del ciudadano en entornos virtuales. La sintonía con el Vaticano es total, es la evolución de una relación épico-histórica que entrelaza la tradición con la agenda digital actual.

Los simbolismos del Papa han sido poderosos: tomó la Fuente de las Cibeles, el Santiago Bernabeu, la Nunciatura Apostólica y dio un épico mensaje en el Parlamento; además, el Papa construyó un frente común incuestionable a partir del derecho, que convenció a la derecha e izquierda española. Les roba armas a ambas.

¿Puede el pragmatismo de Sánchez, el Papa y su humanismo católico-eurocentrista frenar a los titanes digitales y del silicio? ¿protestantes y confucionistas? Son 1400 millones de católicos y 645 de hispanohablantes. Me adelanto: no lo creo. Pero ya hay una Cruzada, y es digital.

Presidente de DPL
X / @fernegrete

Hasta hace apenas unas semanas la percepción era mayoritariamente unánime: según las estimaciones de los últimos años, se creía que el Mundial de 2026 en México traería alrededor de 5 millones de  visitantes que inyectarían alrededor de 3,000 millones de dólares a la economía nacional.

Sin embargo, no se prevé que tenga un impacto sustancial en la economía mexicana: las estimaciones de instituciones como Banorte, Barclays y Fintual oscilan entre el 0.2% y 0.4%. Así lo escuché en voz de los economistas en jefe para Latinoamérica de los dos últimos, Gabriel Casillas y Priscila Robledo, respectivamente.

Desde 2024, el Departamento de Comercio estadounidense identificó a la tecnología y las soluciones inteligentes, infraestructura y construcción, el turismo y hospitalidad, la gestión de eventos y el entretenimiento y el retail y los bienes de consumo como los cinco sectores clave de cara al Mundial que México albergaría por tercera vez, esta vez junto a sus vecinos de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, esta semana Moody’s dio un golpe de realidad y un balde de agua fría para el ambiente festivo y triunfalista que se tenía en el país a propósito del Mundial. Su oficina local estima que “el evento tendrá un impacto económico modesto para el país”, con una derrama de 1,030 mdd asociada al turismo para los corporativos —que va en línea con las predicciones de EE.UU.— , pero la llegada de menos de 800,000 (768,000) visitantes nacionales (521,000) y extranjeros (247,000) a las tres ciudades sede, una cifra que la propia agencia calificó como “inferior a las proyecciones oficiales”. 

Según la propia ITA (International Trade Administration, del Departamento de Comercio), las inversiones para la remodelación de los estadios se estimaban en 500 mdd y para el transporte y desarrollo urbano es más de 2,000 mdd. 

Entre las cancelaciones, la liberación de los cuartos que previamente había reservado FIFA, las protestas de organismos sindicales y organizaciones defensoras de derechos humanos, las obras con sobreprecios y desvío de recursos y las restricciones de viaje impuestas por Estados Unidos, todos estos factores que podrían repercutir en la afluencia al evento, la cifra final aún permanece incierta.

Sin embargo, en cuestión económica, el impacto del Mundial 2026 no sólo se vivirá en lo macro; sino también en lo micro.

¿Punto de inflexión para un país sin efectivo?

Tal como han señalado múltiples marcas —principalmente Visa, patrocinador del evento— y representantes de la industria, el Mundial 2026 podría ser un punto de inflexión, un parteaguas, para la digitalización de los pagos en México. 

Y, además de la infraestructura de pagos que se despliegue y permanezca en el país después del poco más de un mes que durará el torneo, quizás el cambio más relevante que podría empujar el Mundial es el cultural, de comportamiento. Así como ya lo han impulsado intervenciones previas, como la integración del sistema de pagos vía contactless en el transporte público, los pagos vía Tag en las autopistas o los pagos inmediatos cuenta a cuenta (A2A) vía SPEI, la competición podría incentivar su uso y encaminar la conducta hacia una más proclive al dinero digital. 

Algunos de los escenarios más propicios para ejecutar y fomentar estas prácticas son precisamente las sedes de los partidos, es decir, los estadios: el Akron (Guadalajara), BBVA (Monterrey) y Banorte (Ciudad de México) destacan por su avanzado proceso de digitalización. 

