8M | Desconectadas: el costo económico y social de la exclusión digital de las mujeres

La brecha digital de género en América Latina y el Caribe muestra avances, pero la exclusión continúa siendo estructural y persistente.

Según el informe The Digital Gender Divide: Women in Latin America and the Caribbean in the Digital Era del Banco Mundial, entre 2018 y 2022 el acceso a Internet en los hogares de la región creció de 50.7 a 68.4%, con mayor penetración en áreas urbanas.

Sin embargo, ese progreso agregado convive con desigualdades profundas: en la mayoría de los países los hombres presentan mayores niveles de acceso y uso de Internet que las mujeres, especialmente en los hogares más pobres.

Aunque existen casos puntuales donde la brecha favorece a las mujeres, como en República Dominicana o Uruguay, el patrón regional evidencia que las barreras económicas, sociales y culturales siguen limitando la plena inclusión digital femenina.

A nivel global, el panorama confirma que el cierre de la brecha se ha desacelerado. El Mobile Gender Gap Report 2025 de GSMA señala que en los países de ingresos bajos y medios aún hay 885 millones de mujeres que no utilizan Internet móvil.

Si bien más de 1,500 millones ya están conectadas, la tasa de adopción femenina perdió dinamismo: en 2024 sólo 50 millones de mujeres comenzaron a usar Internet móvil, frente a 85 millones en 2023.

La brecha de uso se mantiene en 14% (equivalente a 235 millones menos de mujeres que hombres conectados) y está asociada a la menor propiedad de smartphones: apenas el 61% de las mujeres en estos países posee uno, frente a 71% de los hombres, lo que implica 400 millones menos de mujeres con acceso a dispositivos inteligentes.

En América Latina, el desafío no es únicamente de infraestructura, sino también de habilidades, confianza y uso productivo. El Banco Mundial advierte que las mujeres tienen menos probabilidades de recibir capacitación digital, de sentirse seguras en entornos en línea y de insertarse laboralmente en el sector tecnológico. Además, expresan mayores preocupaciones sobre privacidad, seguridad y exposición a violencia digital.

Esta combinación de factores limita el impacto transformador de la conectividad en términos de empleo, ingresos y autonomía económica. En ese contexto, cerrar la brecha digital de género no sólo es una cuestión de equidad, sino también una estrategia clave de desarrollo: ampliar el acceso efectivo y el uso significativo de la tecnología por parte de las mujeres puede potenciar el crecimiento, la resiliencia laboral y la inclusión social en toda la región.

Costo de la exclusión

La exclusión digital de las mujeres no sólo profundiza desigualdades sociales, sino que tiene un costo económico directo y cuantificable para los países.

A nivel global, los hombres tienen un 21% más de probabilidades de estar en línea que las mujeres, según los datos analizados por la Alliance for Affordable Internet (A4AI). Esta disparidad ha significado una pérdida acumulada de un billón de dólares en PIB, incluyendo 126,000 millones de dólares sólo en 2020, además de unos 24,000 millones anuales en ingresos fiscales que podrían destinarse a educación, salud o vivienda.

Barreras como el alto costo de dispositivos y datos, las brechas en educación y habilidades digitales, normas sociales restrictivas y preocupaciones sobre seguridad y privacidad limitan la participación femenina en la economía digital.

El informe de A4AI señala que cerrar la brecha digital de género podría generar más de 524,000 millones de dólares adicionales en actividad económica, lo que confirma que la inclusión digital es también una estrategia de crecimiento.

Esfuerzos en América Latina

América Latina cuenta con algunas iniciativas, aisladas, para cerrar la brecha digital de género, una desigualdad que no sólo limita el acceso a Internet, sino también las oportunidades laborales, educativas y de participación en la economía digital.

En los últimos años, distintos gobiernos y organismos regionales impulsaron políticas públicas que contemplan capacitación tecnológica, modernización del Estado y cooperación internacional con perspectiva de género, en línea con los compromisos asumidos en foros multilaterales.

En Brasil, el Proyecto de Aceleración Digital de Espírito Santo (2024-actualidad) busca aumentar las habilidades digitales de las mujeres en un contexto en el que apenas el 32% de las brasileñas utiliza Internet con fines profesionales o productivos, frente al 44% de los hombres.

La iniciativa no sólo ofrece formación en competencias digitales orientadas al empleo y realiza un seguimiento de su impacto en la inserción laboral, sino que también aborda la violencia de género como una barrera estructural.

En ese marco, prevé modernizar la línea 180 de atención a víctimas, integrándola a un nuevo centro de emergencias con tecnología avanzada que mejore la coordinación institucional y la accesibilidad para las sobrevivientes. Así, el proyecto articula inclusión digital y protección social.

En República Dominicana, el programa de Apoyo a la Implementación del Plan de Reforma y Modernización de la Administración Pública (2024-actualidad) pone el foco en el uso efectivo de los servicios digitales del Estado por parte de las mujeres.

La iniciativa promueve el desarrollo de servicios públicos digitales con perspectiva de género y la adecuación de los canales de atención a las necesidades de las usuarias. Uno de sus ejes centrales es la creación de Laboratorios de Innovación en la Prestación de Servicios, espacios colaborativos donde funcionarias y ciudadanos —especialmente mujeres— trabajan en conjunto para rediseñar procesos, mejorar la experiencia de uso y fomentar una mayor adopción de herramientas digitales gubernamentales.

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En Colombia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de impulsa la iniciativa “Mujeres TIC para el Cambio”, un programa nacional de formación digital gratuito dirigido a mujeres mayores de 13 años para potenciar su liderazgo y su participación en la economía digital.

A través de cursos virtuales accesibles y certificados en áreas como herramientas digitales para la empleabilidad, emprendimiento y creación de contenidos digitales, la iniciativa busca que las mujeres adquieran habilidades tecnológicas que les permitan emprender, mejorar su competitividad y acceder a nuevas oportunidades laborales y productivas en todo el país, con especial atención a poblaciones vulnerables y rurales.

A nivel regional, los países de América Latina y el Caribe reforzaron su compromiso político en la Declaración adoptada en la 64ª Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en coordinación con ONU Mujeres en 2023.

En ese documento, los gobiernos acordaron promover políticas públicas intersectoriales con medidas de acción afirmativa para garantizar la participación, permanencia y graduación de niñas y mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), así como su acceso pleno a la economía digital emergente.

No obstante, muchas de estas iniciativas de política pública para cerrar la brecha digital de género en América Latina dependen en gran medida del gobierno de turno y de la prioridad que cada administración otorgue a la agenda de igualdad.

En varios países, los programas pierden impulso, financiamiento o directamente se discontinúan cuando cambia el signo político del mandatario, lo que afecta su sostenibilidad y su impacto de largo plazo.

Una situación similar ocurre con los compromisos y mecanismos de cooperación regional: si bien las declaraciones y acuerdos multilaterales establecen marcos ambiciosos, su implementación efectiva suele verse condicionada por los vaivenes políticos internos y por la voluntad de los gobiernos de mantener o no el apoyo técnico y presupuestario necesario para sostenerlos en el tiempo.