Si el registro de telefonía móvil funcionara bajo los términos de la democracia, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) tendría que cancelarlo y hacerle caso a la mayoría de los usuarios que no quiso registrar su línea.

De acuerdo con cifras de la propia CRT, a la fecha ya se encuentran vinculadas 63 millones de líneas, lo que es alrededor del 45%, mientras que el otro 55% (76 millones aproximadamente) no quisieron registrar sus líneas.

Hay derrotas burocráticas que se disfrazan de prudencia institucional. La prórroga concedida por la CRT para el registro obligatorio de líneas celulares no fue un acto de flexibilidad regulatoria ni una muestra de empatía gubernamental.

Fue, llanamente que la ciudadanía los obligó porque no quieren el registro. El gobierno y la CRT se toparon con una muralla invisible pero implacable: la resistencia pasiva de millones de usuarios que, al decidir no registrarse, forzaron un freno de mano institucional ante el temor de un apagón digital.

Cuando el proyecto se puso en marcha, la soberbia del diseño estatal asumió que la amenaza de la desconexión bastaría para alinear a los ciudadanos. De hecho, hasta hace algunos días cuando periodistas le consultaban a la CRT si habría prórroga, ésta contestaba diciendo que no.

La narrativa oficial, dictada desde el escritorio, era tajante: o entregas tu identidad o te quedas incomunicado. Sin embargo, el apagón masivo que se vislumbraba para el cierre de junio no iba a castigar a los usuarios, sino a las propias finanzas del Estado y a la estabilidad social de un país donde el prepago es el motor de la economía popular.

Este fenómeno expone una profunda fractura de confianza. El usuario actual ya no compra el discurso de que la entrega masiva de datos personales es el peaje necesario para garantizar la seguridad nacional.

Al contrario, la percepción generalizada es la de un gobierno que traslada su propia incapacidad de investigar el delito al ciudadano común, obligándolo a probar su inocencia mediante un registro coercitivo.

La apatía no fue desidia; fue una rebelión silenciosa contra un Estado percibido como un custodio poco confiable de la privacidad.

Ahora, la CRT ha movido las piezas del tablero implementando un calendario escalonado por dígitos para fragmentar la resistencia y procesar el flujo de manera controlada. Es una estrategia clásica de división: al dosificar las fechas límite, el regulador busca diluir la masa crítica y evitar que el riesgo de una desconexión masiva se concentre en un solo día.

Pero el gobierno comete un error de cálculo si cree que un cronograma más ordenado cambia la disposición psicológica de la población. La desconfianza de fondo sigue intacta. Si la ciudadanía mantiene su postura de brazos caídos y los primeros grupos del calendario ignoran sus respectivas fechas de vencimiento, la CRT se volverá a encontrar exactamente en el mismo dilema: ¿se atreverá el gobierno a pagar el costo político y económico de desconectar de golpe a millones de votantes y trabajadores sólo por cumplir un capricho procedimental?

El primer round lo ganaron los usuarios demostrando que, en la era digital, la exclusión es un arma de doble filo: un pueblo desconectado es también un país paralizado.

La prórroga demostró que el poder de veto sigue estando del lado de la pantalla, y ningún calendario, por muy específico que sea, podrá someter a una ciudadanía que ya descubrió el peso de su propio silencio.

¿Ustedes se van a registrar?

Nos leemos en la próxima #BigTech

Excélsior Paul Lara

El discurso de los autoproclamados “evangelistas” o “expertos” de la inteligencia artificial (IA) ha cambiado. Pasaron del cuento fantástico de que la IA se va a quedar con el mercado laboral, la piedra angular con la que inflaron su burbuja publicitaria y el pretexto perfecto para justificar esta supuesta revolución a un silencio incómodo.

De repente, los mismos genios que prometían el futuro están desesperados buscando el cobijo regulatorio y financiero del gobierno de Estados Unidos. Están empujando algunas de las Ofertas Públicas Iniciales (OPI) más sobrevaloradas de la historia, a pesar de que todas sus startups y divisiones tecnológicas están mucho más cerca de ser un agujero negro de tirar dinero que un negocio funcional y rentable.

