En una reciente ponencia de la Comisionada para la Europa Digital y Competencia de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, llamó la atención que, haciendo referencia a la película coreana Parasite, reseñó que la trama mostraba una familia de bajo ingreso que nunca se desprende de su teléfono inteligente; mostró la conectividad como el único puente para atravesar una brecha social a un hogar donde encuentran trabajo y donde la tecnología es cotidiana.
El mensaje parece ser que puede existir una profunda división entre quienes usan la tecnología “a nivel básico”, sin que se beneficien de ella en forma sostenible, sin contribuir a reducir la brecha. Lo anterior, a partir de una narrativa de sátira trágica. La Comisionada señaló enfáticamente que la digitalización tiene que ser un apoyo hacia los objetivos sociales para hacer cada vez mejores nuestras vidas, y no sólo ofrecernos frecuentemente “nuevos juguetes”.[1]
Los beneficios del cambio tecnológico deberán elevar el bienestar, cerrar brechas y no profundizarlas. Las ventajas de la digitalización y el advenimiento de 5G, ante un entorno normativo como el actual en el sector de telecomunicaciones, no favorece el cierre de brechas en cobertura y penetración en el país y la libre innovación de servicios; en cambio, hace monolíticas las consecuencias e incentivos de la regulación asimétrica entre operadores y petrifica la discusión.
Nuevas tecnologías
Después de casi seis años de la reforma en materia de telecomunicaciones, la asimetría entre el agente preponderante y el resto de los operadores se sigue ciñendo al tamaño del operador, y no al tamaño del impacto del cambio tecnológico y el bienestar en los usuarios actuales y futuros que requieren inversión.
Necesitamos reformas que incluyan los incentivos para mantener un elevado nivel de inversión dado un entorno donde los beneficios económicos del Big Data se multipliquen exponencialmente por el entorno de 5G.
Asimismo, por el incremento y la cuasi centralización del poder de cómputo de los dispositivos personales hacia la “nube”, similar a como se movió de los mainframe de las décadas de los años 60 y 70 a la computadora personal y del teléfono móvil de los años 80 y 90, al dispositivo inteligente en las primeras dos décadas del presente siglo.
Este fenómeno se conoce como la “Ley de Bell”, la cual establece que la capacidad de cómputo pasa de un entorno centralizado a uno descentralizado cada dos décadas. Sin cambio normativo, los sistemas de Big Data basados en la nube a Edge Computing y redes de alta velocidad y capacidad (5G), sólo cambiarán la productividad de las grandes empresas y beneficiarán con nuevos servicios a las sociedades urbanas y de relativamente elevando nivel de ingreso, lo que sólo ensanchará las brechas actuales.
No obstante, el cambio tecnológico tiene que permear las empresas pequeñas y medianas y los usuarios en asentamientos semi urbanos y rurales, para elevar su bienestar tanto en su lugar de trabajo como en los servicios de asistencia social por medio de plataformas de comercio, educación, servicios médicos y financieros y, sobre todo, en seguridad pública.
Por ejemplo, sería deseable escuchar una oferta de co-inversión entre operadores “no-preponderantes” en una red de monitoreo y reconocimiento facial en localidades y carreteras azotadas por la violencia en el interior de la República. O en una red de enlace en tiempo real entre el inventario de fármacos en los hospitales públicos con monitoreo en tiempo real de su uso (RFID o QR) y la generación de ordenes de compra y reabastecimiento hacia la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Un gran ejemplo de cómo la conectividad de lo local a lo global tiene beneficios antes no imaginados es el hecho de que, a pesar de un régimen autoritario, el genoma del coronavirus que azota a China ha sido identificado, secuenciado y monitoreada su expansión online con el esfuerzo cooperativo alrededor del mundo.[2]
Las plataformas capaces de manejar Big Data en tiempo real que alimenten plataformas de misión crítica (salud y seguridad pública con algoritmos de Inteligencia Artificial) son una consecuencia factible por la digitalización, la conectividad (5G-fibra), la disponibilidad de acceso y de herramientas basadas en Inteligencia Artificial ubicadas en la “nube”.
