La Comisión Europea (CE) dio un ultimátum a 10 Estados miembros ante la falta de comunicación sobre la transposición de su regulación nacional respecto a las nuevas normas del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas.
Mediante un comunicado, la CE anunció que remitió a España, Croacia, Letonia, Lituania, Irlanda, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Suecia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber comunicado cómo las medidas nacionales transponen el Código.
La Comisión señala que las nuevas normas modernizan el marco regulador europeo de las comunicaciones electrónicas, mejorando las opciones y los derechos de los consumidores e incentivando a los operadores a invertir en redes de muy alta capacidad y el despliegue de fibra y 5G.
Entre las medidas adoptadas se incluyen un nuevo Reglamento Delegado que establece tarifas máximas únicas de terminación de voz en toda la Unión Europea (UE) que los operadores pueden cobrarse mutuamente por la entrega de llamadas fijas y móviles entre sus redes.
Y una Recomendación actualizada sobre los mercados relevantes, que actualiza la lista de mercados predefinidos que las autoridades reguladoras nacionales europeas deben revisar periódicamente.
Los Estados miembros deberían haber transpuesto las normas a las leyes nacionales antes del 21 de diciembre de 2020. En febrero de 2021, la Comisión envió cartas a 24 Estados miembros por no haber notificado la transposición completa. El septiembre del año pasado, la CE envió un dictamen a 18 Estados miembros que no habían notificado la transposición completa, con un periodo de dos meses para el cumplimiento.
Hasta la fecha, la CE señala que los Estados miembros listados aún no han cumplido con sus obligaciones de comunicar a la Comisión sus medidas nacionales de transposición y, como resultado, la Comisión ha remitido estos casos al Tribunal.
Si un Estado miembro no transpone una Directiva adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo a la legislación nacional dentro del plazo requerido, la Comisión puede pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que imponga sanciones financieras.