Y es este último, que hoy alberga su tercer partido inaugural de un Mundial, el que se presume como el “primer ecosistema 100% digital en México cashless”, es decir, donde ya no se acepta efectivo.

Tras su remodelación de cara al Mundial de 2026, el estadio incorporó un nuevo sistema cashless desarrollado por Banorte y Puntored. El modelo funciona con una tarjeta de prepago: en un módulo ubicado en la explanada del estadio, los aficionados entregan el dinero en efectivo y, a través de una terminal, unos asistentes se lo abonan a su tarjeta, con la que luego podrán pagar al interior del estadio mediante un código QR en las terminales proporcionadas por Banorte. Los aficionados también pueden recargar su tarjeta desde la tribuna con personas que pasan itinerantemente para ello. De acuerdo con la empresa colombiana, el primer uso de la nueva solución rebasó los 15 millones de pesos en el consumo de alimentos, lo que implicó un incremento del 50% frente al promedio. En caso de que quede un remanente en la tarjeta, el usuario puede redimirlo en experiencias como cine, conciertos y otras opciones.  

Y, en caso de que no tengan efectivo, los aficionados pueden pagar directamente vía contactless con su tarjeta, ya sea de crédito o débito, de cualquier marca. Hay que recordar que Visa, que según el Global Payments Report (GPR) 2026, domina el mercado mexicano con una participación del 63%, cobra una pequeña comisión por cada transacción que se hace con sus tarjetas.

Definitivamente el partido inicial contra Sudáfrica será un gran laboratorio de pagos digitales y quizás también la mayor prueba de estrés que haya vivido el ecosistema en muchos años.

El Mundial de los bancos digitales

Tal como lo había adelantado el CEO de Revolut, Juan Miguel Guerra Dávila, desde el inicio del año, “en 2026 se juega el mundial de la banca digital en México” y los principales jugadores buscan dar su mejor partido en aras de lograr las mayores ganancias. Precisamente, esta semana, el neobanco británico dio a conocer que había superado los 500,000 clientes en México a poco más de cuatro meses de haber iniciado sus operaciones bancarias completas en el país. 

En ese sentido, Mercado Pago ‘se la juega’ por México. Esta semana su empresa matriz comunicó que invertirá 4,600 millones de dólares en el país en el transcurso del año y Pedro Rivas, el director General de Mercado Pago, fue el encargado de anunciarlo este miércoles 10 de junio en la conferencia mañanera junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde dijo que también lo usarán para ampliar el acceso a servicios financieros a más mexicanos y pymes.

Y es que, además de la inversión logística para la división de comercio electrónico, parte del monto se destinará a la innovación y el impulso a los servicios financieros que ofrece la compañía a través de Mercado Pago, que también sumará colaboradores entre los 8,500 nuevos puestos que la empresa planea crear este año en México. 

En ese sentido, Ramiro Nández, uruguayo y director de Usuarios, se muestra optimista: recuerda que México ha tenido sus mejores actuaciones en mundiales cuando ha jugado de local (como esta vez). Por ello, Mercado Pago lanzó una promoción mundialista en la que promete un cashback de todas sus compras con tarjetas físicas si México es campeón; además de tres premios de 500,000, 250,000 y 100,000 pesos para quienes le atinen a los resultados más certeros en su quiniela. Otros neobancos regulados y sofipos digitales han lanzado dinámicas similares, por lo que aún está por verse quién gana el mundial de los bancos digitales al que se refirió Guerra en su kick-off anual.  

Jorge F. Negrete P.

As Cruzadas foram oito expedições cristãs entre 1096 e 1270, campanhas militares para libertar a Terra Santa dos muçulmanos.

Desde Isabel I de Castela, a Espanha tem sido uma aliada fundamental do Vaticano. Juntos, foram a Lepanto contra os turcos e, juntos, reconquistaram os fiéis perdidos para Lutero e o protestantismo por meio da evangelização das Américas e das Filipinas. Agora, juntos, embarcam em uma cruzada.

O presidente da Espanha, Pedro Sánchez, criticou duramente os magnatas da tecnologia, a quem chama de “tecno-oligarcas” ou “tecno-casta”. Sob sua liderança, a Espanha criou a Carta dos Direitos Digitais, que foi adotada pela União Europeia e apresentada e adotada pela Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB) na República Dominicana.

