Alianza In pide a Aguascalientes frenar impuesto de 2% a plataformas
El Congreso local de Aguascalientes analiza implementar un cobro de 2% a plataformas como Rappi, Uber y DiDi, como ya sucede en la Ciudad de México.
Alianza In México llamó al Congreso del estado de Aguascalientes a rechazar la iniciativa que busca imponer un impuesto del 2% a los servicios de reparto mediante plataformas digitales.
La asociación que agrupa a plataformas digitales como DiDi, Rappi y Uber advirtió que la medida tendría efectos adversos en la economía local, afectaría la competitividad del estado y vulneraría compromisos comerciales internacionales.
El Congreso estatal está discutiendo una iniciativa que plantea reformas en materia de aprovechamientos al Código Fiscal y la Ley de Hacienda. Puntualmente, el proyecto propone cobrar un aprovechamiento de 2% a las aplicaciones de reparto.
De acuerdo con Alianza In México, el impacto de este cobro recaería de manera directa sobre los repartidores, quienes utilizan estas aplicaciones como fuente principal o complementaria de ingresos.
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También afectaría a los pequeños y medianos comercios que dependen de las plataformas para ampliar su alcance comercial, y a los consumidores, que enfrentarían un posible encarecimiento del servicio.
La asociación advirtió que la iniciativa introduce un trato fiscal desigual y discriminatorio, ya que no se aplica a otras industrias logísticas que utilizan la misma infraestructura pública.
Esta diferencia, señaló, distorsiona la competencia, genera barreras al crecimiento del ecosistema digital y podría contravenir los compromisos asumidos por México en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La larga batalla de las plataformas
Aguascalientes busca aprobar un aprovechamiento similar al que ya existe en la Ciudad de México. En 2022, el Congreso capitalino introdujo este cobro como una medida compensatoria sobre el uso y aprovechamiento de la infraestructura urbana.
Las plataformas digitales han sostenido una larga batalla en contra de este cobro. Incluso, el tema escaló a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un amparo promovido por Uber. Sin embargo, la Corte validó la constitucionalidad de dicho cobro.
Si bien a nivel legal se ha manejado como un “aprovechamiento” tanto en Ciudad de México como en Aguascalientes, las plataformas argumentan que en realidad se trata de un impuesto.
Este impuesto, arguyen las plataformas, viola principios de justicia tributaria, dado que la medida sólo se busca aplicar a las plataformas de reparto, pero en realidad existen otros sujetos que también usan la infraestructura pública y no están sujetos a dicho impuesto. Por ejemplo, las empresas de logística, los camiones de mudanzas o las de transporte de carga.
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En un contexto en el que las plataformas se han convertido en un motor para la economía, el emprendimiento y la generación de empleo, Alianza In México subrayó que medidas de este tipo desincentivan la digitalización y la innovación.
Asimismo, alertó sobre el riesgo de ahuyentar la inversión nacional y extranjera en un estado que ha basado su competitividad a partir de la certidumbre regulatoria y la apertura económica.
Por eso, la asociación exhortó al Congreso local a no aprobar la iniciativa y, en su lugar, abrir mesas de diálogo con los distintos actores del ecosistema digital y productivo de Aguascalientes.
De esta manera, Alianza In plantea que se podrá evaluar de manera integral los posibles efectos negativos de la medida y construir un marco regulatorio que fomente la competencia, la sostenibilidad y el desarrollo económico equitativo.