Éste es, sin duda, el colmo del frenesí financiero. Es exactamente el tipo de comportamiento errático, ciego y desesperado que se observa en los mercados justo antes de que estalle una burbuja de proporciones históricas. Estamos ante un intento apenas disimulado de encontrar a un inversionista despistado que se quede con sus acciones infladas para poder sacar el dinero en efectivo antes de que todo el castillo de naipes se derrumbe. Pero ¿por qué este cambio tan radical en la narrativa de Silicon Valley? Bueno, las cosas se han puesto muy tensas en los últimos meses en el backend del dinero real. Detrás de los avatares hiperrealistas, los chatbots amigables y los textos generados en segundos, se esconde un monstruo financiero que muy pocos se atreven a mirar de frente: la deuda. Hagamos una pregunta: ¿cuánto dinero real creen que se ha destinado a la industria de la IA? Los datos fríos que han publicado agencias noticiosas como Reuters señalan que los inversionistas y las grandes corporaciones ya habían destinado cerca de dos billones de dólares a esta tecnología para el cierre de 2025. Sin embargo, esa cifra se queda muy corta frente a la realidad completa del mercado. La industria de la IA no sólo ha vivido de rondas de inversión en efectivo fresco de fondos de capital de riesgo, se ha apalancado hasta el cuello acumulando una deuda colosal que muchas veces se oculta de forma deliberada a través de estructuras empresariales complejas y filiales cruzadas.

Para dimensionar el problema, lo que analistas han comenzado a pregonar: sólo JP Morgan acumula una cifra cercana a los 1.5 billones de dólares en deuda directamente relacionada con proyectos e infraestructura de IA. Además, esta deuda ya representa entre 15% y 20% de todos los índices de bonos corporativos a escala global. En términos mundanos, significa que hay más de 1.5 billones de dólares en bonos de deuda emitidos por empresas tecnológicas circulando en el mercado abierto. Es una locura absoluta: la IA hoy en día está vinculada a más deuda viva que el propio sistema bancario tradicional. Sólo un puñado de gigantes tecnológicos planea absorber otro billón de dólares en deuda vinculada a centros de datos y semiconductores en los próximos años. En un abrir y cerrar de ojos, la deuda de la IA alcanzará tranquilamente los tres billones de dólares, y aquí es donde la matemática se vuelve aterradora. Esta gigantesca acumulación de pasivos crea una apuesta implícita sumamente peligrosa.

Esto significa una sola cosa: para que la industria de la IA sea viable y no caiga en un impago masivo, necesita generar cientos de miles de millones de dólares en ganancias netas anuales. ¡Ojo!, hablamos de ganancias reales, no de valuaciones alegres basadas en expectativas de humo. Seamos extremadamente optimistas y asumamos que la IA logra en el futuro un margen de rentabilidad neta de 10%, alcanza una paridad de costos perfecta con el trabajo humano y adquiere la capacidad técnica real de realizar la mayoría de las tareas diarias en una empresa (tres cosas que, dicho sea de paso, no ocurren hoy en día). Si el salario promedio en EU ronda los 66 mil dólares anuales, con ese margen del 10% una empresa proveedora de IA ganaría, en promedio, unos seis mil 600 dólares al año por cada puesto de trabajo que logre automatizar y eliminar. Saquen su calculadora: para poder cubrir los 309 mil millones de dólares necesarios para pagar su deuda anual, la industria de la IA necesita reemplazar urgentemente un total de 46.8 millones de empleos de carne y hueso. Eso equivale, palabras más, palabras menos, a borrar de un plumazo 27% de todos los puestos de trabajo existentes hoy en EU.

A esto se refieren cuando hablan de una apuesta implícita. Para salvarse de la bancarrota y del impago de sus bonos, la industria tecnológica necesita provocar un colapso laboral absoluto y un desplazamiento humano masivo a una velocidad supersónica. Si fallan en quitarle el empleo a la gente, toda su industria se irá al garete, arrastrando de paso a gran parte del sistema financiero que compró esos bonos. El único problema de esta colosal apuesta es el más obvio de todos: no está funcionando. A pesar del bombardeo diario de propaganda mediática pagada por las Big Techpara convencer al mundo de que los algoritmos ya nos superaron, la realidad es muy distinta. La gente no está perdiendo sus puestos de trabajo a causa de la IA a una escala macroeconómica significativa.

