Adjudicación 5G a Nubicom plantea riesgos de concretar inversiones para prestar servicio: Contraloría
La Contraloría General de la República (CGR) de Paraguay determinó que la adjudicación de espectro 5G a Nubicom S.A. por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) se dio en el marco de una “discrecionalidad técnica y administrativa”.
El órgano determinó que, por lo tanto, proyecta riesgos eventuales de que se concreten las inversiones necesarias para asegurar la prestación del servicio.
En concreto, la CGR señaló que el volumen de usuarios declarado y la solvencia financiera y patrimonial de la empresa argentina “podrían incidir en la factibilidad de ejecutar las inversiones requeridas”.
Así consta en las conclusiones del informe que elaboró sobre la licitación 5G en la banda de 3.5 GHz convocada y organizada por la Conatel, por lo que recomendó que el regulador “fortalezca el rigor en la fiscalización del cumplimiento de los compromisos contractuales”.
La Contraloría lo señaló luego de investigar si Nubicom efectivamente cumplía con las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG), tras recibir denuncias de que no contaba con los 100,000 usuarios requeridos.
La CGR reconoció que si bien la Conatel hizo la adjudicación a partir de una ponderación adaptada al entorno competitivo del proceso, caracterizado por una limitada participación y la ausencia de jugadores locales, señaló que representa un factor de riesgo que requiere una vigilancia intensificada por parte de la autoridad reguladora.
Por ello, recomendó que la Conatel “fortalezca el ejercicio de su competencia institucional e indelegable de fiscalización”, la cual, afirmó, debe orientarse a supervisar el cumplimiento íntegro y verificable de las condiciones y compromisos asumidos por Nubicom Paraguay S.A.
En última instancia, dijo que se requiere que la Conatel formalice e implemente sistemas de seguimiento continuo destinados a la detención oportuna de posibles desviaciones, la cual deberá realizarse con apego al ordenamiento jurídico vigente, al tiempo que se garantiza la protección de los intereses del Estado y el bienestar de la población.