A Espanha lidera e pressiona a Europa em questões digitais. Tem razões para isso? Sim. São todas legítimas? Não. O fato é que, nos últimos 15 anos, a Espanha teve a melhor política de conectividade e infraestrutura digital da Europa. O primeiro chefe de governo a visitar o Vaticano após a apresentação da encíclica Magnifica Humanitas pelo Papa foi o Presidente da Espanha, Pedro Sánchez, que, por sua vez, convidou o Papa a visitar a Espanha. Ambos demonstraram extraordinária perspicácia política.

A afinidade política entre eles está muito distante da diplomacia tradicional; estamos testemunhando uma declaração de guerra cultural e regulatória contra a ordem tecnológica global.

Ao propor um “desarmamento ético” da inteligência artificial (IA) e uma frente comum no humanismo, a Espanha e o Vaticano propõem uma terceira via: a moralidade. No entanto, essa posição colide frontalmente com a realidade da geopolítica digital, dividida em um poderoso duopólio: os EUA e a China.

O modelo estadunidense é impulsionado por um capitalismo protestante e libertário emergente; e as corporações do Vale do Silício priorizam o financiamento compulsivo da inovação e sua globalização, com mínimas restrições regulatórias.

A China se baseia em um capitalismo de Estado centralizado e em uma ordem fundamentada na estrutura filosófica do confucionismo, onde a infraestrutura digital é o instrumento de vigilância, ordem social, competitividade e soberania tecnológica.

O dilema é urgente: o humanismo hispano-vaticano possui a força moral, o poder de mercado e a influência tecnológica necessários para moldar as regras do jogo global? Estará ele fadado a se tornar uma declaração de princípios culturalmente irrelevante diante de duas superpotências que medem o sucesso não por valores éticos, mas por patentes, semicondutores, redes de telecomunicações e poder computacional?

Os encontros entre o Papa Leão XIV e o Presidente Pedro Sánchez, em maio e no último fim de semana durante a visita do Pontífice a Madri, consolidaram um quadro de pensamento ético centrado no impacto da revolução tecnológica, a partir de uma perspectiva euro-católica: uma “aliança humanista” com vocação hispânica.

A agenda comum começa com a rejeição do “tecnofascismo”. A tecnologia deve estar a serviço da pessoa, e não o contrário. Eles são contra algoritmos que alimentam a polarização e destroem laços sociais, a democracia e a memória histórica. Eles querem regulamentar a IA e proteger os direitos dos cidadãos em ambientes virtuais. Seu alinhamento com o Vaticano é completo; é a evolução de uma relação histórico-épica que entrelaça a tradição com a atual agenda digital.

O simbolismo do Papa tem sido poderoso: ele ocupou a Fonte de Cibeles, o Estádio Santiago Bernabéu, a Nunciatura Apostólica e proferiu uma mensagem épica no Parlamento. Além disso, o Papa construiu uma frente comum inquestionável baseada na lei, que convenceu tanto a direita quanto a esquerda espanholas. Ele desarma ambas.

Poderá o pragmatismo de Sánchez, o Papa, e seu humanismo católico-eurocêntrico deter os titãs digitais e do silício? Protestantes e confucionistas? Há 1,4 bilhão de católicos e 645 milhões de falantes de espanhol. Vou dizer logo de cara: não acho que sim. Mas já existe uma Cruzada, e ela é digital.

Presidente do Grupo DPL

X / @fernegretep

Guillermo Sólomon | Deloitte S-LATAM – TMT Subject Matter Expert

Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa que dio origen a la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, buena parte del debate público se concentró en los cambios institucionales del sector y en algunos elementos polémicos de la discusión legislativa inicial.

Sin embargo, más allá del debate regulatorio inmediato, la ley también abre una conversación de mayor alcance: ¿cómo debe construir México una posición sólida de soberanía digital en una economía cada vez más dependiente de redes, datos, Nube, Inteligencia Artificial, satélite y plataformas globales?

La pregunta es especialmente relevante porque la soberanía digital ya no puede entenderse solamente como un tema de telecomunicaciones móviles, espectro o cobertura. Hoy involucra redes fijas, fibra óptica, Centros de Datos, Nube pública, cables submarinos, conectividad satelital, software de red, ciberseguridad, identidad digital, Inteligencia Artificial y capacidad de operación sobre infraestructura crítica.

