Conforme a las cifras definitivas del PIB al segundo trimestre de 2019 exhibidas por el INEGI, el subsector 517, que corresponde a telecomunicaciones, registra una preocupante contracción de 4.4 por ciento anual (una variación porcentual negativa), es decir, no registró crecimiento respecto al PIB del mismo subsector en el mismo trimestre de 2018. Los crecimientos constantes del PIB de telecomunicaciones, tradicionalmente superiores al PIB nacional, han quedado atrás. Las cifras felices-felices que se presumían por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la pasada administración federal a partir de la reforma en materia de telecomunicaciones, de igual forma han quedado atrás.
Caídas semejantes del PIB de telecomunicaciones sólo han ocurrido en el primer trimestre de 1996 (-4.8%), en el tercer trimestre de 1997 (-6.7%) y en el cuarto trimestre de 2010 (-3.4%), por lo que la caída reciente es la tercera en su magnitud en los últimos 25 años. Este hecho no debe pasar desapercibido por las autoridades regulatorias (IFT) ni por la actual administración federal, en el diseño e implementación de sus proyectos en cuanto a telecomunicaciones.
En el mismo sentido, el PIB del subsector 515 referente a Radio y Televisión cayó 10.8 por ciento, la mayor caída en el mismo plazo de 25 años. Otras contracciones en este subsector han sido de mayor frecuencia, pero de menor magnitud, como las ocurridas en el tercer trimestre de 1995 (-7.8%), el segundo trimestre de 2001 (-9.4%), el segundo trimestre de 2003 (-7.5), el tercer trimestre de 2014 (-8.4%) y el segundo trimestre de 2016 (-8%).
Como se ilustra en el gráfico siguiente, típicamente el PIB de telecomunicaciones ha registrado tasas de crecimiento mayores al de la economía en su conjunto. Contrario a lo que algunos pensarían, el mayor período de crecimiento sostenido de la industria fue entre mediados de 1999 y mediados de 2008.
Todavía a partir de que entró en vigor la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se registraron tasas de crecimiento, pero a partir de finales de 2015 el PIB de telecomunicaciones ha registrado tasas decrecientes, es decir, tasas positivas pero cada vez menores. Es hasta el primer trimestre de 2019 cuando creció a la misma tasa que la economía y, en este segundo trimestre, decreció, es decir, el valor del PIB de la industria es menor en términos reales que el que registró al final del segundo trimestre del año pasado.
Lo anterior es preocupante no sólo para este sector, sino para la economía nacional en su conjunto. El PIB de telecomunicaciones se caracteriza por sus persistentes tasas de crecimiento superiores a las de la economía nacional, y porque es uno de los sectores que tradicionalmente más aporta al PIB nacional, por ser intensivo en capital, es decir, es uno de los sectores con fuertes y constantes inversiones que genera empleo calificado y que es detonador de crecimiento para otras industrias.
Ante una recesión en ciernes, es inevitable considerar que sería absolutamente inefectiva una baja en las tasas de interés para estimular la inversión, incluida la de telecomunicaciones, más aún cuando esta industria está sujeta a una jungla de regulaciones impuestas por el IFT que desincentivan la inversión y que todavía se pretende que se concrete la separación funcional de Telmex.
Por las circunstancias macroeconómicas nacionales e internacionales, no sólo se atentaría contra lo que resta de la perspectiva de la empresa considerada como “preponderante”, sino también contra el crecimiento de este sector y la economía en su conjunto.
Sobra decir que tal separación funcional sería una acción en vano, con destrucción del valor de capital en la industria. Ante un escenario de una muy probable recesión en el ámbito nacional e internacional, los concesionarios de telecomunicaciones no demandarían elementos desagregados de la red del preponderante. Y si el ingreso de los usuarios no crece, por el entorno recesivo, la empresa derivada de la separación tendría un costo neto irreversible por no tener ingresos ante una demanda actual que es escasa y que en lo futuro no generaría un flujo neto positivo.
