Alianza In México pide a SCJN rechazar impuesto de 2% a plataformas digitales

Alianza In México, que agrupa a plataformas digitales como Uber, DiDi y Rappi, hizo un nuevo llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que declare inconstitucional el impuesto de 2% aplicado en la Ciudad de México a las plataformas digitales, que será revisado este 9 de octubre.

La organización advirtió que esta medida, presentada como un “aprovechamiento” en el Código Fiscal local, tendría un impacto regresivo en la economía digital y afectaría a cientos de miles de personas que dependen de estas aplicaciones para autoemplearse o generar ingresos adicionales.

De acuerdo con la asociación, el gravamen impone un trato fiscal discriminatorio, al dirigirse únicamente contra las plataformas digitales y no contra otros prestadores de servicios que también utilizan infraestructura pública.

Además, podría traducirse en mayores costos para repartidores, pequeños comercios y consumidores, quienes ya enfrentan condiciones económicas complicadas.

Alianza In México también señaló que la medida pone en entredicho el cumplimiento de México de sus compromisos internacionales, en particular los establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al introducir cargas diferenciadas para empresas tecnológicas que operan en el país.

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La asociación dijo que confía en que las ministras y ministros de la SCJN realicen un análisis profundo sobre las implicaciones económicas y sociales de su decisión, y realicen una interpretación que favorezca a la economía mexicana y proteja a las personas que dependen de las plataformas digitales.

Desde su aprobación en 2021 por el Congreso de la Ciudad de México, repartidores y empresas como DiDi, Uber y Rappi han manifestado su rechazo contra el impuesto, argumentando que se trata de un cobro injusto por “usar las calles”.

En abril pasado, diversos colectivos de repartidores acudieron a la Suprema Corte para exigir la eliminación del gravamen, aunque el tribunal desestimó su solicitud al considerar que no contaban con interés jurídico directo.

Y en junio de este año, la Segunda Sala de la SCJN declaró inconstitucional el cobro previsto en el artículo 307-Ter del Código Fiscal capitalino, al concluir que operaba como un impuesto encubierto y violaba el principio de legalidad tributaria.

Sin embargo, el asunto fue reabierto y turnado a nueva ponencia, por lo que el Pleno de la Corte volverá a analizarlo de fondo en los próximos días.

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La resolución que adopte la Suprema Corte podría sentar un precedente crucial sobre cómo México regula su economía digital. El fallo deberá determinar si la Ciudad de México tiene competencia para imponer este tipo de cargas o si dichas facultades corresponden al ámbito federal.

Además, se pondrán a prueba los principios de legalidad, igualdad y proporcionalidad en materia tributaria, así como la capacidad del país para construir un marco fiscal que incentive la innovación sin desalentar la inversión.

La asociación de plataformas digitales insistió en que gravar a las plataformas con un impuesto adicional representa una barrera al crecimiento y un desincentivo a la innovación tecnológica.

Hoy en día, la economía digital es hoy un motor de desarrollo y una vía de inclusión laboral. Por ello, la organización reiteró que imponer obstáculos sólo frenará el progreso de quienes encuentran en ella una oportunidad para mejorar su calidad de vida.