Los 2.4 millones de clientes del servicio de telefonía celular de Movistar Costa Rica se convertirían en usuarios de Tigo hasta el próximo año.
Esto responde a que el camino de autorización de la compra avanza a paso lento, pues se requiere la aprobación de diversas instituciones.
Se trata de un proceso divido en dos partes: la concentración que ya fue autorizada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y el traslado de la concesión, a cargo del Viceministerio de Telecomunicaciones.
La primera etapa se completó el 30 de agosto, lo que dio inicio a la segunda; aquí, el Viceministerio de Telecomunicaciones no tiene un período máximo para dar su visto bueno o rechazo, ya que requiere, además, de un dictamen de la Contraloría.
Una vez que se cuente con la respuesta de la Contraloría, se emitirá el análisis con las conclusiones y recomendaciones para el Poder Ejecutivo, en su condición de administrador de la concesión, a quien le corresponde autorizar finalmente la operación.
Una vez aprobado este paso, se confecciona el Acuerdo Ejecutivo para dar respuesta a la solicitud presentada; este es notificado únicamente a las partes y al Registro Nacional de Telecomunicaciones para su inscripción.
El cambio de Movistar a Tigo entraría a regir a partir del aviso realizado a las partes, por lo que no se requiere de la publicación en La Gaceta.
Ambas empresas contarán en su momento con la libertad de acordar el período de traslado, pudiendo incluso mantenerse la marca Movistar por un tiempo, mientras se da el cambio.
En el caso de Costa Rica, la venta de activos de Movistar a Tigo fue por $570 millones – casi el mismo monto invertido por la telco española en suelo nacional desde su llegada en 2011-, e incluye infraestructura de telecomunicaciones desplegada, oficinas, sucursales, vehículos, su cartera de clientes y el derecho de explotar el servicio de telefonía celular hasta 2026, con posibilidad de prorrogarlo al 2036.
Tigo deberá mantener la base actual de clientes de Movistar bajo las mismas condiciones y beneficios adquiridos con anterioridad, así como las responsabilidades fiscales en el pago de impuestos y cánones por su operación y concesión.