La nueva ley representa un paso importante para reorganizar el marco institucional del sector. La siguiente etapa natural será complementar ese marco con una visión de política digital que defina qué capacidades deben considerarse estratégicas, cómo se gobiernan los datos críticos y bajo qué condiciones México debe relacionarse con los grandes proveedores tecnológicos globales.

La soberanía digital no es nacionalismo tecnológico

Hablar de soberanía digital no significa cerrar el mercado, rechazar inversión extranjera o intentar construir una infraestructura aislada del mundo. Por el contrario, una estrategia moderna de soberanía digital debe partir de una visión abierta, competitiva y colaborativa.

Soberanía digital significa tener capacidad real de decisión sobre la arquitectura tecnológica que sostiene la economía, el gobierno y la vida cotidiana del país. 

En telecomunicaciones, implica poder definir con claridad qué infraestructura de red es crítica, qué datos deben gobernarse bajo jurisdicción mexicana, qué proveedores pueden participar en capas sensibles de Nube, conectividad, Inteligencia Artificial y ciberseguridad y cómo asegurar que una parte relevante del valor económico de la digitalización se quede en México.

El objetivo no es sustituir a AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle o Huawei Cloud. El objetivo es que México pueda relacionarse con todos ellos desde una posición más estratégica: con reglas claras, capacidad de auditoría, portabilidad, interoperabilidad, resiliencia, ciberseguridad, gobierno de datos y criterios transparentes para sectores regulados.

La soberanía digital moderna no se mide por tener todo “en casa”. Se mide por la capacidad de evitar dependencias innecesarias, negociar mejor, proteger activos críticos y asegurar continuidad operativa aún en escenarios de tensión tecnológica, comercial o geopolítica.

La red fija también es soberanía

En México, la conversación sobre telecomunicaciones suele concentrarse en espectro, telefonía móvil, 5G y cobertura rural. Todos esos temas son fundamentales, pero no deben eclipsar otra dimensión igual de estratégica: la red fija.

La economía digital no vive únicamente en el aire. Vive sobre fibra óptica, redes metropolitanas, dorsales nacionales, cables submarinos, interconexión entre Centros de Datos, redes de transporte, enlaces empresariales, backhaul móvil, redes HFC, FTTH, IP backbone, peering, CDN, Edge Computing y conectividad dedicada hacia la Nube.

La red móvil es la cara más visible para el usuario. La red fija es la estructura profunda que sostiene el tráfico, la calidad, la latencia, la resiliencia y la capacidad de procesamiento distribuido.

Por eso, la soberanía digital no puede analizarse desde un solo operador ni desde una sola tecnología. Requiere observar el ecosistema completo: operadores nacionales y regionales de fibra, proveedores de banda ancha fija, carriers empresariales, operadores móviles con necesidades intensivas de backhaul, redes mayoristas, infraestructura pública, Centros de Datos, proveedores de interconexión, redes privadas y nuevos jugadores satelitales.

En ese ecosistema participan, con distintos roles y alcances, operadores convergentes, empresas de cable, proveedores de fibra empresarial, redes mayoristas, operadores móviles, actores de infraestructura pública y plataformas de Data Center e interconexión. Cada uno aporta una capa distinta de la arquitectura digital del país.

Si México quiere avanzar hacia una soberanía digital más robusta, el debate debe incluir ductos, fibra, derechos de vía, torres, Centros de Datos, rutas redundantes, interconexión, tráfico internacional, IXPs, redes privadas, seguridad de transporte y capacidad de recuperación ante fallas críticas.

La pregunta ya no es únicamente quién tiene cobertura. La pregunta es quién controla la arquitectura por donde viajan los datos, dónde se procesan, bajo qué reglas se almacenan y quién puede observar, priorizar, proteger, monetizar o interrumpir esos flujos.

Desde esta perspectiva, la red fija no es sólo infraestructura de conectividad. Es una capa crítica para la competitividad, la resiliencia y la soberanía digital del país.

