En el debate sobre las garantías de 5G, abundan las cartas y editoriales que, con distintos matices, advierten el pésimo precedente que supone el arreglo alcanzado entre WOM y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) chileno. Sin embargo, poco se ha explicado acerca de las motivaciones internas de los consejeros que optaron por un acuerdo tan benévolo.
Los hechos son conocidos: el cobro de las garantías por incumplimiento en el despliegue de la red 5G, originalmente estimado en 50 millones de dólares, se redujo a apenas 14 mdd. A ello se agrega una compensación extraordinaria de 38 mdd a favor del Estado. En la contabilidad final, la operación parece equilibrada. Pero en el terreno jurídico y regulatorio, deja abiertas dudas que no se disipan con simples sumas y restas.
En efecto, si WOM debía pagar 50 millones de dólares por garantías y, tras el arreglo, pagará 52,75 millones, cualquier egipcio o sumerio versado en aritmética afirmaría que la empresa salió perdiendo con el sablazo fiscal.
Pero un viejo romano del Imperio, o un griego habituado a las lides financieras, replicaría con ironía que el convenio deja a WOM en mejor pie. Porque la clave no está en la cifra final, sino en el tiempo y la forma de pago: cuotas blandas, plazos extendidos y, sobre todo, la posibilidad de imputar parte de la compensación a nuevas inversiones en infraestructura —antenas que quedarán como activos propios de la empresa violeta.
Sin embargo, la gente se pregunta: ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué en vez de cobrarse las garantías, como mandatan las bases de licitación, se opta por un acuerdo que desconoce su tenor literal? ¿Qué transforma a WOM en un privilegiado del sistema?
A mi juicio, el CDE actuó bajo el influjo de la clemencia: la célebre falacia ad misericordiam, la apelación a la piedad, el andar dando lástima. Pareciera que para el CDE se trataba, en definitiva, de no perjudicar a un actor relevante del mercado, con más de cinco millones de clientes móviles y una hoja de vida con anotaciones positivas.
El propio presidente del CDE, Raúl Letelier, lo expresó sin ambages: “el acuerdo constituye una buena oportunidad para proteger el mercado de las telecomunicaciones en Chile y compensar adecuadamente los incumplimientos en el despliegue oportuno de la red 5G”.
Traducido al lenguaje regulatorio: proteger un mercado de cuatro actores y no dejar caer a uno de ellos. Cobrar los 50 millones hoy, bajo las actuales circunstancias financieras del infractor, pudo haber significado la salida de un operador con todas las impredecibles consecuencias que ello traería para los usuarios.
WOM no es un santo de mi devoción. Pero, dejando de lado mis preferencias personales, naturalmente que hay una buena hoja de vida de la empresa que terminó ablandando el corazón a los consejeros del CDE. Ello posibilitó el arreglo de estos con la compañía violeta, a los efectos de que WOM se desista de su demanda ante el CIADI.
Los méritos de la compañía purpurada
En primer lugar, WOM trajo mayor competencia al mercado móvil, re-barajando el naipe en la industria telco. Fue el operador que en 2015 rompió el oligopolio de tres actores consolidados (Entel, Movistar y Claro), intensificando la competencia en el mercado y una baja sostenida en los precios de los productos.
Todo gracias a haber comprado los restos mortales de la concesión de una empresa quebrada (Nextel). Entonces, no sería una buena noticia para el CDE perder al operador que le promete dinamismo e innovación al mercado, además de bajas en los planes y tarifas.
En segundo lugar, WOM fue el “niño símbolo” de 5G, siendo su principal promotor y aliado. En la licitación de 2021, WOM fue el operador que más estaciones base se comprometió a desplegar, ya que resultó adjudicatario en las bandas 700 MHz, AWS y 3.5 GHz, además de algunas comunas en las frecuencias de 26 GHz.
Por todo ello pagó al Estado en la licitación unos 150 millones de dólares, sin contar el gasto de inversión en el proyecto técnico que debía realizar, del supuesto orden de 1,000 millones de dólares aproximados (fibra, upgrade tecnológico, etc.).
Hay que recordar que, previo a 2021, la empresa funcionaba principalmente como operador móvil virtual, arrendando capacidad de tráfico a los demás teleoperadores. En cambio, para esa licitación de 2021 sus competidores ya tenían estaciones 3G y 4G desplegadas (sitios y torres montadas), por lo que era más fácil para ellos recambiar tecnología de antenas o colocalizar los sistemas radiantes 5G-NSA.
