Telcos de Colombia reclaman contribución para redes; plataformas alertan consecuencias para usuarios

Colaboración de Paula Bertolini

A propósito de la carta abierta dirigida al gobierno Colombiano que enviaron las asociaciones colombianas y regionales que agremian a los operadores de telecomunicaciones, en la cual solicitan a las autoridades establecer nuevas reglas para que los grandes generadores de tráfico contribuyan de forma justa y equitativa al uso de las redes, en DPL News consultamos a las agremiaciones para profundizar sobre los términos de la solicitud y conocer las opiniones que genera este asunto.

Asomóvil, Andesco, Asotic, GSMA y Asiet, firmantes de la carta, calificaron la ausencia de regulación como una “situación que configura una falla estructural de mercado que necesita una corrección regulatoria urgente”.

Camilo Rojas, gerente de Asomóvil, aseguró que “esta falla estructural compromete la sostenibilidad financiera de los operadores de telecomunicaciones en Colombia. Actualmente, las grandes plataformas digitales generan aproximadamente 70% del tráfico de Internet, equivalente a más de 213 millones de películas en HD al mes. Estas plataformas no están sujetas a regulación local, no pagan por el uso de las redes e imponen unilateralmente las condiciones técnicas para que su contenido llegue a los usuarios”.

“Este desequilibrio se ha traducido en una reducción de 70% en el ingreso promedio por usuario (ARPU) en la última década, un aumento exponencial del tráfico de datos (25% anual entre 2022 y 2024) y una necesidad proyectada de USD $4,500 millones adicionales para cerrar la brecha de conectividad y alcanzar la meta del 95% de cobertura”, explicó Rojas.

Por su parte, Camilo Sánchez, presidente de Andesco, aseguró que “el modelo actual, donde una sola parte del ecosistema (operadores de red) despliega y hace mantenimiento de la infraestructura, ha resultado en una crisis; así lo demuestran los estados financieros de muchas de las empresas. Si ni los operadores de red ni el Estado (por ausencia de recursos) pueden financiar la conectividad que requieren los habitantes en el territorio, se necesitan nuevas fuentes de financiación que permitan lograr la cobertura de toda la población en Colombia”.

En la misma línea, Galé Mallol, presidenta de AsoTIC, resaltó la importancia de “abrir la discusión sobre el sostenimiento a largo plazo del sector y las dificultades a las cuales se enfrenta. Tener el ARPU más bajo de toda América Latina no sólo genera preocupación sobre el mantenimiento, sino también sobre la necesidad de cerrar la brecha digital en el país”.

Como lo expresan las agremiaciones, esta solicitud surge debido a las difíciles condiciones de sostenibilidad financiera que enfrenta el sector de las telecomunicaciones en Colombia, lo que ha llevado a las empresas a tomar decisiones como la Unión Temporal Tigo-Movistar para participar en la subasta de espectro 5G, en diciembre de 2021.

“La crisis de sostenibilidad en su sector de telecomunicaciones pone en riesgo la continuidad de las inversiones en infraestructura, la calidad y asequibilidad del servicio para los usuarios, el despliegue de redes en zonas rurales, el derecho a la conectividad, la equidad territorial y la participación digital”, recalcó Camilo Rojas.

Para las asociaciones, el camino para garantizar la sostenibilidad, acceso y reducción de la brecha digital es que todos los actores participen en igualdad de condiciones.

“Se deben eliminar las asimetrías regulatorias, plantear la participación de estos actores del ecosistema de manera directa y con responsabilidad”, aseguró Mallol.

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“Proponemos seguir el camino que ya están trazando otras jurisdicciones, como Corea del Sur, donde se ha establecido un régimen de negociaciones comerciales supervisadas por el regulador entre operadores y generadores de tráfico; Brasil, y varios países de la Unión Europea como Francia, España, Bélgica y Portugal, donde se han cerrado consultas públicas que recomiendan que las plataformas paguen una contraprestación tanto a los estados como a los operadores, propietarios de la infraestructura”, explicó Rojas.

Además, esperan que el gobierno colombiano “genere áreas de discusión en donde se puedan crear espacios para uso eficiente de las redes actuales, que se formen escenarios de desregulación sectorial, aportar en igualdad de condiciones al FUTIC y que la conectividad vuelva a ser una política de Estado sectorial por los beneficios transversales a todos los sectores económicos del país”, dijo Sánchez.

Para las plataformas, una contribución distorcionaria al mercado

En conversación con DPL News, Raúl Echeberría, director Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), aseguró que “el único lugar donde estas propuestas que hacen (los operadores) se han implementado fue en Corea del Sur, con resultados sumamente negativos para el ecosistema y para la estabilidad del funcionamiento de Internet”.

Según Echeberría, “Corea pasó de ser uno de los países más desarrollados digitalmente a tener una de las peores Internet en términos de velocidad y cantidad de contenidos alojados”.

De acuerdo con ALAI, la cadena de valor de Internet está compuesta por muchos actores, de los cuales los operadores son uno de los eslabones, y todos invierten al ecosistema, como las redes de distribución de contenidos, los operadores de servicios de Nube, los cables submarinos, los Data Centers, los puntos de intercambio de tráfico, los pequeños operadores o los operadores satelitales.

Según el especialista, los operadores “no han invertido en innovación todo lo que tenían que invertir y se han quedado atrapados entre sectores que son muy innovadores, y en algunos casos quisieron quedarse con un negocio que es de volumen. Pero sigue siendo una industria con números positivos y con rentabilidad”.

Otro de los temas relevantes de esta conversación es la intención de cerrar la brecha digital. Al respecto, Echeberría aseguró que este asunto “no se va a resolver con las redes tradicionales. Hay muchos actores, hoy tenemos operadores satelitales que han cambiado el juego notoriamente, tenemos proveedores de cercanía, que en Brasil son responsables de 60% del tráfico de Internet, o los puntos de intercambio de tráfico.

“Para cerrar la brecha digital hay que implementar políticas públicas apropiadas para que se puedan utilizar todas las tecnologías disponibles y modelos operativos. Ahí es como hay que cooperar entre todos los actores”, afirmó.

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Para ALAI, de avanzar en un tipo de regulación sobre la contribución de las plataformas a la inversión de los operadores, “puede haber un riesgo de distorsión” de mercado que puede desfavorecer a los usuarios en general.

“La interconexión es un mercado que funciona bien, no tiene fallas. Forzar las condiciones crea una distorsión grande que termina desfavoreciendo a los usuarios en general, porque en Corea los tiempos de latencia han empeorado y los precios aumentaron, pero también termina perjudicando a los operadores chicos y a los que atienden poblaciones vulnerables o poblaciones más lejanas.

“Porque cuando uno obliga a las condiciones de interconexión o fuerza la negociación, lo que va a pasar es que van a terminar negociando los grandes operadores con los grandes proveedores de contenido y eso va a perjudicar al resto”, concluyó Echeberría.