Hyperscalers: presencia local y gobernanza soberana

La llegada de regiones de Nube a México es una señal positiva. Microsoft Azure ya opera su región México Central; Google Cloud abrió su región en Querétaro; AWS lanzó su región México Central; Oracle tiene presencia de Nube en Querétaro y Huawei Cloud también ha incrementado su participación en el mercado mexicano y regional, particularmente en proyectos donde la Nube, la conectividad, la analítica y la modernización tecnológica empiezan a converger.

Esto fortalece la capacidad del país para atraer inversiones en Inteligencia Artificial, analítica avanzada, servicios financieros digitales, manufactura inteligente, gobierno digital y operaciones críticas de empresas regionales. También acerca la capacidad de cómputo al mercado mexicano, mejora latencias y crea condiciones para desarrollar soluciones más sofisticadas.

Pero la presencia local de infraestructura debe ir acompañada de una discusión más profunda sobre gobernanza. La soberanía no depende solamente de la ubicación física del servidor. También depende de quién administra las llaves de cifrado, qué jurisdicción aplica sobre los datos, cómo se auditan los accesos, qué tan portable es una carga de trabajo, qué nivel de dependencia contractual existe y cómo se responde ante incidentes de seguridad o continuidad.

En sectores regulados —banca, salud, energía, telecomunicaciones, gobierno, seguridad pública, infraestructura crítica y manufactura avanzada— la pregunta no debería ser únicamente si el proveedor tiene Data Center en México. Las preguntas relevantes son más amplias:

¿Quién administra las llaves de cifrado?
¿Quién puede acceder a los datos y bajo qué jurisdicción?
¿Se puede auditar la operación de forma independiente?
¿Existe portabilidad real entre Nubes?
¿La arquitectura permite operar en modo híbrido o multicloud?
¿Las cargas críticas pueden aislarse, replicarse o recuperarse bajo control local?
¿La Inteligencia Artificial que procesa datos sensibles tiene trazabilidad, explicabilidad y controles de uso?

Ahí está la oportunidad de construir una estrategia mexicana de Nube soberana.

México no necesita una Nube cerrada. Necesita un marco de Nube soberana para sectores regulados, basado en certificaciones, auditorías, reglas de portabilidad, requisitos de cifrado, soberanía de llaves, localización selectiva de datos críticos, controles de identidad, estándares de resiliencia y criterios claros para proveedores que participen en cargas sensibles.

Esta discusión también debe considerar el contexto del T-MEC. México forma parte de una región económica profundamente integrada con Estados Unidos y Canadá, donde los flujos transfronterizos de datos, la seguridad de las cadenas digitales, la confianza tecnológica y la continuidad operativa son cada vez más relevantes. Por ello, cualquier política de soberanía digital debe diseñarse con equilibrio: suficientemente robusta para proteger infraestructura crítica y datos sensibles, pero también compatible con la apertura comercial, la inversión extranjera, la innovación y los compromisos internacionales del país.

El punto no es privilegiar o excluir proveedores por nacionalidad, sino establecer criterios técnicos y regulatorios claros para todos: ciberseguridad verificable, auditabilidad, jurisdicción, resiliencia, portabilidad, transparencia contractual, gobierno de datos y capacidad de respuesta ante incidentes. 

Bajo ese enfoque, México puede mantener una postura abierta al comercio y a la inversión, al mismo tiempo que eleva los estándares para quienes participen en capas sensibles de su arquitectura digital.

El satélite como nueva frontera regulatoria

El satélite será una de las áreas donde la soberanía digital se volverá más visible en los próximos años.

La conectividad satelital de baja órbita ya demostró que puede desplegarse con gran velocidad. En zonas rurales o aisladas, su propuesta es poderosa: cobertura donde la fibra no llega, donde el backhaul es costoso o donde el retorno de inversión dificulta despliegues tradicionales.

La discusión se vuelve más compleja con la conectividad directa al dispositivo. Si un usuario puede conectarse desde un teléfono convencional a una red satelital global, el operador terrestre puede ver modificada su relación tradicional con el cliente. 

La pregunta estratégica es quién factura, quién autentica, quién gestiona la experiencia, quién cumple obligaciones regulatorias y quién conserva el control de la relación comercial.

Existen modelos satelitales que buscan integrarse con operadores móviles existentes, preservando en mayor medida el rol del carrier local frente al usuario final. Esa diferencia es importante. No se trata únicamente de tecnología satelital; se trata de arquitectura de mercado, relación comercial, regulación y soberanía operativa.

