Aumento del tráfico móvil desafía a América Latina a crear políticas públicas enfocadas en el despliegue de redes heterogéneas con small cells
Para instalar más celdas de menor tamaño en puntos específicos, los operadores tienen que realizar fuertes inversiones que necesitan un soporte regulatorio.
El crecimiento exponencial del tráfico móvil exige que los operadores actualicen sus redes de manera constante para seguir brindando una buena experiencia a los usuarios. Uno de los caminos para ello es la evolución hacia redes heterogéneas, utilizando pequeñas celdas (small cells) en coordinación con una capa macro mejorada, lo cual permite, bajo diferentes modelos, aumentar la cobertura y calidad de la banda ancha en centros urbanos, espacios interiores o áreas públicas.
Por tal razón, es importante que los países de América Latina desarrollen “políticas públicas específicas para viabilizar económicamente el despliegue y la evolución de las redes hacia, por ejemplo, soluciones heterogéneas que incluyen las small cells en su planificación, recomienda 5G Americas en su reciente estudio sobre adopción digital.
Los operadores tienen que hacer fuertes inversiones para desplegar infraestructura y atender la demanda de consumo móvil. Al instalar más celdas en áreas de alta densidad de tráfico, se requieren más recursos para adquirir sitios, licencias, transporte backhaul y energía, que sólo puede llevarse a cabo con el soporte de políticas y regulación que favorezcan un entorno sostenible.
Usar celdas pequeñas incrementa la capacidad y la profundidad de cobertura, y posibilita ofrecer nuevos servicios. Estos nodos de acceso serán clave en el despliegue de 5G, una nueva tecnología que habilitará una amplia gama de aplicaciones y productos para el usuario final y también para diferentes industrias, señala el informe.
Para incentivar y acelerar la digitalización de América Latina, en las distintas jurisdicciones de la región se han dispuesto también acciones para la compartición de infraestructura que “parecen ser suficientes”.
Sin embargo, el organismo apunta que en normativas y acuerdos futuros se debe priorizar la voluntad de las empresas para signar convenios en términos recíprocos; la compartición de infraestructura debe ser factible en lo técnico, económico, operativo y legal, evitando en lo posible la intervención del Estado; y se tiene que buscar cuidar la inversión de los operadores.