El Estado ganó dos demandas en los últimos días que le habían realizado multinacionales. Por un lado, Uruguay ganó el litigio con la empresa Conecta –del grupo brasileño Petrobras– que demandó al país ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por incumplimientos de un contrato de concesión para el proyecto de construcción de la planta regasicadora. En concreto, la empresa consideró que no se cumplió con lo estipulado para la construcción y explotación de sistemas de distribución de gas por redes para el abastecimiento de localidades, con excepción de Montevideo, en régimen de concesión de obra pública, que fue rmado en diciembre de 1999.
Por el otro, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falló a favor de Uruguay en el arbitraje que había promovido la empresa Italba Corporation por US$ 100 millones por considerar que se le revocó de forma irregular una licencia de banda ancha que se le había concedido a su subsidiaria uruguaya, Trigosul SA. El secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, indicó en conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros que el demandante fue condenado a pagar casi US$ 6 millones por costas y costes. El fallo le fue informado al gobierno este viernes, el mismo día que también se les comunicó la sentencia sobre el litigio con Conecta.
En ese caso, la demanda fue presentada en abril de 2017 por US$ 80 millones y la Corte Internacional de Arbitraje había ordenado a principios de 2018 el pago de US$ 322.500 y la provisión de gasto fue jada en US$ 645 mil. Ambas sentencias llenaron de conanza al gobierno para ganar los litigios de Aratirí y MontevideoGas, para los que todavía no hay resolución, según indicó Toma. “Nos alientan a seguir defendiendo con todas nuestras fuerzas los arbitrajes que aún penden”, armó.
Detalles del caso Italba
La rma Italba Corporation presentó en noviembre de 2017 una demanda al Estado uruguayo ante el Ciadi, ya que alega que a su subsidiaria uruguaya, Trigosul SA, se le revocó en 2011 en forma irregular el permiso que se le había concedido en el 2000 para brindar servicios de banda ancha.
Según la empresa, eso implicó una violación al Tratado de Protección de Inversiones vigente entre Uruguay y Estados Unidos. En 2011 la Ursec detectó irregularidades en el funcionamiento de la empresa y por eso liberó las ondas del espectro radioeléctrico que Trigosul SA tenía asignadas