La Asociación Consumidores de Costa Rica presentó ante la Sala Constitucional tres recursos de amparo orientados a mejorar las condiciones de acceso de los usuarios a las redes de telecomunicaciones del país.
En el primer recurso se pretende que el Estado recupere del ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) las frecuencias necesarias para tender la red 5G en el país, de manera que saquen a concurso urgente su concesión.
Desde la perspectiva de la organización, las acciones que se observan por parte del gobierno se inclinan a acaparar ese espectro, impidiendo la competencia, el salto necesario de las telecomunicaciones en el país y restringiendo los derechos humanos asociados a estas, como trabajo, salud y educación.
En el segundo recurso Consumidores de Costa Rica solicita a la Sala IV que las municipalidades del cantón central de Limón, Matina, Sarapiquí, Mora, Dota, León Cortés, Oreamuno, El Guarco y Puntarenas resuelvan publicar los reglamentos necesarios para que las redes de internet se tiendan en esos lugares.
“La situación actual hace urgente que los usuarios puedan tener acceso a redes eficientes, situación que se imposibilita ante la ausencia del reglamento respectivo en estas municipalidades”, indicaron.
El tercer recurso de amparo plantea una necesidad de la inversión pública en materia de alfabetización digital, principalmente de las poblaciones vulnerables (personas con discapacidad, adultos mayores), así como los docentes y estudiantes.
De acuerdo con la Asociación, el cambio acelerado a la virtualidad apunta hacia la necesidad de inversión en alfabetización digital con estrategias claras incorporadas a la Agenda de Solidaridad Digital contenida en el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones.
Según el vicepresidente de Consumidores de Costa Rica, Gilberto Campos, “la estrategia de las telecomunicaciones en Costa Rica debe ir en una sola vía: mejorar las condiciones de competitividad del país, poniendo como eje medular al usuario, para esto el Estado debe dar los pasos urgentes y necesarios, empezando por recuperar el espectro, que las municipalidades hagan lo suyo y que la gente aprenda a usar la tecnología”.
“Con estas acciones pretendemos ampliar el acceso a las telecomunicaciones de la población costarricense, recordando que no solo nos encontramos ante un derecho constitucionalmente reconocido, sino también ante una necesidad básica de la población”, añadió Erick Ulate, presidente de Consumidores de Costa Rica.