Comisión Europea publica un código de buenas prácticas para el contenido generado por IA
La Comisión Europea presentó el Código de Buenas Prácticas sobre el marcado y etiquetado de contenidos generados por Inteligencia Artificial (IA), una herramienta voluntaria diseñada para ayudar a proveedores y usuarios de sistemas de IA generativa a cumplir con las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de IA (AI Act), cuyas disposiciones entrarán en vigor el próximo 2 de agosto de 2026.
El documento establece una serie de medidas prácticas para facilitar la identificación de contenido creado o manipulado mediante IA, con el objetivo de reducir los riesgos de engaño y desinformación, y fortalecer la confianza en el ecosistema digital.
El texto de la Comisión Europea se divide en dos grandes apartados. El primero está dirigido a los proveedores de modelos y sistemas de IA generativa y establece prácticas para garantizar que las imágenes, videos, audios y textos generados o manipulados por IA cuenten con marcas legibles por máquina que permitan detectar su origen artificial. Para ello, se promueve el uso de estándares abiertos y soluciones técnicas interoperables, robustas y fiables.
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El segundo apartado está enfocado en quienes despliegan estos sistemas y regula el etiquetado visible de los llamados “deepfakes” y de determinados textos generados o modificados mediante IA cuando se utilizan para informar al público sobre asuntos de interés general y no existe una revisión humana con responsabilidad editorial.
En esos casos, el contenido deberá indicar claramente que ha sido generado o manipulado por IA.
La Comisión Europea señaló que el código podrá ser implementado de manera voluntaria y ayudará a fomentar la cooperación entre los distintos actores de la cadena de valor a través de una vía práctica para demostrar el cumplimiento de las obligaciones legales, así como la promoción de estándares abiertos para el marcado de contenido.
El documento fue elaborado por expertos independientes en un proceso participativo que involucró a representantes de la industria, organizaciones de la sociedad civil y especialistas académicos.
La versión final incorpora cambios realizados tras las consultas públicas previas, con el objetivo de simplificar los requisitos, reducir la carga de cumplimiento y ofrecer mayor flexibilidad sin perder de vista los objetivos de transparencia establecidos por la legislación europea.