Bajo las estructuras espectro, infraestructura digital, marco normativo y política fiscal, la GSMA pidió medidas a favor del cierre de la brecha digital a los candidatos a presidente que se medirán en las urnas el próximo 22 de octubre en Argentina. No hay sorpresas, se pidieron reglas claras y que conviertan en beneficios las oportunidades de la digitalización. También hubo quejas para la gestión actual: las recomendaciones hechas hace cuatro años “no se tomaron en cuenta e incluso se adoptaron medidas relevantes en sentido contrario”, indica el informe.
Como introducción, la GSMA destacó la importancia del sector para que la sociedad estuviera conectada durante la pandemia, gracias a inversiones previas y durante ese periodo, para mantener operativas las redes ante la altísima demanda. Esto en un escenario local desafiante: el ARPU móvil cayó durante cinco años consecutivos en moneda constante, hay “intervenciones injustificadas” en el sector y una condición macroeconómica adversa que complejiza la ejecución de planes de inversión.
Política de espectro
En Argentina, “la incidencia de los costos del espectro sobre los ingresos crecieron 27 por ciento interanual desde 2015. Para potenciar 4G y habilitar 5G se deben evaluar y ajustar los costos reales de las licencias”, prestando atención a la evolución del tipo de cambio y el impacto a largo plazo sobre los incentivos de inversión, defendió la entidad y enfatizó sobre la importancia de una hoja de ruta de largo plazo que respete la neutralidad tecnológica y esté dirigida a alcanzar la maximización del bienestar social.
Justo después de lanzado el reporte, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) confirmó que la subasta de espectro en 3.5 GHz será el 24 de octubre, dos días después de que se celebren las elecciones. “Con la licitación el Estado espera recaudar unos mil 050 millones de dólares”, dijo el regulador en referencia al precio mínimo fijado para los bloques que se pondrán en juego. El precio fue una de las quejas de los operadores en la previa, junto con la asignación de espectro a Arsat y la fijación de una tarifa social.
Infraestructura Digital
La GSMA entiende que se debe facilitar la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y contar con una política de Estado en torno al despliegue de infraestructura, integrada en un Plan Federal. También pide revisar los marcos regulatorios y simplificarlos, además de hacer cambios en el Fondo de Servicio Universal, cuyos programas financiados “cambian con cada gestión y no hay métricas que evidencien cierre de brecha con su ejecución”.
El informe menciona, además, un tema de mucho debate en la actualidad, el Fair Share: “Los objetivos de conectividad de los fondos han cambiado. Actualmente se refieren a la banda ancha para acceso a Internet, un servicio con un ecosistema mucho más amplio que los servicios de telefonía para los que fueron originalmente creados. Sin embargo, los fondos de conectividad se siguen financiando a través de aportes realizados exclusivamente por los operadores de telecomunicaciones”, señala.
Política fiscal consistente
El diagnóstico local, y de la región, es que la brecha de conectividad es fundamentalmente de demanda. En Argentina, 95 por ciento de la población está cubierta con 4G pero hay un 23 por ciento de personas cubiertas por redes móviles que no accede por motivos como falta de ingresos o desconocimiento de los beneficios de estar conectado. “A pesar de la baja de precios, la falta de asequibilidad sigue siendo motivo central de la existencia de brecha de uso”, dijo GSMA y también pidió políticas fiscales que no encarezcan de modo artificial el acceso. “Será necesario tomar medidas holísticas de fomento a la inclusión digital, impulsar la demanda y lograr un aumento a mediano y largo plazo en productividad”, sugiere la entidad.
Marco normativo
La derogación del decreto 690 es una de las recomendaciones centrales del documento, que marca como fundamental un diálogo público-privado constante y evitar “cualquier intervención “que no responda a una falla de mercado evidenciada”. En este sentido, GSMA se quejó de la decisión del regulador de fijar, “por fuera de sus facultades, condiciones de precios para la relación comercial entre un operador móvil virtual particular (Telecentro) y los operadores móviles”.
En resumen, las recomendaciones de la asociación a los candidatos son:
- Política de espectro enfocada en maximizar los beneficios de la sociedad.
- Hoja de ruta de espectro a largo plazo, con revisiones periódicas.
- Política de Estado en torno al despliegue de infraestructura, integrada en un Plan Federal, que disminuya las barreras al despliegue masivo de nuevas antenas que requerirá 5G.
- Derogar el Decreto 690/20 y realizar análisis de costo-beneficio de la regulación vigente, con criterios de eficiencia.
- Implementar métricas de largo plazo sobre el FFSU y habilitar el debate sobre la base de contribución del fondo, la incorporación de presupuesto del Estado y otros mecanismos.
- Eliminar los impuestos a la conectividad: considerar la eliminación del IVA, impuestos internos y otros impuestos sobre dispositivos y servicios para personas con bajos ingresos.
- Implementar un tratamiento fiscal diferenciado que favorezca la inversión en redes y servicios 5G a través de la amortización acelerada de dichos despliegues.