Por lo tanto, comparativamente el esfuerzo económico, territorial y logístico era mucho mayor para WOM que para sus rivales, lo que pudo mover el corazón del CDE hacia el pobre David frente a los tres Goliats.
En tercer lugar, WOM apostó por la fibra en zonas donde la competencia no daba un peso por invertir. La compañía violeta se comprometió a realizar despliegues de redes fijas con el proyecto Fibra Óptica Nacional (FON) en lugares poco atractivos para sus rivales, donde tuvo que desangrarse con bastantes millones de dólares, pero dulcificados por un importante subsidio fiscal que recibió.
Es cierto, debido a la lentitud de los trabajos, se le cobraron boletas de garantía en 2 macrozonas. En 2023, solventó 8 mil millones de pesos al Fisco por incumplimientos en la macrozona centro-sur, y en 2025 la misma cantidad por los retrasos en la macrozona norte. Así y todo, finalmente la compañía terminó el proyecto FON, sin dejarlo tirado a su suerte.
En cuarto lugar, WOM es un resucitado judicial de Delaware. Asumió con responsabilidad y la frialdad de un muerto el trance económico que lo tuvo negociando su potencial quiebra en el Chapter 11, ante un tribunal gringo.
Para aligerar la mochila, la empresa renunció a las concesiones móviles en la banda de 26 GHz que se había adjudicado en 2021 para 15 comunas. Por estas devoluciones, la empresa hizo el debido pago de las boletas de garantía que aseguraban la construcción de esas estaciones base por un monto de 4.5 millones de dólares en total.
O sea, WOM tomó las medidas dolorosas y enfrentó —aquí sí— las consecuencias patrimoniales de su desistimiento. Pero la mirada clemente surgiría acá porque pasó de ser un alma en pena —que en Colombia terminó en un deceso— a un sobreviviente sin mayores ahogos. Al punto que WOM declaró últimamente estar interesado en la compra de Telefónica Chile. ¡Quién te vio y quién te ve!
Y en quinto lugar, WOM pagó el noviciado en la construcción de redes fijas y móviles. La compañía pecó de inexperta en las obras civiles para FON y 5G. Alegó que los trabajos fueron entregados por sus contratistas a medio terminar, la firma purpurada comprometió antenas en parques nacionales y otros bienes públicos donde la permisología es feroz y lenta, y calcularon mal los plazos para la cantidad de antenas 5G en sólo dos etapas.
Estos hechos difícilmente transformen a WOM en un delincuente sobre el que hay que dejar caer todo el peso de la ley, pero sí lo vuelven para el CDE un estudiante inexperto en su primer día de práctica profesional.
Las debilidades del acuerdo
En última instancia, el acuerdo alcanzado con WOM fue un pacto extraño. La Subtel lo presenta como un compromiso satisfactorio para el Fisco, porque supera los 50 millones de dólares a que ascendían las boletas de garantía. Pero la letra chica es incómoda: fraccionar garantías es jurídicamente discutible y, en este caso, improcedente. Además, si la compensación se convierte en infraestructura propia que construya la empresa, el Estado habrá financiado —indirectamente— la red del operador, lo cual no es sanción sino un subsidio.
En fin, el trato resulta inequitativo frente a los operadores que sí cumplieron en tiempo y forma con sus despliegues 5G. Pero también abre el riesgo de fomentar ofertas sobredimensionadas en futuras licitaciones para luego renegociar condiciones ventajosas.
Aun cuando mantener a WOM en el mercado pueda parecer muy conveniente, hacerlo en desmedro de la institucionalidad erosiona la confianza en el propio Estado y en la seriedad de sus procesos licitatorios.
La misericordia puede ser un gesto noble en lo privado, pero es un pésimo criterio en la esfera pública. Donde rige el Estado de Derecho, las decisiones deben basarse en normas y hechos, no en emociones. La ley debe prevalecer sobre la compasión. Cuando la compasión sustituye a la ley, lo que se erosiona no es sólo la licitación de turno, sino la confianza en la institucionalidad misma. De todo esto tendremos mucho que aprender, tanto en Chile como en la región.