Reforma Jorge F. Negrete P.
Nuestra sociedad digital, el nacimiento de los derechos humanos en el mundo digital, la competitividad económica de nuestro país, la innovación y preparar un México digital global depende de una simple conexión a Internet proporcionada por las empresas de infraestructura digital.
Te conectas y accedes al ejercicio de todos tus derechos fundamentales en un mundo digital: libertad de expresión, derecho a la información, a la educación, la cultura, la movilidad, al trabajo y, con ello, fortaleces instituciones democráticas e incluso a la República. Se han invertido miles de millones de dólares y desplegado la más poderosa infraestructura de nuestra civilización para garantizar este acceso.
El 30 de junio de este año termina el periodo que se otorgó a los usuarios de telefonía para registrar sus números y líneas de acceso. No cumplir esta disposición desencadena sanciones expresas como la suspensión del servicio, corte automático de llamadas, SMS y datos móviles.
En términos prácticos, significa la pérdida del derecho de acceso a Internet y demás servicios de telecomunicaciones. Se trata de una decisión mayúscula para nuestra sociedad, economía, el Estado y la República. Esta disposición legal fue apoyada incuestionablemente por todos los operadores de telecomunicaciones. Han cumplido con la ley y colaboran con la autoridad.
La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) establece este mandato. En consecuencia, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) emitió los Lineamientos respectivos. El paraguas bajo el cual nace esta iniciativa es el Marco de Seguridad Nacional y Pública. El objetivo es “fortalecer la seguridad pública, facilitar la investigación de delitos y reducir la impunidad en casos de extorsión y fraude telefónico”.
He sido prudente con el tema, pero dada la fecha inminente de cumplimiento y la instrucción de la CRC esta semana de seguir con el proceso, que debo señalar lo siguiente: hay un error monumental en el diseño legislativo que está orillando al regulador a ir en contra de su función.
¿Por qué necesito el registro? Es un principio de orden institucional para habilitar derechos fundamentales en el mundo digital. ¿Cuáles? Todos, incluido el derecho a la seguridad. Los derechos fundamentales son indivisibles e interdependientes. Por eso, fundar una política de registro de móviles a partir de la seguridad nacional y pública es parcial, injusto y condiciona el ejercicio de todos los derechos fundamentales a un enfoque restringido, que genera un efecto de marginación y juicio sumario administrativo.
No cumplir un requisito administrativo fundado en el marco de seguridad pública conculca de forma inmediata todos los derechos fundamentales. Una acción draconiana que el legislador no comprendió. Pierdes tu derecho de acceso a Internet sin el debido proceso.
¿Cómo garantizar la confianza en el registro? Es vital la fortaleza institucional del registro. Debe ir acompañado de una política pública robusta en ciberseguridad y el reposicionamiento del sistema de protección de datos personales, elevando esa área a nivel de una oficina independiente. La desconfianza surge por la historia reciente (6 años) de ataques en materia de ciberseguridad a distintas áreas del gobierno mexicano y el desprecio que existió a la privacidad y a los datos personales.
El efecto inmediato que puede existir es el uso uso masivo de e-sims o chips de otros países por la delincuencia organizada y la población en su conjunto. Cancelación masiva del derecho de acceso a Internet, constituyendo la mayor violación de derechos digitales que se haya visto en occidente.
La baja de ingresos para el gobierno en materia de economía digital y su consecuente impacto en empresas de Internet, plataformas de movilidad, pagos digitales y la pérdida de base de usuarios de los operadores de telecomunicaciones. El impacto mediático para el gobierno es innecesario y puede ser monumental nacional e internacionalmente.
Presidente de DPL Group
X / @fernegretep