Chile | ACTI llama a convertir el avance digital del Estado en productividad y mayor difusión ciudadana

Prensa ACTI

La Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI A.G.), sostuvo que la modernización digital del Estado debe traducirse en mayor productividad y en servicios digitales más visibles para la ciudadanía, especialmente mientras avanza la implementación de la Ley N° 21.180, que impulsa la Transformación Digital del Estado. 

En ese sentido, el gremio planteó que reforzar la difusión de los trámites digitales disponibles es clave para que este proceso tenga un impacto más claro en la vida cotidiana de las personas y en la operación de empresas e instituciones. Esto, considerando que la norma entrará plenamente en régimen el 31 de diciembre de 2027, lo que abre una ventana de 15 meses para informar mejor a la ciudadanía, especialmente en regiones, sobre los canales digitales que ya están disponibles y los cambios que vienen en la relación con el Estado.

Cabe señalar que el Índice de Gobierno Digital de la OCDE dado a conocer en febrero, y cuyos datos fueron recopilados durante el primer semestre de 2025, refleja avances en gobernanza de datos, infraestructura pública digital e identidad digital, y sitúa a Chile en el quinto lugar global en la dimensión centrada en el usuario, con un puntaje de 0,90. Para ACTI, ese reconocimiento es el punto de partida para abrir una conversación sobre cómo conectar la modernización del Estado con el desarrollo económico concreto de las regiones, las empresas y los hogares.

“Chile no está digitalizando el Estado sólo para reducir la burocracia, sino para ser más competitivo. Un Estado sin filas reduce lo que hoy le cuesta a cualquier empresa y ciudadano relacionarse con las entidades públicas. Pero creemos que todavía no está instalado en el debate que esa relación entre las personas y el Estado puede convertirse en una palanca de desarrollo real, tanto a nivel productivo como en materia de calidad de vida”, explicó Luz María García, gerenta general de ACTI.

De acuerdo al gremio, un Estado que opera digitalmente es también una plataforma para el desarrollo territorial. Esto implica que eliminar las filas en un municipio rural significa que un pequeño productor puede formalizar su actividad sin viajar a la capital regional ni perder días laborales en trámites. Además, Chile puede disputar talento e inversión en condiciones más competitivas que sus pares regionales y esa cadena de efectos positivos es la que el gremio considera aún subestimada en el diseño de las políticas públicas.

En consecuencia, el desafío que ACTI identifica para los próximos meses es la difusión ciudadana, sobre el potencial real que tienen los trámites digitales. Así lo grafica el reporte Hogares Conectados 2026 de la Fundación País Digital, que revela que, si bien la cobertura de internet en Chile es prácticamente universal, la brecha entre uso recreativo y productivo de tecnología sigue siendo amplia, porque el 85% de los chilenos domina redes sociales, pero solo la mitad utiliza herramientas digitales de productividad.

En ese contexto, digitalizar el Estado sin comunicar masivamente cómo usar los nuevos servicios corre el riesgo de no traducirse en un cambio perceptible para la mayoría de las personas.