Con los dramáticos sucesos acontecidos en Europa, ante la ausencia de métodos más contundentes para evitar el contagio por la enfermedad Covid-19, la mayoría de los países ha restringido la circulación de las personas, primero a nivel internacional cerrando sus fronteras, y luego a nivel doméstico, instalando lo que se ha denominado “cuarentenas” con distintos grados de rigidez.
Por ello, la infraestructura digital se vuelve absolutamente esencial para la educación, la salud y el trabajo, entre otras cuestiones. Posiblemente, luego de la atención que se llevan las medidas sanitarias y económicas para atender la crisis, buena parte de la sociedad habla hoy de los programas, aplicaciones que le permiten hacer sus compras, transacciones bancarias, conectarse con sus familiares y trabajar.
Meet, Zoom, Teams, Skype, Facetime, Webex, Edx, Google Classroom, Hangouts, etcétera, pasaron de golpe a formar parte del léxico diario de mucha gente. Las TIC no ocupan el centro de la atención en esta pandemia pero sin duda se suben al podio. Este propio portal es una demostración de la cantidad de notas, opiniones y análisis que está dando lugar la Covid-19 en conjunto con las TIC, a tal punto que resulta muy difícil, sino imposible, no repetirse en algún punto, sea que se trate de la coyuntura o del día después. No obstante, haré el intento.
En su reciente trabajo sobre “El estado de la digitalización de América Latina frente a la pandemia”, realizado por Telecom Advisory Services LLC para el Observatorio del Ecosistema Digital de la CAF, se advierte que i) a partir de modelos desarrollados para el caso de SARS, los países con una infraestructura de conectividad desarrollada pudieron mitigar 75 por ciento las pérdidas económicas asociadas con la epidemia, y ii) más de 56 por ciento de la fuerza de trabajo de países latinoamericanos enfrentan condiciones de disrupción, ya que tan solo 23 por ciento puede continuar trabajando gracias al teletrabajo.
Una primera y obvia lección es que lo que no se haya hecho en tiempos de normalidad no se va a resolver en la premura de la emergencia, ni con las limitaciones económicas de la magnitud que ésta acarrea. Flexibilizar temporalmente las regulaciones para el despliegue de infraestructura, por ejemplo, está bien, pero poco aportará salvo que esta pandemia se prolongue mucho más de lo previsto, en cuyo caso otras pasarán a ser nuestras preocupaciones.
Lo más importante no es entonces lo que hagamos ahora al respecto, sino un replanteo para la vuelta a la normalidad. No sabemos tampoco cuándo y de qué manera nos puede sorprender otra emergencia. Facilitar el despliegue con normas simples, transparentes y económicas es necesario en todo momento y lugar.
En lo inmediato se han adoptado medidas para “aplanar” el consumo de datos, fundamentalmente video, para no saturar las redes. Sin embargo, los informes de Speedtest y Opensignal no muestran por ahora una situación, en términos generales, de colapso ni cosa que se le parezca. Sí se nota una declinación contante pero no alarmante en el desempeño de las redes fijas. Obviamente, estas últimas han visto incrementado en mayor magnitud su tráfico que las móviles por la sencilla razón de que al permanecer la gente en su casa usa los accesos fijos y no los móviles.
Aquí hay para mí otra lección. La necesidad de contar con mediciones precisas y fidedignas que nos permitan adoptar decisiones con base en evidencia. Predicamos esto para épocas de normalidad y también deberíamos ponerlo en práctica en momentos de emergencia, quizás con la licencia de adoptar preventivamente algunas decisiones, pero manteniéndolas o corrigiéndolas tan pronto se cuente con datos para ello.
Si acudimos a la gestión de tráfico y restringimos la calidad de las transmisiones de video ello debería ser como regla general para todo este tipo de transmisiones y no solo para algunas. Lo contrario puede dar lugar a acciones reñidas con la libre competencia y la emergencia no es una excusa para buscar ventajas artificialmente.
Es razonable en la emergencia que se fomenten los acuerdos entre operadores, y llegado el caso se los imponga temporalmente para que se brinden apoyo recíproco allí donde pueda haber algún cuello de botella en su tráfico (el Enacom en Argentina fomentó un acuerdo de este tipo entre Personal, Movistar, Claro, Sílica Networks y Arsat).
Digamos algo de los consumidores. Así como apelamos a la responsabilidad individual para el aislamiento social, también hay que apelar a ella en el uso de las redes, concientizando sobre, por ejemplo, la posibilidad de desplazar ciertos consumos a las horas de valle o lo innecesario de ocupar ancho de banda con imagen si solo necesitamos hablar en una teleconferencia, o comprimir los archivos en un envío voluminoso. No todo el mundo sabe, por ejemplo, que puede descargar una película en un momento para verla en otro. A este respecto también es importante, una vez más, contar con información de horarios de pico y valle para poder hacer recomendaciones.
