Elevan pena a 7.5 años de prisión en un caso de piratería audiovisual en São Paulo
La Justicia de São Paulo aumentó a siete años y seis meses de prisión en régimen cerrado la pena de un hombre condenado por operar un esquema de piratería audiovisual asociado al lavado de dinero. La decisión es señalada como la mayor condena penal ya aplicada en América Latina en un caso de piratería de contenidos.
La sentencia fue dictada por el juez Vinicius Gonçalves Porto Nascimento, de la 1.ª Vara de Penápolis, y amplía una condena anterior. Según el proceso, el esquema funcionó entre 2017 y 2021, ofreciendo ilegalmente señales de televisión por suscripción a través del sitio controliptv.com.br. La plataforma también ofrecía cerca de 10,000 títulos de películas y series sin autorización de los titulares de derechos.
La Alianza contra la Piratería Audiovisual (ALIANZA) actuó como asistente de la acusación en el proceso, presentando informes técnicos que ayudaron a estimar el alcance financiero de la operación.
Además de la distribución clandestina de contenidos, la investigación identificó un sistema estructurado para ocultar ingresos ilícitos que habrían superado los R$ 13 millones (alrededor de US $2.4 millones), mediante el uso de empresas de fachada, la intermediación de terceros y el fraccionamiento de transferencias bancarias para dificultar el rastreo.
El panel de distribución ilegal fue calificado por la Justicia como uno de los más sofisticados identificados en el país, con miles de clientes y mecanismos de cobro orientados a eludir la fiscalización financiera.
El caso se originó en la Fase 2 de la Operación 404, llevada a cabo por el Ministerio de Justicia en noviembre de 2020, cuando se ejecutaron 25 órdenes de allanamiento y confiscación y se bloquearon 252 sitios Web y 65 aplicaciones de streaming ilegal.
De acuerdo con la sentencia, los recursos provenientes de la piratería se utilizaron para la compra de cuatro vehículos de lujo, incluida una Porsche Cayenne GTS registrada a nombre de terceros, además de un inmueble valuado en R$ 1.1 millón (US$ 210 mil). Dos empresas vinculadas al condenado habrían sido utilizadas para mover valores incompatibles con sus actividades formales, lo que caracterizó el lavado de dinero.
El juez aplicó el agravante máximo previsto en la Ley de Lavado de Dinero por reiteración delictiva y mantuvo una multa equivalente a 25 días. Otro acusado también fue condenado a cuatro años de prisión en régimen semiabierto por ocultar bienes adquiridos con recursos ilícitos.