El Heraldo de México

La publicación de los resultados de la ENDUTIH 2025 confirma una tendencia positiva que hemos observado durante los últimos años: México continúa avanzando en su proceso de digitalización. Hoy, 104.9 millones de personas utilizan internet, equivalente al 86.1% de la población de seis años o más. En comparación con 2024, se incorporaron cerca de cinco millones de nuevos usuarios, una señal clara de que la conectividad sigue expandiéndose en el país.

Sin embargo, como sucede cada año, la cifra agregada cuenta solo una parte de la historia. El verdadero valor de la ENDUTIH está en identificar quiénes se están conectando, cómo lo hacen y, sobre todo, qué diferencias persisten entre distintos grupos de la población.

Una de las noticias más alentadoras es el avance en zonas rurales. En 2025, el 75.2% de las personas que viven en estas áreas utiliza internet, un crecimiento significativo frente al 68.5% registrado un año antes. Aunque la brecha frente al ámbito urbano, donde la adopción alcanza 88.9%, sigue siendo considerable, los datos muestran que los esfuerzos de expansión de infraestructura y la mayor disponibilidad de servicios continúan acercando la conectividad a regiones históricamente rezagadas.

Otro avance importante se observa en los grupos de mayor edad. Mientras que hace una década apenas el 11.2% de las personas entre 65 y 74 años usaba internet, hoy la cifra alcanza 57.8%. Esto demuestra que la transformación digital no es exclusiva de los jóvenes y que cada vez más adultos mayores encuentran en la tecnología una herramienta para comunicarse, informarse y realizar actividades cotidianas.

No obstante, la brecha digital ha cambiado de naturaleza. El reto ya no es únicamente lograr que una persona tenga acceso a internet, sino que pueda aprovecharlo plenamente. Por ejemplo, mientras actividades como la comunicación, el entretenimiento y las redes sociales tienen una adopción masiva, usos con un mayor impacto económico y social siguen siendo limitados. Solo 37.3% de los usuarios realiza compras en línea y apenas 32.9% utiliza servicios en la nube.

Algo similar ocurre con el equipamiento. El teléfono inteligente se ha consolidado como la puerta principal de acceso al mundo digital, utilizado por 97% de los usuarios de celular. En contraste, solo 44.7% de los hogares cuenta con una computadora, una herramienta que continúa siendo fundamental para actividades educativas y laborales más avanzadas.

La ENDUTIH 2025 nos deja un mensaje claro: México está más conectado que nunca, pero la conectividad por sí sola no garantiza inclusión digital. La siguiente etapa debe centrarse en desarrollar habilidades, promover usos más productivos de la tecnología y asegurar que todos los mexicanos puedan participar plenamente en la economía digital.

El objetivo de los próximos años no debe ser solamente conectar a los que faltan, sino transformar esa conexión en oportunidades reales de educación, gobierno, productividad y bienestar.

El Sol de México Javier Orozco

A once días de que finalice el plazo para el registro de usuarios de telefonía móvil, en medio de un ambiente mundialista que ha venido, en buena parte, a refrescar y hacer olvidar por unas semanas el entorno económico y político del país, el término sigue su marcha. Y los caminos que quedan por seguir son claros.

En primera instancia, proceder al registro ante la compañía operadora con la que se tenga el servicio de telefonía móvil; en segundo lugar, que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y/o la Comisión Reguladora en Telecomunicaciones procedan a otorgar una prórroga; y, como última medida, proceder al amparo.

Respecto a este último punto, existen dos momentos: al haberse publicado la disposición, cuyo plazo legal ya feneció, o bien esperar a lo que se llama el primer acto de aplicación, que sería a partir del 1.º de julio, en caso de llegar a suspenderse la línea telefónica.