Muchos países han adoptado medidas para asegurar la continuidad de los servicios aún a falta de pago. Está bien en la emergencia ayudar a los sectores más postergados y aquellos que de un día para otro han perdido sus ingresos, asegurándoles un mínimo de servicios básicos y atendiendo sobre todo la posibilidad de continuar con las actividades de enseñanza. Pero soluciones generales pueden también esconder injusticias. Aquellos trabajadores formales que siguen percibiendo ingresos normales (como hasta el momento todos los empleados públicos en Argentina) deberían poder seguir pagando la misma factura que pagaban antes de la “cuarentena”.
Igual de importante es saber en qué lugar están los problemas: redes troncales, de distribución o en el Wi-Fi del hogar. Una de las lecciones (tal vez no del todo novedosa) es la saturación del espectro de uso libre en las grandes urbes y la necesidad de que en el corto plazo se disponga de más frecuencias para este fin. Una vez más nos encontramos con la necesidad de poseer mediciones adecuadas que nos permitan actuar con base en la evidencia.
Hace tiempo que la regulación TIC abarca lo que podríamos llamar distintas capas, una de infraestructura, una de contenidos y una de privacidad. El mayor uso de las redes aumenta los riesgos de ciberataques. Tampoco las redes de gobierno están en condiciones por razones de ciberseguridad, en muchos casos, de permitir el teletrabajo. La falta de desarrollo de instrumentos como las fintech, muchas veces debido a la acción de los gobiernos, se convierte en un obstáculo para hacer llegar la ayuda estatal a los sectores no bancarizados, además de poner en riesgo la salud de las personas que deben acudir a la ventanilla de un banco a recibir una prestación social. Aquí es más fácil actuar en el corto plazo pero nuevamente hay que replantear las cuestiones regulatorias de fondo.
Sin duda, el podio de la preocupación y el debate se lo lleva el tema de la privacidad.
Muchos países han acudido a las tecnologías (geolocalización y datos biométricos) para combatir la pandemia y ello ha disparado la preocupación del manejo de información y comportamientos de los ciudadanos. En muchos casos se han anonimizado y agregado los datos y en otros se ha requerido el consentimiento de las personas.
Hasta ahora, la tecnología se ha utilizado principalmente para el seguimiento de enfermos o contagiados y alertar a la población del posible riesgo de contagio. Creo que esta misma tecnología puede servir para administrar mejor y más rápido el regreso a la normalidad asociada con el uso de los medios de transporte público donde se pueden afrontar mayores riesgos de contagios.
Además de los usos que ya ha tenido, disponiendo de información de las necesidades de desplazamiento, podría organizarse mejor el regreso al trabajo en las grandes ciudades y reducir las consecuencias que una prolongación de la “cuarentena” tendría en la economía. En cualquier caso, acá tampoco la pandemia sirve para barrer con los derechos individuales y el tratamiento de estos datos debe realizarse estrictamente según los principios aplicables en la materia: a) limitación de la finalidad, b) minimización de los datos, c) limitación del plazo de conservación, d) confidencialidad.
Sumo a ello la estrecha supervisión de las autoridades de protección de datos a la que en la emergencia y como garantía adicional se podría incorporar un control parlamentario. Particular importancia tiene el control de la eliminación de todos esos datos una vez agotada la finalidad para los cuales han sido recogidos.
Pasada la emergencia quedarán sus secuelas económicas que también habrá que atender. Si bien las soluciones provendrán de la macroeconomía, habrá que revisar cuestiones en el sector para atender la continuidad de muchos prestadores de servicios (de ahí la necesidad de incorporar al análisis de medidas de emergencia de hoy la salud financiera y económica de las compañías) y la necesidad de inversión en las redes en la que todavía mucho nos falta, pese a que hayan respondido bien hasta el momento.
Además, seguramente muchos hábitos incorporados en estos tiempos (como el teletrabajo y su correlato de videoconferencias) se mantendrán o incluso incrementarán (por confort o necesidad) y exigirán mayores anchos de banda. Ya no se podrá apelar a la buena voluntad de los usuarios o a medidas de coerción y excepción propias de la emergencia. Redes de gran capacidad, cobertura y baja latencia cada día serán más necesarias, sobre todo para la productividad de nuestras economías. Ello será el resultado de buenas políticas públicas y no de buenos deseos ni de la proclamación de derechos. La regulación sin duda jugará un papel importante.