Regulación del trabajo por aplicaciones en Brasil avanza en la Cámara bajo presión del sector

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmó que hubo avances en las discusiones del proyecto de ley complementaria 152/2025 que regula el trabajo por aplicaciones en el país, pero el tema sigue rodeado de presiones desde distintos frentes.

Mientras la Cámara debate el texto en una comisión especial, entidades empresariales pidieron cambios en la propuesta y el gobierno mantiene su defensa de nuevos derechos para conductores y repartidores.

Motta se reunió esta semana con el relator de la propuesta, el diputado Augusto Coutinho (Republicanos-PE), con el presidente de la comisión especial, Joaquim Passarinho (PL-PA), y con representantes de las plataformas digitales.

Según el parlamentario, la Cámara seguirá escuchando “a todas las partes”, incluyendo empresas, trabajadores y el gobierno, antes de consolidar el texto. El presidente de la Cámara afirmó que el objetivo es construir una legislación con “equilibrio y criterio técnico”.

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La propuesta aún está en discusión en la comisión especial creada para tratar el tema, instalada en 2025, y no hay una fecha definida para la votación.

Presión del sector empresarial

Paralelamente a las negociaciones en el Congreso, entidades empresariales entregaron a Motta un manifiesto solicitando modificaciones al texto en discusión. El grupo sostiene que la propuesta actual no estaría equilibrada y podría generar impactos negativos sobre el sector. 

En la reunión participaron representantes de entidades como Amobitec, CNI, CNC, Abrasel, ANR, Camara-e.net y Proteste, además de los diputados que encabezan la comisión.

Entre los puntos de preocupación de las empresas están lo que califican como aumento de cargas sobre las plataformas, riesgo de encarecimiento del servicio para el consumidor, reducción de recursos para innovación y posible disminución de la oferta de trabajo para conductores y repartidores. Amobitec, que reúne empresas de movilidad y entrega, defiende el mantenimiento del modelo de intermediación actualmente practicado por las plataformas.

Posición del gobierno

Del lado del gobierno federal, la regulación del trabajo por aplicaciones es tratada como una prioridad. La administración Lula defiende la creación de garantías como un valor mínimo por viaje, periodos de descanso, acceso a la Seguridad Social y mayor transparencia sobre los algoritmos utilizados por las plataformas, para que los trabajadores sepan cómo se definen los valores y pagos.

El tema también es discutido en un grupo de trabajo creado por el Poder Ejecutivo, en paralelo a la tramitación en el Congreso. La expectativa es que el texto final resulte de negociaciones entre el Legislativo, el gobierno, las empresas y representantes de los trabajadores, en un debate que tiene potencial para convertirse en referencia internacional sobre la regulación de plataformas digitales.