Vigilancia biométrica con tecnología extranjera crece en América Latina: Access Now
El informe Vigilancia tecnológica: Hecho en el extranjero, utilizado en casa, elaborado por la organización Access Now, revela el alarmante estado de la vigilancia biométrica en tres países de la región: Argentina, Brasil y Ecuador.
La organización indica que, mientras la prohibición de la vigilancia a partir de los datos biométricos avanza alrededor del mundo, América Latina camina en la dirección contraria, ya que muchos gobiernos de la región han comprado y acelerado la implementación de estas tecnologías.
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Tal como se advierte desde el título, en el informe Access Now enfatiza el hecho de que la mayoría de la tecnología de vigilancia masiva sea proporcionada por empresas extranjeras, las cuales provienen principalmente de Asia, Europa y Estados Unidos.
Algunas de las compañías que se enlistan en el informe son AnyVision, Hikvision, Dahua, Cellebrite, ZTE, NEC, IDEMIA y Verint.
Y, pese a que el informe tiene un alcance regional, destaca a tres países por la creciente infraestructura de vigilancia biométrica que se ha desplegado en ellos durante los últimos años: Argentina, Brasil y Ecuador.
Argentina
En 2011, en Argentina se creó una base masiva de datos biométricos llamada SIBIOS, que durante la última década se ha convertido en la infraestructura de muchas tecnologías de vigilancia tanto a nivel nacional como local.
Para este país, Access Now destaca a AnyVision, una empresa israelí especializada en el reconocimiento facial, que le provee software de identificación biométrica a la provincia de Córdoba y al aeropuerto internacional Ezeiza de Buenos Aires.
Y también hay presencia del software de la empresa francesa IDEMIA para la identificación de carteristas en el metro de Buenos Aires, y cámaras térmicas de los proveedores chinos Hikvision y Dahua en las terminales de trenes y las líneas de autobuses para el rastreo de personas con fiebre.
Brasil
El informe documenta el uso de las tecnologías de vigilancia en Brasil, tanto en el sector público como en el privado, en los ámbitos de la seguridad pública, la detección de fraudes y el monitoreo de la asistencia escolar.
Access Now señala que en las regiones noreste y sudeste del país se ha promocionado intensamente la utilización de las tecnologías de reconocimiento facial bajo el argumento de que se trata de una medida para garantizar la seguridad pública, y destaca como más preocupantes los casos en que las empresas donan estas tecnologías a los gobiernos locales y los habitantes son usados como población de prueba.
En este país el informe cita como ejemplo la donación de más de un millón y medio de dólares hecha por empresas chinas como Hikvision, Dahua y ZTE para instalar más de 4 mil cámaras de videovigilancia en el estado de São Paulo.
Ecuador
En 2012 se creó en Ecuador el “Servicio Integrado de Seguridad ECU911”, que desplegó una infraestructura de vigilancia para las fuerzas de seguridad del país con más de 6 mil 600 cámaras, algunas de las cuales tienen incorporada la tecnología de reconocimiento facial. Y en 2019, la organización tuvo conocimiento de que esa tecnología había sido usada para espiar a rivales políticos y coaccionar a gran parte de la población.
En Quito se han adquirido cámaras fabricadas por Hikvision, mientras que Guayaquil ha optado por las tecnologías de vigilancia del proveedor estadounidense Verint.
Además, el informe asienta que ahora ambas empresas están expandido su alcance a otros municipios, como Nayón, Pedro Moncayo y Daule, y otras ciudades, como Quevedo, Ambato, Pelileo, Guano, Salcedo, Santa Elena y Rumiñahui.
Las causas del avance de la vigilancia biométrica en América Latina
Los autores del informe destacan como principal causante de la rápida adopción de estas tecnologías a la difusión acrítica que la prensa hace de ellas como las soluciones para los problemas de violencia y crimen en las calles.
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Eso, según Access Now, provoca que los gobiernos enfrenten una gran presión del público para encontrar soluciones a sus problemas de inseguridad, lo cual crea un área de oportunidad para que las compañías extranjeras ofrezcan sus productos tecnológicos de vigilancia, pese a que, como lo demostró el caso de Pegasus revelado recientemente, en muchas ocasiones sean invasivas y vulneren derechos humanos, como la privacidad, la protección de datos y la libre asamblea y asociación.
El informe asienta que, en la mayoría de los casos, los procesos mediante los cuales los gobiernos de la región adquieren estos sistemas de vigilancia son opacos y se realizan en desacato de las leyes de transparencia y rendición de cuentas que rigen en los países, como también se ha constatado con el software espía Pegasus en México.
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El informe Vigilancia tecnológica: Hecho en el extranjero, utilizado en casa, fue realizado por la organización Access Now en colaboración con la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Laboratorio de Políticas Públicas e Internet (LAPIN) y LaLibre.net (Tecnologías Comunitarias).
En las conclusiones, el informe exhorta a los legisladores de los países latinoamericanos a realizar acciones fuertes y concretas para detener la propagación de esta tecnología y prohibir el software que posibilita la vigilancia masiva.
Además, recomienda implementar robustas medidas para incrementar la transparencia y la rendición de cuentas, tanto para las empresas que desarrollan la tecnología como para las autoridades que la contratan.