Esta decisión hace parte del proyecto regulatorio «Revisión integral de la remuneración de redes fijas» y busca ajustar la regulación a la realidad actual del servicio de telefonía fija marcada por una reducción sostenida en su uso, así como armonizar el marco normativo con el precedente judicial del Consejo de Estado en sentencia del 21 de noviembre de 2024.
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