De cumplirse las amenazas de India o Sudáfrica, la moratoria por 20 años sobre la imposición de aranceles al comercio digital podría llegar a su fin la semana entrante, obligando a pagar aranceles por cada descarga de software y películas, de acuerdo con funcionarios e información de documentos comerciales.
Dicha prohibición ha sido renovada por los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde 1998, a través de “transmisiones electrónicas”, con un valor cercano a los 255 mil millones de dólares al año. La presión ha ido en aumento toda vez que más libros y películas se vuelven digitales, lo que podría reducir aún más los ingresos.
Reuters tuvo acceso a un documento interno de la OMC, distribuido por India y Sudáfrica, donde se argumenta que por el aumento de la digitalización están obligados a “repensar el papel de la moratoria temporal”, citando el potencial de la impresión 3D para fabricar productos, aunque la renovación requiere un consenso total. Xolelwa Mlumbi-Peter, embajador de Sudáfrica ante la OMC, indicó que “todavía se está consultando sobre esta importante decisión”.
21 países, entre los que se encuentran China y Canadá, busca extender la prohibición por seis meses más. Los aranceles podrían ser difíciles de aplicar porque aún no está claro cómo se determinaría el origen del producto digital y si es una importación. En respuesta a estas dudas, Indonesia se ha dado a la tarea de crear códigos arancelarios para productos digitales desde 2018, fijando el nivel en 0 por ciento por ahora.
Mlumbi-Peter hizo hincapié en que, de terminar la moratoria, las tarifas no entrarían en vigor inmediatamente y en caso de que “alguien intente experimentar imponiendo aranceles, existe el riesgo de represalias inmediatas en ausencia de la función de solución de controversias”, aseguró Andrew Wilson de la CPI.
De acuerdo con un informe reciente de la ONU, las pérdidas potenciales de ingresos arancelarios anuales podrían ser de 10.4 mil millones de dólares al año, con más de 10 mil millones de dólares perdidos por los países en desarrollo de la OMC. Esto fue cuestionado por la OCDE, al argumentar que las ganancias de los ingresos al levantar la prohibición serían mínimas y los aranceles conducirían a precios más altos para los consumidores.