Además, escalarán las industrias en sus relaciones económicas B2B y B2C, en el uso con mayor eficiencia de los recursos y serán factor de localización de empresas como en su tiempo fue la disponibilidad de electricidad, vialidades, agua y alcantarillado en la industrialización de las metrópolis en los años 50 y 60 y la política de creación de parques y ciudades industriales en los años 70 del siglo XX.
El anterior ejemplo y demás aplicaciones, incluso las ahora no existentes, no elevarán el bienestar social en ausencia de incentivos a la inversión en infraestructura con uniformidad social y geográfica; sólo profundizará la brecha entre localidades con infraestructura de telecomunicaciones de banda ancha y 5G, y aquellas carentes de ella, provocando que a su vez se profundicen las brechas en servicios de salud, educación, seguridad y empleo.
Las plataformas digitales son un medio que brinda facilidades para todo tipo de transacciones y creación de empleos por parte de todo tipo de tamaño de empresas, al ser un vehículo de integración con los mercados, por más alejados y complejos que éstos sean.
Cada vez es más evidente que las cadenas de valor en la manufactura y en los servicios implican la obtención, procesamiento y monetización de los datos que se generan por la digitalización de las transacciones, la entrega de servicios y la interacción con y entre usuarios. La economía basada en el aprovechamiento de datos será revolucionada por la infraestructura de 5G y su complementariedad con las redes de fibra.
La reforma en materia de telecomunicaciones de 2014 no es compatible con la promoción del cambio tecnológico de las redes y las aplicaciones, plataformas y ecosistemas del futuro cercano, dado que es fundamentalmente una normativa regulatoria de política industrial (subsidios/obligaciones/transferencias) con beneficios o costos netos dirigidos, de acuerdo con el tamaño relativo de las redes competidoras.
Una multa sin metodología
Ante tal prospectiva, suena deprimente y decepcionante que ciertas cámaras empresariales clamen por imponer multas, sin que haya un límite superior que sea del agrado y se satisfagan de ello, cuando en realidad protegen las disposiciones que les benefician y que causan que un competidor permanezca en desventaja regulatoria y en el mercado por no poder replicar servicios convergentes que los demás pueden ofrecer libremente.
El denominado “preponderante” no puede ofrecer servicios convergentes porque le tienen prohibido desde el inicio de la última década del siglo pasado ofrecer lo que ahora son servicios de convergencia digital (triple play), comúnmente disponible por cualquier red de telecomunicaciones en el globo. Esa es la realidad de lo que ellos han llamado en garantizar una “cancha pareja”.
La supuesta causa de la multa impuesta a Telnor, filial de Telmex, para el noroeste de la República, es no haber tenido en el Sistema Electrónico de Gestión (SEG) datos de disponibilidad de capacidad sobre infraestructura. La obligación consistía en tener 60 por ciento de los inventarios de postes y pozos como parte de la infraestructura pasiva sujeta a compartición.
¿Cómo se verificó la existencia y las métricas de los postes y pozos inventariados en la zona de operación de Telnor para afirmar que se cumplió o no con la norma? ¿Cuál fue su método de medición? ¿Visitaron un poste y un pozo aleatoriamente o cuántos fueron verificados? ¿Es la multa indiferente si existió un incumplimiento del equivalente a 1 por ciento o de 59 por ciento de la población de postes y pozos?
He aquí un ejemplo de cómo el uso de la tecnología puede evitar la discrecionalidad en la aplicación de las medidas regulatorias, toda vez que un muestreo “ordenado por un algoritmo” procesando Big Data y utilizando aplicaciones en instrumentos móviles enlazados por banda ancha móvil con conectividad (4G es suficiente) y georreferenciación en una plataforma como el SEG actualizable en tiempo real, es superior a una visita de verificación por uso del factor humano sin método y sin transparencia, tal y como lo cuestionó el comisionado Fromow. Lo anterior, en contraste con la carencia de técnica en las respuestas que recibió, según la versión estenográfica de la sesión del pleno correspondiente.
