Excélsior Alicia Salgado
Bacanora Lithium, la empresa que preside y dirige Peter Secker, tiene la concesión de aproximadamente 100 mil hectáreas en Bacanuchi, al noreste del estado de Sonora (La Ventana). El año pasado, de acuerdo con la información disponible, la empresa china Ganfeng Lithium, que encabeza Li Liangbing, adquirió de los socios canadienses originales y los fondos que invirtieron en el Proyecto Sonora (desde 2009, cuando se extendió la concesión), poco más del 90% de las acciones emitidas en el Alternative Investment Market (AIM), del London Stock Exchange. La inversión total es de casi 149 millones de dólares. Aunque mucho se comenta que nada está probado, la realidad mostrada a los inversionistas por el corporativo chino es que el Proyecto Sonora tiene todas las autorizaciones para iniciar la construcción de la planta para extraer el mineral, pues planea iniciar producción comercial para el segundo semestre de 2024.
onsiderando que tiene yacimientos para exploración en Australia, China, Sonora, Irlanda y México, Ganfeng no sólo es una empresa que extrae el mineral de suelos arcillosos como el del Bacanora Project (que, además, requiere de mucha energía para la función en sitio), sino que también es productor de baterías de litio y es el principal reciclador del mineral en las baterías, tanto de autos como de equipos electrónicos, ¿no sería mejor que el Estado mexicano se asocie en los términos que lo han hecho las empresas chinas: asegurando transferencia tecnológica y de conocimiento?
Ganfeng ya tiene contratos de largo plazo con VW, BMW, Tesla, por ejemplo, y es una empresa listada en Hong Kong y China.
Traigo esto a colación porque, con la aprobación ayer en la Cámara de Diputados de la reforma a la Ley Minera en materia de litio, parece evidente que el presidente López Obrador evaluó el costo de la revocación de las 10 concesiones mineras.
Además, pareciera que, para Ganfeng, la decisión del gobierno mexicano de no autorizar la explotación privada de litio en México es una opción que no les roza por aquello de la retroactividad no permitida en la Constitución, pues inclusive afirman tener la MIA para iniciar la remoción y rescate de la vegetación y especies endémicas previa a la extracción.
“Ya se realizó el levantamiento de las condiciones del terreno para la construcción de la planta, se cubrió el análisis geotécnico, hidrogeológico y, hacia el segundo semestre de este año (2022), comenzarán las excavaciones tras terminar el camino de acceso y el campamento”, indica el reporte financiero de Ganfeng al 31 de diciembre de 2021. Le reforma del Presidente habla de que el Estado será rector o regulador de la extracción de litio y supone la creación de una empresa estatal para el efecto y, evidentemente, el Servicio Geológico, al igual que la Secretaría de Economía, a cargo de Tatiana Clouthier, deben saber que Ganfeng deslistó del AIM a Bacanora Lithium, y que su primera fase permitiría explotar reservas por 8.8 millones de toneladas (un 10% de las reservas probadas), con una ley de 39% que permitiría producir hasta 35 mil toneladas al año.
Nada de esto se comentó entre los diputados que aprobaron, con 298 votos a favor y 197 abstenciones, la reforma a la Ley Minera que, dicen, permite la “nacionalización de la exploración, explotación y aprovechamiento del litio”, porque supongo que el Presidente habrá evaluado el costo de expropiar la inversión que, además, cuenta con autorizaciones firmadas, concesiones extendidas, MIA y toda clase de premisos. ¿Cuánto se le pagará a Ganfeng?, ¿será expropiación?