A pesar de que la cobertura de red se ha expandido considerablemente, “el alto costo de los dispositivos móviles sigue siendo una barrera significativa, especialmente para el 40 por ciento más pobre de los hogares” a nivel mundial, alertó Doyle Gallegos, Gerente del Programa Regional LAC de la Práctica Global de Desarrollo Digital del Banco Mundial, durante su participación en el Congreso Latinoamericano de Transformación Digital (CLTD 2024).
El especialista expuso datos del informe Dispositivos asequibles del Banco Mundial, el cual revela que, a nivel mundial, un 38 por ciento de la población, equivalente a 3 mil millones de personas, no utiliza Internet móvil a pesar de contar con cobertura de banda ancha móvil.
Mencionó que más allá de la asequibilidad de los dispositivos, como lo demuestran los casos de Colombia, Ruanda, Nigeria y Pakistán, es crucial mejorar las habilidades digitales y hacer que los contenidos sean más relevantes para transformar las vidas.
“Reconocemos la importancia de los teléfonos inteligentes en la economía digital. Sin embargo, para muchos, su acceso sigue siendo limitado”, reiteró Doyle Gallegos.
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Durante el panel Incentivos para el cierre de la brecha digital de uso en Latinoamérica, reguladores e industria enfatizaron la importancia de abordar de manera efectiva la brecha digital en la región, citando casos exitosos en Brasil, República Dominicana, Colombia y Perú, y resaltaron el papel complementario de las redes terrestres para conectar a los desconectados.
Gabriel Jurado, viceministro de Conectividad de Colombia, dijo que conectar a la población va más allá de la infraestructura; implica también involucrar a las personas en la transformación digital. “En Colombia lo hemos visto en el sector de educación y salud básicamente como impulsores de inclusión digital”, afirmó.
También mencionó que el desafío actual para América Latina en la transformación digital radica en fomentar el uso del Internet y garantizar la sostenibilidad de los programas: “Hay que enseñar a la población a ver Internet como una herramienta para generar beneficios económicos, lo que garantiza la sostenibilidad de la conectividad”.
Por su parte, Julissa Cruz, directora ejecutiva del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel), resaltó la importancia de adaptar los proyectos de cierre de brecha digital a las necesidades específicas de cada comunidad.
“No existe un ingrediente único para atacar el cierre de brecha, cada comunidad tiene sus propias características y hay comunidades que no tienen la infraestructura básica y se aborda de manera diferente”, aseveró.
Por ello, propuso hacer los procesos de licitación de espectro más eficientes y considerar subsidios totales o parciales según sea necesario. Ejemplificó con dos programas que el órgano regulador ofrece a los dominicanos con subsidios temporales: la canasta básica y parciales conectividad de fibra óptica. También mencionó la entrega de conectividad gratuita en algunas comunidades, junto con dispositivos y programas de habilidades digitales básicas, siempre con un enfoque en la productividad.
En el caso de Brasil, Marcos Ferrari, presidente ejecutivo de Conexis Brasil, resaltó la competitividad del mercado brasileño de las telecomunicaciones, con tres grandes operadores móviles y cerca de 20 mil pequeños proveedores de Internet. “Esta competencia ha llevado a Brasil a tener precios muy competitivos en comparación con otros países”, afirmó.
El costo del megabit en Brasil es aproximadamente un tercio de Europa y un sexto de Estados Unidos, lo que evidencia que el acceso a Internet en Brasil no se limita principalmente al factor precio, sino más bien a factores como el ingreso y las condiciones para acceder a ella.
Resaltó el desafío de integrar la inclusión digital en la política pública. Mencionó dos formas de acceso: la conectividad objetiva, que proporciona acceso a los dispositivos, “que consiga comprar un celular, una tableta o una computadora y, a partir de ahí, tener acceso a la Internet”; y la conectividad cognitiva, tener políticas educacionales estructuradas en las que se ponga la conectividad en el centro de la política pública.
Además, Ferrari subrayó que tener acceso a dispositivos o conectividad no garantiza una conexión significativa, lo que representa un desafío importante en el país.
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Por su parte, Esther Riobó, jefa de Área de Regulación en Hispasat, resaltó que las políticas públicas promueven la colaboración público-privada. Desde la perspectiva de los operadores satelitales, subrayó la importancia de la cobertura global en conjunto con la velocidad para garantizar la conectividad.
Mencionó la integración del satélite 5G y su papel complementario en 4G para llevar conexión a áreas no cubiertas por redes terrestres. Y destacó la necesidad de políticas que aseguren la estabilidad en el acceso al espectro, dado el largo ciclo de vida de los satélites. Asimismo, enfatizó la importancia de la capacitación en habilidades digitales para los usuarios.
Finalmente, y desde el punto de vista de los operadores satelitales, es crucial comprender el principio de autoridad tecnológica, señaló Rosa Abad Navarro, gerente de Asuntos Legales y Regulatorios en Internet Para Todos en Perú. “No somos rivales, sino complementarios a las redes terrestres”.
Agregó la importancia del trabajo conjunto para generar incentivos más sólidos en el ámbito de las telecomunicaciones. Propuso la creación de un fondo universal para incentivar a la parte privada a diseñar proyectos con los incentivos adecuados.
Además, sugirió abordar de manera unificada la falta de servicios de energía en aquellas comunidades sin acceso a las telecomunicaciones, proponiendo proyectos conjuntos de energía y telecomunicaciones con una infraestructura única para ofrecer conectividad.