Lo anterior demuestra la ausencia de soporte objetivo y, por ende, legal, de la multa. El examen de conocimientos del Comité de Evaluación para designar al nuevo Comisionado deberá tener una sección de estadística para asegurar que los concesionarios tengan nociones básicas y evitar tales asimetrías de conocimientos.
En el mismo sentido, la separación funcional de Telmex es un ejemplo típico del refrán “cuando tu única herramienta es un martillo, todo te parece un clavo”. El único objetivo de la separación funcional es evitar que se presenten conductas que discriminen en contra de los operadores que dependen del insumo que les proporciona el operador verticalmente integrado, cuando todo otro instrumento regulatorio ha fallado.
Su objetivo no es “una reducción en la asimetría en el mercado”, ni “facilitar” el acceso, como la Vicepresidenta de AT&T afirma.[3] O como algunos columnistas dicen, como “dejar atrás el rezago de casi tres décadas con respecto a referentes internacionales”,[4] cuando sólo han sido siete los casos de separación funcional y cuando el referente internacional actual es evitar tal medida, antes que acudir a ella, por eso se considera una medida superada por instrumentos regulatorios que incluso el IFT ha impuesto.
Ni qué decir de lo escrito sobre un mecanismo de outsourcing[5] laboral, ignorando lo que realmente procuran los trabajadores para mantener su puesto de trabajo y sus prestaciones en un entorno sujeto a verificaciones y multas por doquier, por cualquier retraso o descuido fortuito en su atención a los concesionarios solicitantes.
En lo que a cobertura de refiere, incluso en el país pionero y referente de la separación funcional, Inglaterra, no se hace referencia a profundizar la separación funcional de BT como solución a la falta de cobertura en sus áreas rurales. La opción de Boris Johnson es formalizar un acuerdo entre cuatro operadores móviles (EE de BT, Three, O2 y Vodafone) para crear una red compartida rural 50 por ciento financiada por el gobierno y alcanzar 95 por ciento de cobertura para 2025 con tecnología 4G,[6] es decir, un esquema de coinversión privada con subsidio público, evitando profundizar en aspectos regulatorios.
Las ofertas de referencia en compartición y desagregación de los elementos de red, en conjunto con el SEG, son mecanismos suficientes para evitar las conductas de discriminación que supuestamente se puedan dar. Lo que falta es que el IFT acuda al cambio tecnológico para sus procesos de verificación de cumplimiento. Le falta inteligencia y, además, protocolos de Big Data con algún algoritmo de Inteligencia Artificial básico que sustituya a verificadores “de a pie”.
Multar multimillonariamente por falta de datos y de su debido procesamiento
estadístico no es consistente con sus facultades de especialización técnica y
autonomía. Sólo se puede ser autónomo
cuando puede ejercer su autoridad con objetividad y sustentada en metodologías
robustas que sean defendibles tanto en el ámbito cuantitativo como en el legal.
[1] Symposium on Digitalisation, The Hague, 3 de febrero de 2020.
[2] Disponible en: https://marginalrevolution.com/marginalrevolution/2020/02/coronavirus-would-be-worse-without-the-web.html.
[3] El Universal, “Canieti pide al regulador multa para Telmex” 2 de julio de 2020.
[4] Piedras, E., El Economista, “Separación disfuncional para simular condiciones competitivas”, 6 de febrero de 2020.
[5] Soria, G., El Economista, “Separación funcional: un fracaso documentado”, 5 de febrero de 2020.
[6] Financial Times, “Mobile operators warned to deliver on rural not spots”, 3 de febrero de 2020.