El gobierno de Nicolás Maduro ha señalado a plataformas como WhatsApp de ser “herramientas de conspiración” al sugerir que son utilizadas para filtrar información y coordinar actos desestabilizadores. Sin embargo, expertos y organizaciones de derechos digitales coinciden en que el Estado venezolano no puede acceder al contenido de estas plataformas cifradas y que las verdaderas amenazas a la privacidad provienen de prácticas de espionaje digital directo, sostenido y muchas veces ilegal por parte del propio gobierno.
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