El satélite no debe verse como una amenaza para los operadores nacionales. Bien integrado, puede complementar redes terrestres, extender cobertura, mejorar resiliencia ante desastres, conectar comunidades rurales y habilitar aplicaciones de emergencia, agricultura, logística, energía, seguridad y gobierno digital.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones tendrá una oportunidad relevante para definir reglas claras sobre interconexión, roaming, espectro, recursos orbitales, obligaciones de cobertura, calidad de servicio, atención a usuarios, seguridad, colaboración con autoridades y protección de datos.

Una regulación moderna puede permitir que México aproveche la innovación satelital sin debilitar el papel estratégico de sus operadores, sus redes terrestres y su infraestructura nacional.

La nueva ley como punto de partida

La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión crea una nueva arquitectura institucional. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones queda como órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con atribuciones regulatorias sobre telecomunicaciones, radiodifusión y componentes vinculados a infraestructura, espectro, redes y servicios.

También se refuerza la visión de que el espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, las redes públicas de telecomunicaciones y la comunicación vía satélite son bienes y servicios de interés público. Esa visión es consistente con la importancia estratégica que hoy tiene la conectividad.

La siguiente etapa será articular este marco con una política nacional de soberanía digital. Regular telecomunicaciones es indispensable, pero la economía digital exige además definir qué arquitectura tecnológica necesita el país para competir en la era de la Inteligencia Artificial.

Algunas preguntas pueden ayudar a estructurar esa agenda:

¿Qué datos del gobierno y de sectores regulados deben estar sujetos a controles soberanos?
¿Qué cargas de Inteligencia Artificial pueden procesarse en Nubes públicas globales y cuáles requieren entornos certificados?
¿Qué rol deben jugar CFE Telecomunicaciones, la red troncal, los activos de transporte, los operadores privados y los Centros de Datos nacionales?
¿Qué capacidades mínimas deben exigirse a proveedores de Nube que atiendan gobierno, banca, salud, energía o telecomunicaciones?
¿Cómo se asegura la portabilidad real entre Nubes?
¿Qué estrategia tendrá México frente a satélites de órbita baja, conectividad directa al dispositivo y redes no terrestres?
¿Cómo se protege la red fija como infraestructura crítica y no sólo como negocio de conectividad?
¿Qué capacidades nacionales se desarrollarán en ciberseguridad, observabilidad, operación de red, automatización, IA y respuesta ante incidentes?

Planteadas de esta forma, estas preguntas no representan una crítica al marco actual, sino una agenda de trabajo para fortalecerlo.

Telecom como plataforma de soberanía

Aunque la soberanía digital toca muchas verticales —banca, salud, energía, manufactura, retail, educación, gobierno y seguridad— telecom es la más relevante porque es la capa habilitadora de todas las demás.

La banca digital depende de conectividad segura, baja latencia, identidad, Nube, APIs, monitoreo y resiliencia. La salud digital depende de disponibilidad, protección de datos, interoperabilidad y cómputo seguro. La energía depende de redes industriales, telemetría, sensores, centros de control y ciberseguridad operativa. La manufactura avanzada depende de fibra, 5G privado, Edge Computing, IA, IoT y redes determinísticas. El gobierno digital depende de identidad, Nube, Centros de Datos, conectividad y confianza.

Todo pasa por la red.

Por eso, los operadores mexicanos no deberían ver la soberanía digital únicamente como una obligación regulatoria. También pueden verla como una oportunidad de reposicionamiento estratégico. La red ya no debe venderse sólo como capacidad, megabits o cobertura. 

Puede convertirse en una plataforma de servicios digitales: latencia garantizada, seguridad gestionada, conectividad crítica, APIs de red, Edge Computing, observabilidad, cumplimiento regulatorio, identidad, trazabilidad, calidad de experiencia y soporte a cargas de Inteligencia Artificial.

En otras palabras, la red puede dejar de ser sólo transporte y evolucionar hacia una plataforma de capacidades digitales.

Esta transformación ya está ocurriendo globalmente. Los operadores más avanzados están buscando monetizar capacidades de red, no sólo tráfico. Ofrecen SLAs diferenciados, redes privadas, seguridad administrada, conectividad Cloud, edge, analítica, automatización, APIs y servicios para verticales específicas.

