Tras un año de haber solicitado el proceso de quiebra, y retrasos en los hitos de cobertura, Altán Redes anunció que logró un nuevo acuerdo de financiamiento entre sus actuales acreedores involucrados que suma un monto por 388.1 millones de dólares (7.9 mil millones de pesos, al tipo de cambio actual), lo que le permitirá seguir en operación.
El viernes 10 junio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la empresa Altán Redes anunciaron por separado que el gobierno mexicano, a través de la banca de desarrollo, habría realizado una nueva inyección de capital en la empresa para salvarla de la quiebra.
“Estaba en una situación financiera delicada (…), tomamos la decisión de aportar un recurso, y esa empresa que va a permitirnos que haya Internet en todos los pueblos, ya es de la nación. El Estado mexicano es socio mayoritario y ya tiene la administración de la empresa”, reveló el primer mandatario durante su conferencia matutina desde Oaxaca el viernes pasado.
Altán Redes inició el proceso de quiebra en julio de 2021 mediante el cual buscaba la renegociación de su deuda con sus actuales acreedores, que incluyen inversionistas, proveedores y la banca de desarrollo de México.
De acuerdo con información dada a conocer por Expansión, cuando inició el proceso de quiebra la compañía reconoció una deuda que ascendía a 30 mil 025 millones de pesos, cuyo monto total se deriva de acreedores prioritarios; bajo la figura de garantía real prendaria; comunes; y subordinados.
Durante el proceso legal, Altán había declarado en enero de 2022 que “el monto de las obligaciones estrictamente necesarias para seguir operando durante los próximos tres meses aproximadamente es de 4 mil 972 millones de pesos”, según se lee en el documento presentado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil.
En un comunicado, la compañía detalla que durante la reciente ronda de financiamiento, la estructura incluye a la banca mexicana de desarrollo, que otorga un crédito por 161 millones de dólares, es decir 41 por ciento de los recursos, mientras que el 59 por ciento restante proviene de proveedores con 166.6 millones de dólares, accionistas con 50.5 millones de dólares y clientes que aportan 10 millones de dólares.
“Este logro apoya la viabilidad de largo plazo de La Red Compartida, proyecto impulsor del desarrollo económico y de las telecomunicaciones en México, que permite incrementar la competitividad en el sector, cerrar la brecha digital en el país y garantizar el derecho constitucional al Internet”, agrega Altan.
“Así como compramos una refinería en Texas con todos los ahorros, se logró tener ya la mayoría de la empresa Altán, que va a significar tener Internet en todos los pueblos e Internet gratuito en plazas públicas, en escuelas, en hospitales, y todos los sitios de interés colectivo”, indicó, por su parte, López Obrador.
Altán asegura que los recursos obtenidos a través de un crédito DIP (Debtor in Possession), permitirán garantizar la continuidad y seguridad en las operaciones y servicios de la empresa, así como continuar con el despliegue de la Red Compartida
La Red actualmente brinda cobertura de Internet a nivel nacional a más de 79 millones de personas, 56 mercados comerciales, 87 pueblos mágicos y más de 108 mil localidades de menos de 5 mil habitantes.
En el comunicado, Altán Redes asegura que la compañía se mantiene como “una Asociación Público-Privada” que ejemplifica la importancia de la colaboración entre el sector privado y el gobierno.
Aunque el presidente López Obrador aseguró que “ya es de la nación” y que se está en “control de la administración”, no se trata propiamente de un proceso de nacionalización de una empresa privada, ya que en esta todavía participan otros acreedores como Morgan Stanley y China Mexico Fund. Como parte del acuerdo, el gobierno mexicano habría propuesto a Carlos Lerma, actual jefe de asesores del Secretario de Hacienda, como director de Altán.
Algunos de los proveedores de Altán Redes, y que pudieron participar en el proceso de refinanciamiento incluyen a Nokia, Huawei, Megacable, Axtel, CFE, Telesites, American Tower, entre otros.
Un proyecto complejo y lleno de dudas
La empresa fue fundada en 2016 cuando Altán Redes ganó el concurso de la Red Compartida, con la obligación de ampliar la cobertura de servicios móviles de Internet a por lo menos el 92.2 por ciento de la población en México hacia 2024. El proyecto se originó a partir de la reforma de telecomunicaciones de 2014 del presidente Enrique Peña Nieto.
El Estado mexicano participó en la financiación del proyecto mediante diversos recursos, incluyendo 17.5 mil millones de pesos a través de Banobras, Nafin y Bancomext; acceso a dos hilos de fibra óptica de parte de CFE Telecom; y principalmente, acceso a la banda de 700 MHz a través del Organismo Promotor de Inversión en Telecomunicaciones (Promtel), concesionario de la banda.
La principal característica del proyecto se centró alrededor del uso y explotación exclusiva de la banda de 700 MHz, también conocida como dividendo digital. Derivado de sus características físicas que permiten una amplia cobertura de la red, esta banda se consideró adecuada para la oferta de servicios móviles en zonas rurales o apartadas de los principales centros urbanos.
Promtel asumió diversas obligaciones respecto a la Red Compartida. Por un lado, debía supervisar, inspeccionar y verificar el despliegue de la red; al mismo tiempo que al ser concesionario de la banda de 700 MHz, el organismo se encargaría de pagar al Estado los derechos anuales por el uso y explotación de la banda, que recaudaría de parte de Altán.
Altán Redes, como operador de la Red Compartida en la banda de 700 MHz, tendría la obligación de ofrecer servicios mayoristas para otros operadores, ya sea que tuvieran red propia o a través de Operadores Móviles Virtuales (OMV). A la compañía no se le permite ofrecer servicios directamente a usuarios finales.
Desde su inicio de operaciones, analistas y expertos de la industria habían señalado la complejidad técnica y económica del proyecto. Entre los principales cuestionamientos se encontraban su viabilidad ante la prohibición de ofrecer servicios al usuario final; el reto técnico para desplegar y operar una red pública únicamente en 700 MHz sin acceso a otras bandas del espectro; y que se haya prohibido el uso y explotación de dicha banda por el resto de operadores, además de los recursos que el Estado habría obtenido a partir de su posible licitación.
En marzo de este año, Altán Redes solicitó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) una prórroga en los hitos de cobertura de la red. Originalmente, la red debía cubrir al 70 por ciento de la población en enero de 2022, y por el que recibió un aplazamiento a noviembre de 2022; a la vez que el hito de cobertura de 92.2 por ciento se aplaza de 2024 hasta enero de 2028.
Aunque López Obrador pretende utilizar a la red para cumplir sus objetivos de ampliar el servicio de Internet, aún permanecen las dudas sobre la viabilidad del proyecto, el costo para el Estado y su influencia sobre los objetivos de la empresa.