Meta lleva al regulador del Reino Unido a los tribunales: rechaza pagar multas millonarias calculadas sobre sus ingresos mundiales
La demanda de Meta se centra en las tarifas cobradas y las posibles multas impuestas bajo la nueva Ley de Seguridad en Línea.
Meta, dueña de Facebook e Instagram, interpuso un recurso legal en contra del regulador del Reino Unido, Ofcom, ante el Tribunal Superior.
De acuerdo con la compañía, la demanda se centra en las tarifas cobradas y las posibles multas impuestas bajo la Ley de Seguridad en Línea.
Esta legislación busca proteger a los usuarios de contenido dañino en Internet, y entró en vigor en julio de 2025.
Sin embargo, los costos operativos de Ofcom para aplicar esta ley deben ser cubiertos por las empresas tecnológicas. Las tarifas se aplican a compañías con ingresos anuales superiores a 250 millones de libras esterlinas y se calculan basándose en sus ingresos mundiales.
De acuerdo con Meta, el sistema de Ofcom para calcular tanto las tarifas como las multas es “desproporcionado e ilegal”. Los abogados de la tecnológica argumentan que es preocupante que sólo “un pequeño grupo de empresas, como Meta”, asuman la gran mayoría de los costos, a pesar de que la ley cubre una amplia gama de servicios de Internet.
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Además, señalan que el cálculo de los ingresos mundiales no está ligado específicamente a los ingresos generados en el Reino Unido.
La Ley de Seguridad en Línea establece, asimismo, que las empresas que incumplan las normas pueden recibir multas de hasta el 10% de sus ingresos mundiales elegibles ó 18 millones de libras, la cantidad que sea mayor. Meta también cuestiona cómo se calculan las sanciones cuando varias empresas de la misma matriz son consideradas responsables solidarias por una infracción.
De acuerdo con información de medios europeos, el Tribunal Superior tiene conocimiento de que otras compañías, como Epic Games y la asociación comercial Computer and Communications Industry Association (CCIA), buscarán intervenir en el caso.
Se espera que la próxima audiencia se celebre en junio y la audiencia completa en octubre.
Meta impugna proyecto de ley en Canadá
En otro hecho, Meta impugnó la Parte 2 del Proyecto de Ley C-22 de Canadá, que prevé modernizar herramientas de investigación criminal, argumentando que sus amplios poderes y la falta de salvaguardias claras pondrían en riesgo la privacidad y la ciberseguridad de los canadienses.
La empresa, a través de Rachel Curran, directora de Políticas Públicas, advirtió que las obligaciones de asistencia técnica de la ley podrían convertir a compañías privadas en un brazo del aparato de vigilancia del gobierno.
Meta teme que el proyecto de ley la obligue a desarrollar o mantener capacidades para romper o eludir el cifrado o a instalar directamente software espía gubernamental en sus sistemas.
El gigante tecnológico sostiene que debilitar el cifrado no sólo afecta los objetivos de una investigación, sino que expone a todos los ciudadanos canadienses que dependen de comunicaciones seguras para realizar operaciones bancarias o acceder a la atención médica.