México tiene operadores con escala, talento, activos e infraestructura suficientes para participar en esa evolución. La oportunidad está en alinear regulación, inversión, innovación, Nube, IA y servicios empresariales bajo una visión compartida de competitividad digital.

Tres movimientos para la próxima década

El primer movimiento es tratar la infraestructura digital como infraestructura crítica. Eso incluye redes móviles, pero también fibra, transporte óptico, redes metropolitanas, Data Centers, rutas internacionales, IXPs, cloud connectivity, satélite, edge y plataformas de operación. 

Una agenda de soberanía digital puede mapear dependencias, identificar puntos únicos de falla, definir estándares de resiliencia y establecer criterios de continuidad operativa para sectores estratégicos.

El segundo movimiento es construir un marco de Nube soberana para sectores regulados. No se trata de prohibir hyperscalers ni de exigir que todo esté físicamente en México. Se trata de definir niveles de criticidad, controles de cifrado, soberanía de llaves, auditoría, portabilidad, segregación de cargas, trazabilidad de IA, gobierno de datos y reglas claras para proveedores que operen información sensible. 

Azure, AWS, Google Cloud, Oracle y Huawei Cloud pueden participar, pero bajo estándares verificables y comparables.

El tercer movimiento es convertir a telecom en una plataforma nacional de capacidades digitales. Los operadores pueden evolucionar de conectividad a servicios de valor: APIs de red, edge, baja latencia, seguridad, telemetría, cumplimiento, automatización e Inteligencia Artificial aplicada a operaciones. 

Eso requiere modernizar OSS/BSS, avanzar hacia redes más programables, fortalecer la observabilidad, adoptar operaciones cerradas con IA y diseñar ofertas por vertical. No basta con desplegar 5G o fibra; hay que convertir esas redes en capacidades monetizables y estratégicas para el país.

Una oportunidad estratégica para México

México tiene mercado, escala, talento, operadores relevantes, cercanía con Estados Unidos, posición estratégica en Norteamérica, capacidad industrial y una demanda creciente de infraestructura digital. 

También tiene la oportunidad de ordenar mejor sus dependencias tecnológicas, fortalecer su ciberseguridad, elevar la resiliencia de su infraestructura crítica y definir una relación más estratégica con hyperscalers, proveedores de red, operadores satelitales y plataformas de Inteligencia Artificial.

La soberanía digital no debe plantearse como una defensa frente al mundo. Debe plantearse como una estrategia moderna de posicionamiento. México no tiene que cerrarse; tiene que negociar mejor. No tiene que construir todo; tiene que saber qué capacidades no puede perder. No tiene que excluir proveedores; tiene que exigir transparencia, resiliencia, portabilidad, seguridad y control.

En telecomunicaciones hay una regla que sigue vigente: quien controla la arquitectura controla el negocio. Y en la economía digital, quien controla la arquitectura también protege una parte creciente de la soberanía.

La CRT inicia una etapa relevante para el sector. La Inteligencia Artificial, los hyperscalers, el satélite, las redes fijas, el 5G avanzado, el edge y la Nube soberana avanzan rápidamente. México tiene la oportunidad de articular estos elementos en una agenda de Estado que combine inversión, innovación, regulación, competencia y confianza digital.

El Economista Jorge Bravo

La economía mexicana no tiene demasiado margen de maniobra. El PIB creció 0.7% en 2025, el menor avance desde 2020. El Banco de México rebajó su pronóstico para ese año hasta 0.1%. La OCDE lo situó en 0.4%. El FMI llegó a proyectar una caída de 0.3%. Las cifras varían según el organismo y el momento, pero todas apuntan a un estancamiento. México no está en recesión técnica todavía, pero no significa que la economía vaya bien.

En ese contexto adverso, el gobierno necesita motores de crecimiento. La inversión privada está frenada por la incertidumbre arancelaria con Estados Unidos y la reforma judicial. El gasto público tiene un techo apretado. La obra en infraestructura está en pausa. Uno de los pocos mecanismos disponibles para estimular la inversión real, inmediata y con efectos transversales en la economía es la licitación de espectro radioeléctrico 5G.

La nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) confirmó la liitación que incluirá concesiones para redes inalámbricas industriales y 5G. Para saber si ese proceso se hará bien, la respuesta pasa necesariamente por el precio del espectro.

México tiene uno de los espectros más caros del mundo. Según la asociación de la industria móvil GSMA, el espectro en México está 60% por encima del promedio internacional. Este sobrecosto es un obstáculo para que los operadores participen e impide el uso efectivo del recurso para cerrar la brecha digital. La GSMA revela que el costo anual del espectro como porcentaje de los ingresos recurrentes de los operadores duplica la mediana latinoamericana y podría triplicarla.

El incremento de los costos del espectro a un ritmo mucho mayor que los ingresos de los operadores forzó a dos empresas a devolver frecuencias entre 2019 y 2023. La subasta de 2021 (IFT-10) terminó con 38 de 41 bloques sin ofertas. México es el único país de la región donde la cantidad de espectro asignado para servicios móviles se ha reducido, por debajo de las recomendaciones de la UIT y del promedio de la OCDE.

Si se considera que la demanda de datos crece sin pausa y que la conectividad es infraestructura productiva, México tiene menos espectro asignado hoy que hace unos años. El extinto IFT reconoció que los altos montos por el uso del espectro inhiben la participación en licitaciones, provocan la devolución del recurso y funcionan como una barrera artificial a la entrada de nuevos competidores.

Cuando hay licitación de espectro bien diseñada, hay inversión. El espectro es el insumo fundamental de las redes móviles. Sin frecuencias asignadas, no se construyen torres, no se instalan antenas, no se despliega fibra óptica para conectarlas, no se activan nuevos servicios. El espectro abre la cadena de inversión.

La subasta 5G de Brasil de 2021 recaudó 8,500 millones de dólares de cuatro operadores nacionales, con un enfoque en despliegue y no recaudación. Colombia proyecta una inversión de 7,000 millones de dólares en diez años gracias a la licitación de la banda de 3.5 GHz, que recaudó 325 millones de dólares. Chile obtuvo 450 millones de dólares en su primera subasta 5G de 2021.

La diferencia entre esos resultados y los de México es la política de precios. Brasil no diseñó su licitación 5G para maximizar la recaudación del Estado, sino la inversión y la inclusión digital. El modelo brasileño es un ejemplo a seguir porque estableció como objetivo la inclusión digital y la innovación, no la recaudación fiscal. Ese enfoque generó más inversión privada en infraestructura que cualquier subasta de precio elevado.

Las licitaciones de espectro no es un asunto de operadores de telecomunicaciones, sino de toda la economía.

Una red 5G desplegada con espectro suficiente transforma industrias. En manufactura, habilita fábricas conectadas en tiempo real, con automatización y control remoto de procesos. En agricultura, permite sensores, drones de precisión y gestión de riego inteligente. En logística, conecta cadenas de suministro. En salud, facilita telemedicina y monitoreo remoto de pacientes. En educación, lleva banda ancha a zonas donde hoy no llega. En servicios financieros, da soporte a la banca móvil en regiones desatendidas por la banca tradicional.

El contexto de bajo crecimiento vuelve más valiosa la licitación 5G. Es importante que la autoridad hacendaria reduzca los precios del espectro para que la licitación no quede desierta y los servicios sean más accesibles.

Cuidado con la trampa fiscal. Puede parecer racional cobrar más por el espectro para recaudar más. Pero esa lógica no funciona. Una licitación cara que queda desierta no recauda nada. No genera inversión. No mejora la cobertura. No crea empleo. Sólo confirma que el precio está mal calibrado. El régimen de derechos anuales vigente ha erosionado la base fiscal, desincentivado la tenencia de espectro y frenado la inversión. De 2019 a 2024, la recaudación por derechos de espectro cayó de 26,681 millones de pesos en 2019 a 18,412 mdp. Se cobró caro y se recaudó menos.

Una licitación 5G con precios competitivos puede convertirse en uno de los pocos catalizadores de inversión para una economía que no crece. El espectro no es un bien de lujo que el Estado puede encarecer sin consecuencias. Es un recurso productivo que multiplica su valor en la economía, sobre todo si está en el límite del estancamiento.

X: @beltmondi