Al revisar diversos estrados electrónicos del Poder Judicial, se encuentra que algunos ciudadanos siguen interponiendo juicios de amparo contra el registro telefónico. Esta semana trascendió que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Estado de México resolvió un recurso de queja y determinó conceder la suspensión de amparo, a efecto de que no se le solicite la CURP Biométrica, huella digital, selfie, prueba de vida o cualquier otro dato biométrico para realizar el registro.

Sólo se acota a que bastará, para realizar el registro, la credencial del INE vigente, además de que, en ningún caso, los proveedores de telefonía conservarán dato biométrico, fotografía, copia de identificación oficial ni ningún otro documento de los titulares o usuarios.

La sentencia tiene un matiz positivo, al no permitir que se conserve copia de la identificación para evitar su mal uso, pero también presenta un desacierto, pues puede facilitar la suplantación de identidad. Explico: muchos delincuentes tienen indebidamente credenciales de elector que, a distancia, podrían utilizar para registrar líneas a nombre de otras personas y usarlas para delinquir, que es precisamente lo que motivó este registro: combatir el delito de extorsión.

¿En verdad el gobierno federal va a cargar con el rechazo y descontento social que generaría que México se quede desconectado?

Y lo planteo así porque, “electoralmente”, es la manera en que se determinan y calculan las acciones de gobierno. Mientras tanto, las críticas más recientes apuntan a la afectación de la economía, particularmente del sistema de pagos digitales, dado que muchos bancos utilizan los mensajes SMS para validar operaciones. Cerca de 28 millones de personas usan su dispositivo móvil para realizar sus operaciones; además, se prevé una afectación a las micro y pequeñas empresas que utilizan terminales punto de pago que operan con SIM, y se estima que existen 6.5 millones de estas terminales, conforme a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Seguramente la siguiente semana habrá algún anuncio que matizará la medida de suspensión del servicio o se dictará una prórroga para el registro; de lo contrario, se volverá un tema litigioso.

Excélsior Alicia Salgado

Como les anticipé, el Banco de México, que gobierna Victoria Rodríguez Ceja, publicó ayer, en el Diario Oficial de la Federación, los nuevos montos de las cuentas de depósito nivel 1, 2, 2 bis (la nueva), 3 y 4. La 2 bis con un monto de 15 mil Udis (135 mil pesos de límite) a partir de que la Secretaría de Hacienda publique el cambio de requisitos para la apertura de las cuentas, puesto que abrirse un nivel más de cuenta de depósitos a la vista requiere realizar adecuaciones a las “Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito”. Creo que esa parte del trabajo le corresponde a la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, que ahora encabeza Fernando Fernández Lafarga, porque podríamos suponer que mantiene los requisitos mínimos de identificación para realizar el onboarding digital sin necesidad de acudir a sucursal, por ser bis requiere que se publique el cambio.

Esto incluye que a esta nueva cuenta se les exente de la entrega del RFC, uno de los elementos que inhibe bancarizar a los microempresarios como tal, la mayoría personas físicas con actividad empresarial. Las cuentas, en general, mantienen los mismos montos de apertura y limita el saldo del depósito mensual a 750 Udis, con un máximo de mil Udis, sin más requisitos de apertura, las de nivel 2 pasan de 3 mil a 6 mil Udis, manteniendo el requisito de que la diferencia de depósitos provenga de programas sociales, y las N2bis permitirán depósitos de hasta 15 mil Udis (unos 138 mil pesos al mes), dedicadas a micro y pequeñas empresas, y con el limitante de que los depósitos en efectivo están topados a 3 mil Udis en estas cuentas (como 26 mil pesos), digo, para que sean realmente promoventes de pagos digitales y formalización económica.

Para transferencias electrónicas (SPEI y pagos con CoDi y DiMo), las cuentas N1 ya no requieren asociarse a la Clabe o con el número de cuenta, sino sólo con los 10 dígitos del número móvil registrado por el usuario. Este nivel de cuentas —aunque la publicación del Banxico en el DOF especifica que la regla aplica para bancos y sofomes vinculadas con bancos—, sinceramente, debería aplicar en requisito y monto para sofipos, socas, ifpes (se supone que son pagadoras, pero, en realidad, traen la captación metida en las tarjetas de pago asociadas a las billeteras) para que el sistema de capitación tenga un tratamiento homogéneo y con mejor trazabilidad.

