Brasil | Tribunal suspende liberación de garantías de Oi tras el pago a trabajadores
La decisión responde a un recurso de la Anatel. Se produce en medio del análisis de una posible intervención del gobierno y de negociaciones para la venta de activos.
La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil obtuvo este 30 de noviembre una decisión del Juzgado de Guardia del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro que suspendió los efectos de la liberación de recursos de las garantías financieras presentadas por Oi en el acuerdo de migración del régimen de concesión al de autorización.
El juez de apelación, Geraldo da Silva Batista Júnior, aceptó el recurso de agravio presentado por el regulador junto con la Abogacía General de la Unión (AGU) y concedió efecto suspensivo contra la decisión que había autorizado el inicio del procedimiento de liberación de los valores.
El magistrado ordenó la comunicación inmediata al juzgado de origen de la 7ª Vara Empresarial del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro y a la institución financiera depositaria para el cumplimiento de la orden. La suspensión se mantiene vigente hasta el juicio del fondo del recurso.
Garantías del acuerdo de migración
Los recursos alcanzados por la decisión corresponden a aproximadamente R$ 514 millones depositados en una cuenta escrow en el Banco Bradesco. El monto integra las garantías financieras establecidas en el Término de Autocomposición firmado entre Oi, la Anatel y el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), con validación de la AGU, que permitió a la empresa migrar del régimen de concesión de telefonía fija al régimen de autorización.
Con el acuerdo, el operador quedó eximido de las obligaciones típicas de una concesionaria y liberado de los bienes reversibles, incluida la red de cobre y los inmuebles, que quedaron disponibles para negociación.
A cambio, Oi asumió el compromiso de garantizar la prestación de servicios esenciales hasta 2028 en cerca de 10 mil localidades sin atención de otros operadores, cifra que actualmente se ubica en alrededor de 8 mil localidades. Para asegurar la continuidad de esos servicios en caso de incapacidad de la empresa, se estableció la garantía financiera, compuesta por recursos que permanecían depositados judicialmente en otros procesos que involucran a Oi.
Riesgo para la prestación de los servicios
El pasado viernes 28 de noviembre, la compañía había informado mediante hecho relevante que, con base en una decisión de la jueza Simone Gastesi Chevrand, de la 7ª Vara Empresarial de Río de Janeiro, posteriormente confirmada por la jueza de apelación Mônica Maria Costa, de la Primera Cámara de Derecho Privado del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro (TJRJ), las garantías habían sido liberadas para uso inmediato con el objetivo de asegurar la continuidad de las operaciones. Según la empresa, los recursos estaban destinados principalmente al pago de la nómina de la subsidiaria Serede y del aguinaldo (13º salario) de los trabajadores.
Al analizar el recurso presentado por la Anatel, el juez Batista evaluó que la liberación inmediata podría generar una pérdida irreparable de las garantías de interés público, poniendo en riesgo la prestación de servicios esenciales de telecomunicaciones. A su juicio, la manifestación de la magistrada Mônica Costa se limitó a reconocer la compatibilidad de los valores dentro del contexto procesal, sin examinar, desde la perspectiva del regulador, los requisitos de urgencia y riesgo vinculados a la naturaleza pública de la garantía.
El magistrado subrayó que el monto en discusión no constituye un simple depósito judicial, sino un “instrumento central de un complejo Término de Autocomposición” orientado simultáneamente a la reestructuración de Oi y al mantenimiento de un servicio público esencial para millones de brasileños.
Asimismo, destacó que la preservación de la garantía cuenta con autorización y supervisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ), además del compromiso formal del propio Oi de no mover los recursos sin autorización previa y expresa de la Anatel.
Gobierno es llamado a pronunciarse sobre una eventual intervención
Antes de la suspensión determinada por el Juzgado de Guardia, la jueza Simone Chevrand, de la 7ª Vara Empresarial, ya había ordenado, el 27 de noviembre, la citación de la Anatel y del gobierno federal para que se pronuncien sobre la posibilidad de adoptar medidas excepcionales de intervención económica en Oi, incluido un eventual aporte público de emergencia. La determinación respondió a un pedido de la Administración Judicial del proceso de recuperación judicial y a una sugerencia formal del Ministerio Público.
La resolución se inserta en el contexto de la segunda recuperación judicial del Grupo Oi, que llegó a tener una quiebra decretada, posteriormente revertida. El objetivo del juzgado es evaluar si la situación financiera del operador admite acciones extraordinarias destinadas a preservar la continuidad de los servicios públicos de telecomunicaciones.
Para respaldar este análisis, Oi fue obligado a presentar la lista detallada de deudas concursales y extraconcursales vencidas y no pagadas, además de los valores eventualmente retenidos por acreedores en disputas en curso, a fin de permitir una evaluación efectiva de la liquidez de la compañía.
Venta de activos estratégicos
En la misma resolución, la magistrada consolidó solicitudes de la Administración Judicial para la contratación de asesoría financiera destinada a estructurar la venta de activos relevantes, incluida Oi Soluções y la participación de la empresa en la operadora de infraestructura V.tal. Antes de autorizar la contratación externa, el juzgado remitió el tema al Gestor Judicial, que deberá informar si cuenta con capacidad técnica para conducir directamente ese proceso, evitando la generación de costos adicionales para la masa.
Las manifestaciones de la Anatel y del gobierno federal, junto con la información financiera que deberá presentar Oi, servirán de base para la deliberación judicial sobre la adopción de medidas excepcionales y sobre los demás pedidos aún pendientes en el proceso.
Pago a empleados de Serede
En paralelo al conflicto judicial, el presidente de la Federación Interestatal de los Trabajadores en Telecomunicaciones (Fitratelp), João Moura, informó el pasado viernes mediante un video en redes sociales que se concretó el pago del aguinaldo (13º salario) y de las indemnizaciones a trabajadores de Serede, subsidiaria de Oi, además del pago de valores adeudados a empleados del propio operador.
Según Moura, los desembolsos fueron viabilizados por la liberación de aproximadamente R$ 450 millones de las garantías del acuerdo de fin de la concesión que estaban retenidas por la Anatel, uso autorizado por la decisión de la 7ª Vara Empresarial, ratificada por la magistrada Mônica Costa, quien determinó que los recursos se emplearan para gastos corrientes, especialmente el pago de salarios de cerca de 17 mil empleados de Serede. Con la suspensión posterior, la empresa quedó impedida de realizar nuevos retiros.
Moura también informó que una nueva ronda de negociaciones con el interventor de Oi está programada para el 17 de diciembre, con foco en la situación de los trabajadores actualmente ociosos. El dirigente sindical calificó el pago como “un final feliz para una situación muy delicada” y agradeció la actuación del gobierno federal, del Ministerio de las Comunicaciones, de la Anatel y del interventor de la empresa, al tiempo que reconoció que habrá despidos, aunque con garantía de pago de los derechos laborales.
En la decisión que autorizó el uso parcial de las garantías, la jueza Simone Chevrand afirmó que el valor retenido era excesivo, al sostener que ya había sido depositada una garantía suficiente a favor de la Anatel, equivalente a cerca del 50% del monto inicialmente estimado en R$ 900 millones.
No obstante, esta interpretación pasó a ser cuestionada con la suspensión decretada por el Juzgado de Guardia, que vuelve a poner bajo análisis la destinación y la disponibilidad de los recursos vinculados al acuerdo de autocomposición.