Llevamos más de dos meses en lo que el gobierno colombiano ha bautizado como “Aislamiento preventivo obligatorio”, cuyo objetivo es salvar vidas aplanando la curva de contagio. Creo que se ha logrado; sin embargo, el costo de este encierro en términos económicos no tiene precedentes, incluso algunos expertos se atreven a afirmar que habrá más muertes por hambre que por Covid-19, situación que nos enfrenta a un dilema moral y ético pues al final, y como casi siempre sucede, los más pobres serán los más afectados. Por lo tanto, algunos de ellos tendrán que escoger entre la posibilidad de morirse de Covid-19 o de hambre.
Sé que es duro hablar en estos términos. Seguramente, muchos de quienes lean estas líneas dirán que no es posible tener dos escenarios y ambos de muerte, con lo cual estaremos plenamente de acuerdo, pero es el escenario con el cual quiero comenzar esta reflexión.
No hay duda de que la vida es lo primero que se debe proteger, en eso no existen medias tintas. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a una crisis como la actual, cuyos costos son aún desconocidos, pero de todas formas gigantes con consecuencias que comprometen la vida de millones de personas, y no por la pandemia sino por la imposibilidad de conseguir al menos para comer, parece que la discusión en torno a la defensa de la vida no solo debe tener en cuenta la primera variable, es decir, Covid-19.
La respuesta obvia es “busquemos el equilibrio entre la defensa de la vida y la economía”, es decir, lograr que los muertos sean los menos posibles, pero con un costo económico “razonable”, si es que se puede hablar de razonabilidad…
Algunos gobiernos optaron por la economía, subestimando el costo en vidas humanas, lo que, según ellos, impactará menos en el crecimiento (¿o el decrecimiento?) y, por lo tanto, en los costos a largo plazo. El problema es que su teoría solo podrá ser comprobada en el largo plazo, cuando ya no hay nada que hacer con los miles de muertos dejados en el camino.
Otros gobiernos optaron por proteger la vida por encima del crecimiento económico, lo que seguramente tendrá costos enormes en el corto y mediano plazos, pero a diferencia de la otra estrategia, su teoría puede ser comprobada ahora mismo cuantificada en número de vidas pero en el corto plazo, lo cual si bien como dije al principio puede tener un costo en vidas humanas por variables distintas al Covid (por ejemplo, el hambre), también le permite a este gobierno adelantar acciones desde ya para evitar esas muertes futuras.
Esa es la diferencia: proteger la vida en el corto plazo nos da la oportunidad de adelantar acciones para proteger la vida en el mediano y largo plazos, así el costo económico sea enorme.
Como parte de este ajedrez, no puedo dejar de pensar en tantos niños que hoy no tienen la posibilidad de estudiar por falta de una conexión a Internet y/o de un equipo de cómputo, cuestión que nos obliga a afirmar que el acceso a Internet es un derecho tan esencial en estos momentos como el agua, pues no tener acceso a Internet limita el ejercicio de derechos fundamentales como es el derecho a la educación, al trabajo y a una vida digna.
Dicho lo anterior, todos los gobiernos deberían incluir en sus planes de desarrollo como uno de sus principales objetivos, el acceso universal a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, destinando los recursos que sean necesarios para lograrlo, en especial los recursos de los fondos de servicio universal y de aquellos provenientes del pago por uso de recursos escasos como el espectro radioeléctrico. Incluso recurrir a la banca multilateral para financiar proyectos de conectividad usando distintas alternativas tecnológicas como la fibra óptica, las redes móviles y los accesos satelitales que, combinados, pueden garantizar la conectividad en todos los lugares del país.
En este sentido, se requiere una regulación que fomente la inversión sin dejar de proteger a los usuarios y a promover la competencia, así como derribar todas las barreras para el despliegue de infraestructura que tanto gustan en los municipios como herramienta para lograr ingresos o, peor aun, como mecanismo para ganar votos de precisamente las poblaciones que más necesidades tienen en materia de comunicaciones y que, debemos admitir, no tienen por qué entender que las radiaciones no ionizantes no producen cáncer y mucho menos que el Covid-19 se transmite a través de las ondas radioeléctricas.
Si algo debemos rescatar de esta crisis son las lecciones que nos deja en términos de política pública y su priorización de objetivos, como son la defensa de la vida y el pleno ejercicio de los derechos fundamentales, donde el rol de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es y seguirá siendo esencial.
