Brasil, pionera en eliminar las asimetrías regulatorias entre TV de paga y streaming
El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) aprobó este 22 de agosto la revisión del Plan General de Metas de Competencia (PGMC). La decisión consolidó el voto del relator, Vinícius Caram, con modificaciones del voto-vista del consejero Alexandre Freire.
En una decisión inédita, la Agencia suspendió cautelarmente las obligaciones regulatorias aplicables a la TV por suscripción (Servicio de Acceso Condicionado – SeAC), reconociendo la obsolescencia del marco regulatorio ante la transformación estructural del mercado audiovisual con el auge de las plataformas de streaming.
La medida reduce la carga regulatoria de las operadoras de TV paga, pero preserva los derechos de los consumidores en paquetes y combos ya contratados. En el debate, la consejera Cristiana Camarate destacó que estas prestadoras deben recibir, en esos casos específicos, un tratamiento similar al de los pequeños proveedores (PPP) en normas de calidad y atención, para evitar perjuicios a los usuarios.
Roaming nacional
En el voto original del PGMC, el consejero Vinícius Caram proponía prohibir cláusulas de exclusividad en contratos de roaming, admitiendo sólo una excepción para el 5G standalone. El voto-vista de Alexandre Freire, sin embargo, modificó esa directriz y pasó a permitir cláusulas de exclusividad, siempre bajo supervisión de la Anatel.
También se aprobaron gatillos contra el denominado “roaming permanente”: si más del 5% de los usuarios de un operador permanecen fuera de su área de origen por más de 90 días, el contrato podrá ser rescindido, con impedimento de un año para una nueva contratación regulada. En el caso de IoT y M2M, la penalidad se aplica a cualquier volumen de dispositivos, dada la escala masiva de estos servicios.
Se estableció, además, que hasta 2027 sigue prohibido el cobro de una mensualidad mínima por chip/dispositivo en contratos mayoristas para aplicaciones de IoT y M2M. Tras ese plazo, entra en vigor un régimen flexibilizado, que permitirá nuevas negociaciones entre operadores, bajo supervisión de la Agencia.
OMVs
En el mercado de operadores móviles virtuales (OMV), la mayoría coincidió en mantener las obligaciones de oferta mayorista por parte de los grandes operadores, a fin de garantizar espacio competitivo.
Freire discrepó, afirmando que no se configuran fallas estructurales que justifiquen regulación ex-ante: “No se puede transformar la regulación asimétrica en regla general. En el caso de los OMVs, no existen presupuestos para una intervención regulatoria adicional”.
En lo que respecta a la Explotación Industrial de Frecuencias de Radio (EIR), el voto proponía retirar su regulación asimétrica del PGMC. La mayoría, sin embargo, decidió mantener las reglas hasta 2030.
Pequeños proveedores (PPP)
La revisión mantuvo la regla ya vigente: los PPP son las empresas de telecomunicaciones con hasta un 5% de participación en cada mercado relevante definido por la Anatel (fijo, móvil, banda ancha, etc.).
Esa métrica de cuota de mercado es la que garantiza un tratamiento regulatorio diferenciado. La creación de una nueva categoría de “microproveedor”, defendida en contribuciones a la consulta pública, fue rechazada.
Críticas
La Asociación NEO, que representa a más de 150 PPPs, reaccionó duramente a la decisión, al afirmar que esta “compromete la libre competencia y favorece la concentración de mercado. El resultado es perverso: operadores eficientes son castigados, los usuarios pierden opciones y la competencia sana, motor de la innovación y de la democratización de los servicios, es desincentivada”, afirmó Rodrigo Schuch, presidente ejecutivo.
Según la entidad, al abdicar de imponer obligaciones más estrictas en el mercado móvil, la Anatel refuerza el oligopolio de los grandes operadores, en contraste con la experiencia de los PPP en la banda ancha fija, que hoy atienden a más de 29 millones de clientes en el país.