Uruguay | Artículos de la Rendición de Cuentas reabren debate sobre arrendamiento de infraestructura a empresas privadas de telecomunicaciones
La Diaria
Dos artículos de la Rendición de Cuentas reabren el debate acerca del arrendamiento de infraestructura de telecomunicaciones a las empresas privadas, lo que ya había sido discutido con anterioridad, a propuesta del gobierno, en el proyecto inicial de la ley de urgente consideración (LUC) y en el de la ley de medios –por el momento frenada debido a diferencias en la coalición–, con diferentes características.
En este caso, los artículos 153 y 154 del proyecto enviado días atrás al Parlamento prevén la conformación del Fondo Universal de Telecomunicaciones (FUT), con dineros públicos, “con el fin de garantizar la financiación del acceso universal a servicios de voz y de transmisión de datos e internet en todo el territorio nacional”.
Este fondo, que será administrado por un comité que funcionará en el ámbito de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), servirá para llevar conectividad a lugares que serán determinados por el Poder Ejecutivo.
El proyecto de Rendición de Cuentas aclara que “la asignación de recursos del FUT se realizará mediante procedimiento competitivo abierto y transparente a fin de seleccionar a quien proveerá la infraestructura para llegar a las zonas que se determinen”, y que “tendrá obligación de dar acceso a la misma a todos los operadores de servicios de voz y de transmisión de datos e internet que presten servicios en el país”.
El debate que reabre este proyecto consiste en que habitualmente es Antel la que, no por rentabilidad sino por su deber de servicio, instala infraestructura en pequeños poblados del interior en donde las empresas privadas no lo hacen porque no obtendrían ganancias. El nuevo sistema podría perjudicar a la empresa estatal, planteó el director en representación del Frente Amplio (FA), Daniel Larrosa, porque mediante un fondo público se harán inversiones para construir infraestructura que también utilizarán las empresas privadas, ya sea porque ganen la licitación o porque paguen por el uso de las instalaciones.
A finales del mes pasado, según figura en la web de Antel, el presidente de la compañía, Gabriel Gurméndez, anunció que este año se llevará conectividad a 50 pueblos del interior y en 2022 el objetivo es llegar a 75 localidades más para, en 2023, alcanzar con conectividad celular a 99% de las zonas del interior con menos de 500 habitantes. También para 2022 y 2023 se prevén obras relacionadas con la conectividad por fibra óptica.
“Zonas de poco o nulo acceso”
El director nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, Guzmán Acosta y Lara, dijo a la diaria que el fondo se utilizará para garantizar la conectividad “en zonas rurales especialmente y en zonas carenciadas”. En cambio, Larrosa, en diálogo con la diaria, advirtió que lo referente a las zonas no está explicitado en la redacción y señaló que este nuevo mecanismo también podría ser utilizado “para crear la infraestructura de la quinta generación” (5G), ya que con esta nueva tecnología hay “casi nada de cobertura” en Uruguay.
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