Incentivos y obligaciones de cobertura, claves para habilitar despliegue de 5G

Los países de América Latina pueden incluir mejores prácticas en las subastas 5G, como incentivos para que los operadores desplieguen infraestructura y obligaciones de cobertura en zonas rurales; coincidieron reguladores y representantes de empresas durante el panel Regulación inteligente para habilitar el despliegue de 5G y tecnologías emergentes, realizado en el marco de la Cumbre Regulatel Asiet Comtelca, celebrada este jueves 11 de diciembre en República Dominicana.

Los panelistas advirtieron que, no obstante, aún persisten algunos obstáculos para el despliegue de la quinta generación móvil, como las altas cargas tributarias y los trámites locales para el uso de suelo.

Factores habilitantes

En su keynote de apertura, Carolina Limbato, Head of Service para Américas de Cullen International, expuso que los 5 pilares para habilitar el despliegue de 5G son: la disponibilidad de espectro, el despliegue de infraestructura, marcos regulatorios centralizados, estrategias y políticas de seguridad 5G. La abogada señaló que 3.5 GHz es la banda pionera para el despliegue en la región.

El presidente de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil, Carlos Baigorri, destacó la importancia de reglamentaciones basadas en principios que garanticen la flexibilidad necesaria para que lleguen las inversiones, la innovación y la certeza a los operadores. Como obstáculos, mencionó a los impuestos y la implementación de infraestructura en las municipalidades, ya que estas se definen desde las ciudades.

Baigorri explicó que el poder de crear las reglas para uso del suelo es de los municipios y, por ello, en la Anatel crearon una propuesta de ley de referencia para los municipios y les brindan soporte técnico. También recordó que en la subasta 5G de Brasil incluyeron obligaciones de cobertura para todos los municipios, y aquellos que se adhieran a esa buena práctica legislativa van a tener prioridad e incentivos.

Por su parte, Federico Chacón, presidente del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), explicó que, en el marco de la regulación inteligente de 5G, la Sutel da la instrucción de los lineamientos de política pública. El regulador fue el que perfiló el concurso, hizo una consulta pública abierta, recibió las ofertas y posteriormente se hicieron las subastas, una nacional y otra regional, garantizando la transparencia durante todo el proceso.

Chacón destacó los incentivos como el logro más importante. Explicó que la Sutel se enfocó en el desarrollo de infraestructura y la promoción del cierre de la brecha digital, además de adoptar un enfoque social, por lo que ordenó la instalación de radiobases en territorios que tienen baja cobertura, y asimismo se cuenta con recursos que entran al Fondo de Servicio Universal (FSU), el cual se ha usado para otorgar un subsidio a 240,000 mil familias y desplegar conectividad en centros educativos. También enfatizó los incentivos para los operadores y el hecho de que la subasta haya generado competencia, ya que, además de los dos concesionarios, participaron cuatro nuevos operadores, principalmente cooperativas.

Por su parte, Robinson Peña, director regulatorio de Claro República Dominicana, recordó que en diciembre de 2021 se lanzó la primera red comercial 5G en el país, lo cual, afirmó, ocurrió en un momento muy temprano y rápido. Detalló que, a cuatro años de distancia, un 62% de población ya está cubierta, por lo que se ha hecho un despliegue importante, superior al promedio de la región de Américas, que ronda el 60% e incluye a Estados Unidos y Canadá.

No obstante, Peña advirtió que la adopción del uso no va al mismo ritmo que el despliegue de las redes, pues aún persiste la brecha de uso por factores económicos o de alfabetización digital, por lo que hace falta cerrarla y también falta educación.

El directivo también se refirió a las barreras fiscales –ya que el país tiene impuestos muy altos– y tecnológicas –calcula que sólo 20% de los equipos tiene capacidades 5G–. Finalmente, señaló que hay que seguir desplegando para cerrar la brecha de cobertura.

Adriana Servín, directora de Asuntos Gubernamentales de Cisco, exhortó a salir de la falsa dicotomía entre seguridad e innovación, protección o tecnología, ya que, dijo, las dos tienen que coexistir y para eso es necesario que las regulaciones no sean tan restrictivas.

Servín enfatizó que la ciberseguridad implica competitividad, desarrollo económico y, por ello, todos los operadores deben poner el tema en sus agendas de despliegue. La directora señaló que los gobiernos tienen que ayudar a que exista innovación y, en ese sentido, las regulaciones no pueden ser locales y estar aisladas al resto del mundo, porque los datos son transfronterizos. Por ello, exhortó a seguir las mejores prácticas de la OCDE y el BID, y recordó que en fechas recientes en México, la Canieti elaboró una propuesta de estrategia nacional de ciberseguridad para el gobierno.

La propuesta de Canieti, presentada por Servín durante su Convención Nacional 2025, incluye un decálogo de recomendaciones, como crear una Coordinación Nacional impulsar una ley nacional de Ciberseguridad, definir y proteger infraestructuras críticas y servicios digitales esenciales y crear un Centro de Inteligencia de Amenazas y un Consejo Nacional de Talento para cerrar la brecha de profesionales en ciberseguridad.

Servín concluyó que la red 5G debe ser tratada con una visión muy estratégica en temas de ciberseguridad.