Senado aprueba proyecto de Ley de Medios en Uruguay con cambio clave para la competencia

Con fuertes cuestionamientos de la oposición, el pleno del Senado aprobó, sin pasar por comisiones, el proyecto de nueva Ley de Medios en Uruguay. Los cambios son pocos pero de gran impacto para el sector: se modificó el artículo referido a concentraciones y el que prohibía a proveedores de televisión de paga con licencia nacional dar banda ancha fija. El texto vuelve a Diputados.

El artículo 17 del proyecto es el que habla de incompatibilidad y ahora está escrito de la siguiente manera: “Ninguna persona podrá ser titular, total o parcial, simultáneamente, de una licencia para prestar servicios de difusión de contenido audiovisual de televisión para abonados satelital o por cable de alcance nacional y de licencias para prestar servicios de radiodifusión abierta, o de otras licencias para difusión de contenido audiovisual de televisión para abonados”.

En su versión previa se agregaba a lo anterior: “así como tampoco licencias para prestar servicios de banda ancha y acceso a Internet”, lo que dejaba sin la posibilidad de hacer la solicitud a DirecTV. Claro también cuenta con licencia nacional DTH y Cablevisión con licencia de este tipo pero limitada en geografía; en otras palabras este cambio de rumbo abre la puerta a que cualquier prestador de TV de paga pueda pedir licencia para dar banda ancha en Uruguay.

Asiet había pedido expresamente revisar el contenido de este artículo al considerar que los avances del proyecto “se ven acotados por disposiciones que limitan arbitrariamente la obtención de licencias y mantienen incompatibilidad de obtención de nuevas licencias si se posee una licencia para dar servicio de TV por satélite”. En este sentido, pidió “asegurar la eliminación de las asimetrías existentes” para dar lugar a mayor competencia.

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La semana pasada DirecTV pidió ante el Senado dar Internet en Uruguay. Sus ejecutivos señalaron que es “el único país en que la compañía tiene permiso para dar TV por satélite pero no Internet” y agregaron que si bien el país cuenta con una buena penetración del servicio, “tiene precios que son 30 por ciento más altos que la media del total de países de América y Europa y 10 por ciento superiores que en América Latina”.

En tanto, el artículo 16 ahora dice expresamente: “Una persona física o jurídica privada o grupo económico no puede ser titular total o parcial de más de cinco licencias (la versión anterior ponía como tope cuatro) en la zona metropolitana y seis para el resto del país para prestar servicios, indistintamente en cualquiera de las bandas de radiodifusión de AM y FM y de una licencia en televisión abierta. En caso de que la misma persona física o jurídica o grupo económico sea titular total o parcialmente de licencias tanto en la zona metropolitana como en el resto del país, no podrá superar en su conjunto la cantidad de seis licencias. En el caso de la televisión para abonados por cable, existirá un tope de ocho licencias”.

Se mantuvo fuera la propuesta que estaba en la versión inicial del proyecto, según la cual los operadores públicos de telecomunicaciones titulares de infraestructura y redes debían prestar servicios mayoristas sobre su infraestructura a operadores de TV de paga que operen mediante cable, con el ojo puesto en “promover la inversión eficiente en el despliegue de redes”. En otras palabras, Antel seguirá sin obligaciones para compartir su infraestructura a terceros.

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