Corte invalida reglas que permitían a FCC combatir la discriminación en servicio de banda ancha
El Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito de Estados Unidos anuló esta semana las reglas de discriminación digital de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), al determinar que la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos no autoriza a la agencia a abordar la discriminación por “impacto discriminatorio” ni a regular entidades más allá de los proveedores de banda ancha de última milla.
La FCC adoptó la regla en noviembre de 2023 para implementar la Sección 60506 de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos de 2021, emitida bajo la presidencia de Joe Biden. Esta regla le ordenaba prevenir la discriminación en el acceso a banda ancha basada en ingresos, raza, etnia, color, religión u origen nacional. La regla fue desarrollada bajo el liderazgo de la entonces presidenta de la FCC, Jessica Rosenworcel.
En su momento, Brendan Carr, desde su posición como comisionado, advirtió que la norma permitiría a la Comisión “imponer una responsabilidad potencialmente ilimitada si la agencia determina que algún acto, o incluso la omisión de un acto, tuvo como resultado un impacto discriminatorio según el propio criterio de la FCC”.
Durante el juicio, la discusión se centró en si la FCC tenía autoridad legal o no para imponer responsabilidad a los operadores por acciones que resultaran en un “impacto discriminatorio”, en lugar de simplemente controlar el “trato discriminatorio”.
El fallo del Tribunal de Apelaciones, votado por tres jueces de alineación republicana, determinó que “la Comisión excedió su autoridad legal […] al adoptar una norma final que autorizaba la imposición de responsabilidad por impacto discriminatorio y definía de manera demasiado amplia las entidades cubiertas por la norma”.
La medida impulsada por la presidencia Biden buscaba atender la práctica conocida como “redlining digital“, en la que se acusaba a los operadores de negarse a proporcionar servicio de Internet de alta calidad a ciertos vecindarios, basándose en factores demográficos como ingresos, raza o ubicación.
En ese sentido, Public Knowledge, un grupo de defensa que promueve la libertad de expresión y el acceso a Internet, criticó el resultado del juicio, ya que que ahora la FCC se verá obligada a redactar un nuevo conjunto de normas más limitadas para combatir la discriminación.
Tras la decisión judicial, la Comisión sólo podrá actuar cuando demuestre casos claros de sesgo consciente e intencional, es decir, cuando encuentre evidencia clara de que los operadores entregan de forma intencional servicios limitados a grupos protegidos, “lo cual, casi nunca se encuentra por escrito”, advirtió la asociación.
“El Octavo Circuito interpretó erróneamente la ley. El Congreso le ordenó a la FCC prevenir la discriminación digital. La estructura de la ley deja claro que el Congreso pretendía abordar los efectos de las prácticas discriminatorias de larga data, no simplemente brindar recursos legales cuando existe evidencia clara de discriminación intencional e ilegal”, señaló John Bergmayer, director Jurídico de Public Knowledge.
Los grupos de la industria de telecomunicaciones celebraron la decisión. Grant Spellmeyer, presidente y CEO de America’s Communications Association, agradeció al tribunal por “atender nuestros argumentos sobre el alcance injustificado e ilegal de las reglas de discriminación digital de la FCC”.
Joe Kane, director de política de banda ancha y espectro del Information Technology and Innovation Foundation (ITIF), comentó que “el tribunal reconoció que el Congreso no autorizó a la FCC a convertirse en un ejecutor de derechos civiles sin restricciones“.
Uno de los principales argumentos de la industria en contra de la medida fue que la sección 60506 “no autoriza a la FCC a imponer responsabilidad por impacto discriminatorio”, por lo que consideran que las medidas adoptadas por la agencia excedían sus facultades. Asimismo, acusaron que las medidas podrían afectar a otros operadores que no fueran proveedores de Internet, y cuestionaron las facultades de la FCC para imponer multas económicas.
Carr, ahora como presidente de la FCC, celebró la decisión judicial, al señalar que en 2023 había disentido de la adopción de estas “reglas de equidad digital amplias e ilegales”. El presidente comisionado afirmó que la FCC ahora se enfoca en su “Build America Agenda” y en garantizar que las entidades reguladas no discriminen, incluyendo esfuerzos para “terminar con formas insidiosas de DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión)”.