La industria de telecomunicaciones, al ser su inversión de naturaleza irreversible, intensiva en capital y con largos períodos de amortización, es altamente sensible a las condiciones esperadas en el mercado, es decir, que su respuesta a la incertidumbre es mayor que en otras industrias del sector terciario de servicios.
Por otra parte, hay que tomar en cuenta otras circunstancias como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, un crecimiento de la economía nacional que tiende a estar más cerca del cero que del 1 por ciento, una elevada volatilidad en el tipo de cambio, un nuevo tratado de libre comercio que no se sabe si quedará ratificado por los tres países a finales de octubre o hasta 2021 (después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos) y, sobre todo, cual será la respuesta fiscal de la administración del presidente López Obrador ante tales coyunturas que estarán presentes al menos durante la primera mitad de su mandato. Reducciones adicionales en la tasa de referencia de Banxico no tendrán efectividad si estos factores de incertidumbre prevalecen, mismos que parecen ser ignorados por el IFT.
Los factores de riesgo antes enumerados, aunados a los riesgos y costos de la regulación asimétrica existente en telecomunicaciones, desincentivan a los concesionarios a realizar inversiones y prefieren esperar y ver cómo los eventos ocurren antes que realizar contratos, inversiones y demás compromisos de largo plazo.
Realizar inversiones en forma obligatoria por mandato regulatorio no pueden ser consideradas como inversiones, dado que no se realizan considerando los factores de mercado, por lo que son costos netos o confiscaciones, simple y llanamente.
Ante tal entorno de incertidumbre, las empresas típicamente buscan la seguridad de mantenerse en el corto plazo y mantener la flexibilidad de sólo invertir, en su caso, en aquellas actividades que minimizan tanto los riesgos de mercado como los regulatorios. Si ello implica mantener posiciones líquidas, significa el freno a toda inversión en infraestructura, lo que no excluye que se invierta cuando las condiciones de mercado y de regulación cambien en forma cierta.
Cuando la reforma en materia de telecomunicaciones se expidió, así como la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, nunca se consideró el costo social que significarían los incentivos que generaría, y cómo sus disposiciones tendrían un efecto ante un entorno recesivo y de incertidumbre como el que se está gestado en los últimos meses, tanto a nivel doméstico como global.
Originalmente, pensaban en condiciones de crecimiento superiores a 3 por ciento anual en forma sostenida, lo que resultó fallido desde la conclusión de las reformas estructurales del peñanietismo.
Para el crecimiento del sector telecomunicaciones, la opción no es el status quo de las condiciones regulatorias creadas a partir de la reforma en telecomunicaciones. Es tiempo de desregular, de reconocer que el mercado nacional tiende más a la consolidación de operadores, incluso la salida de alguno de ellos (como Axtel o Maxcom) que la entrada de nuevos competidores de escala nacional.
Porfiar en imponer una separación funcional tendrá efectos netos adversos tanto para el concesionario considerado “preponderante” como sobre el resto de los operadores, toda vez que el propio sentido de la ley transformó al “preponderante” en el suministrador obligado del resto de los concesionarios y, por lo tanto, su precaria viabilidad compromete la propia operatividad de sus competidores. Al final quien quedará como inequívoco acreedor será el usuario final y la competitividad de la economía en un entorno irreversiblemente global y digital.
La revisión bienal en curso, que está llevando el IFT, es su oportunidad, tal vez única, para revertir estas tasas de crecimiento, para dar marcha atrás a la separación funcional, para regular con visión de mediano y largo plazo en beneficio de los mexicanos, para emitir regulaciones que vayan de la mano con los objetivos de la nueva administración federal y esté encaminada a ampliar la cobertura de los servicios a toda la población, a garantizar la continuidad de los ya existentes, en condiciones de mejores precios y calidad y no sólo centrarse en beneficiar a los concesionarios competidores del preponderante, quienes no están creciendo en cobertura.
Es necesario que la regulación que emita el IFT incentive la inversión para que este sector continúe siendo un detonante del crecimiento de la economía nacional.