En cuanto a la publicación de los lineamientos para homologar la experiencia del usuario en transferencias electrónicas en todas las apps móviles para realizar pagos digitales entre bancos y, en general, todos los participantes indirectos o directos del SPEI, incluyendo las fintech, la dirección del Sistema de Pagos, que lleva Othón Moreno, establece un plazo lo suficientemente amplio para que puedan adaptar sus plataformas y sistemas tecnológicos con el fin de que el pago instantáneo sea simple, fácil y eficiente, además de que cumpla con todos los requisitos de confiabilidad, seguridad y trazabilidad que la tecnología permite. Éste vence el 14 de diciembre de 2026 y, si no pueden, es que no quieren.

El Heraldo de México – Salvador Guerrero

El registro de las tarjetas SIM y la vinculación de cada línea a una identidad oficial verificada, con el 44 por ciento de avance, representa la estrategia más directa para desmantelar la impunidad del anonimato de extorsionadores, principalmente.

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El Heraldo de México – Darío Celis

Con las grandes firmas globales de Inteligencia Artificial (IA) acercándose a potenciales mega Ofertas Públicas Iniciales (OPI), el foco empieza a moverse hacia la infraestructura que hará posible esa revolución: los centros de datos.

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Excélsior Alicia Salgado

Fundado en 2014 en la Ciudad de México, Bitso, que encabeza Daniel Vogel y en México Felipe Vallejo, ambos cofundadores, ha adquirido gran relevancia en el mercado de servicios financieros en América Latina (operan en México, Brasil y Colombia) porque son competitivos en la penetración de mercados nuevos.

Aunque se le ve como la primera plataforma de intercambio de criptomonedas con licencia regulatoria en México como IFPE, se ha convertido en infraestructura financiera de escala regional con más de 10 millones de usuarios retail, supera mil 900 clientes institucionales y su volumen anualizado de pagos supera los 82 mil millones de dólares.

Leer más: https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/bitso-por-el-cliente-bursatil/186703

Excélsior Paul Lara

El fin de semana estuvo plagado de investigaciones, análisis y posteos en redes sociales sobre la burbuja de inteligencia artificial, los altos costos de la tokenización que, inclusive, llevó a Microsoft a dejar Claude Code porque no le es rentable, y como los modelos matemáticos no son lo que se creía para impulsar a la herramienta tecnológica para que sea capaz de arrojar mejores resultados sin fallar. Se los he dicho, siempre que algo falla y empiezan los cuestionamientos surge algo nuevo, como ahora las OPI de las empresas como SpaceX y OpenAI, para inflar el valor de las acciones.

Les he hablado de la economía circular y la farsa de las empresas que venden IA por hacerles creer que todo es un éxito y que van viento en popa, que muchas empresas están comenzando a despedir miles de empleados por lo grandioso que es automatizar procesos y que los agentes de IA programan y crean código excelente y mejor que un humano, y miles de mentiras y promesas incumplidas. Sé que muchos me ven como antiIA, pero se equivocan, simplemente soy un periodista crítico y no un vendehúmo como muchos que se dicen hoy en día expertos en esta herramienta, y que no son periodistas, pero así se venden.

Leer más: https://www.dineroenimagen.com/paul-lara/guerra-e-ia-por-que-le-urge-eu-terminar-con-iran/186704

El Heraldo de México Gonzalo Rojón

En el marco del Día Mundial del Internet, vale la pena detenernos un momento para revisar en qué punto nos encontramos en términos de velocidad de conectividad. Más allá de la narrativa optimista que suele acompañar a la digitalización, los datos permiten dimensionar con mayor precisión los avances, pero también las brechas que persisten.

Recientemente, Ofcom, órgano regulador de las comunicaciones en el Reino Unido, publicó su actualización de primavera 2026 sobre conectividad, donde destaca un dato revelador: nueve de cada diez hogares ya cuentan con disponibilidad de servicios de banda ancha gigabit, es decir, conexiones con velocidades del orden de 1 Gbps o mil megabits por segundo.

Leer más: https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2026/5/18/dia-del-internet-como-andamos-en-velocidad-814544.html