Entidades defienden tipificación de ataques a la infraestructura telco como acto terrorista en Brasil
Nueve entidades del sector de telecomunicaciones manifestaron apoyo al Proyecto de Ley 1283/2025, de autoría del diputado federal Danilo Forte (Unión-CE), que propone modificaciones a la Ley Antiterrorismo (Ley nº 13.260/2016) para clasificar como terrorismo la actuación de facciones criminales y milicias que imponen control territorial y atacan infraestructuras críticas.
El texto del proyecto prevé que crímenes cometidos con el objetivo de imponer dominio territorial o retaliar políticas públicas, como sabotajes, interrupciones de servicios esenciales y ataques a proveedores de Internet, pasen a ser considerados actos terroristas.
También amplía el alcance de la ley para incluir milicias y organizaciones criminales, además de establecer penas más severas, entre 12 y 30 años de reclusión, haciendo que el crimen no sea excarcelable y quede bajo responsabilidad de la Policía Federal. La propuesta también contempla el aumento de pena cuando el acto sea cometido por medio de recursos cibernéticos.
“Grupos criminales organizados han utilizado verdaderos actos de terrorismo para alcanzar sus objetivos, como imponer un régimen de opresión en comunidades enteras y desestabilizar al Estado”, justifica el autor del proyecto.
La propuesta gana relevancia ante ataques recientes a redes de telecomunicaciones, como en Ceará, donde una facción llegó a sabotear proveedores de Internet que se negaron a pagar tarifas extorsivas por punto de conexión, acción que llegó a afectar el Puerto de Pecém y la emisión de facturas en la región.
Conexis Brasil Digital, ConTIC, TelComp, Abramulti, Abrint, Apronet, NEO, Internetsul y Redetelesul firmaron una nota conjunta en apoyo a la propuesta. Las entidades refuerzan la necesidad de un marco legal eficaz que combata con más firmeza las acciones criminales contra la infraestructura de telecomunicaciones y los servicios esenciales.
Además del PL 1283/2025, el sector también defiende la aprobación urgente de los PLs 4872/2024 y 3780/2023, que aumentan las penas por los delitos de robo, hurto y receptación de cables y equipos de telecomunicaciones.